El saqueo calderonista comenzó con el robo de las elecciones y no ha parado

Daño patrimonial en transición Fox-Calderón ( De contralínea, segunda quincena de Agostoo 2008)

El equipo de transición de Felipe Calderón –encabezado por Mouriño– contrató servicios con cargo al erario, por más de 23 millones de pesos en 2006, que no estaban vinculados directamente con el cambio de la administración federal.

De acuerdo con la ASF, tampoco acreditó la existencia de los resultados finales de otros seis contratos, lo que podría representar un daño patrimonial a la hacienda pública por más de 38 millones de pesos

Yenise Tinoco


En medio de la crisis postelectoral, originada por las acusaciones del posible fraude, el equipo de transición del entonces presidente electo Felipe Calderón contrató, con cargo al erario, camionetas blindadas. Además, sufragó gastos para conocer a detalle quiénes integrarían la LX Legislatura del Congreso de la Unión y cuáles eran sus tendencias políticas.
A decir de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2006, dicho equipo realizó gastos no relacionados con el programa Cambio de Administración del Ejecutivo Federal superiores a 38 millones de pesos. En ese mismo lapso, tampoco comprobó la existencia de resultados en seis contratos, revela el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006.
El 9 de febrero de 2007, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitó a la ASF realizar una auditoría especial respecto de la transferencia y el destino de los recursos públicos entregados al equipo de transición, a través del Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.
Los recursos fueron sufragados del Ramo General 23 (provisiones salariales y económicas), autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. El objetivo: brindar un grupo de colaboradores –para asesoría, apoyo técnico y coordinación– al presidente electo, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyera el dictamen y las declaraciones de validez de la elección.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) erogó 120 millones 822 mil 8 pesos para apoyar el cambio de administración federal, de los cuales 102 millones 606 mil pesos fueron ejercidos a través del fideicomiso, y el resto, 18 millones 216 mil pesos, por el Estado Mayor Presidencial. La ASF auditó 80 millones 989 mil, que representan el 67 por ciento.
El fideicomiso se constituyó el 7 de septiembre de 2006. Su fiduciario es el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC (Banjército). En tres meses, el equipo de transición de Calderón ejerció 102 millones 606 mil pesos y registró un remanente por 27 millones 393 mil pesos, reintegrados a la Tesorería de la Federación el 19 de diciembre de 2006.
El Comité Técnico del fideicomiso quedó facultado para emitir las reglas de operación y aprobar los gastos del fideicomiso. De acuerdo con información de la SHCP, su primera sesión ordinaria se celebró el 12 de septiembre de 2006. En ésta se autorizaron las contrataciones y pagos correspondientes; sin embargo, las erogaciones se reportan desde el 7 de septiembre de ese año.Las reglas de operación incluyeron la designación de un delegado, quien sería el enlace entre el grupo de asesores y Banjército. En ese puesto, Calderón Hinojosa designó a María del Carmen Urzaiz Osorio. Entre sus atribuciones, la hoy directora de Análisis Técnico de la Coordinación General de Administración se encargó de enviar las solicitudes de contratación a la fiduciaria, institución responsable de realizar las contrataciones con cargo a los recursos fideicomiso.
Calderón contrató 320 personas bajo el esquema de honorarios asimilables a salarios, por 31 millones 389 mil pesos. El personal fue contratado para asesorar al presidente electo en la elaboración del anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos, del Proyecto de Presupuesto de Egresos y del Plan Nacional de Desarrollo.
En el equipo de transición estuvieron los más cercanos al presidente: Juan Camilo Mouriño, quien fungía como coordinador general y ahora se desempeña como secretario de Gobernación; Eduardo Sojo, coordinador de la entrega-recepción, actual secretario de Economía; Ernesto Cordero, coordinador de políticas públicas, ahora secretario de Desarrollo Social; Maximiliano Cortázar, coordinador de Comunicación Social, cargo que todavía ostenta en la Presidencia.
Además, Juan Molinar Horcasitas, coordinador de foros temáticos y actual titular del Instituto Mexicano del Seguro Social; Dionisio Pérez Jácome, coordinador de política económica, hoy subsecretario de Egresos en la SHCP; Gustavo Merino, subcoordinador de política social, ahora subsecretario de Desarrollo Social.
Alejandra Sota, entonces directora de imagen y actual coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental; Gerardo Ruiz, coordinador de la oficina del presidente electo y hoy jefe de la Oficina de la Presidencia.

