Francisco Rodríguez
Indice Político
Los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha. Antonio Gala
Aunque lo niegan, la estrategia de precampaña electorera del Partido Acción Nacional ha pretendido establecer en el imaginario popular que el PRI y el narcotráfico son la misma cosa. El joven Germán Martínez ha sido enfático al respecto. Pero sucesos recientes parecieran indicar que este tiritito mediático, les ha salido a los blanquiazules por la culata.
Y es que si en este momento hay elementos para señalar a un político con ligas con los malandrines este es panista. Le hablo por supuesto del gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, algunos de cuyos escoltas “cayeron” el fin de semana anterior en una “narcofiesta” celebrada en Tijuana y que, a petición del mandatario estatal, fueron liberados por el Ejército Nacional. Más aún: el panista la ha tomado en contra de los medios y no sólo pide, exige, que se “limpie” el nombre de sus muy cercanos colaboradores.
Contrasta esta realidad con las acusaciones que, sin presentar pruebas, lanzó el viernes 6 de marzo Luis Alfonso Mejía, diputado federal panista: que al menos ocho de los 18 gobernadores surgidos del PRI están involucrados con el crimen organizado. Más aún: que por ello esos ocho gobernadores priístas que, dijo, están ligados al narcotráfico ya fueron sentenciados (?) por el señor Calderón Hinojosa.
Pocas horas después de esa temeraria acusación del legislador panista, me platica el colega tijuanense Armando Macías, el Ejército irrumpió en una fiesta de 15 años en el salón El Mezzanine, en la colonia Los Álamos de Tijuana BC; en la fiesta se encontraba El Kaibil un ex policía municipal que fue jefe de seguridad del ex presidente municipal panista de Rosarito, Antonio Macías Garay.
A El Kaibil se le acusa de ser sicario y operador de Teodoro García Simental (a) El Teo, líder de una célula del Cartel de los Arellano Félix y ahora del Cártel de Sinaloa, que le disputa la plaza a Fernando Sánchez Arellano (a) “El Ingeniero”, heredero del Cártel familiar.
En la ahora famosa “narcofiesta”, continúa Macías su crónica, se encontraban varios agentes policíacos, entre ministeriales, estatales preventivos y escoltas de gobernador Osuna Millán. El ejército agarró parejo. Lo mismo apresó a estos policías y a los maleantes que a meseros, músicos y cantineros. A todos los hombres que estaban en la fiesta.
El lunes empezaron a circular versiones de que entre los detenidos se encontraban escoltas del gobernador y policías ministeriales en activo, pero el gobierno del estado a través de su vocera oficial lo negó rotundamente. Ese mismo día se supo que era cierto.
Ante ello, la ¿estrategia? del gobierno de Osuna Millán fue decir que ya no eran escoltas sino oficiales adscritos a puntos fijos. Sin embargo, el portal de noticias afntijuana.info publicó fotos de uno de los detenidos en diversos actos públicos flanqueando a Osuna Millán.
El martes el Ejército puso en libertad a todos los policías, excepto a cinco de los 16 arrestados. El resto presentó su declaración en las instalaciones de la Procuraduría estatal. Pero hete aquí que ese mismo día el gobernador Osuna pidió a los medios que se limpiara el nombre de dichos oficiales pues eran inocentes de todo delito. Igual pidió fueran reintegrados al servicio público.
En el portal de noticias narcotijuana.info, me avisa Macías, se recogen versiones de diversos comentarios que informan que uno de los escoltas que estaba en la misma fiesta es novio de una de las hijas del gobernador.
Al día de hoy los meseros, cantineros y músicos no han podido ser liberados por el Ejército, pues se alega no tienen elementos para demostrar su inocencia, a diferencia de los oficiales de policía que pudieron hacerlo con tan sólo mostrar su placa de identificación.
Hasta ahí la narración del colega.
Toca el turno a las necesarias preguntas a Germán Martínez y al legislador Luis Alfonso Mejía: ¿también en el PAN hay ligas con el narco, como, dicen ustedes, las mantiene en el PRI?
¿Por qué la prisa de Osuna Millán en liberar a sus colaboradores? ¿Sólo por cuestiones familiares, si es cierto que uno de los aprehendidos es novio de una de sus hijas? ¿Por qué el Ejército sí “soltó” a los policías y no a los meseros, músicos y cantineros que estaban ahí por necesidad laboral?
¿Narco-gobernadores? ¿Cuál es cuál?
Indice Flamígero: El rector de la UNAM José Narro “firmó relación institucional con narco políticos del Estado de Sinaloa”, me dice Vianney Valdez: “…con el presidente municipal de Culiacán Jesús Vizcarra y con el gobernador del Estado, Jesús Aguilar. Ambos indiciados por sus nexos con narcos mexicanos. El convenio fue operado por conocidos presupuestívoros de las ciencias y las artes mexicanas. Por el lado de la UNAM, Jaime Martuscelli Quintana, burócrata de la medicina y las ciencias, implicado con Raúl Salinas de Gortari en la importación de leche contaminada, premiado con un alto nombramiento en la UNAM, sin productividad científica. Y por Sinaloa, Jaime Labastida Ochoa, funcionario estatal y director de la casa editora Siglo XXI. Conocido por boicotear el nombre de Octavio Paz en el muro de honor del Congreso mexicano, su reciente premio nacional le costó la renuncia al presidente del Consejo de Cultura Nacional. Indiciado por delitos administrativos y fiscales. Con esta gente el narco incursiona en la academia, la ciencia y las artes nacionales, e intenta penetrar los medios de comunicación”.
jueves, 12 de marzo de 2009
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