El meollo de la reforma energética radica en la manera en que los partidos salvaguardaron sus intereses, al margen de su identidad política. El 28 de octubre la reportera de Proceso presenció en la Cámara de Diputados cómo el gobierno federal sacó adelante su proyecto mediante acuerdos -que nadie quiere admitir- con el PRI y con la corriente Nueva Izquierda del PRD.
El 25 de octubre el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, arribó al salón de protocolo de la Cámara de Diputados, donde sesionaba la Comisión de Energía, cruzó algunas palabras con el legislador priista Raúl Cervantes Andrade y se fue, no sin antes decirle a los reporteros que "muy pronto" habría reforma energética.
Esto confirmó que el gobierno federal desplegó una operación para garantizar la aprobación de una reforma a su conveniencia, pues fue la culminación de las frecuentes reuniones que los lunes por la tarde, desde mayo, tuvieron lugar en las oficinas alternas de la Secretaría de Gobernación ubicadas en la calle de Morelos (donde se han realizado importantes negociaciones alternas sobre otras reformas, como sucedió en 1995 con la electoral).
La presencia de Cabeza de Vaca no se debió a una tarea de coordinación, pues desde temprano estaba ahí el subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, Cuauhtémoc Cardona, quien le reportaba al secretario Juan Camilo Mouriño la aprobación de cada dictamen. La tarea de quien fue procurador general de la República con Vicente Fox y titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia con Calderón antes de asumir su actual cargo, era comprobar que la negociación marchara conforme a lo previsto.
De acuerdo con un miembro del grupo de legisladores priistas que elaboraron propuestas y observaciones sobre la reforma energética -formado por Beatriz Pagés Llergo, el general Roberto Badillo, Carlos Rojas y Alfredo Ríos Camarena, entre otros-, la llegada de Cabeza de Vaca se debió a que desde mayo él y Raúl Cervantes estuvieron trabajando sobre el articulado de la reforma relativo a los contratos.
Ese legislador añade que el coordinador de la fracción del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, dividió los trabajos en dos grupos.
El primero de éstos, encabezado por el senador Francisco Labastida, se encargó de revisar los aspectos burocráticos, por ejemplo el funcionamiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.
La función del segundo grupo fue elaborar los cambios a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se establecen las características de los contratos que Pemex entregará al sector empresarial.
El encargado de coordinar estos trabajos fue precisamente el diputado Raúl Cervantes, exmarido de la empresaria Angélica Fuentes Téllez, conocida como La Reina del Gas y una de las principales impulsoras de la apertura del sector energético a la iniciativa privada.
Según el diputado priista que se opone a la privatización del sector energético, Cabeza de Vaca no sólo se reunía con Raúl Cervantes, sino también con Javier Lainez Potisek, procurador fiscal de la Federación. Su objetivo fue elaborar las modificaciones al artículo 27 constitucional y a la Ley de Pemex, así como redactar la exposición de motivos y sus considerandos, que provocaron intensas discusiones en la Cámara de Diputados.
A las reuniones en las oficinas alternas de la Segob acudían esporádicamente el subsecretario de Hidrocarburos, Mario Budebo, y el coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, el priista Roberto Ortega Lomelín.
Así, la mano del gobierno federal siempre estuvo presente, con la connivencia del PRI, para controlar la reforma energética que finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados el 28 de octubre.
El referido legislador priista reveló que a los diputados de su partido se les hizo llegar el predictamen de la reforma, incluyendo la exposición de motivos y los considerandos, antes de que se discutiera en el Senado de la República el 23 de octubre.
Agrega: "Uno de los integrantes de nuestro grupo, al leer la exposición de motivos, acudió a la Universidad Nacional Autónoma de México para advertirle a Rolando Cordera -integrante del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo, del cual surgió el comité asesor del Frente Amplio Progresista (FAP)- que pusieran atención en las trampas que había en la exposición de motivos y en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Pemex".
A Cordera le dieron detalles: "Se le explicó que ya existe jurisprudencia sobre la utilización de los considerandos y exposición de motivos a los que recurre un juez cuando se presenta una controversia sobre el articulado de alguna ley. Se le dijo que generalmente, cuando no queda explicitado en los artículos su alcance, el juez se va a la exposición de motivos y a partir de éstos toma una determinación. Esto implicaba que se trataba de una trampa. Por esta razón, Cordera lo habló con lo senadores del PRD Graco Ramírez y Carlos Navarrete, quienes lograron que se eliminaran".
