La Corte inicia una discusión light del dictamen sobre el caso Atenco

No se prevé un señalamiento sobre probables responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas, ni reparación de daño a víctimas

■ Ninguna mención sobre presos del FPDT

Jesús Aranda

En medio de grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comienza hoy la discusión pública del caso San Salvador Atenco, en la que no se prevé que el pleno se refiera a formas de reparación de las “violaciones graves a las garantías individuales” cometidas por autoridades estatales y federales, como tampoco un señalamiento expreso sobre probables responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los involucrados.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros centrarán su labor en identificar el cargo y nombre de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia Estatal de Seguridad y Procuraduría del estado que hubieran violado gravemente las garantías, pero nada más.

El dictamen que discutirán tampoco hace referencia alguna a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que aún se encuentran presos y que fueron sentenciados por la justicia mexiquense con un rigor que llama la atención, como es el caso de Ignacio del Valle, quien está en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con una condena de 112 años de prisión.

Tampoco plantea el documento que los ministros aprueben un pronunciamiento concreto sobre la reparación de daños a las víctimas, por considerar que el Estado mexicano estaría obligado a hacerlo de acuerdo con el compromiso asumido ante instancias internacionales.

Trascendió que ante lo limitado de los alcances del resolutivo que adopte la Corte sobre los hechos violentos que provocaron dos muertos (Alejandro Benumea y Javier Cortés Santiago), más de 200 detenciones (31 de las mujeres denunciaron agresiones sexuales a manos de los policías mexiquenses durante su aprehensión y traslado al penal de Santiaguito), el pleno centrará su atención en demostrar la necesidad de que los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y del estado de México aprueben reglamentos y protocolos sobre el uso de la fuerza pública para evitar que a nivel local y nacional se repitan abusos policiacos en contra de la sociedad.

A pesar de que el texto documenta suficientemente la existencia de agresiones sexuales en contra de mujeres –mexicanas y extranjeras– en Atenco, al final el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo señala que las averiguaciones están en proceso y que corresponde a las autoridades locales sancionar a los responsables.

Ello a pesar de que en el dictamen elaborado por el ministro Gudiño se expresa que los días 3 y 4 de mayo de 2006 fueron violados gravemente los derechos constitucionales a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, de debido proceso, trato digno a los detenidos y derecho a la justicia. El documento se limita a “identificar” el cargo y nombre de los funcionarios que participaron en los hechos.

Cabe señalar que en el texto se menciona la reunión que sostuvieron la noche del 3 de mayo mandos policiacos estatales y federales para analizar la situación en San Salvador Atenco, la cual estuvo encabezada por el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. A pesar de ello, el documento no atribuye responsabilidad alguna a nadie.

Es más, el texto de 924 cuartillas –de acuerdo con la versión pública del dictamen que fue subido a la página de Internet de la Corte– reconoce que, a pesar de haberle solicitado a la Agencia de Seguridad Estatal los nombres y cargos de los policías que participaron en la detención de mujeres y que las escoltaron desde su detención hasta su llegada al penal, ésta argumentó no tener esos datos.

En cambio, el dictamen de la SCJN –que recoge el sentir de la mayoría de los ministros– señala “omisiones legislativas” en materia de uso de la fuerza pública, que se traducen en carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia de legislación sobre el uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad y sus elementos.

Esos problemas, enfatiza el texto, tienen alcance nacional y por lo mismo generan un estado delicado de vulnerabilidad de las personas frente al Estado.