Oportunista hipócritas : "Pide el clero corregir los libros gratuitos"

Deben incluir que Hidalgo y Morelos murieron reconciliados con la Iglesia católica: Valdemar

Gabriel León Zaragoza

La Arquidiócesis de México pidió una corrección a los libros de texto para precisar en la historia del país que el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, y el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, fallecieron en el seno de la Iglesia católica, por lo que no murieron excomulgados.

Puntualizó que esa información histórica debe ser incluida en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, en los que los religiosos participantes en la gesta independentista “quedan como excomulgados.

Sí sería importante que la Conferencia del Episcopado Mexicano solicitara en su momento, si lo considera conveniente, una corrección de actas, una corrección de los libros de texto que aclare que si bien fueron excomulgados, murieron reconciliados con su Iglesia católica, afirmó el vocero Hugo Valdemar al presentar los resultados de la investigación de la arquidiócesis Consideraciones en torno a las excomuniones de Hidalgo y Morelos.

Con esta presentación, la Iglesia local inicia sus festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, al margen de los actos oficiales, de los que la Iglesia católica fue de manera inexplicable y vergonzosa excluida. Sin embargo, aclaró Valdemar: no tenemos el menor interés de que ahora nos incluyan, debido a que hemos preparado alguna manera de celebrarlo.
Responde además al punto de acuerdo presentado en 2007 por diputados de PRD y PRI para solicitar a las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación gestionar ante el Vaticano el levantamiento del edicto contra los sacerdotes.

El director del Archivo Histórico del Arzobispado de México, Gustavo Watson, aseguró en conferencia de prensa que no hay razón para levantar la excomunión, debido a que documentos y estudios precisan que antes de ser fusilados los sacerdotes fueron confesados, por lo que murieron con el cobijo de los sacramentos religiosos.

Consideró que hace falta difusión de éste y otros hechos históricos, como la investigación de José Bravo Ugarte, publicada en 1966, que señala que 145 sacerdotes participaron en la guerra de Independencia: 122 del lado de los insurgentes –entre ellos Hidalgo, Morelos y Mariano Matamoros–, 20 por las tropas realistas y tres del Ejército Trigarante.

Negó que la Iglesia esté excluida de la historia del país, porque tuvo una parte importante, pues algunos clérigos, principalmente criollos, estuvieron a favor de la causa independentista y otros la apoyaban aunque no entraron en la lucha armada porque tenían la conciencia de que su condición de sacerdotes se lo impedía. Los eclesiásticos peninsulares –que eran la mayoría de obispos y gran parte de los canónigos de la Nueva España– generalmente se opusieron, sostuvo.

Ejecutado con mensaje

Mensaje

Lapsus

Todo bajo control

 Astillero

Julio Hernández López

La vida institucional sigue su curso, aparentemente plácido, sin tomar nota verdadera de la inconformidad social creciente. La crema de los diputados federales entrantes, por ejemplo, sueña con un futuro electoral más próspero: allí está, para demostrarlo, Francisco Ramírez Acuña, quien se cree en condiciones de ser candidato presidencial panista en 2012, pero, por lo pronto, extiende su mundo de caramelo a otros aspirantes semiencubiertos, como la tuerta en el mundillo de cuadros panistas ciegos, Josefina V. Mota, y la cantautora tlaxcalteca Betty Paredes, quien tocará retóricamente la guitarra legislativa y seguirá fungiendo como directora huésped de la orquesta tricolor que en realidad conducirá la empresa trasnacional Karl y Sal. Opaco Ramírez (ineficaz, represivo y recientemente derrotado grupalmente en Jalisco) dice, por lo pronto, que en San Lázaro está el semillero electoral de 2012.

En el mismo Jalisco, el vapuleado Etilio González Madres entrecierra los ojos de gusto al escuchar a mariachis en un festival pomposo que su administración ha organizado, mientras a tres cuadras de distancia sus fuerzas policiales golpean a ciudadanos que protestan contra la construcción de dos nuevas líneas del Macrobús, porque consideran que provoca graves problemas viales, ha sido muy mal planeado y significa otro negocio privado a cuenta de dinero público. Los policías van acorralando a los manifestantes y luego arremeten contra ellos, en una estrategia clara de represión (la escuelita Ramírez Acuña) que busca intimidar y desmovilizar a un movimiento cívico que ha ido creciendo en una entidad donde el gobernador virtual está cada vez más aislado (sólo agarrado a los faldones de la sotana del verdadero jefe político, el cardenal Juan Sandoval) y tiene cada vez más necesidades de hacer saber a la población que él sigue mandando. De aquel alcoholizado Me vale madre respecto a las críticas en su contra, a darle en la madre al que le critique o se le oponga. Este sábado, seis presos (¿políticos?) y una docena de heridos, entre ellos un policía. El mariachi loco quiere golpear.

Otro gobernador parece náufrago en su propia isla: Zeferino Torreblanca no ata ni desata. Pasmado, apenas atina a hacer declaraciones de compromiso de vez en cuando. Ayer hubo en Chilpancingo una marcha de perredistas vestidos de blanco en exigencia de que se sepa quién y por qué mandó matar a Armando Chavarría cuando se enfilaba hacia la candidatura del sol azteca al relevo contra la voluntad del citado Torrerroja. La propuesta formal de la caminata es que renuncien los integrantes del gabinete de Seguridad del gobierno estatal, pero el río de murmullos apunta hacia la parte más alta del organigrama guerrerense oficial.

En China, Nuevo León, personas vestidas de militares acribillaron a una familia que esperaba a que abrieran el servicio en una estación de gasolina para llenar el tanque de su vehículo. Una primera versión hablaba de que los uniformados habían confundido a los agredidos con narcotraficantes: dos mujeres muertas y seis heridos. En Navolato, Sinaloa, un grupo armado asesinó el sábado por la noche a ocho jóvenes (y quedaron cuatro heridos de gravedad) que estaban conviviendo, con música y alcohol, en un bulevar de la zona conocida como El Malecón. La agresión se realizó, sin explicación ni advertencia, frente a decenas de jóvenes que habían llegado allí en sus vehículos. En la ciudad de México, mientras tanto, la dirigente de la agrupación denominada Iluminemos México reconoció que a un año de aquella marcha con gente vestida de blanco no sólo no se ha resuelto nada, sino que la situación ha empeorado.

En cambio, las confidencias y favores entre las autoridades de México y Estados Unidos se multiplican. El vocero de la PGR ha revelado que políticos de ambos países se ponen de acuerdo para decidir qué deben hacer ciertos jueces de Gringolandia para, según eso, favorecer los intereses del calderonismo. Eso habría sucedido en el caso de Zhenli Ye Gon, el multimillonario con banco propio en su casa de Las Lomas al que ahora se ha declarado limpio de culpa en Estados Unidos, pero no por otra cosa (dice el vocero de la PGR), sino porque así no se enredan los tiempos procesales en aquel país y más pronto nos lo puedan mandar acá, extraditado, donde se le tiene un expediente súper bien armado, completito, insalvable. Así lo dijo el muy sincero portavoz de Medina Mora cuando se le preguntó si México había pedido a Washington ese desenlace: “Más que petición, fue la decisión de haber analizado el asunto entre las autoridades de Estados Unidos y las mexicanas para ver quién tenía el asunto más sólido, y con base en eso tomar la decisión de qué era lo mejor (…) en este caso resultó que el mejor expediente lo tenía el gobierno de México”. ¡Gulp!, ¿le darán cuello judicial acá, o es una forma negociada de coopelal para que no haga tanto ruido míster Ye Gon?

La Iglesia católica pidió, por su parte, corregir el expediente de los reos de culpas históricas y teológicas mejor conocidos como Miguel Hidalgo y José María Morelos. Dado que se acercan fiestas bicentenarias en las que se recordará a los mencionados sujetos, la siempre juiciosa institución religiosa no desea afear sus imágenes con el descrédito de haber sido excomulgados por los mandos clericales de aquellos tiempos en los que, como ahora, la elite sacerdotal se plegaba a los intereses de quienes tenían el poder y perseguían y difamaban a quienes luchaban por cambios verdaderos. Según Gustavo Watson, director del Archivo Histórico del Arzobispado de México, los futuros héroes patrios sí fueron degradados como sacerdotes, pero a la hora de la muerte se confesaron y hubo borrón y cuenta nueva. Oh, sí: Miguelín y Chema, regresen a casa, todo perdonado.

Y, mientras Sorry se pone gallito con Ebrard, y Juanito con AMLO, y éste anuncia que buscará corregir mediante leyes el poderío mediático (¡Eso: hay qué sujetar al monstruo a normas de urbanidad!), ¡hasta mañana, en esta columna siempre comulgante!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

¡¿Coopelas o cuello bilateral…?!

A Puerta Cerrada

Marcela Gómez Zalce

• 2009-08-31•Política

• La primera victoria del PRI
• Festejos y mensajes…

Lo importante, mi estimado, es no dejar de formularse preguntas. A escasas 24 horas de que se instale la nueva Legislatura —desde la cual según Ramírez Acuña saldrán suspirantes rumbo al accidentado 2012 (léase yo)—, y Felipe entregue el informe del Tiradero (con mayúsculas) tan talentosamente desarrollado en estos tres años de su (des)gobierno, las lacritas tricolores le ganaron la primera batalla al cancelarle su besamanos mediático, en el cual festinarían los eficaces aciertos que han llevado a México al peor shockfinanciero en los últimos 30 años, a una peligrosa guerra con más de 13,000 muertos y a un escenario de estallido social.

