martes, 11 de febrero de 2014
Hallan sin vida a reportero secuestrado en Veracruz
Fuentes oficiales del estado de Veracruz confirmaron que hace unos minutos fue hallado el cuerpo sin vida de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de El Liberal del Sur, sustraido por un grupo armado de su vivienda en Coatzacoalcos el pasado 5 de febrero.
El cuerpo del comunicador fue encontrado en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas junto a otros dos cuerpos.
En 10 minutos el gobernador del estado, Javier Duarte, dará una conferencia para ampliar la información.
Esta mañana, periodistas de diversos medios y organizaciones protestaron frente a la representación del estado de Veracruz en el Distrito Federal para exigir la presentación con vida de Gregorio Jiménez de la Cruz.
“El secuestro de Gregorio Jiménez nos indigna como medio, por lo que reporteros y editores de toda la república exigimos a las autoridades de Veracruz una investigación seria, transparente y expedita, y no descartar a priori ninguna línea de investigación, especialmente la que involucra su actividad como periodista”, afirmaron las organizaciones participantes en un comunicado conjunto.
De igual forma, los manifestantes exigieron que el gobierno estatal garantice la seguridad de la familia y los compañeros de trabajo de Jiménez de la Cruz.
Los comunicadores recordaron que de 2011 a la fecha han sido asesinados en Veracruz nueve de sus compañeros y cuatro más han sido reportados como desaparecidos.
Entre las víctimas de dichos delitos se encuentran Evaristo Ortega, del semanario Espacio, Gabriel Fonseca, de Diario de Acayucan, y Sergio Landa, de Diario Cardel.
Aprueba Senado reformas antiterrorismo; criminaliza la protesta social: PRD
México, DF. Con el voto en contra del PRD y PT, el Senado de la República aprobó en lo general reformas a diversos ordenamientos, a fin de crear un nuevo tipo penal de terrorismo, que, a juicio de perredistas y petistas, criminaliza la protesta social y posibilita que los grupos de autodefensas de Michoacán, los trabajadores de Aeroméxico o los maestros disidentes sean considerados como terroristas.
La votación fue de 83 votos a favor y 22 en contra y comenzó la discusión en lo particular.
Se trata de reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otras leyes en materia de seguridad pública, que sanciona hasta con 40 años de cárcel por actividades terroristas, e incluye entre éstas el “apoderarse” o “ejercer control de plataformas marítimas e instalaciones aeroportuarias.
“Se busca criminalizar cualquier protesta contra instalaciones petroleras, quizá en previsión de que a futuro serán privadas”, recalcó la senadora Dolores Padierna, mientas que el también perredista Alejandro Encinas hizo notar que se trata de una minuta con serias imprecisiones , que no define claramente el delito de terrorismo , por lo que todo se deja a la discrecionalidad de los jueces. Se restablece, recalcó, el delito de disolución social, principal elemento con el que el gobierno mexicano persiguió a los opositores en décadas pasadas
Se trata de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que pasó ya por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el último párrafo del Artículo 139 del Código Penal Federal , en el que se se establecía que : “no se considerarán como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional”.
Aunque ese párrafo se eliminó, en la exposición de motivos se mantiene como excluyente del delito de terrorismo. El panista Roberto Gil Zuarth, quién defendió el dictamen –aprobado un día antes en una sesión a puerta cerrada- dijo que fue precisamente para que no se generalice y haya alguna excepción que de pie a sancionar la protesta social.
Senadores del PRD y PT pidieron que no se aprobara con tanta celeridad, que se abra un debate público, en el que participen expertos y defensores de derechos humanos, pero Gil Zuarth respondió que se debe aprobar hoy mismo, ya que el jueves hay reunión del GAFI -Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales- y es necesario que se sepa que se modificó ya la legislación para cumplir con sus recomendaciones.
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