Suprema Corte de Justicia: Auge Económico, Declive Doctrinal

Después de una breve etapa señera durante la presidencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel (1999-2003), cuando se erigió en un verdadero poder tutelar del Derecho como garantía constitucional del pueblo de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación extravió la brújula del Derecho y se desplomó en una corrupción escandalosa, porque halló el filón de oro de su sometimiento —sin recato— al Poder Ejecutivo (lo mismo federal que estatales) ayuno de toda identificación con el pueblo fuera del trámite engorroso de las elecciones.

Ahora, con motivo de la salvaje represión que ordenó Vicente Fox a Eduardo Medina Mora como secretario de Seguridad Pública federal y a Enrique Peña Nieto, como gobernador del Estado de México, contra los habitantes de Atenco que se oponían a la megatransa foxista para construir un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a costa de sus tierras laborables de las que depende su subsistencia familiar y colectiva, la Corte enfrentó las graves violaciones a las garantías constitucionales resultantes de la represión, cargando toda la responsabilidad a los policías que obedecieron órdenes. Los ministros eludieron culpar a los verdaderos responsables: Peña Nieto, Medina Mora y, quien les ordenaba a esos dos, Vicente Fox (más bien Martha Sahagún).

Primero se había resistido la Corte a ejercer sus facultades investigadoras de las que abdica con frecuencia para no molestar al poder presidencial. Cuando las evidencias amenazaban con desbordar el descontento, a regañadientes aceptó entrar a indagaciones.

Lo mismo hizo cuando el gobernador de Puebla, Mario Marín, abusó del poder público para castigar a una “pinche vieja” que osó molestar a uno de sus patrocinadores, sospechoso de pederastia.

A final de cuentas, por encima de las evidencias, de la lógica y la Justicia, la Corte decidió aceptar de mala gana, que sí hubo graves violaciones a las garantías de los atenquenses, pero ningún funcionario responsable. Lo que en mediano español significa que los únicos culpables fueron los ciudadanos, uno de los cuales fue acusado de sedición, sabotaje y otras linduras, “juzgado” y sentenciado a cientos de años de cárcel, por oponerse a la prepotencia de Vicente Fox y sus cortesanos. Tal es el “estado de derecho” que dicen respetar los políticos institucionales.

Con su actuar distante de la Justicia y pegado al servilismo, la Suprema Corte perdió su esencia de garante constitucional, lo mismo al conceder un retorcido “poder de veto presidencial” −que no expresa la Carta Magna− a las decisiones de la Cámara de Diputados −claramente facultada por la Constitución− en lo tocante al Presupuesto de Egresos o Gasto Público, que al autorizar a los bancos (ya casi todos extranjeros) a cobrar intereses sobre intereses (el famoso anatocismo leguleyo), legalmente prohibido como usura desde 1917.

La Corte se volvió cómplice y encubridora de violaciones a garantías individuales, lo mismo de toda una comunidad (Atenco, Oaxaca) por excesiva codicia de políticos negociantes, que de una mujer periodista por abuso de un “gober precioso” (Puebla) protector de pederastas, o “legalizando” los ilícitos públicos y evidentes de VicenteFox y el Consejo Coordinador Empresarial para intervenir, viciar y manipular groseramente las elecciones federales de 2006.

Todas las expresiones”jurídicas” de la Corte (cobradas a precio de oro) van contra el pueblo, contra el Derecho... y contra la sensatez.

El Ministro Góngora Pimentel −hoy convertido en un verdadero estorbo para los sinvergüenzas togados− sucedió en la Presidencia de la Corte a José Vicente Aguinaco Alemán, primero de la nueva etapa de la Corte que rediseñó Ernesto Zedillo en cuanto entró a la Presidencia de la República, pues el máximo órgano judicial estaba convertido en dorado refugio de altos funcionarios gubernamentales con graves acusaciones; en impulsor y protector de los jueces de consigna —como el que recibió las consignaciones de estudiantes y maestros en el conflicto de 1968 y emitió sentencias “express” para encerrarlos en Lecumberri—; y en agencia de colocaciones de amigos y compadres abogados dispuestos a torcer la ley por una buena gratificación.