Honor a quien honor merece.

Felipe Calderón & his dumb squad han llevado a nuestro país a la debacle, al retroceso, al autoritarismo y a la escalofriante caída libre en casi 36 meses, lo que habla, my friend, de un extraordinario talento y capacidad de destrucción, combinado con la soberbia y la ignorancia: o sea, todo un coctelito mortal desplegado por estegymboree (con minúsculas) en el poder (del no poder) que constantemente pone para la foto al inquilino de Los Pinos, como ya quedó develado con las simpáticas invitaciones giradas a más de 600 invitados constatando que estos chicuelos no organizan ni una kermés.

Y así, en el ring político legislativo, el (des)gobierno federal y el PAN recibieron un KO del PRI cuando aún no empieza, oficialmente, la pelea. Y para colmo del catastrofismo del contaminado timing, Calderón recibió unllegón que podría darle la vuelta al célebre coopelas o cuello con la reciente exoneración —por falta de pruebas de la internacionalmente acreditada y prestigiada PGR— del empresario chino Zenli Ye Gon y sus fascinantes 205 millones de dólares.

Porque horas después de que la Corte en Estados Unidos fallara en contra de los cargos por lavado de dinero y tráfico de drogas por insuficiencia de pruebas, la PGR salió rápidamente a explicar lo que, aunque no lo parezca, había sucedido: que gracias a un “acuerdo” entre México y EU, “negociaron” el caso Ye Gon, deslizando que diplomáticamente hubo... un ¡¿coopelas o cuello bilateral…?!

El puntilloso vocero de Medina Mora afirmó que no se confundan los mexicanos y la bola de hojaldras que viven denostando la justicia porque aquí hay pruebas “más sólidas” (¿?) en contra del indiscreto Ye Gon, que con su delación puso a girar en su propio eje al secretario del Trabajo (sucio), Javier Lozano, encargado precisamente del fondo para el retiro, perdón, de la operación y que lo llevó a demandar a Zenli… cuyos abogados ya vienen de regreso jurídicamente, yes?

En resumen, lo que Nájera señaló con frivolidad es que ambos gobiernos se pusieron de acuerdo para tirarle línea a una Corte norteamericana y/o a la fiscalía responsable —homólogo del MP en México— y que el juezEmmet Sullivan exonerara al conocido empresario chino después de 30 meses del escándalo y así facilitar su extradición.

Chingón.

Todo en el marco de una estrategia (por cierto, palabra inexistente en el diccionario federal) para aplicar la justicia… a secas, justificando que este caso aquí es más fuerte y mejor sustentado.

Curioso.

Si es más fuerte y mejor sustentado, y hay un caso más sólido en su contra, el respetable hace una pregunta mordaz: ¿por qué la PGR no aportó esas pruebas de las cuales se vanagloria respaldando hoy el arreglón bilateral…?

Porque ahora resulta que el presumido decomiso de billete relacionado con el organizado crimen más importante de la historia y de este inútil (des)gobierno… se tambalea jurídicamente para cerrar donde empezó.

Haiga sido como haiga sido, my friend, coopelas o cuello…

Por la mirilla

¡¡Fin de semana de fiessssssta!! (urgent detox deeded). Por un lado, Alexia Camil se casó con Isaac Bissuen magnífico reventón donde el padre de la novia, Jaime Camil, tiró la casa por la ventana de la Hacienda Santa Mónica, convocando a Enrique Peña Nieto, Alfredo Del Mazo, Luis Videgaray, Francisco Rojas,Emilio Gamboa, Carlos y Mariana Peralta, Jesús Murillo Karam, Olegario Vázquez Raña, Joaquín López- Dóriga, Adela Micha, Raúl Salinas, Carlos Marín, Oliver Fernández, Juan José Salinas, y más de 1000 invitados…

Y por el otro, Wilfrido Robledo cumplió el sábado (también) un año más en cuyo festejo brindaron Genaro García Luna, Héctor Slim, Joel Ortega, María Elena Morera, Rodrigo Esparza, funcionarios de la SIEDO, la PGR, nuestras fuerzas armadas, el Cisen, la Armada…

Ambos, mi estimado, llenos de mensajes muuuuuuy divertidos…

gomezalce@aol.com

Nicolás Guillén interpretado por Quilapayún : La Muralla

Paoli Bolio: las razones de su renuncia al PAN

ÁLVARO DELGADO
Desilusionado porque Acción Nacional está copado por El Yunque y otras organizaciones de ultraderecha y porque la administración de Felipe Calderón carece de iniciativa, Francisco José Paoli Bolio renunció a ese partido, en el que militó desde 1993. En el escrito que envió al dirigente nacional del PAN, César Nava, Paoli se refiere al organismo como "un instrumento pragmático que se alía con cualquier fuerza social y política con tal que ella le aporte recursos para sostenerse en el poder". Y advierte: "Esto no puede augurar nada bueno."
El Partido Acción Nacional (PAN) dejó de ser un instrumento al servicio de la sociedad para convertirse en "una federación de grupos de interés" empresarial, sindical y de organismos de ultraderecha, concluye Francisco José Paoli, quien afirma que el gobierno que encabeza Felipe Calderón, "sin iniciativa de nada", marcha hacia el fracaso mientras se gesta un estallido social.
"Tengo la convicción de que con este partido no se puede promover el cambio que el país necesita. En una sola frase: ¡No se puede! ¡No es un instrumento de cambio!", afirma Paoli, quien renunció a tres lustros de militancia en el PAN, en una carta que envió, el jueves 20, a César Nava, presidente de esa estructura partidaria.
En un pragmatismo extremo, expone en entrevista, el PAN y Calderón invalidaron prácticas democráticas con la imposición de candidatos y robustecieron las líneas de colusión con los poderes fácticos que inició Vicente Fox, entre ellos con el duopolio televisivo y con los sindicatos de maestros y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
"El PAN tenía que haber apostado por sí mismo, como dijo Carlos Castillo Peraza, pero no: Apostó por convertirse en un pequeño PRI. ¡Ni siquiera por un PRI grande! ¡Apostó a ver qué le quitaba al PRI de las corporaciones, de los grupos, de los apoyos!"
De hecho, fue la inclusión de Valdemar Gutiérrez, secretario general del IMSS, en la lista de diputados federales del PAN lo que llevó a Paoli a tomar la decisión de renunciar. "El partido nació para combatir el corporativismo, las afiliaciones masivas y automáticas, y ahora en esto está montado el PAN."
Y el gobierno de Calderón, no sólo ha profundizado la colusión con los poderes fácticos, como con Elba Esther Gordillo, sino que integró un gabinete con sus amigos y no ha tenido ninguna iniciativa sustantiva de gobierno. "Lo que no se pudo hacer en los primeros tres años, cuando no había crisis, es casi imposible hacerlo con los pocos recursos que se van a tener en 2010 y en 2011, que es cuando se va a resolver parte de la sucesión presidencial."
–¿Calderón ya fracasó?
–Va camino al fracaso. Todavía habría que tener esperanza.
–¿Con los cambios que habrá en el gabinete?
–¡No, no, no! Ya las cosas no se arreglan con cambios en el gabinete ni la expectativa de los ciudadanos se va a despertar si no hay un gran golpe de timón.

Creció 78% en 18 meses la cifra de deudores: Buró de Crédito

Susana González

Durante el último año y medio, el número de mexicanos que cayeron en cartera vencida de créditos hipotecarios, automotrices y tarjetas de crédito creció 78 por ciento.

Miguel Tijerina Shon, vocero del Buró de Crédito, informó que hasta julio pasado, 12 por ciento de los 55 millones de personas registradas en el organismo cayeron en mora, lo que equivale a 6.6 millones de clientes.

Sin embargo, a principios de 2008 sumaban 3.7 millones los mexicanos que habían incurrido en el incumplimiento de pagos tanto a instituciones bancarias, tiendas departamentales o de autoservicio, así como a empresas de comunicación, hipotecarias, financieras y automotrices. A esos deudores se agregaron 2.9 millones más, a consecuencia de la crisis económica.

En términos monetarios, la cartera vencida llegó a 71 mil 384 millones de pesos en el primer semestre del año, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El llamado crédito al consumo concentró 55.6 por ciento del total, con 39.7 mil millones de pesos, principalmente en tarjetas bancarias, cuyos adeudos ascendieron a 32 mil millones de pesos. En tanto, los créditos para empresas e instituciones representaron 24 por ciento de la cartera vencida, y los correspondientes a viviendas, 19 por ciento.

A pesar de que el Buró de Crédito no es la única sociedad de información crediticia que existe en el país, tiene registradas a 55 millones de personas que manejan 145 millones de créditos. Esta última cifra supera tanto a los 107.5 millones de mexicanos que conforman la población total del país como a los 45.7 millones de la población económicamente activa (PEA), contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto significa que cada persona manejaría en promedio 2.6 créditos.
Tijerina Shon reconoció el incremento registrado en la morosidad, ya que durante años, antes de 2008, la cartera vencida no superaba 8 por ciento del total de clientes (hace dos años eran 46 millones). Pero subió a 10 puntos con el primer coletazo de la crisis, trepó un punto más durante el primer bimestre de 2009, y desde mediados de año se ubicó en el 12 por ciento referido.

Este porcentaje de morosidad, según el funcionario, también se aplica a los 2.3 millones de empresas registradas en el Buró de Crédito, es decir, que en total 276 mil negocios han dejado de pagar alguno de sus créditos.