Aquel 25 de octubre, cuando Daniel Cabeza de Vaca se fue de la Cámara, ya se habían aprobado cuatro de los cinco dictámenes que se planeaba aprobar ese sábado en la Comisión de Energía.
Antes de arrancar con el quinto dictamen, los priistas Marco Antonio Bernal -operador de Beltrones en la Cámara de Dipu-tados - y José Asención Orihuela Bárcenas pidieron que se declarara un receso para comer y que se reiniciara la sesión a las cinco de la tarde. Los respaldó el presidente de la comisión, el panista David Maldonado.
Desde la discusión del tercer dictamen, el diputado perredista David Mendoza Arellano, integrante de Los Chuchos (la corriente Nueva Izquierda), pidió que se dispensara la lectura de las minutas, las cuales habían sido enviadas desde la tarde del viernes por el Senado, pero sin los considerandos ni la exposición de motivos.
Al reiniciar la sesión de la Comisión de Energía, y para sorpresa de los dipu-tados del FAP, el panista Juan José Rodríguez Prats, alegando que "la tarde es joven", pidió aprobar las siete iniciativas y no dejar para el lunes la Ley Reglamentaria del artícu-lo 27 y la Ley de Pemex, como se había acordado el 24 de octubre por la noche.
La propuesta generó un reclamo de los diputados del FAP, que tras una fuerte discusión con Marco Antonio Bernal se retiraron. Al final se aprobaron en forma expedita las siete minutas y nunca se les incluyeron los considerandos.
El albazo
El 28 de octubre, día en que concluyó la aprobación de la reforma energética por el Poder Legislativo, no todos los diputados habían leído las minutas del Senado que aprobarían.
Después de que Andrés Manuel López Obrador hiciera una exposición de motivos para el rechazo a la reforma energética y saliera del Palacio Legislativo, una treintena de diputados del PRD, PT y Convergencia tomaron la tribuna alta para manifestar su oposición al proyecto. El presidente de la Mesa Directiva, César Duarte Jáquez, del PRI, decidió no establecer una sede alterna sino sesionar a ras de suelo.
La plenaria se inició formalmente a las 11:30 horas; el PRI, el PAN, Alternativa, Nueva Alianza y 65 perredistas de la corriente Nueva Izquierda aprobaron los primeros cuatro dictámenes. Cuando se sometió a discusión la quinta minuta, sobre la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética, el diputado priista Carlos Rojas pidió la palabra para hacer una reserva.
Enterado con anticipación del contenido de los considerandos y de la exposición de motivos, Rojas advirtió:
"Debe evitarse cualquier interpretación legaloide o en sentido contrario que aproveche cualquier confusión e imprecisión, que no se crea que porque la parte de contratos no responde a la mejor técnica legislativa, sea reiterativa o contenga párrafos que algunos entiendan de manera oscura, se pueda dar lugar a interpretaciones amañadas; que tampoco se crea que por inexactitudes jurídicas en la parte de adquisiciones, obras públicas y contratos, se puedan aprovechar resquicios para realizar simulaciones.
"El espíritu detrás de todas las reformas y nuevas leyes, contundentemente se opone a la privatización, y no es en vano reiterarlo, compañeros. Debemos recordar la historia reciente, en la que a partir de supuestas interpretaciones se expidió el Reglamento de la Ley Eléctrica y se suscribieron los contratos de servicios múltiples, los de Chicontepec y el contrato de mantenimientos de ductos de Pemex, en donde se cedió la planeación, la operación y el control de partes del sistema.
"Por ello, además de presentar mi reserva, esto es una llamada de alerta que ojalá no sea premonición, para prevenir la repetición de esos actos violatorios de la Constitución y de las leyes, porque el espíritu del legislador no es ése, y la no privatización justifica nuestro voto a favor."
Enseguida el priista le explicó al coordinador de la fracción del PRD, Javier González Garza, que la minuta no venía como se aprobó en el Senado de la República, sino que ya incluía nuevos considerandos y cambios en la exposición de motivos que le abren paso a la privatización mediante argucias legaloides.
Eran las 14:00 horas. González Garza le pidió una reunión urgente al coordinador panista, Héctor Larios. En la oficina de este último, ambos se reunieron con Carlos Rojas y el presidente de la comisión, el panista David Maldonado.
