Editorial EL UNIVERSAL
14 de diciembre de 2009
2009-12-14
Hace más de seis meses ocurrió el incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, tragedia que ocasionó la muerte de 49 niños. En medio de la indignación se exigió la desaparición de las guarderías subcontratadas, particularmente las del IMSS y Sedesol, que reciben dinero del gobierno para cuidar a niños que no tienen cabida en la infraestructura oficial por falta de espacios y recursos. Pero aunque esa pudiera haber parecido la solución de raíz, en realidad el problema de fondo es más general: la inexistencia de normas homogéneas de protección civil en todo el país que obliguen a cualquier instalación que albergue niños y a todas las autoridades —desde las municipales hasta las federales— a cumplir con los mismos criterios mínimos de seguridad.
Basta con ver lo ocurrido desde el pasado mes de junio para darse cuenta. Hasta la fecha la única respuesta de las autoridades ha sido el arresto de un mando medio del IMSS y la emisión de nuevas normas en el caso de las guarderías a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); reglas de seguridad que a días de vencer el plazo para su aplicación aún no se han cumplido, como consta en el reportaje publicado hoy en estas páginas y que implicó un recorrido de mes y medio por parte de reporteros de este diario alrededor de diversas zonas del país.
Así, han pasado más de seis meses sin que haya cambios sustanciales que permitan a los padres de familia suponer que los lugares donde cuidan a sus hijos son hoy más seguros que antes; ni siquiera en aquellos supervisados por autoridades federales. No sabemos de esfuerzos similares en las guarderías a cargo de la SEP, del IMSS, de Pemex, de los gobiernos estatales, de municipios, de las empresas privadas y otras tantas instituciones.
En México están tan dispersas las responsabilidades, la rendición de cuentas y la vigilancia sobre la protección civil que comienza a verse como indispensable la elaboración de una ley general que rija sobre la Federación, los estados y los municipios para homogeneizar las reglas mínimas de operación de las guarderías, la capacitación de quienes atienden estos establecimientos, los requerimientos fundamentales de infraestructura y los criterios básicos de protección civil. Sin estándares similares exigibles a toda autoridad a cargo de gestionar estos establecimientos, el país puede volver a presenciar el patético espectáculo que vivió con la guardería ABC donde unos y otros terminaron lavándose las manos. Podrán cerrarse miles de estancias infantiles por incumplir reglamentos gubernamentales; sin embargo, en tanto no se obligue a todos a cumplir con las mismas reglas y se distingan claramente responsabilidades no tendremos la seguridad de que no habrá nunca más otro caso como el de ABC.
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