Por último, cabe recordar que la Condusef informó la semana pasada que casi 2 millones de deudores se han acercado a los bancos a restructurar sus créditos, al tiempo que el sistema bancario redujo el monto de los créditos al consumo en 27 mil millones de pesos durante el primer cuatrimestre del año.

Diputados blanquiazules: austeridad de mentiritas

México SA

Compromiso, bienestar... la misma cantaleta en 30 años

Carlos Fernández-Vega


Cuando menos en el discurso los tres grandes” partidos políticos representados en San Lázaro han hecho pública su intención de no avalar el cobro de IVA en medicinas y alimentos, de tal suerte que la propuesta calderonista en este sentido podría descartarse. Sin embargo, las potenciales víctimas de las decisiones legislativas –léase los heroicos habitantes de este país– no se van con la finta, porque acostumbradas están a que los dichos de la clase política sean inversamente proporcionales a los hechos.

En el tablado está el grotesco show mediático del locutor vestido de azul que machaconamente difunde novelescas proezas con logros aún más fantásticos en su tercer año de estancia en Los Pinos, mientras en medio de una catarata de discursos la población intenta sortear –como puede, y cada vez puede menos– los efectos de las más profunda crisis –esa sí real y contundente– de que se tenga memoria en el México institucionalizado, en espera de lo que la clase política tenga a bien definir –el paquetazo económico 2010– para superar, según dice, el shock de las famélicas finanzas públicas, y lo hará –todo apunta– a costillas de profundizar el histórico shock de las raquíticas finanzas ciudadanas.

De lengua la clase política se come un perol, y ahora, como siempre, dirá que todas las decisiones sólo tienen un objetivo: “el bienestar de los mexicanos” (de hasta arriba, deben agregar). Y en este sentido, los flamantes coordinadores de las tres tristes bancadas en San Lázaro han dicho “no al IVA en alimentos y medicinas”. El priísta Francisco Rojas Gutiérrez de Salinas aseguró que su partido “no apostará” en tal sentido; la siempre cursi Josefina Vázquez Mota parece egresada de la Universidad Cantinflas por sus comentarios en materia fiscal (Cesarín Nava aseguró que tal gravamen “está completamente descartado”), mientras Alejandro Encinas rechaza cualquier posibilidad en este renglón, aunque a una sola voz la tercia no descarta que claven el puñal fiscal en otra parte del cuerpo ciudadano.

De concretarse tal negativa, los partidos y sus legisladores se autoelogiarán pública y profusamente “por defender la economía familiar”, mientras por abajo del agua dan cuerpo a la catarata de aumentos (“recorte de subsidios” y “actualizaciones” les llaman) en precios y tarifas de los bienes y servicios del sector público (tarifas eléctricas, gasolinas, diesel, gas, agua, predial, etcétera, etcétera), acuerdan nuevos impuestos y/o incrementan los existentes, y por enésima ocasión se niegan a tocar los privilegios fiscales otorgados al gran capital, donde está el quid de la evasión y la elusión, y los “hoyos” financieros que tanto preocupan al doctor “catarrito” y al locutor que lo sostiene.

A la par, se “esforzarán” por mostrarse “austeros” y dar la idea de que ellos sí se “sacrifican” por el bien de la patria. De hecho, los diputados panistas entrantes, en voz de la Josefina, anunciaron “recortes” a sus privilegios por 250 millones de pesos, que incluyen 10 por ciento de descuento en la dieta de los legisladores. Qué bueno, qué esforzados, qué austeros, pero habría que recordarle a la señora Vázquez Mota que siendo secretaria de Educación Pública en un solo día gastó 256 millones de pesos en la celebración del Día del Maestro, de tal suerte que el monto de tales “recortes” a los blanquiazules en San Lázaro, de concretarse, no pasarían de ser una tomadura de pelo.
Dicho sea de paso, en esto de la dieta surge la misma duda que con la ley de salarios máximos, la cual establece que nadie (salvo los magistrados y demás aves de rapiña que revolotean sobre el presupuesto) puede obtener un ingreso mayor al del jefe del Ejecutivo. Así, la dieta neta mensual de un diputado (versión oficial) es de 77 mil 745 pesos, de tal suerte que 10 por ciento de recorte cantado por Vázquez Mota sería de 7 mil 774 pesos. Sin embargo, a este ingreso se suman 45 mil 786 pesos mensuales por “apoyos para actividades legislativas” y 28 mil 772 pesos por “atención ciudadana” (que supuestamente no forman parte de la dieta formal, pero sí de la real, que suma 152 mil 303, por arriba del sueldo del inquilino de Los Pinos). Entonces, ¿el “recorte” sería sobre los 77 mil 745 o los 152 mil 303?

En este contexto, si 10 por ciento de recorte a la dieta de los diputados panistas anunciado por su flamante coordinadora de bancada se limita al ingreso oficial (los 77 mil 745 pesos), entonces el “ahorro” anual implícito sería de un millón 111 mil 682 pesos, es decir, 0.44 por ciento de los 250 millones de “ahorro total” estimado por Vázquez Mota; en cambio, si se considera integralmente (dieta, “apoyos para actividades legislativas” y “atención ciudadana”) sumaría 2 millones 177 mil 890 pesos, monto equivalente al 0.87 por ciento del “ahorro total”. Si ése es el concepto panista de “esfuerzo”, “compromiso con los ciudadanos”, “ahorro”, “austeridad” y conexos, no pasa de ser un pésimo chiste y una “austeridad” de mentiritas.

En igual sentido se ha manifestado otros “comprometidos” cuan “austeros” organismos. El Instituto Federal Electoral, por ejemplo, que anunció un “recorte” de 104 millones de pesos en su gasto del último trimestre de 2009 (un pelo al gato), mientras perfila sus aspiraciones presupuestales para 2010 (9 mil 223 millones de pesos, de los que 6 mil 221 millo- nes serían para su gasto operativo y 3 mil 12 millones para los partidos políticos). Si la “austeridad” se mantiene el próximo año, esos 104 millones equivaldrían a 1.67 del gasto operativo del IFE (es decir, sin partidos políticos). De ese tamaño es la “austeridad”.

Si algo ha escuchado la ciudadanía a lo largo de tres largas décadas de crisis permanente (con reconocimiento oficial o sin él) ha sido el discurso de la “austeridad”, del “esfuerzo”, la “transparencia” y el “compromiso” de la clase política, la misma que hoy asegura que ahora sí va en serio; es decir, su misma cantaleta en 30 largos, interminables años. Y a la par del discurso, la catarata de privilegios y excesos, que, total, para eso están los ciudadanos, para pagarlos.

Las rebanadas del pastel

Mensaje textual de un banco a uno de sus tarjetahabientes, por medio del respectivo estado de cuenta: “su adeudo es de 175 mil pesos y la cantidad mínima mensual a pagar es de 6 mil 45 pesos; si sólo realiza el pago mínimo y no tiene compras, disposiciones o cargos automáticos, tardará mil 767 meses, aproximadamente, en cubrir el saldo de su tarjeta de crédito”, o lo que es lo mismo poco más de 147 años. ¡Ánimo, que ya le falta poco!

cfvmexico_sa@hotmail.com y mexicosa@infinitum.com.mx

Demandan no afectar a obreros para tapar boquete económico

Patricia Muñoz

lajornada.com

El gobierno federal pretende tapar el “boquete” en la economía nacional afectando más a la clase trabajadora, en lugar de tomar medidas como reducir el número de plazas de la alta burocracia o cobrar impuestos reales a las empresas, sobre todo a la banca, señalaron diputados durante un foro organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En el encuentro, realizado para analizar los cobros por la energía eléctrica, diversos legisladores denunciaron que la crítica situación económica y social ha puesto a la nación al borde de una “crisis alimentaria”.

Tras ratificar que el gobierno federal debe resolver el problema social que implican los cobros excesivos de luz e insistir en que se requieren propuestas y soluciones de corto y mediano plazos para esta problemática, diferentes ponentes consideraron impostergable “echar al bote de la basura histórica el criminal modelo neoliberal y a su clase política”.

Invitada al foro, la diputada electa petista Teresa Guadalupe Reyes señaló que una vez más se plantea cobrar impuesto al valor agregado (IVA) a alimentos y medicinas, así como el recorte a programas sociales, porque en el esquema neoliberal éstas son las medidas con las que se quiere “resolver” la crisis.

Sin embargo, se debería reducir del número de plazas de la alta burocracia, cuyo salario mensual, en promedio, como el que devenga el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, supera 230 mil pesos más prestaciones, aseveró.
Dicho funcionario recibe una compensación de 3 mil pesos diarios para gastos de alimentación, señaló Reyes en el auditorio del SME, provocando una gran rechifla de los asistentes.

Otro esquema fundamental es que las grandes empresas realmente paguen sus impuestos y no estén favorecidas por “regímenes especiales”, ya que, por ejemplo, en 2008 sólo 7 por ciento de esas firmas pagaron la carga tributaria que les correspondía, mientras el resto buscó algún subterfugio para no hacerlo.

“Cemex logró ese año que incluso se le devolvieran 23 mil millones de pesos en créditos fiscales”, abundó la legisladora.

A su vez, el diputado perredista electo Avelino Méndez expuso que la crisis ya no sólo es económica, sino también social y política, por lo que llamó a construir un gran movimiento ciudadano que obligue al gobierno a modificar su política económica.

En cuanto a los cobros por la electricidad, se planteó una disminución de 15 por ciento en la tarifa doméstica y el congelamiento del precio durante el tiempo que dure la crisis económica.