Aguinaco Alemán siempre tuvo a cuestas graves señalamientos de conflicto de intereses por el favoritismo hacia el bufete de su hijo, quien litigaba casos de alta influencia económica o política. Las acusaciones contra Aguinaco Alemán aumentaban el fardo de corrupción que la Corte arrastraba desde los inmediatos antecesores de Aguinaco Alemán, en la figura de su Ministro Ernesto Díaz Infante Aranda, acusado de presionar a dos magistrados de circuito para ordenar la libertad de Alejandro Braun −un rico heredero violador y asesino de una niña de seis años en el puerto de Acapulco− a cambio de un jugoso soborno de 500 mil dólares en 1988.

Ante el escándalo, Díaz Infante pidió licencia en la Corte (que se la concedió, sin despedirlo ni amonestarlo o retirarle sus prebendas) y huyó del país hasta que 13 años después fue detenido en San Antonio, Texas, y devuelto a México. donde se le sentenció a prisión (en su casa), lo que no impidió que la Corte aligerara los problemas de su corrupto integrante con una jugosa pensión que disfrutó hasta el fin de sus días. Puntillosa la Corte, respeta estrictamente el derecho de los delincuentes, no le importa el de las víctimas.

Curiosamente, el corrupto Ministro Díaz Infante desde entonces era muy amigo de Mariano Azuela Guitrón, quien se convirtió en Presidente de la SCJN al concluir su encargo Genaro Góngora. Y todo empeoró.

Con Mariano Azuela, Vicente Fox y la pandilla que lo encumbró a base de mentiras y propaganda, tuvieron en la Corte un cómplice invaluable, pues sus decisiones eran “finales, inatacables e irrevocables”. De ese modo, aún contra el Derecho, la Corte resultaba inapelable. Tiene la última palabra, mejor que lingotes de oro para los delincuentes que protege y encubre.

Fue a partir del 2 de enero de 2003, a mitad del sexenio de Vicente Fox, que la Corte encabezada por Azuela inició su peor declive doctrinal hasta el servilismo, protegiendo y legalizando la estulticia del autollamado ”presidente del cambio”, a cambio de altas dosis presupuestales que le permitieron a Azuela asignarse y asignar a los niveles superiores de su aparato judicial, enormes sueldos, prestaciones y canonjías de escándalo, especialmente cuando el entorno general del país era malo y rápidamente se convertía en pésimo.

Mucho dinero a cambio de abyección. La Justicia en venta al mejor postor. Triste, pero cierto. Lo gritan sus hechos... más bien sus fallos y sentencias.

Mariano Azuela maniobró para nombrar recomendados de Diego Fernández de Cevallos como jueces de distrito y magistrados, lo mismo en las diversas salas de la Corte, que del Tribunal Electoral, mediante el Consejo de la Judicatura creado para sustraer a la Corte de la burocracia administrativa que le ocasionaba rezagos en su impartición de justicia, y se prestaba al tráfico de influencias. Pero eso fue lo que aprovecharon Azuela y Fernández de Cevallos para crear su camarilla de secuaces con su misma orientación reaccionaria, para servir a la cleptocracia tecnoteocrática formada por el PAN y el PRI en contubernio.

Azuela Güitrón terminó su periodo envuelto en escándalo por el robo de las elecciones de 2006, al que contribuyó asesorando a Vicente Fox para el desafuero y posterior encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y por las "recomendaciones" al Tribunal Electoral a fin de lograr el voto unánime para legalizar la imposición de Felipe Calderón en la Presidencia, como lo exigía Vicente Fox por todo el dinero que les había entregado.

Pero si bien dejó la Presidencia de la Corte, Azuela continuó manejando a la mayoría de ministros que impuso, quienes siguen su misma línea, con Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia al frente de la Corte.

Aunque la Justicia no es de votos, sino de razón simple y llana, la Corte decidió por mayoría, en “democrático” fallo, exculpar a los verdaderos responsables de la represión en Atenco (como antes hizo con el gobernador de Puebla) y dejar toda la culpa en los ciudadanos que defienden sus derechos en todo el país.

No les falta razón a los extranjeros cuando desconfían de la ley en México, si esos son quienes la procuran e imparten.