Contratos irregularesAl iniciar el manejo de recursos públicos, el equipo de transición incurrió en supuestas irregularidades, al adjudicar directamente 22 contratos por servicios. El informe de la ASF señala que éstos no se apegaron a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.
Para el máximo órgano de fiscalización, las justificaciones para no haber licitado dichos servicios fueron las mismas en todos los casos –“necesidad urgente de contar con el servicio”–, sin referirse a la capacidad de las personas o a la razonabilidad de los costos.
Además, la ASF detectó inconsistencias en nueve de los 22 contratos, que comprometen recursos por 23 millones 186 mil pesos: 017/2006, firmado con De la Riva Investigaciones Estratégicas; 031/2006, Gavira Post; 013/2006, AP Comunicación; 022/2006, Pentimento; 014/2006, Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública; 016/2006, Centro Internacional de Comercio y Publicidad; 012/2006, Intelicomrp Consultoría; 024/2006, Representación de Exposiciones de México, y 032/2006, signado con Make Pro.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, no existió vínculo entre éstos y el programa Cambio de Administración del Ejecutivo Federal; por lo que, considera, vulneraron el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al no guardar relación directa con la administración saliente ni contribuir a la creación de condiciones para el inicio de gobierno de Calderón.
En las solicitudes que presentó Urzaiz a Banjército, para cada una de las contrataciones de los servicios, se indicó específicamente el prestador del servicio a contratar y el procedimiento por el cual se haría la contratación, según constató la Auditoría.
Make ProEn el contrato 032/2006, firmado con Make Pro para el alquiler y organización de un evento, la ASF observó las siguientes irregularidades: la prestación del servicio se realizó el 10 de septiembre de 2006, cuando aún no se contaba con reglas de operación.
Dicho contrato, a favor de la filial de Corporación Interamericana de Entretenimiento, ascendió a 6 millones 673 mil pesos. De acuerdo con la página de internet, Make Pro fue creada en 1994 para “dar respuesta a sus necesidades relacionadas con base de datos, control de asistencia, renta de equipo y personal capacitado para la recepción de sus eventos, así como la asesoría para el diseño de gafetes, constancias, diplomas, etcétera”.
El 12 de septiembre de 2006 y mediante el oficio DCTF/002/06, María del Carmen Urzaiz solicitó al Comité Técnico del fideicomiso autorizar el pago correspondiente por servicios devengados dos días antes: la organización de una reunión con diversos sectores de la sociedad. Respecto de esta contratación, la SHCP dijo a la ASF que se vinculó con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
Para el 13 de septiembre, durante la primera sesión extraordinaria del comité, no sólo se aprobó la erogación, sino que se firmó el contrato. De acuerdo con el Portal de Transparencia, entre 2005 y 2007 Make Pro obtuvo 13 contratos con el gobierno federal, por un monto total de 22 millones 800 mil 109 pesos. Su principal cliente fue la Secretaría de Hacienda, a quien prestó cuatro servicios por 9 millones 255 mil 140 pesos.
Panistas al asechoLas irregularidades fueron más allá. En las sesiones del 20 y 26 de septiembre y 7 de noviembre de 2006, el Comité Técnico dictaminó procedente contratar sin licitación a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas.
No obstante, el informe de la ASF descubre que esta empresa se constituyó formalmente el 1 de noviembre de 2006. Identificado con el número 020/2006, el contrato asignado tuvo por objeto la elaboración del Estudio cualitativo y análisis estadístico sobre la composición de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.
La fecha de creación de dicha empresa consta en el Registro Público de la Propiedad, en el acta 609556. La directora es Laura Ballesteros, quien reconoce de forma abierta su filiación panista.
En agosto de 2007, Consultores en Diseño de Estrategias fue contratada por el Centro Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para dar seguimiento a diputados y senadores, de la misma legislatura que analizó en 2006, por 1 millón de pesos. También en 2007 dio una asesoría externa a la Secretaría de Energía, por la que cobró 195 mil 385 pesos.
De acuerdo con el portal de Compranet, dicha empresa no está registrada como proveedor o contratista del gobierno federal. En este caso, la Secretaría de Hacienda justificó que el estudio se relacionó con los temas de objeto del Plan Nacional de Desarrollo.
Imagen de CalderónLa ASF señala que el equipo de transición de Calderón contrató dos empresas para asesorar y diseñar estrategias sobre la imagen presidencial, los cuales no se encuentran directamente relacionados con el cambio de administración. Así lo acreditan los contratos 013/2006 de AP Comunicaciones y 016/2006 del Centro Internacional de Comercio y Publicidad.
AP Comunicaciones realizó un servicio profesional de asesoría y diseño creativo de concepto e imagen presidencial, para la etapa de transición del ejecutivo federal, con un costo de 809 mil pesos.
Información del Portal de Transparencia señala que dicha empresa obtuvo en 2007 cinco contratos del gobierno federal, cuatro de ellos sin licitación, por un monto de 12 millones 657 mil 746 pesos; mientras que el quinto, por invitación, ascendió a 2 millones 386 pesos.
El giro principal de AP Comunicación es la creatividad publicitaria, estudios de imagen y servicios de producción de campañas; sin embargo, en 2008, la Presidencia compró artículos de papelería a dicha empresa, con un valor de 468 mil 60 pesos, según consta en el portal electrónico de Compranet.
Los favoritosLa ASF indica que el equipo de transición firmó tres contratos con el Grupo Economista y Asociados (GEA) por 2 millones 356 mil 400 pesos. El primero de éstos, signado con el número 018/2006, fue para realizar cuatro encuestas nacionales sobre gobernabilidad. El segundo, 025/2006, se firmó bajo el concepto de “desarrollo para la elaboración de los elementos para las acciones para apoyar la generación de empleo y abatir rezago en materia social”.
Un tercero, con número 029/2006, prestó los servicios de “desarrollo para la elaboración de los elementos para la continuidad de Procampo y plan de emergencia para la producción de maíz, frijol, caña de azúcar y leche”.
De acuerdo con el portal electrónico de Compranet, GEA obtuvo contratos de 2003 a 2007 por un monto superior a los 36 millones 787 mil pesos.
Hoy Calderón tiene en su gabinete a dos exdirectivos de GEA, Jesús Reyes Heroles, accionista principal y titular de Petróleos Mexicanos, y Guillermo Valdés, director del Cisen.
Otra empresa con la que firmó el equipo de transición fue Mckinsey and Company Inc México, para los “servicios de consultoría” prestados del 2 de octubre al 30 de noviembre de 2006, con relación al estudio denominado “integración del plan maestro de infraestructura”. El pago de éste fue por 2 millones 300 mil pesos.
La empresa de origen estadunidense obtuvo de 2003 a 2007 contratos por un monto de 299 millones 795 mil 945 mil pesos, según Compranet.
Autos blindadosLa ASF indica que el equipo de transición de Calderón pactó los servicios de arrendamiento de tres vehículos blindados con dos empresas, por un importe total de 364 mil pesos, sin que contaran con el dictamen de excepción a la licitación ni con el contrato correspondiente. Además, la autorización del Comité Técnico para realizar el pago se obtuvo cuando los servicios ya se habían proporcionado.

