Israel. Pedro Miguel

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El problema no es que Israel sea un Estado judío, sino que es un Estado terrorista. Aunque hubiese sido fundado y habitado por otomíes, por pashtunes o por noruegos, sus prácticas genocidas merecerían algo más que la condena universal: la intervención inmediata y enérgica de la comunidad de naciones para defender a las víctimas de su barbarie y para llevar a sus gobernantes ante tribunales internacionales de justicia y procesarlos por crímenes de guerra.

Dos razones explican que ello no haya ocurrido aún y que, posiblemente, no ocurra jamás: el (justificado) sentimiento de culpa de las potencias occidentales por no haber impedido el exterminio de judíos que llevaron a cabo los nazis y, mucho más importante y decisiva, la condición de Tel Aviv como aliado estratégico de Europa y Estados Unidos en una región predominantemente árabe, islámica, y por mucho tiempo reacia a uncirse a los dictados colonialistas de las metrópolis. De no ser por esos factores, hace mucho tiempo que Israel habría sufrido un férreo bloqueo económico, habría sido hostigado en forma sistemática y, posiblemente, habría sido arrasado por los bombarderos de Occidente, como les ocurrió a Irak, a la extinta Yugoslavia y a Afganistán.

Y es que el régimen israelí no sólo es culpable de delitos de lesa humanidad, como éste al que asistimos en el fin de 2008, cuando los aviones de Tel Aviv ejecutan sanciones colectivas contra las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos de Gaza, sino también de la fabricación de armas de destrucción masiva: las bombas atómicas de Israel, producidas ante las narices de Washington y de Bruselas son, para el mundo, una amenaza mucho más real que las supuestas armas iraquíes cuya existencia inventó George W. Bush para dar justificación a su guerra de negocios. Adicionalmente, el Estado fundado por Ben Gurión y Weismann (vinculados a Haganá e Irgún, organizaciones sionistas célebres por sus represalias sangrientas contra los árabes, y no menos terroristas que las islámicas Hamas y Hizbollá) ha aplicado en Cisjordania y en la porción palestina de Jerusalén una política sistemática de limpieza étnica semejante a la que el extinto régimen de Milosevic puso en práctica en Bosnia; ha saqueado y devastado los recursos naturales de los palestinos, ha reducido a las poblaciones de Cisjordania y Gaza a la explotación inmisericorde, a la miseria y a la humillación y ha implantado, en el territorio israelí, un régimen racista de discriminación y apartheid sobre los ciudadanos árabes.

A estas alturas, el Estado israelí no corre ningún peligro de ser arrasado ni destruido por sus vecinos árabes y musulmanes, y menos por los puñados de desesperados harapientos que de cuando en cuando realizan atentados terroristas contra el sur de Israel. Sus vastos recursos bélicos –obtenidos en buena medida gracias al respaldo incondicional de Washington– le aseguran una ventaja irreversible y aplastante sobre el resto de los países de la región.

Los principales enemigos del régimen de Israel son su propia arrogancia, su impunidad, hasta ahora absoluta, su desprecio hacia la legalidad internacional y la aplicación racista y facciosa de sus propias leyes. Por esa vía, el Estado hebreo (lo mismo daría si fuera mixteco, druso o armenio) se encamina hacia una bancarrota moral irreparable. Occidente debe intervenir, no para destruirlo, como hizo con Irak y con Afganistán, sino para contenerlo, para reformarlo, para rescatarlo de sí mismo y, desde luego, para impedir que siga rindiendo tributos a la barbarie y ofreciéndole al mundo regalos horrorosos como este año nuevo ensangrentado en Gaza. Pero no hay que mezclar las cosas: llegado el momento, cuando suene el shofar, muchos gentiles, con el mismo afecto de todos los años, diremos shaná tobá a nuestros amigos y conocidos judíos, sean israelíes o no.