¡ Santo mensaje ! .- Reséndiz

Palabras al viento .- Jabaz

Las represiones manceristas

I. Todos o casi todos los levantamientos populares que han llegado a revoluciones, en la historia mexicana: 1810, 1845 y 1910, con las miles de insurrecciones para demandar democracia y republicanismo, se han debido a los abusos de los gobernantes que se vuelven socios y cómplices de los ricos que explotan al pueblo, al que no le queda más recurso que ejercer la democracia directa con levantamientos violentos para acabar con un régimen. Incluso desde la Conquista, esos levantamientos han nacido en los pueblos alejados del centro político y económico del país, hasta cercarlo. Pero hoy hay condiciones para que sea al revés. Y que la insurrección nazca en la capital del país con más de 1 millón de indígenas en pobreza extrema, una degradada clase media y un grupo de millonarios en un esquema de brutal desempleo, salarios de hambre y una sangrienta inseguridad que está creando una crisis de olla de presión a punto de estallar.

II. No es cierto que 2 millones estén en el desempleo. Éstos son los recientemente despedidos. Pues hay 50 millones en la informalidad y la otra mitad tiene una plaza laboral muy mal pagada. En la Ciudad de México, algunos desempleados instalan un changarro callejero; y el señor Mancera envía a la policía para reprimirlos y robarles sus humildes pertenencias que despedazan al desmantelar. Golpeados, heridos o encarcelados, esos mexicanos menos tienen de dónde subsistir. Todos los días hay sangrientas represiones y la Comisión de Derechos humanos local no mueve un dedo, en complicidad con el doctor en derecho represivo, que a las demandas de empleo para sobrevivir, responde con gases lacrimógenos y golpes de sus sangrientos radicalismos policiacos. Pero aún así anunció que renunciará al cargo a más tardar en julio de este 2016, para iniciar su candidatura a la presidencia de la República. Aunque no es de izquierda ni de centro ni derecha, sino conservador derechizante, sin agallas para jugársela como independiente.

III. Marcelo Ebrard lo hizo procurador, y luego lo dejó en esa jefatura; pero don Miguel Ángel lo traicionó en cuanto vio que lo podía eliminar como adversario a la candidatura presidencial. Pablo de Llano opina en su nota: “Mancera en crisis”: “el jefe de gobierno de Ciudad de México aspira a la presidencia en el 2018, pero sus traspiés en la gestión de la capital lo desacreditan” (El País, 27 de enero de 2016); y más que pragmático, es oportunista nato. La capital del país ha tenido mediocres y malísimos gobernantes, opacados por el sonorense Ernesto P Uruchurtu. Todos se han enriquecido bestialmente, haciendo de los poderes públicos un botín, amparados en la impunidad. Pero Mancera ha fracasado totalmente, pues la inseguridad no para; y los abusos policiacos aumentan con el reglamento de tránsito y el negocio de las “foto multas”. La clase media lo odia y espera el desquite en las urnas, si es que llega a figurar, lo que no es difícil… ¡sino imposible! Es un imitador del desgobernador chiapaneco, Manuel Velasco, y de Peña, lo que lo ha hecho más impopular; y se reparte el poder con los delegados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, dejando a la ciudad en el caos.

Domingo 14 de febrero de 2016

El Papa y la Virgen .- Jans

El fraude del Acuerdo Transpacífico

Kuala Lumpur, Malasia. El Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), que se negoció en Atlanta, Estados Unidos, en octubre de 2015 y se firmará en Auckland, Nueva Zelanda, en este mes de febrero, privilegia a los inversores extranjeros e impone costos sustanciales a los países socios.

Jomo Kwame Sundaram*/Inter Press Service

Calificado de acuerdo comercial “modelo” del siglo XXI, es fundamental determinar qué beneficios se pueden esperar del TPP y si éstos superan sus costos.

Escasos beneficios comerciales

Principalmente mediante el uso de modelos de equilibrio general computable de metodología discutible, todos los estudios realizados hasta la fecha proyectan reducidos beneficios directos del crecimiento económico producto de la liberalización comercial del TPP.