Las empresas Kefa y Blindajes Alemanes obtuvieron los contratos 009/2006, por 722 mil pesos, y 007/2006, 1 millón 913 mil pesos, respectivamente. Sin embargo, la Auditoría Superior constató que el arrendamiento de un vehículo blindado, se adjudicó de manera directa a Kefa, SA de CV, a pesar de que su actividad principal es la prestación de servicios de asesoría y consultoría en materia contable, fiscal, de auditoría en general, corporativa, económica, de dirección y administración de empresas y negocios, y no la renta de autos.
Ante las observaciones de la ASF, la SHCP respondió que los contratos celebrados con ambas empresas se realizaron en virtud de que las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, para el tema de seguridad, estaban exclusivamente dirigidas a la seguridad de los candidatos, por lo que fue necesario realizar mediante el fideicomiso gastos dirigidos a proporcionar seguridad a los miembros del grupo asesor del presidente.Ante las observaciones de la ASF, la SHCP respondió que los contratos celebrados con ambas empresas se realizaron en virtud de que las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos para el tema de seguridad, estaban exclusivamente dirigidas a los candidatos, por lo que fue necesario realizar gastos mediante el fideicomiso dirigidos a proporcionar seguridad a los miembros del grupo asesor del presidente.
Sin accesoA través de los oficios AGDT/CONT/CONSULTORÍAS, AGDT/003-B y AGDT/003-B, el equipo de transición hizo del conocimiento de Banjército que respecto a las contrataciones de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, correspondería a los titulares de las áreas requirentes la validación de la prestación de los servicios conforme a los términos solicitados.Además, las materias y el fin para el cual serían utilizados los resultados serían empleados por asesores especializados, por lo cual no era conveniente que personas ajenas tuvieran acceso. Por ello, se negaron a entregar los resultados al fiduciario.
En tanto, la Secretaría de Hacienda proporcionó a la Auditoría 19 informes finales y los trabajos desarrollados. La ASF observó que seis contratos por 15 millones 59 mil pesos no acreditaron de manera fehaciente el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
Los contratos son el 012/2006, firmado con Intelicomrp Consultoría; 013/2006, AP Comunicación; 014/2006, Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública; 020/2006, Consultores en diseño de Estrategias Político-Legislativas; 021/2006, Ideograma Consultores, y 024/2006, Representación de Exposiciones de México.
Mobiliario y equipoLa Auditoría señala que el equipo de transición de Calderón adquirió bienes muebles por un total de 645 mil pesos, para apoyar el desempeño de las funciones del equipo de asesores mediante el procedimiento de adjudicación directa.
La ASF constató que una vez concluido el periodo de transición, Banjército concentró los bienes muebles adquiridos; sin embargo, existe un faltante de 47 mil pesos, por lo que la institución bancaria levantó un acta administrativa el 9 de diciembre de 2006, “con el fin de hacer constar el extravío de bienes inmuebles”.
Hacienda respondeEl 25 de febrero de 2008, la SHCP entregó a la Auditoría el oficio 307-A.-0230 donde pretende solventar las observaciones hechas al fideicomiso. Respecto a la firma de los contratos donde se indican irregularidades, dice: “El periodo de transición constituye un evento inédito que […] permite que el presidente electo cuente con los elementos necesarios para iniciar de manera ordenada su gestión, contando con una visión global de la percepción de la sociedad sobre la forma en que se debe llevar a cabo la administración de gobierno”.
Agrega que “fue necesario que durante el periodo de transición se contara con un diagnóstico sobre diversos temas, para lo cual resultó indispensable contratar con terceros la prestación de diversos servicios profesionales, toda vez que la figura del presidente electo no cuenta con una estructura orgánica formal para llevar a cabo este tipo de acciones”.
Hacienda enumera todos los artículos en los cuales se sustenta la creación del fideicomiso; pero omite aclarar la contratación de servicios no vinculados con el cambio de la administración, ni la manera en la que fueron otorgados.

