Juan Arvizu y Andrea Merlos
El Universal
Domingo 17 de enero de 2010
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De 2000 a 2009, el Congreso se desligó del dominio del poder presidencial que por décadas lo anuló, y emprendió un proceso de fortalecimiento, que ha tenido dificultades y choques con el Ejecutivo, al que en la actualidad le cambia iniciativas o las congela a su gusto.
Politólogos advierten que instituciones que surgieron de la transición democrática, como el IFE, la CNDH o el IFAI, por la acción misma del Poder Legislativo están ocupadas por intereses de grupo, por cuotas de partidos políticos, por los llamados poderes fácticos.
Los expertos plantean que el Congreso está capturado por poderes fácticos, que incluso en la 61 Legislatura tienen representados sus intereses con integrantes de bancadas pequeñas.
La primera década del siglo en el Congreso de la Unión ha sido de paradojas, pues ha pasado del presidencialismo autoritario, al presidente doblegado por sus antiguos colaboradores.
Cámaras legislativas que han cobrado fuerza frente al Poder Ejecutivo, carecen de una estructura y reglas modernas. Sobre todo no se tiene un régimen que garantice la formación de mayorías.
Otra paradoja es que la institución que dio la ley de transparencia a la democracia es opaca en el ejercicio de su gasto.
Si el poder del Congreso de la Unión es creciente, el nivel profesional de los legisladores, dicen los politólogos, es muy bajo, y en consecuencia también el de las cámaras legislativas.
Tiempos antiguos
Hace una década, el país era gobernado por el último presidente del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sin embargo no tenía, desde el año 1997, la mayoría del Congreso, por lo que el país presenció las dificultades naturales a un gobierno dividido.
México pasó de la hegemonía del PRI a un juego en el que el Ejecutivo pertenece a un partido distinto al que domina el Congreso.
En la 57 Legislatura, de 1997 a 2000, el G-4 (PAN, PRD, PVEM y PT) al sumar sus curules, impuso una mayoría de 261 diputados, sobre 239 del PRI.
Zedillo tuvo que enfrentar la resistencia de los diputados y senadores, hasta solicitudes de viajes al extranjero, así como la revisión del Presupuesto.
Fueron los tiempos en que se dieron reasignaciones de 17 mil millones de pesos, en siete grandes modificaciones, contra el proyecto del Ejecutivo, que logró la oposición, a pesar de que el PRI logró hacerse de un par de votos.
Al cierre de la década, en noviembre de 2009, los cambios al Presupuesto fueron innumerables, por decenas de miles de pesos, y la rueda de la fortuna había dado un giro: era el PRI, que militaba en la oposición al Ejecutivo, que con mayoría cómoda dictaba ajustes y quitaba candados al gasto.
En 2000, previo incluso a la alternancia presidencial, la forma de ejercer el poder había cambiado en México. Los tiempos en que el presidente ordenaba y el Legislativo complacía, aún con resistencias, habían concluido. Reformas como la que aumentó el IVA de 10% a 15%, que realizó la última mayoría absoluta priísta, ya no volverían a darse.
En el futuro, el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, iba a ser una arena política de reformas enlatadas —como un primer intento de Zedillo por modernizar la industria eléctrica—, mientras que con Vicente Fox la relación fue de choques frecuentes y de cambios frustrados.
Descrédito a legisladores
En 2006, ocurrió la sacuda del sistema político con el conflicto por la elección presidencial, que tuvo su epicentro en la tribuna de San Lázaro, en la caótica rendición de protesta como presidente de Felipe Calderón.
En los siguientes tres años, Calderón y las cámaras abrieron una fase de realizaciones relativas, llamado de reformas posibles, que a nadie dejaron satisfecho y fueron el preámbulo al anuncio de otra etapa, el de las reformas necesarias.
José Fernández Santillán, director del Centro de Investigaciones en Humanidades del Tecnológico de Monterrey, y Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, destacan el descrédito de los legisladores.
José Fernández Santillán atribuye la baja calificación de los congresistas en la opinión pública, a las campañas de las empresas de televisión, afectadas por la reforma de medios.
Alberto Aziz dice que los legisladores y sus partidos están alejados de los electores, sólo los necesitan en las urnas.
Situación actual, crítica
El momento actual, al cabo de una década de relación de poderes, es crítico. “Estamos en el peligro —comenta Fernández Santillán— de que el esquema de gobierno dividido se transforme en uno de gobierno bloqueado”. Por tanto, hay que dar paso a la reforma política, que pasa por las estructuras del Congreso.
“Hay una reforma proyectada para el Poder Legislativo, para fortalecer a las comisiones legislativas, que sus trabajos sea más ágiles, que haya la profesionalización del servicio civil legislativo, y se cuente con más órganos de apoyo”.
Después de la primera década del siglo XXI, asegura Fernández Santillán, “caminamos a una desembocadura, al ansiado equilibrio de poderes, pensado por Montesquieu: Sólo hay que darle la forma jurídica necesaria”.
Aziz Nassif da cuenta de los impactos positivos para la vida parlamentaria y democrática del país, que pueden derivarse de la siguiente generación de reformas: Construcción de mayorías parlamentarias que sustenten agendas legislativas, reelección de legisladores, veto parcial, iniciativa preferente, transparencia y rendición de cuentas.
Los mecanismos están a la vista y es necesaria su adopción, aseguran los politólogos, pues ya “estamos cayendo en una gobernabilidad muy incierta, en una inestabilidad de formación de mayorías que afectan el funcionamiento del Congreso de la Unión”.
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