En un hecho insólito, tras una larga sesión de más de cuatro horas, el pleno de la Cámara de Diputados rechazó por mayoría los dictámentes de la Cuenta Pública correspondientes a los años 2002 y 2003, en lo que constituyó un acto de repudio legislativo hacia la administración de Vicente Fox. La discusión estuvo contextualizada por los persistentes embates de los legisladores de oposición en contra de la primera presidencia panista –a la que acusaron de incurrir en corrupción y opacidad–, así como por la ausencia de un número importante de miembros de la bancada del blanquiazul, circunstancia, esta última, que influyó en el resultado final de la votación.
La baja asistencia de diputados de Acción Nacional en lo que desde un inicio se planteó como un “juicio sumario” –en palabras del legislador priísta Emilio Gamboa– en contra del foxismo, reviste una importante carga simbólica por cuanto parece prefigurar la aceptación, en el seno mismo del partido en el poder, de que la defensa del político guanajuatense es causa perdida.
Ciertamente, el manejo de los recursos públicos durante la pasada administración no deja mucho margen de acción para abogar en favor de su titular. Como puede inferirse a partir de los datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuya discusión inició ayer en San Lázaro, la administración de Vicente Fox es la de peor desempeño en las pasadas dos décadas: entre 2000 y 2006 la economía creció a un ritmo poco menos que mediocre de 2.3 por ciento anual –ese mismo indicador se ubicó en 3.9 y 3.5 por ciento en las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, respectivamente–; la creación de empleos en ese sexenio ascendió a una raquítica cifra de 244 mil plazas por año, en promedio, y tan sólo en el año 2006 –el último del ciclo de gobierno foxista– el país descendió del lugar 42 al 64 en materia de competitividad internacional.
Todo ello a pesar de que el autonombrado “gobierno del cambio” contó con cuantiosas sumas de recursos que entraron a las arcas nacionales gracias, sobre todo, a los elevados precios internacionales del petróleo, que sin embargo fueron a parar a un pozo sin fondo de dispendio y, presumiblemente, de corrupción, a la construcción de elefantes blancos como la Biblioteca José Vasconcelos y a programas inútiles y onerosos como la Enciclomedia, así como a la promoción indebida del sufragio en favor del candidato oficial en 2006.
Por lo demás, cabe advertir que esta desaprobación tácita del panismo hacia la gestión de Vicente Fox puede interpretarse también como una crítica al gobierno calderonista. A pesar de que los datos proporcionados por la ASF y de las documentadas irregularidades que tuvieron lugar en el sexenio pasado –elementos que tendrían que obligar al actual gobierno a emprender las pesquisas de oficio correspondientes–, la presente administración ha optado por hacerse de la vista gorda, y ha sumado con ello a su propio déficit de legitimidad de origen el estigma de un gobierno que encubre el desaseo de su antecesor.
Al día de hoy, sin embargo, tal postura es insostenible, porque la persistencia de la corrupción en las oficinas públicas y la permisividad de las autoridades ante ello daña severamente a la institucionalidad del país y priva de credibilidad los alegatos en torno a que la lucha contra la delincuencia y la ilegalidad constituye una de las prioridades del actual gobierno.
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