La extinción de LFC, información reservada
Opacidad, la regla
Carlos Fernández-Vega
Asamblea general del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se resolvió realizar una jornada nacional de protesta por el decreto que desaparece Luz y Fuerza del Centro. En la imagen, asistentes al encuentro aplauden la participacion de la indigena Julia Bautista, el pasado 24 de octubreFoto José Antonio López
Anótese en el de por sí voluminoso inventario de incumplimientos calderonistas el relativo a la transparencia y la rendición de cuentas: en un arranque hepático se le ocurrió extinguir una empresa del Estado, mandar a paseo a 45 mil trabajadores con todo y familias, y culpar a una y a otros de todos los males habidos y por haber, y al grito de sólo mis chicharrones truenan (en sentido homenaje al último presidente de la Revolución) se niega a informar con base en qué se le ocurrió tan brillante idea.
Más rápido cae un inquilino de Los Pinos que un rengo. Apenas el pasado 2 de septiembre, en su faraónico cuan egocéntrico acto en Palacio Nacional, el susodicho se comprometía a una mayor transparencia ante la sociedad (por eso de las garantías de los ciudadanos), pero a la hora de la hora se niega a documentar la decisión de extinguir Luz y Fuerza del Centro: la Presidencia, mediante la Secretaría de Gobernación, informó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados su determinación de salvaguardar los documentos que días atrás solicitó el grupo plural de legisladores encargado de analizar y proponer la viabilidad de una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad, según corresponda, ante el decreto de extinción de LFC. El argumento de Gobernación señala que la Secretaría de Energía se amparó en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por el cual se niega la información (La Jornada, Roberto Garduño).
¿Qué establece el citado artículo 13?: como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado mexicano; dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado. ¿En cuál cabe la negativa del inquilino de Los Pinos?
¿Se niega a informar, por ejemplo, que cinco de los abajo firmantes del decreto nocturno del pasado 11 de octubre (Agustín Carstens, Hacienda; Ernesto Cordero, Sedeso; Georgina Kessel, Energía; Gerardo Ruiz Mateos, Economía, y Salvador Vega, Función Pública) formaban parte de la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro, tomaban las decisiones, marcaban la pauta, y que, por lo mismo, son los responsables (junto con los directores de la CFE, miembro de la citada junta, y de LFC) de la situación financiera y operativa de la empresa (todos reportaban a Felipe Calderón, el principal abajo firmante del decretazo) que tanto alarmó al inquilino de Los Pinos? Pues bien, ninguno de los cinco funcionarios ha sido extinguido, pero cada uno conoce a la perfección el jugoso negocio que implica el tendido de fibra óptica.
¿No quiere que se conozca que la estructura tarifaria de energía eléctrica está diseñada por el gobierno federal, atendiendo a su política económica, otorgando subsidios explícitos (60 por ciento se destinaba al sector industrial y sólo 22 por ciento a los usuarios domésticos) y no contempla las necesidades financieras de Luz y Fuerza del Centro? Por ejemplo, una situación en la que se demuestra que el objetivo del gobierno federal era quebrar a LFC fue la política que se siguió en la determinación del precio del kilovatio-hora comprado a la Comisión Federal de Electricidad y el precio de venta al usuario. De 1995 a 2005, el precio de compra a la CFE se incrementó 4.5 veces, mientras el precio de venta a los usuarios lo hizo cuatro veces, lo que se tradujo en una dinámica perversa: a mayores ventas, mayores pérdidas.
Lo anterior se obtiene de un detallado estudio (Situación actual de Luz y Fuerza del Centro) elaborado por el ingeniero Mario Govea (jubilado de LFC, miembro fundador del Comité Nacional de Estudios de la Energía y coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe, sección México), en el que se subraya que debido a la prohibición a LFC de crecer en su capacidad instalada, desde 1960 se inició una dependencia de la CFE en la compra de energía, hasta alcanzar en 2008 el 96.4 por ciento de la energía que distribuye en su zona, lo que ha minado sus finanzas. El organismo continúa presentando resultados de operación deficitarios y una situación financiera crítica, reflejo de la aplicación de políticas económicas, financieras y técnicas inadecuadas, así como de otros fenómenos externos, propiciadas y permitidas por la dirección administrativa.
A lo largo de los años, se ha percibido una política de los gobiernos neoliberales por liquidarla como empresa pública y por eso no le han dado apoyo. Además, la opacidad es la regla general aplicada en todas las actividades de la CFE y de LFC, dirigidas por Alfredo Elías Ayub y Jorge Gutiérrez Vera; esta conducta sirve para que a espaldas del pueblo se entreguen plantas de generación, líneas de transmisión, subestaciones, terminales de recibo y manejo de carbón, gas y licitaciones arregladas para beneficiar a empresas nacionales y extranjeras ligadas a la clase política y compartan los millonarios recursos que genera el inflado costo de la renta eléctrica.
¿Qué esconde, pues?
Las rebanadas del pastel:
Sobre el jugoso negocio de la fibra óptica de LFC: la empresa WL Comunicaciones no sólo tiene la autorización para operar, sino que aún antes de hacerlo ya obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red; que en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio. No se trata sólo de la explotación de la fibra óptica, cuya red de más de mil 100 kilómetros se pagó con recursos del pueblo y ahora la van a comercializar empresas panistas, sino que el negocio privado de LFC se va a expandir: están en camino múltiples autorizaciones de generación de electricidad para empresas privadas, muchas de ellas trasnacionales, que ya no tendrán la denuncia del SME, el cual no se oponía a la modernidad, sino al despojo del patrimonio del pueblo de México.
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