Insensibilidad fiscal. La Jornada

Durante su participación en una audiencia pública organizada por el Senado, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, señaló ayer que la caída observada en los ingresos petroleros y tributarios en 2009 es “el peor shock financiero que ha recibido México cuando menos en los últimos 30 años”, y anunció que, a efecto de compensar esa pérdida, el gobierno planea un aumento en los gravámenes para el año entrante, cuando se prevé “reforzar” –eufemismo por incrementar– el impuesto empresarial a tasa única (IETU).

La medida anunciada por el encargado de las finanzas públicas del país reviste aspectos deplorables, tanto en la forma como en el fondo. Si se toma en cuenta que la adopción de esas determinaciones requiere de meses de discusión y análisis, es evidente que las autoridades habían planeado los incrementos tributarios referidos desde tiempo atrás, y que el hecho de que se den a conocer hasta ahora obedece, más que a criterios de índole económica, al afán de evitar un descalabro electoral mayúsculo del partido en el poder el pasado 5 de julio.

Lo anterior pone en perspectiva, por un lado, un empeño inaceptable por engañar a la población, al ocultarle medidas como la mencionada, así como un manejo faccioso de la política económica, cuya credibilidad se encuentra de por sí erosionada, a consecuencia de su carácter oligárquico, antipopular y clientelar.

Más allá de estas consideraciones, el anuncio de Carstens genera justificadas inquietudes sobre cómo y a quiénes se aplicarán los aumentos tributarios. Todo hace pensar que el gobierno se conducirá con base en los criterios injustos e inequitativos de la política fiscal vigente, la cual se ensaña con los pequeños contribuyentes cautivos y los sectores productivos, y es, en cambio, condescendiente y obsequiosa con los potentados, los capitales foráneos y los dueños de las grandes empresas, quienes, por obvias razones, tienen la obligación de pagar mayores impuestos, por más que esa obligación se quede en el papel de los principios fiscales y no se traduzca en una práctica impositiva equilibrada.
Es de suponer, por tanto, que mientras los grandes empresarios seguirán teniendo acceso a créditos fiscales, mecanismos para diferir los pagos al erario y exenciones que podrán ser legales pero son sin duda escandalosas –como la que se concedió en el sexenio pasado a los involucrados en la compraventa de Banamex, que significó una exención de cerca de 3 mil 500 millones de dólares–, los contribuyentes cautivos, los pequeños empresarios y los profesionistas que trabajan por su cuenta continuarán siendo víctimas de estrategias fiscales de hostigamiento y amedrentamiento practicadas por el Servicio de Administración Tributaria, en tanto que los trabajadores del sector informal –que son, cabe recordarlo, damnificados de las fracasadas directrices económicas vigentes– serán objeto de constante persecución y acoso.

En ese sentido, es inevitable contrastar el anuncio realizado por el titular de la SHCP con el impuesto a la riqueza que pretende el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a instancias del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes: se trata de un gravamen progresivo que se aplicará a quienes ganen 350 mil dólares al año o más, con el cual la Casa Blanca estima recaudar alrededor de 540 mil millones de dólares en los próximos 10 años, que se utilizarán para financiar la reforma del sistema de salud ofrecida por el político afroestadunidense durante su campaña.

En suma, ante la manifiesta falta de voluntad política del actual gobierno para aplicar medidas similares a las de su par estadunidense en el ámbito económico, la sociedad debe demandar que la carga tributaria se redistribuya de manera justa y equitativa, que paguen más los que más tienen, como ocurre en los países industrializados y que, en caso de aplicarse, los nuevos impuestos sean complementados con acciones de combate a la corrupción y al dispendio proverbial de las recientes administraciones, que constituyen también una fuente importante de pérdida de recursos públicos.