Pablo Franco El 01 de enero a las 16:30 Responder
31 de diciembre del 2009
La desesperación del Partido Acción nacional ante sus malos augurios electorales, parece tener en los sindicatos una víctima propiciatoria en el 2010.
La última propuesta legislativa proveniente del gobierno federal en materia laboral se presentó en el 2002 con la llamada “Ley Abascal” (que no era otra cosa que la propuesta heredada del zedillismo, llamada “propuesta de los sectores”), a partir de ahí se han presentado por la derecha una infinidad de propuestas que buscan ajustar la Ley del Trabajo a los intereses patronales pero ninguna que vaya a fondo. Sin embargo, las propuestas provenientes de Acción nacional, aunque acotadas o parciales muestran el perfil de la reforma en materia de trabajo que se propone.
En fechas reciente ha resultado evidente la obsesión de PAN en el sentido de querer inmiscuirse en la vida sindical, es ilustrativa la impericia y el dolo con el que manejaron el conflicto de los mineros o actualmente el de los electricistas así como las omisiones con los maestros o petroleros.
La propuesta del Senador Santiago Creel de sujetar a dicha normatividad a los sindicatos que “reciban o manejen recursos públicos, con el propósito de promover en dichas agrupaciones una democracia plena.”, en realidad refleja un interés particular por atraer reflectores de cara a su precandidatura presidencial, posiblemente a falta de casas de juego para autorizar a cambio de apoyo electoral.
La propuesta del Senador Panista Javier Castelo Parada que busca reducir en un máximo de 60 días el plazo para que las Juntas de Conciliación locales realicen un arbitraje que solucione el conflicto motivo de la huelga, en realidad pretende limitar el derecho de huelga al pretender que los patrones e incluido un tercero ajeno puedan someter a la autoridad laboral la solución del conflicto, derecho este que en la actualidad solo puede ser ejercido por los trabajadores.
La senadora Emma Laura Larios Gaxiola, (La Jornada Martes 29 de diciembre de 2009, p. 3) recicla la propuesta de Creel, en la supuesta búsqueda de la transparencia que los gobiernos de su partido han combatido. Estas propuestas evidencian el carácter faccioso de las reformas propuestas por los panistas pues buscan privilegiar el carácter corporativo y represivo de las autoridades laborales a favor del capital y en contra de los intereses de los trabajadores.
De proceder una reforma como la que se propone, seguramente redundaría en la dotación al gobierno patrón, de un arma contundente en contra de los sindicatos que le son incómodos.
La existencia de huelgas eternas donde los trabajadores terminan acampando indefinidamente esperando una solución que nunca llega no es una situación de voluntad de los trabajadores si no de la falta de profesionalización y dinamización de los conflictos laborales que sufre cualquier Junta de Conciliación a nivel nacional, es decir, si en promedio las audiencias para la imputabilidad de responsabilidad de la huelga dura tres meses, la propuesta del PAN busca eliminar la huelga aún antes de que las autoridades determinen la responsabilidad en el estallamiento de la misma, más coludidos, imposible.
Se podría promover la democracia y la transparencia sindical sin necesidad de reformar ninguna ley, si se terminara la connivencia de funcionarios gubernamentales con las dirigencias de los grandes sindicatos corporativos, complicidad que pasa no solo por la entrega de recursos derivados de la titularidad de la relación colectiva de trabajo, sino sobre todo por la posibilidad que se da a esas dirigencias de fungir como representantes del patrón a la vez que son “lideres” sindicales o recibir “apoyos extraordinarios” que de ninguna manera se dirigen a los trabajadores sino a estos lideres o sus partidos (vgr. Pemexgate). Las cuotas sindicales y otras cantidades producto de contratos colectivos, así como los bienes sindicales de trabajo son patrimonio de los trabajadores.
Este patrimonio es malversado en innumerables ocasiones por líderes corruptos, en complicidad con funcionarios públicos, siendo frecuente que cuando los trabajadores se interesan en conocer el destino de sus recursos tengan que enfrentar como respuesta la represión o el despido.
En todo el país tenemos ejemplos de cómo los gobiernos (sobre todo panistas) utilizan recursos públicos para intervenir en la vida sindical, reteniendo cuotas sindicales a sindicatos que no les son afines, pagando campañas de seudolideres en campañas electorales internas, desconociendo en el escritorio a verdaderos representantes para imponer a sus incondicionales, negándose a reconocer representaciones o sindicatos opositores no al gobierno sino a su aliados charros.
La transparencia de los recursos sindicales debe ser una exigencia de los trabajadores quienes son los únicos con derecho a conocer el destino de su dinero.
Este derecho debe ser reservado solo a ellos puesto que son recursos que deben destinarse a la defensa de sus derechos, generalmente opuestos a los intereses del patrón y los charros.
Los legisladores debieran preocuparse por amarrar las manos a un gobierno que de manera ilegal transfiere fondos a líderes corruptos, que reconoce dirigencias sindicales cuya única legitimación es su sometimiento al patrón gobierno, que por promover medidas que protejan a los trabajadores que luchan por defender sus derechos y transparentar los recursos sindicales de su propiedad (puesto que son parte de su salario).
Sin duda corresponde a los trabajadores el democratizar a sus organizaciones, lo cual transparentaría el uso de los recursos sindicales, sean de origen público o privado, pero son (entre otros), legisladores como los mencionados y el gobierno que representan, quienes en la práctica impiden la democracia sindical al privilegiar sus alianzas con “dirigentes” como la señora Gordillo y el sr. Deschamps.
Hoy más que nunca nos oponemos a una reforma laboral neoliberal como la que proponen los Panistas y exigimos el cumplimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores.
LIC. PABLO FRANCO HERNANDEZ
PRESIDENTE COLEGIADO DE LA UNION DE JURISTAS DE MEXICO
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