Presentan diputados controversia constitucional contra Calderón

JESUSA CEVANTES

MÉXICO, D.F., 6 de febrero (apro).- La Cámara de Diputados presentó hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del presidente Felipe Calderón por trasladar las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) al secretario de Comunicaciones y Transportes, en relación con las concesiones de radiodifusión.La Cámara de Diputados consideró que el presidente Calderón violó los artículos 49, 72, 73, 89 y 90 de la Constitución Mexicana al dar mayores facultades a la SCT, por encima de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para otorgar, revocar o prorrogar las concesiones.Desde 1996, la Cofetel, a través de su Comité Técnico, tiene facultades, por mandato de la Cámara de Diputados, para otorgar, revocar o prorrogar concesiones; sin embargo, el pasado 31 de diciembre Felipe Calderón firmó el Reglamento Interior de la SCT --el cual fue refrendado por el secretario de Comunicaciones, Luis Téllez y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero--, en el cual la Comisión perdió sus facultades, las cuales fueron transferidas a la SCT.De no rectificarse, alude la Cámara de Diputados en sus alegatos, se sentará un precedente a través del cual se entregarán todos los poderes a una sola persona, violentando así la división de poderes. Es decir, serán los secretarios de Estado quienes decidirán --y no los órganos técnicos o comisiones de distintas dependencias-- sobre determinados asuntos; pero eso no es todo, lo más grave es que todos los secretarios responden finalmente al Presidente de la República por lo que será éste quien finalmente cuente con un poder supremo que estará por encima, incluso, del Poder Legislativo o el Judicial.Lo anterior se desprende del alegato número 15, el cual dice a la letra:“Es el caso que el mencionado reglamento interior… pretende sentar un precedente que afecta a la vida del país, toda vez que de considerarse que es constitucional que un Reglamento Administrativo desconozca las facultades otorgadas por la Ley a un órgano desconcentrado con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, como lo son, entre otros, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Servicio de Administración Tributaria, creados por una Ley Federal, provocaría que las decisiones de estos órganos técnicos de conocimiento especifico en una materia, fuesen tomadas por una sola persona, es decir por el secretario del ramo al que pertenezcan dichos órganos desconcentrados, quien siempre actúa por instrucción del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.”Destaca también que la especialización y el trabajo colegiado de dichos órganos, desaparecería quedando las decisiones en manos de una sola persona. “Esto rompería con el equilibrio de poderes, en virtud de que el Poder Ejecutivo Federal, a través de un reglamento administrativo podría desconocer las facultades y atribuciones de un órgano desconcentrado, atribuciones y facultades que le fueron conferidas y otorgadas por una Ley Federal, es decir por el Congreso de la Unión.”El documento, que se hizo llegar a la Oficialía de Partes de la Corte, está firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, el priista César Duarte, quien según la propia Constitución es el representante jurídico del Poder Legislativo y el único facultado para interponer una controversia constitucional.Antes de que la controversia llegara a la Corte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el perredista Javier González Garza, convocó a una conferencia de prensa, en la que aclaró que la fracción de su partido no firmó la promoción porque desconocían su contenido.Sin embargo, aclaró que desde el jueves por la noche el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa Patrón, le comentó de la acción que emprenderían y sus motivos.Explicó que en ese momento le dijo que el PRD los respaldaría en caso de que, efectivamente, Felipe Calderón estuviera otorgando facultades “metaconstitucionales” a Luis Téllez, el secretario de Comunicaciones.Otro de los alegatos, el número 16 que esgrime el Poder Legislativo, es que una acción como la emprendida por Felipe Calderón violenta la división de poderes:“No debe pasarse por alto la grave violación que implica al sistema de división de poderes consagrado por la Constitución el ordenamiento que se impugna… El reglamento que se impugna desatiende temerariamente el mandato legal antes indicado, al desconocer las facultades específicas que fueron conferidas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones por el Congreso de la Unión y, además, al pretender que cualquier acto o resolución emitido por el pleno de dicho órgano pueda ser ilegalmente revisado por el secretario de Comunicaciones y Transportes o por cualquier servidor público de la Secretaría del ramo que éste designe al efecto.”Según la Cámara de Diputados Felipe Calderón violentó los artículos 49, 72 inciso f), 73 fracción XVII, 89 fracción I y 90 de la Constitución Mexicana, a través de los artículos 5, 25 y 40 del reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al trasladar las facultades de la Cofetel al titular del ramo:“Los artículos 5, 25, 40 y demás relativos y aplicables del reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se impugnan, le desconocen a la Comisión Federal de Telecomunicaciones todas las atribuciones y facultades exclusivas que le confiere el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, mismo que fue declarado constitucional por sentencia emitida por el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 a que se ha referido en el capítulo de antecedentes del presente escrito, y le otorgan dichas facultades y atribuciones en forma indelegable al secretario de Comunicaciones y Transportes”.El Poder Legislativo advierte que de no corregirse “por la vía del control constitucional” las violaciones en que incurrió Felipe Calderón, se estaría autorizando “que el Poder Ejecutivo Federal invada la esfera y competencia del Congreso de la Unión, al permitirle legislar, contradecir y desconocer a través de un reglamento administrativo lo establecido en una ley federal aprobada por el Congreso de la Unión, que, además, fue objeto de impugnación a través de un medio de control constitucional y confirmada su constitucionalidad y legalidad, y por ende, que se encuentra vigente”.El diputado por Convergencia y secretario de la Mesa Directiva, José Manuel del Río Virgen, fue quien anunció que el documento ya se había enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.