http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/agosto2/htm/danno-patrimonial-fox-calderon.htm
La dependencia dice que el resultado de las asesorías y consultorías contratadas con cargo al patrimonio del fideicomiso fue utilizado por el equipo de asesores para cumplir con la entrega de la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Plan Nacional de Desarrollo


Relación de contratos de prestación de servicios y arrendamientos auditados

(Accesar liga para el detalle de los contratos: http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/agosto2/htm/danno-patrimonial-fox-calderon.htm)

Fideicomiso incumplió objetivos
Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, considera que el equipo de Calderón asumió la cultura del viejo régimen político encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, donde el presidente podía decidir y actuar, a sabiendas de que no era cuestionado ni vigilado, nadie se atrevía a criticar o denunciar.

A decir del legislador, los funcionarios del Partido Acción Nacional faltan a los compromisos de cambiar dichas prácticas. La divisa del cambio que enarbolaron los panistas, para ganar el respaldo y la simpatía de la gente, en no se confirma los hechos.
Para el diputado, de extracción perredista, sería muy lamentable que se confirmara que funcionarios hicieron uso ventajoso del fideicomiso y de los recursos del mismo. Y más grave, constituir empresas para beneficiarlas con contratos, “lo que rayaría en el cinismo y en la podredumbre moral y ética”.Alma Alcaraz, secretaria de la citada comisión, justifica las adjudicaciones directas y contrataciones no vinculantes con el cambio de administración, por el momento político por el cual atravesaba el país, luego de que Felipe Calderón fue nombrado presidente electo.
Alcaraz sostiene que la situación política requería acciones inmediatas. Agrega que el Partido de la Revolución Democrática buscaba por todos los medios que Calderón no tomará posesión, por lo cual se necesitaba tomar decisiones en aquel momento.
La diputada panista dice que las adjudicaciones se entregaron conforme a la ley, que prevé contrataciones en caso de urgencia o fuerza mayor, aun cuando las empresas no cumplan con todos los requisitos, como el hacerse de un automóvil blindado de manera inmediata.
Antonio Ortega considera que la ley no se aplica en función del momento político. El fideicomiso contempló propósitos y objetivos claros, con el fin de que no se tomaran decisiones discrecionales respecto del manejo de los recursos públicos.