Por Patricia Dávila / Proceso -28 Noviembre 2011
Parece el guión de una película de terror. No lo es.
Es la historia de don José Morales, secuestrado, amenazado y chantajeado por funcionarios y exfuncionarios del más alto nivel en el estado de Durango, uno de los cuales ahora forma parte del equipo del aspirante presidencial priísta Enrique Peña Nieto. Don José narra a Proceso la pesadilla que vivió pese a saber que aún corre riesgos. “Tengo que denunciarlo”, afirma.
A las seis de la tarde del 1 de junio de 2011 José Morales y su hijo –del mismo nombre– daban un paseo a pie cerca de su casa en la colonia La Herradura, Estado de México, cuando una camioneta doble cabina color gris plata, sin placas, los interceptó.
Cuatro hombres armados bajaron de ella.
El más alto y fornido preguntó por José Morales.
Éste respondió: “Soy yo”.
El hombre fornido lo sujetó con un brazo por el cuello, le dijo que era comandante y lo subió a la camioneta.
“Supe que era un secuestro.
Mi hijo intentó rescatarme.
Lo contuve.
Quise evitar mayores males.
Circulaban en sentido contrario.
Aunque me llevaron con la cabeza gacha, noté que tomamos hacia Querétaro.
Iba nervioso.
Me quitaron el celular.
Les pedí que me permitieran llamar a mi familia y se negaron.
De pronto nos desviamos hacia un paraje antes o después de Querétaro, no sé.
Me dejaron en una construcción rodeada con barrotes”.
Cuenta la historia don José Morales quien –por conducto de su sobrino, el abogado Germán Cruz– solicitó una entrevista con Proceso.
Lleva en las manos una carpeta de piel color azul marino.
Lo acompaña Cruz.
En la carpeta está el cúmulo de hojas y fotografías que componen el expediente judicial 69/2010.
Mientras José Morales era trasladado a Querétaro, su hijo daba a su primo Germán los detalles del secuestro.
“Por la descripción le dije que era un secuestro, pero me recordó que el plagiario se identificó como comandante.
Hablé con un abogado amigo de la familia y empezamos a buscar a mi tío en las procuradurías del Estado de México y del Distrito Federal, en la Cruz Roja y en hospitales.
No estaba”.
Hacia las 20:30 el hijo recibió una llamada a su celular: Escuchó la voz de un hombre: “O nos pagas 13 millones de pesos o vas a encontrar a tu papá en pedacitos”.
Colgó.
A las 23:30, otra llamada: “Junta 13 millones en efectivo.
Te indicaremos en dónde será la entrega”.
A las 0:30 horas otra llamada: “Ve a Durango”.
“¿A la calle de Durango?”, preguntó José hijo.
“No, pendejo.
No es una broma.
Al estado de Durango.
Cuando llegues te hablo para decirte en dónde entregues el dinero”.
Amaneció el 2 junio.
José Morales sigue el relato de su secuestro.
Insaciable, una y otra vez bebe el agua del vaso que tiene frente a él, sobre la mesa de la sala de lectura del semanario.
Su boca seca le obliga a hacer pausas continuas.
Reanuda el relato: “La mañana del jueves 2 un hombre rapado llegó por mí a la construcción.
Me ordenó que subiera a la camioneta.
Poco después se unieron dos de los hombres que me secuestraron.
Tomaron rumbo a Durango”.
Una vez en la capital del estado, para su sorpresa lo llevaron a las oficinas de la Fiscalía General.
Ahí permaneció largo rato.
Cuando fueron por él, sin explicación alguna lo condujeron nuevamente a la camioneta y en ellalo sacaron de la fiscalía.
Durante un tiempo dieron vueltas en las cercanías del penal y finalmente lo llevaron a la cárcel: “Me fotografiaron y tomaron huellas de toda mi mano.
Me alegré.
Pensé que al menos quedó un registro de dónde estaba”, dice.
Lo llevaron al área de reos de nuevo ingreso.
Sus compañeros le prestaron cobijas, le regalaron un jabón y le dijeron que después de las 21:00 horas los dejaban usar el teléfono; le facilitaron una tarjeta.
Mientras tanto, ese mismo 2 de junio su hijo y su sobrino, acompañados por un abogado, iniciaban otro viacrucis: Tomaron el primer vuelo que encontraron a Durango.
Llegaron a esa ciudad a las 11:30 de la mañana y se hospedaron en el hotel Milenio.
