10 de diciembre de 2009
2009-12-10
El nombramiento de Ernesto Cordero Arroyo como secretario de Hacienda despierta valoraciones ambiguas. Tanto su no adscripción a la casta Banco de México-Hacienda como su eventual candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional convocan a una reflexión cuidadosa.
Cuando Vicente Fox comenzó su gestión ya se hablaba entre los panistas más destacados de la necesidad de sacar de la SHCP a esa estirpe aristocrática que, desde los tiempos de Antonio Ortiz Mena, ha gobernado los destinos financieros del país. Con la sola excepción de José López Portillo, en la oficina de Palacio Nacional donde se administran los impuestos de los mexicanos sólo se habían sentado personajes cortados con la misma tijera y educados con los mismos referentes ideológicos.
La llegada de Ernesto Cordero marcaría en este sentido una fractura digna de ponderarse en todo lo que vale. No se trata de un funcionario clásico de la hacienda pública mexicana, no estudió en las mismas escuelas de sus predecesores, no pasó nunca por Banco de México, no es conocido en el extranjero por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, ni se ha sentado nunca en los consejos de administración de las principales instituciones crediticias del país.
El arribo de una cara distinta, en origen y perspectiva, podría considerarse como alentadora. Eventualmente ayudaría a romper con los paradigmas que no han dado resultados a la hora de hacer que nuestra economía abandone las bajísimas tasas de crecimiento obtenidas durante las últimas tres décadas.
Esta noticia se nubla, sin embargo, cuando surgen sospechas sobre la verdadera intensión política —que no económica— detrás de tal decisión presidencial. Si lo que Felipe Calderón quiso hacer al nombrar a su maestro en Economía como secretario de Hacienda fue perfilarlo para candidato del PAN a la Presidencia, deberíamos todos estar muy preocupados.
Desde Luis Echeverría, ningún otro presidente había vuelto a utilizar a la SHCP como un trampolín político-electoral asignado a su sucesor. Es en esa oficina donde se conducen las relaciones más delicadas con los gobernadores, donde se celebran conversaciones difíciles con los poderes fácticos legales, particularmente con los grandes empresarios, y también donde se somete a los adversarios políticos que laboran en otras secretarías del gabinete.
Por el inmenso poder concentrado en esas manos, resulta muy dañino para el país operar una aspiración presidencial a partir de la hacienda pública. Si se quiere conjurar un eventual uso faccioso de las facultades hacendarias, Ernesto Cordero habrá de estar sometido a un riguroso escrutinio público.
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