Los beneficios netos reales pueden ser aún menores, si no negativos, ya que muchos de los supuestos en los ejercicios de proyección no están en el acuerdo comercial definitivo.

Con el fin de argumentar a favor del TPP, algunos estudios buscaron los beneficios en otros ámbitos, principalmente de la supuesta inyección de la inversión proyectada, sin tener en cuenta los costos o presentándolos como beneficios.

El estudio más citado fue publicado en 2014 por el conocido defensor de la globalización estadunidense, el Instituto Peterson de Economía Internacional.

A los modelos económicos les ingresaron diversas disposiciones previstas del TPP como si fueran simples reducciones de costos, sin darle consideración alguna a los riesgos de corrección a la baja y a los costos, por ejemplo, debido a la reducción de la autonomía nacional en la reglamentación como resultado del acuerdo. Como tales, los costos no están incluidos y no proporcionan una evaluación real de costo-beneficio.

Al excluir costos fundamentales, los defensores del TPP exageran los beneficios comerciales proyectados al asegurar la existencia de beneficios dudosos. Por ejemplo, consideran las disposiciones para ampliar los derechos de propiedad intelectual (DPI) como reducción de costos que incrementarán el comercio de los servicios.

Las disposiciones que permiten a los inversores extranjeros demandar a los gobiernos en tribunales privados o que socavan el régimen bancario nacional son vistas como una reducción de costos que fomentan el comercio, lo que ignora los costos y riesgos que implica pasar por alto la regulación nacional.

El estudio asegura que habrá enormes beneficios debido a la presunción de que el TPP generará mayores exportaciones al reducir los costos fijos que tiene el ingreso a los mercados extranjeros.

Aunque no existe una base analítica para esos enormes beneficios, se supone que la mitad del impacto del acuerdo se deberá a la reducción de los costos comerciales fijos.

Si los modelos utilizados emplearan métodos convencionales para calcular los beneficios obtenidos del comercio, los resultados habrían sido mucho más reducidos, según el único estudio del gobierno de Estados Unidos sobre las consecuencias del TPP.

Fantásticas consecuencias en la inversión extranjera

Los demás beneficios que proyecta el estudio del Instituto Peterson refieren principalmente al auge de la inversión extranjera directa (IED).

El análisis supone arbitrariamente que cada dólar de IED en el bloque del TPP generará un ingreso adicional anual de 33 centavos, dividido en partes iguales entre los países de origen y los destinatarios, sin que haya una teoría económica, procedimiento de modelado o evidencia empírica que apoye este supuesto.

Míseros beneficios

El estudio exagera enormemente los beneficios que se derivan del TPP.

Mientras que la mayoría de sus conclusiones carecen de justificación, los únicos beneficios cuantificados en consonancia con la teoría económica y la evidencia más aceptadas son los beneficios arancelarios que conforman una parte desconocida pero muy pequeña de los beneficios proyectados.

Los beneficios son mucho menores de lo que aseguran los gobiernos del TTP. Menos de 25 por ciento de los mismos se pueden considerar seriamente. Incluso a éstos hay que compararlos con los costos que el estudio ignora convenientemente, así como con los detalles reales del acuerdo definitivo. Huelga decir que, por la misma razón, es necesario descontar las ganancias de los países calculadas de forma similar.

Aun sin ajustar, los beneficios son pequeños en relación con el producto interno bruto de las economías asociadas al TPP. Asimismo, si bien los beneficios comerciales proyectados demorarán una década en concretarse, los principales riesgos y costos serán más inmediatos. Ellos equivalen a beneficios únicos y no tienen beneficios anuales recurrentes, es decir, no elevan las tasas de crecimiento de las economías.

La distribución de los beneficios no fue suficientemente analizada en estos ejercicios. Si se destinan principalmente a unas pocas empresas grandes y los demás cargan con las pérdidas, entonces el TPP exacerbaría la desigualdad.

¿Ganancia neta o pérdida?

El TPP se interna mucho más de lo necesario en la forma en que los gobiernos operan para facilitar el comercio. Estas “disciplinas” restringen considerablemente el espacio político que necesitan los países para acelerar el desarrollo económico y proteger el interés público.