Los plagiarios no hablaban.
Los tres salieron a buscarlo a la cárcel municipal, la fiscalía y el penal estatal.
No lo encontraron.
Después del mediodía sonó el celular de José hijo.
La misma voz quería saber si traía el dinero.
José le pidió una prueba de vida de su padre.
Fue una osadía: “Nosotros no tenemos que darte nada.
¿Pagas o lo quieres muerto? Te lo voy a decir muy claro.
Si pudimos traernos a tu papá, ¡imagínate lo que podemos hacer! El fiscal general Ramiro Ortiz Aguirre está enterado de este asunto”.
No lo podían creer.
Recordaron que el pasado 31 de enero Ortiz Aguirre y un agente del Ministerio Público fueron acusados por el señor Polo Valenzuela de proteger a los secuestradores de su hijo Leo, a quienes él logró identificar plenamente.
Polo Valenzuela fue asesinado la mañana del 4 de febrero.
A casi un año de su homicidio, su caso sigue archivado.
Estupefactos, José, Germán y el abogado que los acompañaba regresaron al hotel.
A las 18:30 recibieron otra llamada.
José puso el altavoz: “Te esperamos a las nueve de la noche en el bar del hotel Gobernador.
Ven solo”, le ordenaron.
No fue solo.
A la cita acudieron los tres.
En el lugar no sabían a quién dirigirse.
De pronto José reconoció a uno de los secuestradores; éste se le acercó.
Igual que hizo cuando plagió a su padre, con el brazo le rodeó el cuello y lo llevó a una mesa en la que lo esperaban varios hombres: seis tatuados, uno con cachucha roja y otro de baja estatura.
Le reclamaron haber llegado acompañado: “¿Quieres que hable para que lo maten?”, amenazó.
Respondió el hijo: “¡Espera! No tienes por qué ponerte así.
Dijiste que eres comandante, ¿por qué pides un rescate? ¿Por qué lo trajiste a Durango?”.
El hombre contestó: “Siéntate cabrón, te lo vamos a decir…”
Los acompañantes del secuestrador se pusieron de pie, los rodearon y los despojaron de celulares, radios y cámaras fotográficas.
Portaban armas a la cintura.
En el bar del hotel los clientes observaban impactados pero nadie intervino.
Ni el personal de seguridad.
El llamado comandante se presentó: “Soy Marco Antonio de Haro Rosales, primo hermano de Hugo Rosales Badillo, exsecretario de gobierno del estado, que tiene el despacho de abogados más poderoso de aquí.
Te dije que de esto está enterado el fiscal y también el gobernador.
Si no colaboran y nos dan los 13 millones, le damos en la madre a tu papá”.
Germán sigue el relato: “Se puso de pie el chaparrito.
De Haro nos dijo que era su colaborador.
Él asintió y se identificó: ‘Soy Phillip Brubeck.
Mira cabrón, pagas o tu papá se muere.
Queremos negociar con ustedes, pero tanto Marco de Haro como yo tenemos la facultad para hacer una llamada y matarlo’”.
“De Haro aclaró: ‘En 2006 tu papá no entregó unos equipos para la fabricación de mezcal y el Consejo Estatal de Mezcaleros –con quien se firmó el contrato– quiere su dinero’.
Mi primo le dijo que sí estaban instalados, que todavía en mayo vino mi tío y que un ingeniero de la empresa asesoró a los ejidatarios para que manejaran el equipo.
Alfredo Conde y Valente Salas, representantes de las empresas, firmaron de recibido.
Intervine: ‘De acuerdo, regresamos los 13 millones y nos entregan el equipo’.
Marco Antonio respondió: ‘No, cabrón, esos equipos se quedan como pago de daños y perjuicios’.
Lo interrumpí: ‘¿Ves? Reconoces que sí existe el equipo’”.
Brubeck se dirigió a mi primo: “Eres un chamaco pendejo.
Para nosotros no existe el equipo.
Nos vas a pagar a la buena o a la mala”.
Todos se pusieron de pie.
Los hombres tatuados hicieron amago de sacar las armas.
El bajito añadió: “Hijos de la ching.
.
.
, o pagan o se mueren ustedes también.
Rosales Badillo y el fiscal apoyan esta causa”.
Se jactó de ser quien proporcionó el domicilio del señor Morales.
Más tarde, al investigar los antecedentes de los plagiarios, se enteraron de que Brubeck es director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía del estado y que por su cargo tiene acceso a información confidencial de proveedores y beneficiarios.
