Los aparadoristas de las fotos de Beltrán Leyva. Carlos Monsiváis

03 de enero de 2010

2010-01-03

“Enigmas” de los días recientes: ¿qué sucedió el 16 de diciembre en Cuernavaca en el ataque al departamento del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes? ¿Quién ordenó la escenografía de los cadáveres, con todo y billetes de 500 y mil pesos cuidadosamente arreglados sobre el cadáver de Beltrán Leyva, y la proclamación de la derrota del capo evidenciada por su cuerpo semidesnudo y convertido en la orgía unipersonal de sangre? ¿Por qué, de modo inmediato, nadie aceptó la paternidad de los arreglos mortuorios, la Secretaría de Gobernación declaró que no era asunto suyo y que investigaría, la Procuraduría General de la República declinó la responsabilidad y rebautizó su inocencia señalando a la policía de Morelos, la Armada se dijo tan sorprendida como los lectores de periódicos o los oyentes de noticias, el Servicio Médico Forense de Cuernavaca se hizo a un lado? Además, ¿por qué la incursión en edificios con cerca de cien departamentos no se acompañó de órdenes judiciales?, ¿por qué no hubo el mínimo respeto a los habitantes no involucrados en el enfrentamiento, la gran mayoría?

Algunos saben pero nadie supo. Los seis peritos del Semefo de Morelos participantes en el levantamiento del cuerpo de Beltrán Leyva son categóricos (22 de diciembre): “Sólo cumplimos órdenes dadas por agentes federales para alterar la escena del crimen, pero no tomamos las fotos donde El Barbas se encuentra semidesnudo o cubierto de billetes ensangrentados”. Según los peritos, naturalmente requeridos de anonimato, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) los separó del cargo el 21 de diciembre en la noche, pero ellos no atendieron la noticia de su despido, mismo que desmintió la PGJE: “No están cesados ni se los ha dado de baja aún, están trabajando de manera normal. Probablemente no se les suspenderá en estos días”.

Luego (28 de diciembre), la Procuraduría del Estado separó de sus cargos a tres preceptores (encargados de levantar cadáveres) y a un médico legista acusándolos de haber manipulado el cuerpo de Beltrán Leyva: “Están suspendidos provisionalmente bajo una medida precautoria, que la procuración de justicia está ejerciendo a través de la visitaduría, de sus actividades para que no continúen actuando de manera ilegal. Se está aplicando el derecho administrativo disciplinario para valorar su conducta y tener la sanción correspondiente”. La burocracia en acción que multiplica sus comisiones, amplía el organigrama y selecciona sus culpables. Se sienten en falta porque la opinión pública o la mera reacción racional se indignaron ante el montaje pésimo de un fin de acto. Doce días después de las fotos la PGJE se da cuenta: “Específicamente, los preceptores manipularon el cuerpo, los objetos y el dinero que pusieron sobre el cadáver. Hubo manipulación de los billetes con sangre. Esto es un incumplimiento a las obligaciones, que ellos manifiestan fueron instrucciones federales”.

Así que por su cuenta los preceptores y el médico legista se lanzaron a una instalación seudoartística o, si se quiere, a la fotografía de grand guignol. Pesadilla en Elm Street a la carga. Y sin dar explicaciones convincentes, no están de moda, la Procuraduría perfecciona su cortina de humo burocrática: “Los preceptores faltaron a lo establecido en el artículo segundo del acuerdo 33/2009, publicado en el periódico oficial Tierra y libertad el pasado 9 de diciembre, el cual establece que el preceptor es un auxiliar del perito médico forense y dentro de sus funciones está el levantamiento y traslado del destino final de un cadáver, así como la aplicación y medidas de higiene y seguridad en el anfiteatro”.

Nos imaginamos la escena en el departamento, ya escenario gore: los marinos y los oficiales del Ejército y los agentes judiciales contemplan fascinados a los preceptores, dedicados a su obra maestra: convertir un cuerpo en un telón de fondo de la metamorfosis del narcotráfico. Los militares y marinos y agentes de la PGR no dicen una palabra, absortos en la creatividad del equipo forense, tal vez alguna felicitación o varias miradas de asombro. Pero no más. Con pleno olvido del acuerdo 33/2009 publicado en el periódico Tierra y libertad, preceptores y legista se afanan en hacerle pasar un mal rato al gobierno federal que, por intermedio de la Procuraduría de Morelos, se sorprende muy tarde pero, es de suponerse, con la efectividad que por lo pronto nadie advierte.

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La escenografía de la Patria es complicada. Ante la muerte del marino Melquisedet Angulo Córdova, se requerían exequias de primer orden que destacaran la calidad épica de su muerte, algo seguramente cierto. El problema es la delación, si se quiere en alguna medida voluntaria, del participante en la ejecución de Beltrán Leyva, uno de los narcos más crueles de este periodo. Se aprestaron para el entierro los medios de comunicación, los Poderes de la Unión en cualquiera de sus representaciones, los funcionarios del pueblo Paraíso, en Tabasco, se fotografiaron de modo constante a la madre y la tía de Melquisedet, y los funcionarios se fueron felices a sus casas y a sus equipos de seguridad, seguros de que esa noche nadie los amedrentaría. Alertados sobre la identidad del marino y la ubicación de su familia, los sicarios del cártel correspondiente se presentaron a la medianoche, horas después del funeral y mataron a la madre, la tía y dos hermanos de Angulo, lo que era previsible pero lo que no impidió que las autoridades supremas proclamaran su decisión de no dejarse amedrentar.

Además de la maldad inherente al narcotráfico, los cuatro asesinatos tienen un origen inequívoco, señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: las fuerzas de seguridad no cuidaron a los parientes cercanos ni en momento alguno buscaron protegerlos. Por lo visto, no han estudiado con el rigor indispensable los procedimientos de revancha y el desprecio absoluto a la vida humana de los narcos, lo que lleva a las escenas videograbadas y fotografiadas del velorio de los miembros de la familia Angulo, donde los marinos llevan un pasamontañas que protege su identidad. Los errores encadenados a esto conducen: a las fuerzas de seguridad que ocultan su identidad facial para resguardarse del Estado dentro y fuera del Estado.

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El desbarajuste, el desgobierno, la desfachatez de las declaraciones del “Llegaremos a las últimas consecuencias”. No escasean las acusaciones contra militares por su involucramiento con el crimen organizado, persiste la criminalidad con sus cadáveres como mensajes, el gran golpe de la muerte de Beltrán Leyva se diluye entre inculpaciones de toda índole y confusiones que ocultan las contradicciones o viceversa. Son demasiados los que insisten en la necesidad de regresar el Ejército a los cuarteles. Felipe Calderón se niega rotundamente. El miedo crece, agravado por la inmensa crisis económica, y pronto será excepcional que a un cadáver lo despidan envolviéndolo en billetes de 500 y mil pesos.


Escritor