El fracaso de Elba Esther en Morelos

MEXICO, D.F., 4 de noviembre (apro-cimac).- Desde el pasado 26 de agosto, los profesores del estado de Morelos realizan un movimiento de resistencia contra la imposición de la Alianza por la Calidad de la Educación (ALCE). Han tenido que enfrentar todo el aparato gubernamental, no sólo del gobernador, sino también de la SNTE, la SEP, la policía, ministerios públicos y hasta del propio Ejército, que han pretendido sin éxito anular ese movimiento.Hay profesores acusados de motín y sedición, en un paralelismo vivido en la segunda mitad del siglo pasado y hasta 1968, en que se acusaba a los opositores del delito de "disolución social" y que ahora vientos fascistas lo vuelven a poner en práctica.El delito de "disolución social" estaba previsto en el artículo 145 del Código Penal Federal, el cual sancionaba con penas de prisión a quienes obstaculizarán "...el funcionamiento de sus instituciones legitimas" o propagaran "...el desacato por parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos".Varios de las y los profesores morelenses están sujetos a proceso penal por realizar manifestaciones de protesta. La maestra Blanca Sánchez Arano, una de las voceras del movimiento magisterial de Morelos, denuncia: "Tenemos que esconder nuestras identificaciones de profesores porque por ese solo hecho se nos considera delincuentes." La intervención del Ejército en contra del pueblo de Xoxocotla y de Amacuyac Morelos es uno hecho particularmente grave porque militariza la protesta, como en los peores tiempos autoritarios, al usar a las Fuerzas Armadas contra movimientos sociales. El profesor Leonel Salgado, otro de los voceros del movimiento, acusa: "Se nos ha tendido un cerco informativo para esconder nuestras demandas y tergiversarlas. Es falso que nuestro reclamo sea heredar las plazas para luego venderlas. Nuestra pretensión es lograr una educación que respete los valores y enseñe a razonar a los alumnos".El abogado Jorge Viveros, asesor legal de la asamblea de representantes del movimiento magisterial de Morelos, expresó el pasado 24 de octubre en una mesa redonda del "Club de Periodistas", moderada por la periodista Celeste Sáenz y el filósofo José Manuel Orozco Garibay, que la Alianza por la Calidad de la Educación no puede ser impuesta porque "carece de bases legales, al no estar aprobada por el Congreso de la Unión ni publicada en el Diario Oficial de la Federación". El abogado señaló: "El gobierno pretende imponer este modelo sin estar facultado para ello y, a pesar de ello, se sanciona a los profesores que no lo acatan". "Se pretende imponer, dijo, un modelo en que al profesor se le pague el 60 por ciento de su salario con base en resultados de los exámenes de los alumnos. Son pruebas estandarizadas donde no se considera la situación multicultural de las distintas regiones ni la problemática social de los menores; la opinión del profesor no se toma en cuenta. Los derechos laborales y salariales simplemente se desconocen".El abogado denuncia que existen en Morelos, como seguramente en todo el país, profesores transitorios con hasta 15 años de antigüedad sin tener un contrato de base y quienes en cualquier momento pueden ser despedidos sin derecho alguno. Lo mismo ocurre con los profesores de inglés que tienen contratos de honorarios sin derecho a prestaciones ni a seguridad social."Hace nueve años que no se construye una escuela nueva. Al no existir los inmuebles suficientes, se considera otorgar becas a los niños sin plantel para que se inscriban en las privadas en detrimento de las públicas", señala.La maestra María de la Luz Arriaga, experta en el tema educativo, considera que la alianza "pretende acabar con el pensamiento crítico, evitar se razone. Se busca control y crear personas dóciles al servicio de empresas transnacionales. La educación no sólo es memorizar; es tener capacidad a la vida misma". Este modelo educativo que se pretende imponer está inspirado en políticas mundiales para desaparecer la profesión normalista. Someter a concurso de oposición plazas que antes se entrega en razón de los promedios obtenidos.Los exámenes estandarizados a los profesores propiciarán corrupción y mantener el control de los grupos de poder del SNTE que controlan ese proceso. Los inspiradores del ALCE están desconcertados porque ni las amenazas y represión han podido acabar con la inconformidad magisterial. A pesar de la falta de democracia en el SNTE, Elba Esther Gordillo ha fracasado en su intento de imposición, porque no es capaz de controlar la razón de los maestros que, en el estado de Morelos, con su lucha, dan clases de dignidad.