Los escasos beneficios proyectados hacen que sea fundamental tener en cuenta la naturaleza y la escala de los costos que ignoran todos los ejercicios de modelos disponibles. El TPP impondrá costos directos, por ejemplo, mediante la ampliación de los DPI y al bloquear o retrasar la producción y la importación de los productos genéricos.

El mecanismo de solución de controversias entre inversores y el Estado que propone el TPP permitirá a los inversores extranjeros demandar a los gobiernos ante tribunales extranjeros si los inversores consideran que las normas estatales reducen sus ganancias futuras previstas, aun cuando esas normas sean de interés público. Como ya existe el seguro privado con este propósito, el mecanismo es completamente innecesario.

Jagdish Bhagwati, un destacado defensor de la liberalización comercial, junto con otros, criticaron duramente la inclusión de este tipo de disposiciones no comerciales en acuerdos decididamente de libre comercio.

En lugar de ser el acuerdo regional de libre comercio que se asegura, el TPP parece ser “un régimen de comercio gestionado que pone los intereses de las corporaciones en primer lugar”.

El TPP, que ofrece limitados beneficios cuantificables derivados de la liberalización comercial, integra un paquete que minará de manera fundamental el interés público. En esta etapa los beneficios netos para los socios del acuerdo están en duda.

Sólo una contabilidad completa y adecuada basada en el texto íntegro del TPP puede resolver esta cuestión clave.

De hecho, el TPP ya se utilizó para tratar de acabar con la Ronda de Desarrollo de Doha –las negociaciones comerciales multilaterales celebradas en esa ciudad de Qatar en 2001–, pero también podría socavar el multilateralismo de manera más amplia en un futuro cercano. (Traducción de Álvaro Queiruga)

Jomo Kwame Sundaram*/Inter Press Service

*Exsecretario general adjunto responsable de Análisis del Desarrollo Económico en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. En 2007 obtuvo el premio Wassily Leontief por expandir las fronteras del pensamiento económico

Santa laicidad .- Jabaz

Fuerzas Armadas, penetradas por la ultraderecha

Zózimo Camacho en Contralínea

El 4 de marzo de 2015 se concretó, firmas de por medio, una alianza que se venía trabajando desde los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) obtuvo sigilosamente un “convenio general de colaboración” con las dos secretarías de Estado encargadas de organizar y administrar a las Fuerzas Armadas Permanentes de México: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Ahí, al final del documento se pueden observar las rúbricas del general de división diplomado de Estado Mayor Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, y del almirante diplomado de Estado Mayor Vidal Francisco Soberón Sanz, a cargo de la Semar, junto con la del entonces presidente de la Coparmex, el actuario Juan Pablo Castañón Castañón (hoy este empresario es presidente del otro organismo que, junto con la Coparmex, constituye uno de los poderes de facto de la alta burguesía mexicana: el Consejo Coordinador Empresarial).

En el documento, la Coparmex se asume como “sindicato patronal” que tiene como objeto “representar y defender los intereses generales y comunes del empresariado” para promover su participación en la “construcción del orden social” e “impulsar las reformas estructurales”. Así, sin rodeos.

Y las tres Fuerzas Armadas (Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México), a través de la Sedena y la Semar, se han aliado con este grupo antagónico a lo que fue la Revolución Mexicana para “impulsar acciones conjuntas”, como dice la cláusula primera del convenio, del cual contamos con copia. Esta mancomunidad estará vigente hasta el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto: 30 de noviembre de 2018.

De los compromisos asumidos por la Sedena y la Semar destacan que ambas pondrán a disposición de los patrones sus respectivos sistemas educativos para “promover e impulsar […] el intercambio académico, cultural y deportivo con los Centros Empresariales que integran la Coparmex” (sic).

El Sistema Educativo Militar está integrado por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, dos colegios (el del Aire y el Heroico), 13 escuelas y diversos centros de estudio y de capacitación. El Sistema Educativo Naval cuenta con dos centros (entre ellos el de posgrado, Centro de Estudios Superiores Navales), 11 escuelas, dos institutos y 19 centros de capacitación.