Se propuso, entre otras medidas, que sea gratuito el suministro de electricidad para los mexicanos en extrema pobreza que consuman 150 kilovatios bimestrales o menos, y que no se suspenda el servicio a desempleados.

Avanza la negación de los derechos sexuales a mujeres

Quince Congresos estatales tienen leyes antiaborto y mujeres que interrumpieron su embarazo están en la cárcel. ONG acusa a la Iglesia católica de imponer su moral y de reducir el papel femenino a funciones meramente reproductivas

El Universal
Lunes 31 de agosto de 2009
sociedad@eluniversal.com.mx

Alejandra todavía no aparece. Es la segunda vez que KIOSKO viaja a Puebla para tratar de hablar con ella. Frente a su casa, de pronto, su madre abre la puerta. Juana Sánchez Rojas tiene un fuerte golpe en la frente y el ojo. Ante la cámara fotográfica, simplemente se oculta.

Marco Antonio Moreno, integrante de la Red Nacional de Abogadas y Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°), presente en el lugar esa mañana, asegura que aquí, en esta casa de la colonia Xonaca se vive violencia intrafamiliar. Dicen los activistas que cuando el padre de Alejandra se enteró del aborto de su hija casi la mata a golpes.

Juana, tras la puerta entrecerrada, comenta que tiene prohibido hablar; que su esposo tuvo una fuerte discusión con su hija y que desde entonces no la ve... y es que Alejandra tenía 14 semanas de embarazo cuando decidió abortar, tomó pastillas, tuvo una hemorragia por lo que acudió a la Cruz Roja de Puebla, entidad donde el aborto está prohibido, salvo los casos que prevé la ley.

Por lo anterior, se dio aviso a las autoridades para hacer el levantamiento del cadáver o feto y se inició la averiguación previa AP61/2009/ AEH, “para determinar su situación legal debido a que de acuerdo a la ley local, cometió un homicidio por provocarse un aborto y deberá responder ante las autoridades por sus actos”, cita el documento.

Su tío Raúl Gómez, visiblemente molesto e irritado comenta, vía telefónica, que su sobrina reconoce que cometió un error que “tendrá que pagar”: “Ella ya está asistiendo a terapias con una psicóloga” y agrega que la familia se ha puesto de acuerdo para proteger a Alejandra de “los medios”. Grita y amenaza que no quiere vernos más rondando la casa de su sobrina o no responde y que, de acuerdo a su declaración, Alejandra cometió un aborto no intencional.

Mientras tanto esta mujer de 20 años continúa oculta como hizo esa madrugada del 2 de agosto en la Cruz Roja, recuerda su amigo César. Ella, tras las sábanas azules de su cama, como si fuera una burka de la que no querría haber salido, sumándose al grupo de mujeres de Afganistán, Irán, Libia, Somalia, donde el aborto está penalizado en prácticamente todas sus circunstancias.

En el extremo, la posición liberal se da en países como Canadá, China, Cuba, los Países bajos y Vietnam, así como algunos territorios de Australia, donde el aborto es aceptado a demanda de la mujer, sin límite de tiempo o plazo para la interrupción del embarazo.

Marco Antonio, de RADAR 4°, agrega que Alejandra fue obligada a ir por el feto que estaba en el baño de su casa y llevarlo ante las autoridades para que éste fuera enterrado en la fosa común. La investigación continúa para determinar si su legrado fue inducido o se trató de una complicación del embarazo.

Una celebración opacada

En México, Congresos estatales han promovido reformas constitucionales mediante los cuales se pretende dar marcha atrás a los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Lo anterior tiene como consecuencia directa la penalización de la interrupción legal del embarazo y la negación del derecho a decidir de las mujeres, reconoce la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en el boletín informativo Ombudsman Ciudadano No. 13.

En el documento se asegura que después de que en 2007 en el Distrito Federal se aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se pensaba que el respeto y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en la sociedad mexicana eran una realidad en materia de derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, la celebración fue opacada y duró poco pues en varios Congresos se presentaron iniciativas de reformas en las cuales se legisla la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Tal es el caso de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Querétaro, que han aprobado reformas a sus Constituciones, protegiendo la vida del óvulo humano fertilizado, en muchos casos otorgándole el carácter de persona.

En días recientes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Querétaro aprobó por unanimidad la ley antiaborto, la cual garantiza la vida desde la concepción, cerrando cualquier posibilidad de que pueda interrumpirse el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Sin embargo, el dictamen todavía no es llevado al pleno para su aprobación.

A su vez, Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Veracruz dan pasos en la misma dirección al presentar entre octubre de 2008 y mayo de 2009 iniciativas para proteger la vida desde la concepción.

Brahim Zamora Salazar, vocero de la organización civil Red Democracia y Sexualidad Demysex-Puebla, comenta que las reformas constitucionales recién aprobadas en esa entidad apuntan hacia la “criminalización” de mujeres que deciden practicarse un aborto en cualquier circunstancia, pues cabe la posibilidad de que sean procesadas legalmente.

Contra la criminalización

“Queremos evitar que las mujeres sigan abortando y que lo hagan de manera clandestina e insegura. Alejandra Gómez fue criminalizada y esto es lo que quisiéramos prevenir”, asegura la Organización Civil Demysex–Puebla, una de las principales promotoras de la defensa del derecho a decidir en la entidad.

Fedora Castro, abogada de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, explica que las reformas constitucionales violan múltiples derechos de las mujeres, reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México.

Agrega que las reformas criminalizan a las mujeres y las orilla a practicarse abortos clandestinos que ponen en riesgo hasta su vida y genera más muertes de mujeres por abortos mal practicados e incluso eleva los índices de muerte materna, además de que invisibiliza los graves problemas de salud pública que ello implica.

Asimismo, “proteger la vida desde la concepción o fecundación de manera absoluta consagra a las mujeres como meros instrumentos reproductivos sin reconocer que son titulares de derechos y que gozan del derecho a la libertad sexual y a la autodeterminación reproductiva. Además, pone en riesgo el uso de métodos anticonceptivos que tienen efectos anti-implantatorios, como el Dispositivo Intrauterino, que es el segundo método más usado por mujeres en México, pues éste busca evitar la implantación del óvulo fertilizado”, dice Castro.

Visión de los derechos reproductivos

En Baja California, el artículo 7 constitucional tutela el derecho a la vida al sustentar que “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa (sic) como nacido”. En Campeche, el artículo 6 constitucional, aprobado por el Congreso el 23 de abril de 2009, dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural. En Colima el artículo 1 constitucional suscribe que la vida es un derecho inherente a todo ser humano que el Estado protegerá y garantizará desde la concepción, (fue aprobado el 20 de marzo de 2009).

En Durango, en el artículo 1 el Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa (sic) como nacido. (Aprobada en mayo de 2009).

En Guanajuato, el 1 constitucional determina que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. (Aprobado en mayo de 2009).

Según organizaciones civiles, la mujer que aborta en Guanajuato es acusada de homicidio en razón de parentesco.

El 4 constitucional en Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo protección de la ley (aprobada el 26 de marzo de 2009). En Morelos, el 2 constitucional reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida (aprobado el 11 de noviembre de 2008).

En Nayarit, el 7 constitucional reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación; (aprobada el 17 de abril de 2009).

En Puebla, el 26 constitucional sustenta que la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las Leyes, mientras que en Quintana Roo, el 13 constitucional (aprobado el 21 de abril pasado) reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde la concepción está bajo la protección de la ley.

San Luis Potosí, en el 16 constitucional, reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde su inicio en la concepción (aprobado el 21 de mayo pasado).

Sonora, en el 1 constitucional tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa (sic) como nacido (aprobada el 21 de octubre de 2008); Yucatán, en el 1 constitucional, garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. (aprobado el 15 de julio pasado).

Aseguran buenos resultados en el DF

En contraste, datos en el libro La moralidad del aborto, de Gustavo Ortíz Millán, revelan que la ley que despenalizó la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación se ha aplicado con muy buenos resultados en el DF.

De abril de 2007 a agosto de 2008 se han realizado unos 12 mil 679 abortos legales. “Se han practicado en óptimas condiciones en 14 hospitales del gobierno capitalino y una clínica; 85% de las mujeres reciben pastillas vía oral para embarazos de menos de 63 días; el resto se realiza con aspiración manual o eléctrica endouterina, que reduce los riesgos para la salud y la vida de la mujer”.

María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, refiere que ante avances como los mencionados, que permiten que las mujeres del DF cuenten con el reconocimiento a su autoridad moral, la protección de su salud y la garantía del derecho inalienable a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, se contraponen diversas expresiones del fundamentalismo religioso, donde la jerarquía católica conservadora no ceja en su intento de imponer su concepción de la moral “única” a las mujeres.

“Muestra de ello son los cambios en las Constituciones de nueve estados. Baja California, Sonora, Colima, Morelos, Puebla, Jalisco, Nayarit, Durango y la reciente modificación en Quintana Roo, donde legisladores liderados por partidos como el PRI y el PAN, por encima de los derechos de las mujeres, han llevado las posturas de la jerarquía católica a los espacios legislativos.

Estos cambios a las Constituciones, asegura Mejía, vulneran los derechos de las mujeres ante las realidades especificadas en los códigos penales, reduciendo su papel a funciones reproductivas, lo cual pone en riesgo las causales permitidas.

