Ignacio Alvarado y Evangelina Hernández Enviados
El Universal
Martes 08 de diciembre de 2009
CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que involucran a militares y policías federales no han terminado en esta ciudad, y se suman a los de extorsión y secuestro denunciados el domingo por empresarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil que marcharon para exigir un cambio profundo en la estrategia de combate al crimen organizado.
“La situación sigue siendo extremadamente grave y para ser realistas no veo signos de buena voluntad por parte de las autoridades militares ni de los gobiernos federal y del estado”, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien tomó parte de la marcha Solución para Juárez.
El visitador de la CEDH despacha desde su exilio en Texas tras haber sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones por revelar informes que implicaban a fuerzas federales en desapariciones, torturas y asesinatos, y después de que uno de sus escoltas fue detenido y torturado por elementos del Ejército en agosto pasado.
Los actos criminales atribuidos a elementos de las fuerzas federales se triplicaron desde el año pasado en esta frontera, de acuerdo con informes de Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Lo lamentable es que no vemos que hayan mejorado las condiciones de seguridad pública”.
La CNDH emitió hasta noviembre 20 recomendaciones a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y a la de Seguridad Pública (SSP), un porcentaje mínimo respecto al cúmulo de crímenes documentados por organizaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de abogados y la CEDH durante los 21 meses transcurridos desde iniciado el Operativo Conjunto Chihuahua.
En 2008, del 31 de marzo hasta el 31 de diciembre, el organismo manejó expedientes en 160 casos de tortura y desaparición forzada. Este año, hasta septiembre en que debió huir ante las amenazas, De la Rosa, en conjunto con la Oficina Municipal de Quejas, recibió 725 denuncias, que incluyeron homicidios.
El 31 de julio, el visitador intentó —mediante un intermediario— enviarle copia de expedientes a mandos castrenses fuera de la quinta zona militar, a la que corresponde Chihuahua. El documento fue interceptado por oficiales a cargo de la Operación Conjunta y tras ello el nivel de las amenazas recrudeció. De la Rosa debió huir del país en septiembre, horas después de que fue acribillado el escolta que le asignó la Procuraduría estatal.
“No tengo indicios de que lo hayan asesinado como consecuencia de todo esto, pero de cualquier manera ya era demasiada la presión en contra”.
Parte del listado que finalmente pudo hacer llegar a oficiales de alto rango del Ejército (el visitador rechaza identificarlos) fue entregado a EL UNIVERSAL el fin de semana.
La lista refiere 39 expedientes, cuatro por tortura, 14 por desaparición forzada y el resto por homicidio. En ocho casos existe identificación de los responsables y en otros ocho indicios para establecer al autor intelectual.
De un total de 170 expedientes entregados a los mandos castrenses durante una reunión privada en Torreón, Coahuila, a finales de noviembre, sólo uno ameritó el inicio de una investigación de la Procuraduría de Justicia Militar, dice el visitador de la CEDH.
“Es un pequeño logro, muy pequeñito para el tamaño de lo que sucede, pero un logro al fin. Y si realmente siguen a fondo lo que menciona ese expediente, muchos (militares) irán al bote”.
Mantener tal compromiso no es fácil ni para él ni para el resto de los activistas de la ciudad fronteriza.
En los primeros meses del Operativo Conjunto Chihuahua, Cipriana Jurado, presidenta de la organización Movimiento Obrero, fue arrestada sin orden judicial por agentes federales que la esperaban afuera de su casa. Se le acusó de un delito viejo: haber tomado parte en el bloqueo de un cruce internacional año y medio atrás.
Jurado fue liberada en pocas horas, después de que intervino a su favor un diputado local y la procuradora de Chihuahua, Patricia González, además de académicos, políticos y activistas.
El 23 de noviembre, Cipriana Jurado sostuvo en un foro público que la desaparición forzada y la tortura cometidos por militares y federales siguen vigentes en colonias populares, donde reside la inmensa mayoría de jóvenes sin escuela ni empleo remunerado.
Descalificaciones contra civiles
La ciudad se ha nutrido durante dos años de este tipo de historias de “limpieza”. El desconsuelo ciudadano aumenta porque hasta ahora ningún funcionario ha sido castigado por los delitos que comete, dice Hugo Almada, investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y miembro del Observatorio Juarense de Seguridad Pública y Seguridad Social AC.
“Cuando miles de ciudadanos son testigos de cómo se cometen excesos y no existe castigo ni voluntad siquiera de las autoridades para admitir tales ilegalidades, es muy difícil guardar algún tipo de esperanza”. Por el contrario, quienes señalan los excesos son acusados de ser cómplices de los narcotraficantes.