En una oficina contigua los escuchaban el coordinador de los diputados priistas, Emilio Gamboa Patrón, y sus correligionarios Raúl Cervantes y José Ascensión Orihuela.
-A ver, diputado, ¿cuáles son los párrafos que le preocupan, para ver de qué manera los podemos arreglar -le comentó Maldonado a Rojas.
-Yo no vengo a negociar, lo que quiero decir es que lo que ustedes hicieron en la Comisión de Energía es una cochinada -respondió molesto el priista.
-Tienen que quitar todo lo que le incluyeron -demandó el perredista González Garza.
Héctor Larios trató de explicar que no había ninguna puerta abierta a la privatización en las siete cuartillas de considerandos agregados, que inician: "Con independencia de la modificación aprobada en la Cámara de Senadores y únicamente con el afán de que esta comisión aporte mayores elementos que den certeza y seguridad en la materia de contratos"...
Ante la respuesta de Larios, González Garza se exasperó:
-¡Ustedes me hacen esta chingadera y van a saber quién soy yo! Y no sólo tendrás la tribuna alta tomada, sino que yo mismo encabezaré la toma de la Mesa Directiva que está a ras de suelo junto con todos los demás perredistas; reventamos la sesión y nada más se va a aprobar.
En ese momento Larios se comunicó con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien debió resignarse a que se eliminara la exposición de motivos y los considerandos redactados por Raúl Cervantes, Daniel Cabeza de Vaca y Javier Leinez Potisek.
-Sáquenlo todo como lo envió el Senado -se alcanzó a escuchar que dijo Mouriño por el teléfono de Héctor Larios.
El 90% de la exposición de motivos que se le había agregado a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional se relacionaba con los contratos, cuando sólo un artículo se refiere al tema. Y en lo relativo a la Ley de Pemex, se destinaban siete cuartillas a las aclaraciones sobre los artículos 59, 60 y 61.
El vicecoordinador de la fracción del PRD, Juan N. Guerra, señala que en dicha exposición de motivos se abría la puerta a la privatización y se revertían los logros alcanzados por el FAP en el Senado de la República.
Antes de que se iniciara la discusión formal de estas modificaciones, el presidente de la Comisión de Energía, David Maldonado, solicitó eliminar todos los considerandos porque así lo habían decidido todos los coordinadores parlamentarios. Lo cierto es que Gamboa Patrón, Raúl Cervantes y José Ascensión Orihuela tuvieron que aceptar esta decisión luego de escuchar la discusión de Larios, González Garza, Rojas y Maldonado.
Ganancias
Alejandro Sánchez Camacho, diputado del PRD que votó contra la reforma y afín a Andrés Manuel López Obrador, afirma que tanto el PRI como el PRD sacaron ventajas al aprobar la iniciativa y van a cobrarle la factura al PAN cuando se discuta el Presupuesto de Egresos para el año electoral 2009.
"Seguramente al PRI se le garantizaron mayores recursos para los estados donde es gobierno, para el campo y las carreteras, pues es ahí donde se ven las obras. En las dos siguientes semanas que habrá negociaciones sobre este tema lo estaremos viendo. Seguramente también demandarán que los recursos de los programas sociales los manejen las autoridades estatales y no los delegados federales de las secretarías", detalla el legislador.
La otra moneda de cambio para el PRI fue que no le quitaran al sindicato petrolero sus asientos en el Consejo de Administración de Pemex, pues hay que recordar de dónde ha sacado ese partido el dinero para sus campañas electorales.
Con todo, quien más ganó con todo esto fue la corriente Nueva Izquierda (NI) del PRD, considera Sánchez Camacho.
"En nuestras reuniones hemos concluido que sus beneficios serán tres: primero, que se le dará a Carlos Navarrete -coordinador de los senadores del PRD e integrante de NI-, a través de un profesionista, una posición en el Consejo de Administración de Pemex, para que desde ahí pueda incidir sobre la asignación de algunos contratos a la iniciativa privada."
En segundo lugar, dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede darle el triunfo en los próximos días a Jesús Ortega en la elección de la dirigencia nacional del PRD u ordenar que la Comisión de Garantías del partido tome en cuenta aspectos orientados a darle la presidencia a NI.
Y si bien un legislador de esta corriente, Martín Zepeda Hernández, niega cualquier negociación con el gobierno federal, Sánchez Camacho considera que la tercera ventaja negociada por el PRD radica en el presupuesto para Guerrero y Chiapas, cuyos gobernadores simpatizan con NI.
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