En contraparte, para Jorge Adame Goddard, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las reformas constitucionales locales no deben ser vistas como ley anti aborto, sino como leyes que buscan regular las relaciones entre individuos y poder público. Dichas leyes, dice, significan una apertura al futuro, a una sociedad en la que prive la solidaridad sobre los intereses económicos y políticos.

Mientras, dicen que Alejandra se cambió el nombre, que ahora es Alessandrina, para continuar su vida bajo una burka autoimpuesta por la presión de la averiguación penal de la que es objeto.

Un mexicano fuera de órbita :

El estallido que viene

José Agustín Ortiz Pinchetti
Un fantasma recorre la República: la amenaza de un conflicto social. Hasta hace poco esto parecía remoto. Hoy se vuelve probable, aunque, por fortuna, no inevitable. La hipótesis del estallido se sustenta en hechos económicos: una caída sin precedente, por lo menos a 9 por ciento del PIB, acompañada por la pérdida de 900 mil empleos y la caída a la pobreza de 10 millones de personas. Los jóvenes no pueden acceder a la educación por el recorte de los presupuestos ni encontrar trabajo aquí o en Estados Unidos. Su salida es incorporarse al crimen organizado o rebelarse.

Al deterioro económico se suma el político. Esta combinación es fatídica. Ante el desastre económico tendrían que abrirse las válvulas de escape del cambio político, como hizo Ernesto Zedillo en 1995. Si no se canaliza la inconformidad, los costos sociales se convertirán en un reclamo de cambio al que no pueden responder las instituciones también dañadas. El experimento democrático ha naufragado.

Calderón no tiene recursos, inteligencia ni oficio para ofrecer una salida política a esta crisis. Está atrapado entre los grandes sindicatos corruptos del pasado y el pequeño grupo de potentados que lo llevaron al poder y que no quieren renunciar a sus privilegios.

Podríamos temer que en 2010, o antes, los grupos armados que existen en las montañas del país lanzaran ataques secundados por parte importante de la población agraviada. Quizás se asociaran con las redes del narco que los utilizarían dándoles a cambio información, armas sofisticadas y dinero. Podría haber estallidos aislados, asaltos a los supermercados o a transportes con alimentos. También una insurrección urbana que pudiera bloquear carreteras y aeropuertos, en una especie de huelga general, hasta desquiciar el país. El estallido puede desencadenarse con un crimen, un error contumaz o muchos abusos provocadores. Por ejemplo, lo que están haciendo el PRI y el PAN en Iztapalapa para robarle el triunfo a Andrés Manuel.
¿Se podría conjurar el estallido? Sí, con un nuevo acuerdo entre los factores políticos. De ahí se derivará a un nuevo proyecto de nación. Pero, ¿cómo confiar en la derecha que no cumple sus ofertas ni negocia con honestidad? La derecha quiere la restauración de lo peor del PRI, con Salinas a la cabeza, porque considera agotada la opción panista. La única opción está en la organización popular que articule y dé cauce a la inconformidad y la exprese en términos pacíficos electorales. En ese sentido, la nación tiene una enorme deuda con el obradorismo. Es la única fuerza capaz de prevenir y desactivar el estallido que viene.

jaorpin@yahoo.com.mx

Robo priísta de recursos, explicación de la pobreza en Oaxaca: AMLO

Ulises Ruiz amenaza para evitar que se conozca abandono de poblados

Ciro Pérez Silva
Enviado
Santo Domingo Ozolotepec, Oax., 29 de agosto. Andrés Manuel López Obrador anunció aquí que pedirá la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para evitar que se siga hostigando a los maestros y líderes sociales de esta entidad, además de que se acabe la violencia que la víspera tuvo como consecuencia el asesinato del profesor Artemio Camacho Sarabia y dejó heridas a dos de sus compañeras, entre ellas Leónides Celia Mejía, luego de un enfrentamiento entre miembros de las secciones 22 y 59 del SNTE.

El tabasqueño lamentó que la violencia sea el signo que ha marcado el gobierno de Ulises Ruiz cuando se trata de atender conflictos sociales, particularmente cuando involucran al magisterio.

Por otra parte, afirmó que la pobreza en Oaxaca y el abandono de sus comunidades sólo se explican por “la robadera” de los recursos públicos hecha por los gobernadores del PRI que a lo largo de 80 años han mandado en esta entidad.

Al continuar este sábado su gira de trabajo por las comunidades de la sierra sur del estado, el ex candidato presidencial sostuvo que el temor de Ulises Ruiz de que la gente conozca la situación de olvido en que están comunidades tan aisladas que tardan meses en conocer las noticias del país, se refleja en las amenazas con que trata de impedir este recorrido.

“A los presidentes municipales los amenaza diciendo que si nos reciben les van a quitar los programas federales o estatales, y ese gobernador ladrón y corrupto ha llegado al colmo mandando decir, por medio de sus delegados de gobierno, que si nos reciben en los municipios el IFE los va a multar; eso no habla más que del temor que tienen de que la gente descubra la realidad de Oaxaca”.

El tabasqueño escuchó de los habitantes de esta región que ya no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, menos para las obras de infraestructura más indispensables, particularmente los caminos de acceso a las cabeceras municipales, las cuales en su mayoría carecen de pavimento. Otro reclamo reiterado es el de la construcción de centros de salud, ya que los que tienen no les resuelven problemas elementales por la carencia de médicos y medicinas, lo que los obliga a trasladar a sus enfermos hasta Miahuatlán, uno de los puntos urbanos más cercanos, pero que les toma hasta seis u ocho horas para llegar.

Asimismo –dijeron–, requieren servicios jurídicos que asesoren a los habitantes de esta región, así como libros para las bibliotecas de los alumnos, cuya educación no llega más allá de la preparatoria, e inclusive viviendas. En este recorrido, López Obrador ha escuchado también las quejas de egresados del bachillerato, para quienes no queda otra alternativa que el trabajo en el campo.
“Nuestro pueblo no merece sufrir tanto, no merece tanta pobreza. No se justifica en un país como México, porque a pesar de que por años lo han saqueado, todavía hay recursos naturales, como selvas, litorales, bosques; hay recursos, pero lo que ha sucedido es que un grupo, ese que llevó al poder a Felipe Calderón y que se siente dueño del país, se queda con todo”.

Otra de las quejas de los oaxaqueños de esta región es que los políticos sólo vienen a estas alejadas comunidades “si acaso” cuando necesitan su voto, aunque después, como sucede en buena parte del país, no vuelven.

“Esos políticos del PRI que los han gobernado por 80 años tienen un truco bien ensayado, primero empobrecen al pueblo y en época de elecciones le dan migajas, como materiales de construcción, despensas y hasta dinero en efectivo, pero una vez que recogen los votos, a seguir robando; hay que hacer conciencia de que eso que les dan es pan para hoy y hambre para mañana; el pueblo ya no está para limosnas”.

Oportunidad de cambio

Les recordó que el próximo julio habrá elecciones en Oaxaca para cambiar al gobernador, “y ustedes tienen una gran oportunidad para que puedan apoyar a un gobernador honrado, no como Ulises Ruiz, que es mala entraña. Pueden sacar a esos gobernadores que se han dedicado a robar al pueblo para hacerse grandes con los recursos públicos”, dijo.

Acompañado por los senadores Gabino Cué, de Convergencia, y Salomón Jara, del PRD, el tabasqueño lamentó junto con los oaxaqueños de esta región que el campo esté abandonado y no cuenten con programas productivos, que haya caminos como el que conduce a la región de Ozolotepec, del que el gobierno estatal asegura que está pavimentado, cuando en realidad sólo hay asfalto en 2 o 3 kilómetros.

“Estoy seguro de que se roban los recursos. Hay que llamar las cosas por su nombre: Ulises Ruiz no puede justificar muchos bienes, como ese hospital privado que tiene en la ciudad de México, que cuesta mil 500 millones de pesos. ¿Puede explicar de dónde sacó ese dinero? Lo sacó de la corrupción, por mentir sobre caminos como el de Ozolotepec”.

Destacó que con un gobierno honesto se pueden lograr avances importantes para la sociedad oaxaqueña, e insistió en que “no se puede justificar que en el DF haya becas para todos los estudiantes de preparatoria, para madres solteras y para discapacitados, que se entreguen útiles escolares, uniformes,y hasta zapatos para los alumnos de primaria, y aquí no. La repuesta es que todo se roban y a ustedes no les llega nada”.

Nueva legislatura

Toma de protesta de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.

Ya sabemos quiénes son. Ya sabemos dónde están. Nos queda a nosotros decirles qué hacer.

