Hoy: Gran Asamblea Nacional de Resistencia Popular

Desfiladero

Jaime Avilés
Todos quieren pasarse de listos y escurrir el bulto, pensando en 2012, pero lo cierto es que las tres vertientes del salinismo priísta en la Cámara de Diputados –la de Beatriz Paredes, la de Francisco Rojas y la de Enrique Peña Nieto– aprobaron, junto con el PAN y casi sin modificaciones, el paquete económico de Calderón después de negociarlo con Carstens. En círculos zedillistas se habla incluso de un acuerdo previo a la votación del miércoles en la madrugada: el monumental secretario de Hacienda habría concertado una mayor derrama de recursos para los gobernadores del PRI, que redundaría en beneficio de la campaña presidencial de Peña Nieto.

Esto, agregan los que afirman que saben de qué lado masca la iguana, habría causado gran escozor en Los Pinos. De modo que cuando los organismos patronales y las grandes empresas como Telmex repudiaron la catarata de nuevos impuestos recién adoptada por la aplanadora de San Lázaro, César Nava culpó al PRI de haber votado por una propuesta insuficiente e incompleta, y los priístas aprovecharon el supuesto insulto para fingir que se molestaban, tachar a Nava de irresponsable y dejarlo todo en manos de los senadores de don Beltrone.

¿Qué fue lo que disgustó a los dueños de México? En primer lugar, que los priístas hubiesen rechazado el impuesto de 2 por ciento a todos los productos, incluyendo alimentos y medicinas, y que habría sido pagado obligatoriamente por el conjunto de la población. En la negociación con Carstens, ese 2 por ciento se redujo a la mitad y se convirtió en el punto que se añadió al IVA, para que éste subiera de 15 a 16 por ciento, sin gravar comida ni fármacos.

Pero lo que sobre todo irritó a los patrones y a quienes aún cuentan con un empleo fue el aumento de 28 a 30 por ciento al impuesto sobre la renta (ISR) –es decir, al salario– y las cargas fiscales de 3 por ciento a los servicios de televisión por cable e Internet (por esto último brincaron Televisa y Slim, tras advertir que la medida los haría perder clientela). ¿Qué harán los senadores priístas al respecto?

El paquete económico de Calderón es catastrófico por donde se le vea: reducirá aun más el poder adquisitivo del salario, disminuirá el consumo, obligará a que las tiendas vendan menos y las fábricas produzcan menos, por todas estas razones se perderán más empleos, se agudizará el estancamiento económico y arreciará la desesperación social. Los únicos objetivos que persigue esta deleznable estrategia son conservar los salarios faraónicos de la alta burocracia y los injustificables privilegios de los grandes consorcios que no pagan impuestos. A cambio, con el Ejército y la policía en las calles, Calderón no aspira sino a mantenerse en el poder para seguir saqueando las riquezas públicas.

¿Cómo van los senadores priístas a diseñar un programa fiscal alternativo? ¿Acatarán los deseos de los dueños de México echando abajo el aumento al IVA, dejando el ISR en 28 por ciento, eliminando los gravámenes a televisión por cable e Internet, y restaurando, en cambio, el impuesto de 2 por ciento contra la pobreza? Quién sabe. Con el monto de lo recaudado por este concepto, Calderón esperaba financiar programas como Oportunidades y Procampo, para manipular con ellos la compra de votos en 2012. ¿Don Beltrone lo complacerá con tamaño obsequio?

La pregunta de fondo es cómo va Calderón a cubrir el gasto corriente de su gobierno (o lo que sea) sin aumentar impuestos, desaparecer secretarías de Estado, quitarle recursos a las universidades, succionar los fondos del Seguro Social, apostar en el casino de la Bolsa con los ahorros de los jubilados, etcétera. No lo sabe y no es capaz de imaginar siquiera una solución distinta; sus prejuicios políticos y sus limitaciones intelectuales le impiden ver más allá de Carstens, que es otro bueno para nada.

Sin embargo, la respuesta a esa pregunta sí existe y está en los dos anteproyectos de ley que redactaron los legisladores del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Uno plantea la reducción en 50 por ciento de los salarios y prestaciones de la alta burocracia, de directores generales para arriba, hasta llegar a los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la aplicación de esa medida, Hacienda ahorraría 200 mil millones de pesos en 2010.
El otro anteproyecto, en caso de convertirse en ley, obligaría a las grandes empresas a pagar, por lo menos, 300 mil millones de pesos en impuestos, una parte mínima de lo que adeudan al fisco desde los tiempos de Fox. Con esos 500 mil millones de pesos legítimamente recuperados, se taparía el boquete de Carstens y sobraría para impulsar actividades productivas que de veras reanimen la economía del país. ¿Van los senadores del PRI a tomar en cuenta ambas propuestas? Desde luego que no.

Pasado mañana, a las 5 de la tarde frente al Senado, habrá un mitin masivo, presidido por López Obrador, y acompañado por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en que el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular exigirá a los legisladores de la cámara alta que modifiquen radicalmente el bodrio aprobado en San Lázaro por los diputados salinistas del PRI y del PAN.

Hoy, desde las 10 horas, en la sede del SME (Insurgentes centro y Antonio Caso), se llevará a cabo una Gran Asamblea Nacional de Resistencia Popular a la que están citados representantes de trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, transportistas y colonos; periodistas honestos, científicos, artistas e intelectuales; del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética y del movimiento obradorista, para comenzar a discutir el carácter de la huelga nacional que diversos sectores sociales están dispuestos a emprender con tal de lograr la abolición del decreto que extinguió ilegalmente Luz y Fuerza del Centro.

De esa convergencia bien puede surgir un pliego petitorio más amplio, que se oponga al proyecto fiscal del PRI y del PAN y, por lo que toca a los estudiantes, que rechace los recortes presupuestales (calculados en 800 millones de pesos) a las instituciones de educación superior. No deja de ser asombroso que, hasta el momento, el único universitario que está haciendo activismo en todos los foros públicos contra el plan de Calderón sea el rector de la UNAM, don José Narro Robles. ¿Qué estarán esperando los jóvenes para salir a defender la viabilidad de sus centros de estudios, o en otras palabras, la calidad de su capacitación profesional y la posibilidad de transformar a México mediante la investigación científica y el desarrollo tecnológico?

Pésimo ajedrecista, con sus diezmadas piezas acorraladas en el tablero, más débil que nunca, Calderón ha cometido el gravísimo error estratégico de poner en marcha una triple ofensiva: contra el sindicato más antiguo y combativo del país, contra las universidades públicas y contra los últimos vestigios de una clase media a punto de hundirse, y reunirse con el grueso de la población en el abismo de la pobreza. Pero él también tiene un pie en el abismo y sólo cuenta con el apoyo de los levantacejas y de los uniformados (entre éstos, los futbolistas que irán a Sudáfrica). De modo que si todos los sectores que se sienten agraviados por su absurdo plan económico se unifican, la viabilidad de su gobierno (o lo que sea) muy pronto estará en duda.

Desde Montevideo, por su parte, Eduardo Galeano y Helena Vilagra enviaron al buzón de esta columna fotos de una imponente manifestación en el centro de aquella ciudad y país, en donde mañana domingo se efectuará un plebiscito para determinar si ha llegado la hora de acabar con la impunidad de los asesinos que martirizaron al pueblo uruguayo durante la dictadura de los años 70-80. ¡Hermanos queridísimos: que gane el sí!

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