Por su parte, la Coparmex cuenta con 65 centros empresariales distribuidos en las 32 entidades federativas de la República.

Al respecto, la organización empresarial se compromete a “extender invitaciones a la Sedena y a la Semar para que participen en los cursos, programas de capacitación y/o conferencias que sean organizados por la Coparmex o por instituciones afines sobre temas económicos, políticos técnicos, de seguridad nacional, seguridad pública u otros que puedan resultar de su interés” (sic).

Así que, para los empresarios, las puertas abiertas de los planteles educativos de las milicias. Ah, y los patrones podrán capacitar a la tropa en materia política, educativa y hasta de seguridad nacional. Conociendo los intereses de la Coparmex, habría que preguntarse cuántos niveles de catecismo se impartirán. Y si, en materia de historia, la invasión estadunidense y la defensa del Castillo de Chapultepec será contada como el primer esfuerzo por concretar un tratado amistoso de libre comercio.

Además, los militares de las dos secretarías se comprometen también a “presentar propuestas en las cuales se determinen perfiles profesionales, técnicos y de otra naturaleza del personal militar que haya cumplido su tiempo de servicio y se encuentre en situación de retiro, para que la Coparmex esté en posibilidad de determinar cuáles podrían ser las áreas de oportunidad para conformar una bolsa de trabajo”.

En contraparte, la organización patronal le proporcionará a la Sedena y a la Semar “un directorio de los Centros Empresariales asociados a la Coparmex a fin de que en su momento puedan ser considerados en las diversas actividades” (sic).

Habrase visto… la tropa haciendo fila para ver si los patrones le dan trabajo…

Pero la alianza va más allá. La Sedena y la Semar podrán participar en conjunto con la Coparmex “en asuntos de interés común”. Y las secretarías se convierten en “enlaces” para las empresas afiliadas al organismo empresarial con el objetivo de ser “proveedores de los productos y servicios que requieran”. Y, por si algo faltara, las instituciones firmantes “acuerdan compartir información relevante”.

Desde la fecha en que se firmó este convenio general, la Sedena, la Semar y la Coparmex sostienen reuniones de trabajo periódicas para “analizar y discutir temas de interés común”. Dichas reuniones ocurren, de manera alternada, en sedes de la milicia y del organismo empresarial.

La estrecha relación Fuerzas Armadas-Coparmex implica mantener una comunicación directa entre funcionarios de alto rango y la organización de los empresarios. Los enlaces directos para sostener la coordinación permanente están a cargo del jefe de Grupo de Seguimiento, Coordinación y Estadística del Estado Mayor de la Defensa Nacional (por la Sedena); del presidente de la Comisión de Estudios Especiales del Estado Mayor General de la Armada (por la Semar), y el director general de la Coparmex.

Las Fuerzas Armadas y la Coparmex no desean que se ventilen los acuerdos ni los trabajos que realizan de manera conjunta. Por ello, en el documento –cláusula décima primera– señalan: “Toda la información impresa, audiovisual, en archivo magnético o que pueda almacenarse por algún medio técnico o científico que los adelantos de la ciencia y la tecnología permitan y que se proporcionen entre sí las partes [firmantes] para el objeto del presente convenio general de colaboración, queda prohibida su divulgación a terceros”.

Ahora adquieren mayor sentido las exaltadas palabras del entonces presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, pronunciadas el 15 de febrero de 2015: “Por ningún motivo permitiremos que se metan a los cuarteles”.

En ese entonces nos preguntamos ¿quiénes son ellos, la alta burguesía, para impedir que los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ingresen a los cuarteles?

Ahora sabemos que cierran los cuarteles a la sociedad que busca a sus hijos pero se los abren al alto empresariado y hasta le comparten información y trabajan juntos.

El ofuscado empresario alcanzó a decir aquella vez –en medio del clamor social porque se buscara a los estudiantes en instalaciones militares– que ingresar a los cuarteles era como entrar “a la parte más íntima de nuestro ser”. Al parecer en esa parte más “íntima” están ellos. Ahora sabemos cuáles son lospatrones de “nuestras” Fuerzas Armadas.

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]