Homo Sapiens

A prueba, la justicia electoral

GLORIA LETICIA DíAZ
Cada vez más se robustecen las pruebas presentadas por los perredistas Ana Gabriela Guevara y Adrián Ruvalcaba, quienes impugnan los resultados de los comicios en los que perdieron las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa ante sus contrincantes del PAN, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos. Presentadas las querellas ante las instancias local y federal, toca ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir su fallo, que podría invalidar los resultados de esa jornada electoral en las dos demarcaciones capitalinas.
Favorecidos por grandes empresarios y consorcios, incluida Televisa, y denunciados ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) por rebasar los topes de campaña, Demetrio Sodi de la Tijera y Carlos Orvañanos Rea, quienes ganaron para el PAN las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, respectivamente, pueden ser despojados de sus triunfos por el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).
Por si fuera poco, hay indicios de que el gobierno de Felipe Calderón intervino a favor de Orvañanos Rea, exsecretario de Juan Camilo Mouriño en la Oficina de la Presidencia y excolaborador de Gerardo Ruiz Mateos en la Secretaría de Economía.
Mariana Gómez del Campo, dirigente del PAN en el Distrito Federal, así como otros dirigentes locales de ese partido, señalan que el órgano electoral, en particular la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF), actúa con iniquidad en los dictámenes contra Sodi de la Tijera y Orvañanos Rea para favorecer a Ana Gabriela Guevara y Adrián Ruvalcaba, postulados por la alianza PRD-PT-Convergencia en las demarcaciones mencionadas.
Lo cierto es que los candidatos panistas fueron denunciados primero por actos anticipados de campaña, y posteriormente por rebasar los topes de campaña establecidos por el IEDF durante el proceso electoral iniciado el 18 de mayo. A Sodi, candidato a la delegación Miguel Hidalgo, se le acusa, por ejemplo, de conceder una entrevista durante la transmisión de la semifinal de futbol Pumas-Puebla, el pasado 23 de mayo.
Según los dictámenes de la UTEF, elaborados principalmente con información proporcionada por el propio PAN capitalino y sus proveedores de campaña, Orvañanos Rea gastó 242 mil 346 pesos más del límite aprobado para su campaña, cuyo monto fue de 468 mil 287 pesos.
En el caso de Sodi, la documentación entregada a la UTEF por Acción Nacional y sus proveedores revela que del monto establecido de 1 millón 200 mil pesos, hubo un rebase de 105 mil 133 pesos. A esta cantidad deben sumarse 730 mil pesos por los 55 segundos de la entrevista concedida por el candidato panista a Televisa.
Sin embargo, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) el que determine si el IEDF tiene facultades para determinar el costo de la entrevista, considerada como propaganda electoral a favor de Sodi, como lo hizo la UTEF.
Esta decisión será determinante también para el caso de Orvañanos Rea, toda vez que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dependiente de la Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE), determinó que el candidato fue entrevistado el 17 de junio, en plena campaña electoral, en el programa Matutino Express, que se transmite por el Canal 4 de Televisa.
Así mismo, en la víspera, en el mismo espacio se transmitió un “reportaje relativo a la escasez del agua en la delegación Cuajimalpa”, como indica el oficio del miércoles 19 firmado por el director ejecutivo y secretario técnico del IFE, Antonio Horacio Gamboa Chabban.
Esos datos se conocieron a raíz de que el candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia, Adrián Ruvalcaba, solicitó al IFE, a través de la secretaría general del IEDF, una revisión de los monitoreos realizados entre el 15 y 22 de julio por el órgano federal electoral de los programas transmitidos por el Canal 4, Canal 40 y en radiodifusoras del Grupo Radio Centro.
El TEDF, por su parte, tiene hasta el 6 de septiembre para emitir su fallo sobre el impacto de los rebases de topes de campaña en los resultados electorales –Sodi obtuvo 5% más votos sobre Guevara, mientras que Orvañanos superó por 7% a Ruvalcaba– para poder decretar la anulación de la contienda en ambas delegaciones y convocar a nuevas elecciones, en las que no participarían ni los candidatos ni el PAN, de acuerdo con el Código Electoral del Distrito Federal.
Además, el TEDF está obligado a atender las impugnaciones que interpusieron el PAN y la coalición PRD-PT-Convergencia contra los dictámenes del IEDF. El primero, por rechazar los rebases de topes; la segunda, por considerar que faltaron gastos por contabilizar.
Las inconformidades
En Cuajimalpa, Ruvalcaba se inconformó por el despilfarro del panista Orvañanos Rea, pero sobre todo por “la mano de Los Pinos y de empresarios de la talla de Lorenzo Servitje, de Grupo GEO y de Televisa”, dice a Proceso.
De la participación de funcionarios federales y de Servitje, Orvañanos retoma la denuncia que presentó durante la campaña tras difundirse la grabación de un encuentro que tuvo el panista el 20 de mayo con empresarios en el Club de Golf Bosques en el que presumió del respaldo de Los Pinos y del titular de la Secretaría de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, así como de de Juan Camilo Mouriño y del empresario Lorenzo Servitje.
Sobre la intervención del gobierno federal a favor de Orvañanos, Ruvalcaba menciona que el agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Héctor Becerril Mendoza acompañó al presidente del Consejo del Distrito XXI, Edgardo Quintero Ibáñez, en la sesión de cómputo de los votos el 9 de julio.
Por estos hechos, Ruvalcaba interpuso el 16 de julio dos denuncias penales por delitos electorales ante la Fiscalía para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), contenidas en el recurso de impugnación del resultado electoral.
La primera queja se refiere a las presuntas irregularidades en que incurrió Quintero en la jornada electoral del 5 de julio, que se desprenden del acta circunstanciada del cómputo electoral, documentos de los que Proceso tiene copia.
El día de los comicios, Quintero decretó un receso de la sesión a las 19:00 horas; a las 20:35 reportó el ingreso del primer paquete electoral, de las 350 urnas instaladas; a las 13:30 del 6 de julio declaró cerrada la sesión; a las 23:57 de ese mismo día anunció la entrega de las boletas de la última casilla electoral.
A las 18:47 horas del 6 de julio, en la página del Programa de Resultados Electorales Parciales (PREP), con 100% de casillas computadas, se dio el triunfo a Orvañanos con 26 mil 266 votos, mientras que a Ruvalcaba se le contabilizaron sólo 21 mil 637.
Estos mismos resultados aparecieron en el acta final del cómputo del Consejo Distrital XXI, con los que se acreditó la constancia de mayoría a favor de Orvañanos, firmada por Quintero y por el secretario del Consejo, Ignacio Osorio Pérez, el 9 de julio.
Además, el día del cómputo final, Quintero trasladó la sesión a las instalaciones centrales del IEDF, argumentando hechos de violencia; incluso penetró al inmueble acompañado de Becerril y admitió ante su superior, Narciso Meléndez, encargado de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo de Órganos Desconcentrados, que era agente del Cisen.
En su impugnación ante el TEDF, Ruvalcaba pide que se incluyan los gastos del cierre de campaña que Orvañanos no reportó, entre ellos el evento que amenizaron la actriz Ninel Conde, el grupo La Emboscada, así como una transmisión vía satélite con Verónica Castro, Sergio Meyer animador del programa Sólo para mujeres, y el espectáculo boxístico al que asistieron José Sulaiman y el exboxeador Guadalupe Pintor.
También reclama que se incluyan los pagos a brigadistas por mil 500 pesos, documentado con la declaración de uno de ellos en una querella penal por lesiones y privación ilegal contra simpatizantes de Ruvalcaba, así como excesos en la pinta de bardas que, arguye el perredista, ascendió a más de 700 mil pesos, según la información de un perito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
El de las bardas fue el único elemento en el que la UTEF hizo valer su facultad para modificar el reporte de gastos presentado por Orvañanos, quien informó que se pagaron cinco pesos por metro cuadrado, cantidad que la UTEF consideró inverosímil y consignó en 20 pesos, con base en cotizaciones de otros proveedores.
“Nuestra estimación es que al menos rebasó el tope por 1 millón 400 mil pesos. Los panistas fueron desaseados como nunca, supongo que porque creían que con el apoyo de los empresarios y el gobierno federal iban a declararse ganadores ‘haiga sido como haiga sido’”, dice Ruvalcaba, parafraseando a Felipe Calderón.
Los excesos de Sodi
El asunto no es muy diferente en el caso de Miguel Hidalgo. “Calculamos que Demetrio Sodi rebasó en 3 millones de pesos el tope de campaña”, sostiene el diputado local electo Víctor Hugo Romo, representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en el caso.
Dice a Proceso: “Sólo con la entrevista en el partido Pumas-Puebla, que anunció Sodi en su página de internet un día antes, que nosotros calculamos en 900 mil pesos, y con la producción de su reality show por internet bigsodi.tv, que él la tasa en 30 mil pesos. Así se lo aceptó el IEDF, pero que a nosotros la misma empresa, Activamente Producciones, nos presupuestó en 37 mil pesos por día. De ser así, Sodi habría gastado más de 2 millones de pesos, con lo que rebasó en 300 % el tope de campaña”, agrega Romo.
Sin contar estos gastos, resalta Romo, “la UTEF documenta con las facturas del PAN y con los reportes de los proveedores, un exceso de 105 mil pesos, monto que brinca con una factura que los panistas no consideraban por 202 mil pesos, y que ahora tratan de desmentir, argumentando que eso fue lo que les costó la impresión de una carta firmada por Mariana Gómez del Campo en la que llama a apoyar a los diputados federales del PAN. Eso es totalmente inverosímil”.
La maniobra fue revelada por el titular de la UTEF, Luis Celhay López, en un escrito dirigido al secretario ejecutivo el IEDF, Sergio González Muñoz, el martes 18, para responder a las imputaciones que se le hicieron a su oficina por el dictamen de rebase de topes.
En el documento, Celhay narra cómo el proveedor Mega Direct adjudicó a Demetrio Sodi una factura por 202 mil 813 pesos a través de su director general Luis Eduardo Palma en dos ocasiones: el 31de julio en su reporte de operaciones y el viernes 7 de agosto, cuando se le pidió información sobre ese asunto.
Sin embargo, una carta del viernes 14 con el logotipo de la misma empresa, firmada por Jorge Castilla Vázquez y Mellado –“de quien se desconoce su cargo y la calidad de la personalidad jurídica con que se acredita”– niega que la factura en cuestión corresponda a la campaña de Sodi.
Por votación de los consejeros, ese documento fue admitido por la UTEF para su análisis, a pesar de que se agotó el término de la instrucción. Al final, la dependencia descartó la misiva en su dictamen.
Sin embargo, los perredistas insistieron y entregaron otro escrito de Mega Direct, fechado el jueves 20 de agosto y firmado por Luis Eduardo Palma. En él, sin mencionar a Castilla Vázquez y Mellado, ratifican “el contenido” y “cada uno de los términos” del documento del viernes 14.
Advierte Romo: “Es claro que Sodi y su equipo están desesperados y que esta serie de comunicaciones se las sacaron de la manga porque no previeron que el proveedor los iba a delatar, como ocurrió en otros gastos enviados a la UTEF de los cuales no se tenían informes porque el PAN se negó en 12 ocasiones a responder las solicitudes de información, y que correspondían a propaganda del PAN para favorecer a varios candidatos.”
Según él, hay sospechas de que los panistas de la delegación Miguel Hidalgo “hicieron su cochinito” con recursos públicos correspondientes a un adelanto por 40 millones de pesos que Gabriela Cuevas asignó para la construcción de deprimidos en Polanco, obras que fueron suspendidas por la Secretaría de Protección Civil en febrero de 2009, facultad que impugnó Cuevas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en julio pasado dio la razón al gobierno Marcelo Ebrard.
“Integré una queja ante la Contraloría por esos recursos, porque ahora resulta que no aparecen y hay el riesgo de que el actual delegado, Alfredo Vinalay, los dé por perdidos. La gran sospecha es que Gabriela Cuevas sabía que iba a perder el juicio, puesto que los asignó en medio del litigio. A mí no me cabe duda de que parte de esos fondos fueron asignados a las campañas del PAN, en específico para Gabriela (Cuevas) y para Sodi”, insiste Romo.
Para el legislador perredista, los rebases de topes de campaña de Sodi y de Orvañanos “están totalmente acreditados por el IEDF”. Y aunque esta instancia no investigó a fondo, los tribunales electorales local y federal sólo tienen que optar por la anulación de elección en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.
Y concluye:
“Es la oportunidad de los magistrados del TEPJF para lavarse la cara, ante los hechos de 2006 con Calderón; así como los de Iztapalapa, con Silvia Oliva. Puede reivindicarse y rescatar la ley electoral actual, o cavar su tumba.”

