Como ariete para presionar al Congreso, el Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATIR), hace comparsa a los designios de sus patrones con una campaña nacional con el argumento falaz de que permitir fuentes de financiamiento a los medios de uso social pone en riesgo sus fuentes de trabajo.
La resistencia de los industriales del ramo para impedir que este tipo de medios les compitan por las audiencias y el mercado publicitario no es nueva, por eso fue que en la Ley Federal de Radio y Televisión del 60, bajo la premisa de la competencia desleal lograron que se establecieran las figuras de la concesión para fines lucrativos y el permiso para medios culturales, estatales y educativos, legalizando así un régimen discriminatorio que sigue hasta nuestros días.
Su aversión a los medios sociales, comunitarios e indígenas está ampliamente documentada y a principios de este siglo también hicieron una pletórica campaña para desacreditarlos acusándoles de ser ilegales, piratas, clandestinos y guerrilleros, esas mentiras fueron demolidas por lo hechos, al otorgarles los permisos esas emisoras demostraron que son una verdadera opción para las comunidades a las que dan servicio y una importante aportación al pluralismo en nuestro tan concentrado sistema de medios.
Si bien no pudieron impedir el reconocimiento de este sector de la radiodifusión en la reforma constitucional de telecomunicaciones, ahora pretenden que se mantengan las condiciones discriminatorias para comunidades indígenas, campesinas y ciudadanas al impedirles vías legales y genuinas de financiamiento, pues son emisoras que no tienen apoyos estatales, ni siquiera vía la publicidad oficial y sobreviven apenas con las aportaciones que les hacen sus audiencias, limitando gravemente su desarrollo.
Uno de los aciertos de esa reforma fue terminar con la esquizofrenia del régimen jurídico de las concesiones y permisos, para que todos los sectores de la radiodifusión sean ahora concesiones. Ese cambio constitucional tuvo una razón central que fue precisamente acabar con ese régimen arbitrario y discrecional, para dar paso a una igualdad de oportunidades para todos los medios a fin de hacer cumplir el derecho a la información y la libertad de expresión establecidos en los artículos 6º y 7º de la carta magna.
Constitucionalmente no hay radiodifusión de primera o de segunda clase, ni preferencia de la radiodifusión comercial sobre la no comercial. Los medios comunitarios son un mecanismo que facilita el acceso, entre otros, de los grupos vulnerables y tradicionalmente excluidos de la información pública, al debate público sobre las decisiones que les afectan e incluso al conocimiento y defensa de sus derechos.
Sin embargo, la iniciativa de ley secundaria del Enrique Peña Nieto, perpetua esas condiciones discriminatorias para que los medios sociales no puedan comercializar, y accedan de manera efectiva a las frecuencias, al imponerles los mismos requisitos y procedimientos que los medios públicos que pertenecen a instituciones del Estado, colocando a las comunidades más vulnerables en una situación de desventaja e incertidumbre jurídica, dando un trato igual entre desiguales.
Las falacias repetidas.
Afirman los concesionarios que comercializar es lucrar, lo anterior falta a la verdad ya que ignora que no toda actividad económica es una actividad lucrativa, en diversos países como Canadá, Francia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Uruguay, entre otros, se pueden adoptar una diversidad de formas de comercialización, siempre y cuando las mismas no sean propias para realizar actividades de especulación comercial. Lo mismo sucede en nuestro país con las organizaciones civiles o cooperativas que tienen capacidad para realizar actividades económicas sin que impliquen propósito de lucro. El concepto de lucro se refiere a la finalidad de repartición de ganancias entre los socios, no a la simple obtención de ingresos. El impedimento para realizar actividades económicas no lucrativas constituye una restricción al derecho de las personas jurídicas a su sustentabilidad y a su desarrollo, sin que para ello exista una justificación objetiva, razonable y proporcional, violando en consecuencia, los artículos 1 y 2 constitucionales.
La legislación civil mexicana no excluye la posibilidad de que las asociaciones civiles realicen actividades económicas de forma complementaria
y obtengan ciertos ingresos en su actividad, pues sería una sinrazón esperar que una asociación no tuviese la oportunidad para allegarse los recursos necesarios para su subsistencia. Por eso la propuesta es que los medios sociales puedan comercializar la mitad del tiempo que los comerciales, con mecanismos de rendición de cuentas y candados para que todos los recursos obtenidos sean invertidos en el proyecto social y en mejoras técnicas para su fortalecimiento.
Igual falta a la verdad la campaña del SITATYR, no se ponen en riesgo las fuentes de trabajo, lo que se pone en riesgo es el acaparamiento del mercado publicitario comercial por parte de sus patrones. El problema no es que exista poco mercado, sino que ese mercado está acaparado por los grandes grupos corporativos de la radio y la televisión, como lo esta acaparada la publicidad oficial. Tan sólo el gobierno federal en un año gastó hasta 4 mil millones de pesos en este rubro, el cual un 70% se va a las dos televisoras comerciales y el resto a los grandes grupos radiofónicos, esto sin contar la publicidad que pagan gobiernos estatales y municipales.
Cuando los concesionarios hablan de competencia desleal se muerden la lengua, porque además de comercializar se llevan una muy tajada de recursos públicos vía publicidad oficial y con propaganda encubierta. Si hay algo desleal es que en la iniciativa gubernamental se les permita una comercialización en televisión de hasta casi el 50% y en radio hasta del casi 80%, mientras pretenden que los medios operados por comunidades sigan en la miseria, violentando sus mínimos derechos constitucionales.
Sería una vergüenza que el gobierno federal y el Congreso cedan a las presiones de estos empresarios que se resisten a cualquier tipo de competencia, de ser así la reforma será letra muerta en este rubro y se habrán cambiado todas las frecuencias a concesiones para nada, para seguir perpetuando las discriminación hacia los más débiles, al mejor estilo gatopardo.