“Los señalamientos en su mayoría son ciertos y están documentados. Pero la posibilidad de que te acusen de trabajar para intereses de alguna organización criminal es grande; con ello descalifican o pretenden descalificar los señalamientos en contra”.
La política de rechazo a cualquier señalamiento en contra de la Operación Conjunta nace desde las más altas instancias de gobierno.
A mediados de noviembre, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, culpó a los juarenses de su situación. “La ola de violencia por la que atraviesa Juárez se debe atribuir a la apertura que algunos sectores sociales dieron a los negocios ‘lícitos’ del crimen organizado y a las relaciones de ‘cooperación’ con grupos delincuenciales que ahora se vuelven en contra de la ciudad”, declaró el 19 de noviembre.
Gómez Mont jamás hizo mención de excesos de las fuerzas federales, a pesar de las constantes denuncias, muchas presentadas ante el Ministerio Público.
En marzo, unos 50 agentes de la Policía Federal fueron acusados formalmente de extorsión por vendedores de autos usados y yonkeros de una zona comercial conocida como La Curva.
Los oficiales exigieron mil dólares a cada comerciante. La extorsión fue atestiguada por reporteros de un diario local que circunstancialmente entrevistaban a uno de los vendedores. Semanas después, sólo uno de los oficiales fue presentado ante el Ministerio Público.
Quienes han hecho señalamientos directos en contra de las fuerzas federales por lo regular son amedrentados mediante llamadas telefónicas, dice el visitador Gustavo de la Rosa. Esa es la causa predominante para que muchos de los afectados guarden silencio.
“Está cabrón, porque el mensaje es muy claro: si tú te atreves a denunciarme, te irá mal. ¿Qué se puede hacer cuando un sistema opera de tal forma para reprimir a una sociedad?”.
En julio, Javier González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, denunció en entrevista con EL UNIVERSAL que jueces y ministerios públicos fabricaban juicios a inculpados presentados por los militares, así fueran inocentes.
Desaparición y tortura
Eran las tres de la madrugada del 11 de junio de 2008 cuando un comando de soldados irrumpió en la casa de Yolanda. “Estuvieron esculcando, vaciaron el refrigerador y encontraron mil 800 pesos en la mochila de mi hijo. En la casa no encontraron droga ni armas, pero de todas formas se llevaron a mi esposo”.
En el exterior, uno de sus hijos escuchó cuando un militar le decía al jefe del grupo: “No les encontramos nada, ¿para qué nos lo llevamos?”, a lo que el mando contestó: “Después vemos qué hacemos con él, algo ha de saber”.
Jesús fue presentado ante el Ministerio Público federal el 15 de junio. El parte militar reportó que el arresto se realizó el 14 de junio y que le decomisaron 3 kilos 200 gramos de mariguana.
En su denuncia Yolanda señala que su esposo estuvo incomunicado tres días en los que fue brutalmente golpeado. Sostiene que los vecinos del barrio fueron testigos de la detención militar. Sin embargo, a Jesús se le acusa de portación de drogas cuando en su casa no se encontró nada.
Hasta el 15 de septiembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Oficina Municipal de Quejas documentaron mil 200 quejas por cateos ilegales del Ejército como parte del Operativo Conjunto Chihuahua.
Adicionalmente mantienen abiertas investigaciones por presunta participación de militares en la muerte y desaparición de 21 personas —20 hombres y una mujer—, todos menores de 35 años. Entre ellos están dos hombres que desaparecieron el 31 de enero de 2009.
En la última comunicación de Carlos con su novia, éste le comentó que iba a encontrarse con unos militares que tenían retenido a un hombre por portación de mariguana y que le estaban pidiendo una fuerte cantidad de dinero para liberarlo, señala el expediente.
Carlos, en su calidad de gestor, intervendría legalmente en el caso. Pero su compañera sentimental, quien pide el anonimato por seguridad, señala que desde las 13:00 horas de ese día no ha vuelto a saber nada de él.
Un hombre, quien se identificó como Delta, denunció que en el cuartel militar, en la calle Barranco Azul, había dos detenidos muy golpeados quienes prácticamente no podían moverse. La descripción de estas dos personas coincide con la de Carlos y su amigo.
Mediante una llamada telefónica, Delta señaló que sentía lástima por las dos personas porque llevaban días sometidos a constantes interrogatorios y torturas. “Por favor traten de hacer algo por ellos”, dijo. Carlos y su amigo continúan desaparecidos.
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