La niñez hondureña en resistencia :

IMSS se niega a reconocer asesinato de periodista

Contralínea


A nueve meses del asesinato del periodista Armando Rodríguez Carreón, el Instituto Mexicano del Seguro Social rehúye entregar la pensión por viudez y orfandad para su familia, pues no reconoce que el crimen está relacionado con su ejercicio profesional. Prefiere calificarlo como “accidente de trayecto”. A esto se suma la falta de acción penal de autoridades locales y federales: lo que podría ser el único vestigio de justicia para el reportero, está en riesgo




Vencida, así se siente Blanca Alicia Martínez de la Rocha, viuda del periodista Armando Rodríguez Carreón. A nueve meses de su asesinato no hay ningún detenido y tampoco respuesta de autoridades estatales y federales. Después de perder al compañero de su vida, a Blanca Alicia no le queda más que luchar por el que quizás será el único vestigio de justicia para su esposo: la pensión por viudez que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se rehúsa a otorgarle.


Frente a su hija de nueve años, el reportero que cubría la fuente policiaca en El Diario recibió ocho disparos. El 13 de noviembre de 2008 fue asesinado afuera de su hogar en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando se disponía a llevar a Jimena y Ghalia, de siete años, al colegio.


“Sólo me mueve la impotencia, la rabia, el coraje –confiesa Blanca Alicia–. Yo no tengo esperanza de saber quiénes y por qué mataron a Armando. Encima de todo, que no me den la pensión, me parece el colmo”.


Ella inició el trámite para obtener su pensión de viudez y orfandad el 5 de enero de 2009 ante la Clínica 48 del IMSS en Ciudad Juárez. No obstante, el Seguro Social no reconoce el homicidio del periodista como muerte por riesgo de trabajo. El departamento jurídico de la delegación estatal en Chihuahua negó que su muerte estuviera relacionada con su ejercicio periodístico, pese a un fallo previo de la propia institución que iba en ese sentido.


Ricardo Ibarra Martínez, perito del IMSS, calificó como “accidente de trabajo” la muerte de Armando Rodríguez Carreón el 23 de febrero de 2009. El Dictamen de calificación de probable riesgo de trabajo resolvió que se trató de un accidente laboral, pues “al no estar obligado a verificar tarjeta de entrada, ya que por motivos de su profesión tenía que desplazarse a diversos lugares para la obtención del reporte periodístico, se entiende de forma tácita que estaba comisionado ante cualquier eventualidad”.


En copia de la forma Datos complementarios para la calificación de probable riesgo de trabajo que Publicaciones Paso del Norte, SA de CV, editora de El Diario, describe el incidente de aquel 13 de noviembre: “El asegurado se disponía a trasladarse a su lugar de trabajo para iniciar su jornada laboral, cuyo inicio era a las ocho de la mañana, cuando un desconocido lo agredió con disparos causándole la muerte”.


Blanca Alicia relata que el 11 de mayo el perito le comentó que por solicitud del doctor Melchor Palomares Cera, coordinador delegacional de Salud en el Trabajo, no procedía calificar como riesgo de trabajo las lesiones sufridas por el reportero, por lo que era necesario rectificar el dictamen como no profesional. Ibarra Martínez se negó a cumplirlo.


La recalificación le fue confirmada a la viuda del periodista el 26 de junio, cuando le anunciaron que se dictaminaría como accidente de trayecto al trabajo. Le insistieron que el cambio se atenía estrictamente a la ley, pues el IMSS no podía hacer suposiciones sobre los motivos del homicidio. A nombre del delegado estatal, le reiteraron que la recalificación se explicaba porque el organismo no puede distinguir entre el trabajo de un reportero, un empleado de maquiladora o un mesero.


Elizabeth Flores, de la asociación civil Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez y asesora de Blanca Alicia, expone que al definir así el asesinato se le considera algo imprevisible sin relación con su labor informativa, un simple percance.


Observa como incongruente que se le dé esa calificación cuando el espíritu de la ley garantiza protección cuando es accidente en el ejercicio de la profesión o por motivo de él: “Calificarlo como es debido es un acto de justicia, quizás el único para Armando y su familia, porque difícilmente se encontrará quién y por qué se cometió ese delito”.


La activista alega que aun cuando es derecho de familiares y empresa impugnar el dictamen, el IMSS tomó esa atribución y actúo bajo su criterio para modificarlo. Considera que la explicación es ofensiva y se pregunta qué los llevó a tomar esa decisión y bajo qué parámetros el instituto pretende cambiar el dictamen.


Refiere que existen los elementos para calificarlo de manera favorable. Tan es así, apunta, que El Diario asume que es accidente de trabajo como se aprecia en carta abierta para el general de brigada Felipe de Jesús Espitia, comandante de la Quinta Zona Militar y comandante en jefe de la Operación Conjunta Chihuahua, del 16 de julio de 2009. Osvaldo Rodríguez Borunda, director general del periódico El Diario, le recuerda que Rodríguez falleció a causa de su labor informativa.


Para la viuda de Rodríguez Carreón, la decisión es un insulto no sólo para la memoria del finado y su familia, sino para el oficio periodístico en general:

“Dadas las circunstancias, los reporteros están en riesgo y sus familias a la deriva”. No acepta que se pretenda determinar como “accidente de trayecto” un asesinato a causa de lo que él publicaba.


Aunque de uno u otro modo la pensión monetaria no cambia, advierte que se trata de estricta justicia y de apego a la ley: “La vida de Armando no tiene precio, es una cuestión de derecho”. La pensión por viudez u orfandad del Seguro Social equivale al 40 por ciento del 70 por ciento que el finado ganaba al momento de su muerte.


“No sólo –señala Elizabeth Flores– la falta del estado de derecho está en la justicia que no llega, sino hasta en un trámite como éste, donde las instituciones están dispuestas a no reconocer la violencia en la que vivimos”.


Tratándose de una muerte por riesgo profesional, opina, la pensión debe ser garantizada. Advierte que es necesario prestar atención al gremio, especialmente en el contexto de violencia, por el riesgo que significa: “La muerte de quien pierde la vida en el ejercicio de su profesión no puede quedar en la nada, tiene que dar frutos, ser una lección no sólo para otros periodistas, sino para toda la sociedad. No puede ser en vano”.


Apunta que no se resarce el perjuicio para la familia: “Los daños que conllevan los riesgos en la profesión no sólo no se ven atendidos, sino agravados. Ya no es sólo que de un momento a otro se pierda al padre o el esposo, sino también las garantías y la protección, porque no se reconoce el riesgo que la profesión conlleva, especialmente en estos momentos”.


Blanca Alicia tuvo que desalojar la casa que la pareja recién compró antes del crimen por la falta de pago. Ella sólo atina a decir: “Él ya no está para nosotros”, y ésa es la mayor pérdida.


Muerte sin resolver

Con 16 años en la fuente policiaca, el reportero conocido como el Choco decía que andaba entre la mierda y por eso debía tener cuidado para no ensuciarse. Para Blanca Alicia, se movía entre la maldad.


Según el Informe Buendía, análisis hemerográfico sobre los obstáculos a la libertad de expresión en México entre enero de 2008 y hasta junio de 2009, 17 periodistas fueron asesinados; en lo que va del año se cuentan seis informadores que perdieron la vida. Respecto de 2007, lo ocurrido en ese periodo no tiene precedentes, pues cinco informadores fueron asesinados.


