Editorial de la Jornada : 3 de Octubre del 2008

La verdadera alianza
Ayer, en Morelos, el movimiento de la disidencia magisterial refrendó su carácter nacional con la llegada a Cuernavaca de contingentes de mentores oaxaqueños, guerrerenses, michoacanos, veracruzanos, tlaxcaltecas, zacatecanos, poblanos y quintanarroenses para manifestar su solidaridad con los profesores locales y el repudio a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), recientemente signada por el Ejecutivo federal y la dirigencia sindical que encabeza Elba Esther Gordillo Morales.
El discurso oficial se ha empeñado en presentar la resistencia a la ACE como un intento patrimonialista por preservar la venta y la herencia de plazas, y ha pretendido ocultar el hecho de que la protesta magisterial tiene como causas reales el atropello a las condiciones de trabajo de los maestros por parte de su propio sindicato, en connivencia con las autoridades.
El telón de fondo ineludible de este conflicto es, en efecto, el intercambio de favores entre la candidatura, primero, y luego la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, y la cúpula que controla Gordillo Morales. Los servicios electorales invaluables prestados por la segunda al oficialismo en la sucesión de 2006 han sido pagados con cargos políticos, con dádivas extraordinarias a cargo del erario, con la virtual entrega a la camarilla gordillista del manejo del sistema de enseñanza pública y con medidas que, lejos de combatir la corrupción, apuntan a consolidar el control del actual cacicazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sobre sus agremiados.
En el panorama político nacional, esta connivencia de intereses genera distorsiones graves: por un lado, le garantiza al Ejecutivo federal el manejo del SNTE y de su apéndice partidista (Nueva Alianza) como un brazo electoral y clientelar, crea un margen para la violación de los derechos políticos de los afiliados a la organización gremial y restablece, en los hechos, las sujeciones corporativas que ejerció, en su tiempo, el priísmo. Adicionalmente, la alianza facilita una intromisión gubernamental indebida en la vida sindical y contribuye a la degradación de planes y programas de estudio, los cuales son operados por Gordillo y los suyos no en función de la calidad educativa, sino de intereses mafiosos mediatos e inmediatos.
Para el gobierno calderonista, la parte más onerosa de su pacto con el gordillismo es política y tiene que ver con la legitimidad y la credibilidad. En efecto, no es fácil creer en el compromiso de la autoridad con el estado de derecho cuando la Presidencia de la República tiene como principales aliados en el mundo sindical a los liderazgos antidemocráticos y corruptos que padecen los gremios petrolero y educativo, ambos con trayectorias cuestionadas y dudosas, por decir lo menos, en materia de observancia a la legalidad.
En aras de mantener contra viento y marea la verdadera alianza de fondo, que no es educativa, el grupo gobernante siembra en Morelos y en otras entidades los vientos de lo que puede convertirse en una nueva tormenta social: incita a la división del gremio y de la sociedad mediante la organización de clases extramuros, amenaza a los disidentes con represalias salariales y laborales, inventa cursos televisivos y por Internet carentes de valor y rigor pedagógicos y cierra los canales del diálogo con el movimiento disidente de los maestros.
En suma, el panismo en el poder parece empeñado en abrirse un nuevo frente, como si no tuviera ya suficientes problemas con su déficit de legitimidad de origen, la violencia exacerbada que azota al país, la manifiesta descoordinación entre las autoridades encargadas de hacerle frente, la polarización ciudadana causada por el empeño de privatizar la industria petrolera, la descontrolada corrupción, el desempleo, la pobreza y las desigualdades crecientes, la inflación reactivada y los nubarrones mundiales que penden sobre la economía.