¿Discriminación?

En días recientes, ha sido evidente la molestia del gobierno mexicano ante algunas de las acciones de prevención adoptadas por autoridades de otras naciones en el contexto de la alerta sanitaria mundial por el brote de influenza A. Además del roce diplomático que desataron las medidas de aislamiento decretadas por China para decenas de ciudadanos mexicanos, destacan las notas de protesta enviadas por la cancillería mexicana a sus homólogas de Ecuador, Perú, Argentina y Cuba por las restricciones establecidas a vuelos de y hacia nuestro país, disposiciones que, a decir del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, no tienen fundamento técnico suficiente” y constituyen en cambio acciones de “discriminación” en contra de mexicanos.

Ciertamente, las decisiones adoptadas por los gobiernos de otros países pueden ser vistas como unilaterales y hasta desmedidas, y es insoslayable que han generado molestias al alterar los traslados de pasajeros de distintas nacionalidades que viajan a o salen de nuestro país. Sin embargo, el calderonismo pareciera empeñado en atribuir a otros la responsabilidad por la incómoda situación que se vive en el ámbito internacional y ha soslayado, con ello, que ésta ha tenido su origen en la imagen que las autoridades nacionales proyectaron al extranjero: un país con tapabocas, una población hundida en la zozobra y la desinformación y una estrategia gubernamental de contención tardía y errática, circunstancias que, a lo que puede verse, indujeron la alarma y el temor tanto dentro como fuera del país.

En este contexto, las reacciones de gobiernos como el de China –país que cuenta con un largo historial de epidemias por enfermedades respiratorias– o el de Argentina –nación que en los últimos meses ha sufrido el repunte de la epidemia del dengue–, desmesuradas o no, han tenido como principal objeto la prevención y el cuidado de la salud de sus respectivas poblaciones, y resulta por tanto inadecuado acusarlas de discriminatorias. En el caso concreto de Cuba, nación que ha realizado invaluables aportes en materia de salud a otros países –México incluido, como lo prueba la brigada médica enviada por el gobierno de la isla a Tabasco en el contexto de las inundaciones que esa entidad sufrió en 2007–, el temor al contagio del virus de la influenza se explica por dos factores fundamentales, ligados a la política hostil y criminal que Washington ha practicado hacia La Habana en las últimas décadas.

El primero de ellos es el bloqueo inhumano e ilegal que Estados Unidos mantiene hacia la isla desde hace casi medio siglo y que se ha mantenido hasta ahora no obstante las medidas de “relajación” emprendidas por la administración que encabeza Barack Obama. Entre muchas otras afectaciones, este castigo impide la compra de medicamentos, patentes, equipos sanitarios, y coloca, por tanto, a la población cubana en una circunstancia de vulnerabilidad adicional ante la amenaza de una pandemia como la que hoy se enfrenta.
A lo anterior debe añadirse el hecho de que, de acuerdo con información existente y documentada en distintos medios, Cuba ha sido víctima de agresiones químicas y bacteriológicas, emprendidas por Estados Unidos con el objeto de abonar así al empobrecimiento de la población de ese país, y sembrar animadversión popular hacia las autoridades de la isla. Algunos ejemplos: de acuerdo con informes desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por sus siglas en inglés), entre 1961 y 1962 Washington fraguó un plan, la denominada Operación Mangosta, cuyo objetivo era “provocar fracasos en las cosechas alimentarias en Cuba”, para lo cual se pretendía, entre otras cosas, emplear químicos para dañar a los trabajadores. En mayo de 1971, una epidemia de fiebre porcina africana que apareció en territorio cubano –el primer brote de ese virus en el hemisferio occidental– forzó al gobierno de La Habana a sacrificar por completo su población porcina –más de medio millón de cerdos–. A pesar de que Washington negó su participación en la propagación del brote, seis años después el diario neoyorquino Newsday publicó declaraciones de una fuente de la inteligencia estadunidense en las que ésta confiesa “que había recibido el virus en un contenedor sellado y sin etiqueta en una base militar de Estados Unidos en Panamá con instrucciones de entregarlo a un grupo anticastrista” (“CIA link to Cuban pig virus reported”, Newsday, 10/1/1977). Una década más tarde, en 1981, la nación caribeña se vio afectada por una variedad del dengue particularmente virulenta que afectó a 273 mil personas y provocó la muerte de 158; la propagación del virus “pudo haber sido una operación norteamericana encubierta” (Cover Action, verano de 1982).

Ante estas consideraciones, es claro que, más que muestras de hostilidad y de xenofobia antimexicana, las disposiciones del gobierno de La Habana constituyen medidas de obvia sensatez y pertinencia ante una amenaza sanitaria que, en la circunstancia presente, sería más devastadora para la isla de lo que sería en otras partes. El gobierno de México, en suma, debe cobrar conciencia de esta situación y, en lugar de abrazar un discurso patriotero y hasta chauvinista, corregir los errores propios –de los cuales la opinión pública internacional ha tomado nota– y rectificar el pésimo manejo que ha hecho en general con respecto a la todavía vigente emergencia sanitaria.