Más de 360 comunicadores fueron atacados en casi dos años. En 2008, 71 sufrieron agresiones físicas; 47, amenazas e intimidación; 13, atentados; 12, censura; 10, allanamiento; cuatro, robo, y tres, acoso y hostigamiento. Tres más fueron secuestrados, y uno, desaparecido. Además 14 fueron demandados y 11, detenidos. Siete medios fueron clausurados; cinco fueron bloqueados en publicidad y cinco más en información.


La mayoría de los atentados ocurrió en donde la delincuencia organizada y el narcotráfico tienen presencia. Los reporteros que cubren la fuente policiaca son los más susceptibles; en 18 meses, 104 sufrieron algún tipo de incidente. El motivo principal de las agresiones fue el ejercicio de su labor informativa. En 93 de las 223 agresiones ocurridas, ésa fue la constante; en 50, por los contenidos, y en 29 se desconoce la razón.


El reporte, publicado por la Fundación Manuel Buendía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, señala como principales responsables de los actos cometidos contra informadores a las fuerzas del orden y funcionarios del gobierno involucrados en 80 y 52 casos respectivamente. Mientras que en 32 ataques no se conoce al agresor, sólo en seis se cree que sean supuestos narcotraficantes.


Armando Rodríguez Carreón comenzó cubriendo nota policiaca en 1993 para el periódico El Norte de Ciudad Juárez, y desde 1997 para El Diario. Al momento de su muerte sólo tenía 40 años. El reportero prefería no comentar con Blanca que era amenazado y sólo en una ocasión, hace tres años, le mostró un mensaje de texto que pretendía intimidarlo.


Mientras las amenazas y el peligro crecían, Rodríguez Carreón acudió a la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJE), Patricia González Rodríguez, quien le sugirió abandonar la ciudad para resguardarse en El Paso, Texas.


La viuda del Choco relata que pese a la tensión y el clima de violencia, él decidió no hacerlo. Debido a una lesión en la columna permaneció incapacitado dos meses, tiempo en el que solicitó su cambio a otra fuente informativa cuando se reincorporara; no obstaste, nunca sucedió. El 13 de noviembre de 2008 el periodista perdió la vida a manos de un sicario.


Durante su funeral, comenta Blanca Alicia, el reportero Jorge Luis Aguirre también recibió un mensaje en que le advertían que el siguiente era él, por lo que decidió dejar Ciudad Juárez.


Días antes de su asesinato, Rodríguez Carreón publicó información sobre la ejecución de Andrés Armando Sánchez Pineda, sobrino político de la procuradora González Rodríguez, que fue encontrado con otros tres cuerpos a lado de una camioneta oficial de la PGJE. Según la nota del 29 de octubre, el joven la conducía al momento de su asesinato y tres años atrás había sido detenido en El Paso con más de 160 kilogramos de mariguana.


Posteriormente, el 1 de noviembre, el reportero reveló que Andrés Avelino Sánchez Ávalos, el padre de la víctima, fue cesado de su cargo como responsable administrativo de la Unidad de Transporte de la PGJE por prestar un vehículo oficial.


En otra nota del 30 de octubre detalló que el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión contra cuatro supuestos sicarios del grupo “Los Aztecas”.


Un día después del homicidio del periodista, El Diario expresó en un desplegado que el atentado ha venido a ser la culminación en un cuadro generalizado de inseguridad que socava los cimientos de una ciudad al margen de la justicia.


Refirió que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, “sin pretender desestimar el problema”, emitió un exhorto el 4 de noviembre de 2008 a los medios para que evitaran caer en la agenda del narcotráfico. El Diario respondió que no podía sustraerse de la realidad que los fronterizos padecen: “Sería traicionarnos a nosotros mismos como medio de comunicación, a la vez que traicionar a quienes nos siguen y nos leen”.


Directivos y periodistas de El Diario instaron a Felipe Calderón a decretar estado de emergencia en Ciudad Juárez, por la violencia que asola la vida cotidiana en la frontera.


Recuerdan en una carta abierta dirigida al mandatario que siendo candidato expresó que en la medida en que una actividad se desarrolla en beneficio de la comunidad y encierre peligrosidad debe haber mecanismos que la protejan. El ahora presidente de la República aseguró que un periodista que es amenazado o que realiza una investigación contra el crimen organizado debe tener protección especial. Esa salvaguarda, aluden, no sucede.


“No podemos permitir que la absurda muerte de Armando Rodríguez se quede como una estadística más en el cúmulo de los 1 mil 300 asesinatos registrados en la frontera en lo que va del año, porque sería aceptar que la fuerza de las armas criminales puede más que la palabra”.


Agentes ministeriales designados por la Procuraduría General de la República (PGR) se entrevistaron con Blanca Alicia y compañeros de trabajo del reportero. Poco después fue asesinado el subdelegado local de la PGR en Ciudad Juárez. Desde entonces, la viuda del Choco no ha tenido comunicación alguna con las autoridades.


El 13 de julio El Diario apuntaba que hasta ese momento se habían abierto tres líneas de investigación; una de ellas descubría el nombre del supuesto autor material e intelectual del homicidio, resultado de la investigación realizada por la PGJE y que de acuerdo con el medio impreso le fue entregada al secretario de Gobernación. Al ser cuestionado por El Diario, Gómez Mont se deslindó de la indagatoria.


Según la nota, Osvaldo Rodríguez Borunda, director del medio impreso, tuvo un encuentro el 26 de enero de 2009 con el presidente Felipe Calderón, quien le ofreció todo su apoyo para que el crimen fuera esclarecido e instruyó al titular de Gobernación para recibir cualquier información relacionada con el caso.


En un desplegado, el empresario sostiene que la procuraduría estatal ya tenía identificados a los culpables y que González Rodríguez le entregó el expediente a Gómez Mont; sin embargo, el secretario declaró que sólo le había solicitado su apoyo.


Indicó que con la información de la PGJE entregada a la PGR y a la Subprocuraduría para la Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se inició el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/116/2009, y se envío personal del Ministerio Público y la Policía Federal. También aseguró que se analizaría la conveniencia de que el gobierno federal ejerciera su facultad para atraer el caso.


La familia de Rodríguez Carreón solicitó a la PGJE una copia del expediente, no obstante, se les negó argumentando que la carpeta estaba en manos de la procuradora. La última vez que tuvieron acceso a las indagatorias, sólo se observaban las primeras actuaciones ministeriales. Blanca Alicia enuncia que tanto la atracción federal del caso no se hizo correctamente, como que no hay avances en la PGJE para su resolución.


Para Elizabeth Flores, de Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez, es una burla que en el supuesto de tener identificados a los responsables no se avance en la investigación.


El 28 de junio, el fiscal José Ibarra Limón, quien seguía el caso de homicidio del periodista, fue asesinado en una unidad habitacional por un comando que le disparó desde un vehículo. El ministerio público asignado a la Séptima Agencia Investigadora de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República recibió siete disparos.


Dos horas antes del atentado, el secretario de Gobernación, según publicó El Diario, declaraba que la información brindada por la procuradora estatal, Patricia González Rodríguez, no fue útil para esclarecer el asesinato del reportero. “No es correcto suponer que por el hecho de que la procuraduría entregó información a la Federación, el delito será resuelto, ya que se siguieron las líneas de investigación y no sé llegó a ningún resultado. Este tipo de investigaciones tienen un carácter complejo”.


Sobre el asesinato que calificó como un acto artero y cobarde, dijo que se está haciendo el mejor de los esfuerzos frente a una actividad clandestina para encontrar a los responsables. Ni una de las indagatorias abiertas por la PGJE, la PGR y la más reciente por la SIEDO ha dado resultados. A nueve meses del atentado contra el periodista, no hay ningún detenido.


En memoria del esposo, el reportero y el padre de tres hijos (Jimena de nueve años, Ghalia de siete y Elías de dos), Blanca Alicia enuncia en una petición pública: “El ejercicio responsable de su profesión a él le costó la vida; a mí, la dolorosa ausencia de mi compañero de vida; a mis hijos, el padre que tanto amaron y necesitarán siempre, y a su familia, la pérdida inconsolable de su amado hijo y hermano”.







Petición de la familia de Armando Rodríguez Carreón


Al Instituto Mexicano del Seguro Social le exigimos por justicia y verdad respetar el dictamen elaborado por su propio perito y confirmado por el Departamento de Medicina en el Trabajo, enfatizando que ni los familiares del trabajador ni la empresa han interpuesto recurso de impugnación por el dictamen emitido.


A la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua y a la Procuraduría General de la República le exigimos el esclarecimiento del asesinato del periodista Armando Rodríguez en cumplimiento de la función pública y en respuesta a toda la ciudadanía a la que se deben en la búsqueda de una justicia pronta y expedita.


A los diputados electos para la LXI Legislatura, quienes tomarán posesión este 1 de septiembre, exigimos que revisen y, si es preciso, modifiquen la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus reglamentos, con el fin de que salvaguarden los derechos laborales en el ejercicio de la profesión periodística.


A los periodistas le pedimos su solidaridad a nuestra causa, que es la causa de ustedes, para no permitir el estado de indefensión en que puede quedar la pérdida de la vida por el ejercicio de su profesión.


A las organizaciones civiles y a la sociedad en general les pedimos defender el estado de derecho, la justicia y la verdad en el irrenunciable derecho y anhelo de un mundo mejor. (Familia Rodríguez Carreón)