Industrias, dependencias oficiales, universidades, municipios y bancos, entre los morosos
Algunos no pagan desde el año 2000
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de octubre de 2009, p. 3
Al cierre de 2008, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reportó 12 mil 316 millones de pesos por cobrar, correspondientes a adeudos de industrias, empresas, dependencias gubernamentales, universidades, bancos y municipios, entre otros, con alto nivel de consumo y morosidad de pagos.
Esta cifra equivale, por ejemplo, a una cuarta parte de lo que destinó el erario en 2009 a este organismo, extinto por decreto presidencial el 11 de octubre pasado, con el argumento de que reportaba pérdidas por 25 mil millones de pesos.
En el documento, firmado por el presidente Felipe Calderón, se argumentó que ese nivel de costos de LFC “no resulta conveniente para la economía nacional ni el interés público”, porque en su último periodo de vida perdió 30 por ciento de la energía comercializada.
Sin embargo, el decreto no hace referencia a la amplia lista de grandes consumidores morosos (“cuentas especiales”), que reportan adeudos originados desde el año 2000. Clientes de los sectores público y privado que, pese a esa situación, seguían contando con el servicio de energía eléctrica.
“Teníamos también cartas factura por 800 millones de pesos; es decir, adeudos que conseguimos registrar, pero nunca se cobraron ni se hicieron efectivas; tampoco nos permitían concretar los operativos para la suspensión del servicio” eléctrico, aseguraron trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en específico de la gerencia comercial, encargados de la recuperación de pérdidas no técnicas.
Los trabajadores entrevistados por este diario calculan, con base en documentos oficiales de LFC, que del total del adeudo de 2000 a 2008, cerca de 60 por ciento corresponde a empresas e industrias y el resto a dependencias y organismos del sector público. En este último apartado, señalaron, las secretarías del gobierno federal reportan actualmente deudas en el rango de los 5 y 15 millones de pesos, aunque alguna, como la Secretaría de Agricultura, “Grupo Pozos”, reportaba en el último corte de la empresa (septiembre de 2009) 321.3 millones, y “Bombeo Texcoco” 45.1 millones de pesos.
Datos de Luz y Fuerza del Centro, difundidos por orden del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), detallan además que en las “cuentas ordinarias” (clientes que no eran de alto consumo, pero que debían más de 500 mil pesos) el acumulado de adeudo era de 47 millones de pesos, durante el periodo 2000-2008.
La estructura para recuperar pérdidas no técnicas (incluido un manual con sustentos técnicos y legales para la operación de esta área) fue relegada por los funcionarios, de acuerdo con la versión de los trabajadores consultados.
“Los jefes nos decían: ‘échale ganas al cobro de cuentas ordinarias’, pero poco o nada se hizo con las cuentas especiales, área que se manejaba con total discrecionalidad. Imagínese ir a cortar un servicio y que el mismo dueño de la fábrica se comunicara ahí, frente a nosotros, con el ingeniero Zapata (responsable de la gerencia comercial en LFC), y luego éste nos ordenara que dejáramos el servicio como estaba.
“Luz y Fuerza fue quebrada deliberadamente; los altos funcionarios hacían arreglos y transas con los grandes usuarios y de todo se llevaban su tajada, económica o política. Veían en nuestra empresa una caja chica del gobierno, al grado de echarles pitazos a sus amigos que serían verificados”, afirman.
El lunes pasado, La Jornada publicó una parte de los adeudos de 541 “cuentas especiales”, que acumulaban un saldo a pagar por 2 mil 160 millones de pesos. No obstante, éste fue sólo un acercamiento de los adeudos totales que presentaba LFC antes del cierre de este organismo.
Las decenas de cuartillas con información que debió hacer públicas Luz y Fuerza del Centro, en cumplimiento a una resolución de recurso de revisión (cuya copia tiene este diario), dan cuenta del mínimo nivel de recuperación de adeudos, en un rango de sólo 100 millones de pesos, contra un acumulado de morosidad superior a los 12 mil millones, indicador creciente desde 2000.
En ese año, los registros de morosos (clasificados por tener cuentas por pagar superiores a los 500 mil pesos) pormenorizaban deudas por 439.3 millones de pesos; al año siguiente se registró una leve mejoría, al quedar en 347.5 millones, pero en 2002 el indicador se disparó a 912.1 millones de pesos.
En 2003, el global de “cuentas especiales” ascendió a mil 193 millones de pesos; al año siguiente fueron mil 475 millones, y en 2006, mil 770 millones de pesos.
Ya en el sexenio calderonista, en 2007, los adeudos sumaron mil 974 millones de pesos, y durante 2008 las cuentas rezagadas por cobrar subieron a 2 mil 582 millones, de ahí que el total durante el lapso 2000-2008 cerró en 12 mil 316 millones de pesos.
No se conocen datos posteriores al cierre de 2008 (o el monto de pagos parciales o totales hechos hasta antes del decreto de extinción del 11 de octubre).
Sin embargo, el último reporte citado precisa adeudos millonarios de municipios; tan sólo en los convenios (compromisos de pago) de ayuntamientos del estado de México, ascendió a mil 816 millones de pesos; Hidalgo, 316.3 millones, y Morelos, 232 millones de pesos.
Muchos municipios continuaban en 2008 con deudas millonarias, mientras el Poder Legislativo federal registraba adeudos –tan sólo en 12 meses– por 4.1 millones y la Procuraduría General de la República por 1.5 millones de pesos.
Respecto de dependencias federales, el listado de servicios de “cuentas especiales” con adeudo mayor a 500 mil pesos (ejercicio 2008, sin contar deudas acumuladas) detalla un saldo por pagar –por ejemplo– de 7.6 millones de pesos de los servicios de agua potable, y de 16.6 millones del STC-Metro; 7.1 del estado de Hidalgo, y 4.4 millones del Inegi, por mencionar algunos de los contabilizados en el legajo entregado por Luz y Fuerza tras una solicitud de información.
La mayoría de las dependencias del gobierno federal estaban en la lista por tener deudas mayores al medio millón de pesos: Secretaría de Desarrollo Social, 1.3 millones; cancillería, 1.5 millones; Salud, 1.1; Secretaría de Seguridad Pública, 1.2 millones de pesos, entre muchas otras relacionadas en la solicitud de información 1850000006209.
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