Los primos y el abogado se encaminaron al acceso del hotel para retirarse: “Al abrir la puerta de cristal nos alcanzaron.
Marco sujetó a mi primo y le dijo: ‘Ven hijo de la ching.
.
.
Brubeck lo increpó: ‘Te voy a dar una muestra de que nosotros sí tenemos poder’.
Tomó su celular, marcó un número, puso el altavoz y preguntó: ‘¿Tienen a ese cabrón con ustedes todavía?’.
‘Sí’, le contestaron.
‘Si en tres minutos no te hablo, lo matas’, agregó.
Mi primo no pudo más: soltó el llanto”, narra Germán.
José Morales se aprieta las manos y se esfuerza por no llorar mientras sigue atento el relato de su sobrino:
“De Haro le preguntó cuánto dinero traía.
Mi primo le dijo que 200 mil pesos.
Se los pidió y, benevolente, le concedió un día más para reunir los 13 millones.
Además le ordenó pagar los 9 mil pesos que consumieron en el bar.
Los hampones nos rodearon.
Nos mostraban sus armas.
Se acercó el tipo que siempre permaneció callado, el de la gorra roja.
Se dirigió a mi primo: ‘Es muy sencillo, si me da el 35% de lo que le exigen los compadres, puedo ayudar a su papá para que no le pase nada’.
‘¡¿Cómo?! No los tengo’, le respondió”.
De regreso al hotel notaron que eran vigilados por una persona que conducía un Grand Marquís oscuro, sin placas.
Los vigiló toda la semana que permanecieron en Durango.
Ya en la habitación, pasadas las 21:00 horas José recibió otra llamada telefónica.
Con sorpresa escuchó la voz de su papá.
Cuando menos ahora sabía que estaba vivo y bien, aunque preso.
Don José les habló de una amenaza de muerte que recibió al entrar al penal.
Se preocuparon pues recordaron que dos semanas antes ahí mataron a 20 reos.
Complicidad del juez
El 3 de junio muy temprano fueron a buscar a don José al Cereso de Durango.
Recorrieron todos los juzgados.
No estaba registrado.
Por fin una abogada les comunicó que estaba en el Juzgado Segundo de lo Penal y que estaban por tomarle declaración preparatoria.
Encontraron a don José tras la rejilla de prácticas y ahí fue cuando escucharon que lo acusaban de fraude genérico por no instalar las fábricas mezcaleras.
“Pedí el expediente a la secretaria de Acuerdos.
De atrás de una puerta que está dentro del juzgado salió un tipo y amonestó a la licenciada por prestarme el expediente.
Le dije: ‘¡Oye!, no sé de leyes pero soy el acusado y tengo derecho a leer de qué me acusan’.
Después supe que el señor es el agente del Ministerio Público de nombre Martín Hernández, el mismo de la cachucha roja que la tarde anterior acompañó a los secuestradores y le pedía 35% de los 13 millones a mi hijo”, cuenta don José.
Interviene Cruz: “Me acerqué al juez Juan Manuel Lira Gallegos, le comuniqué lo sucedido con esa persona y respondió: ‘¿Qué quiere que haga? Ustedes hagan lo que tengan que hacer’.
Nos quedamos pasmados.
Perplejos”.
“Su Señoría”, dijo Germán, “¿cómo es posible que secuestren a mi familiar, lo traigan sin una orden de aprehensión ni de presentación ni de colaboración con la Procuraduría de Justicia del Estado de México? No existe ni el parte de la Policía Judicial ¿Así lo va a declarar? ¿Sabe lo que está haciendo? Viola los artículos 16 y 19 constitucionales”.
El juez no respondió.
Continúa: “‘¡Ah!, por lo que veo es muy claro que todos están confabulados’, le dije al juez.
Respondió: ‘No me ofenda’.
‘Están rayando en lo absurdo: MP, jueces, autoridades y exfuncionarios coludidos, ¿dígame mejor de qué se trata y cuánto le dieron’.
‘Prosiga la audiencia y platicamos’, respondió el juez”.
El abogado de la familia Morales analizó el expediente, notó que en el punto V se señala que los equipos no fueron entregados y vio que hay una pericial y una inspección ministerial con fotos y algunas cosas que no son congruentes con la realidad.
Además está asentado un avalúo de la maquinaria de 12 millones 735 mil pesos sin IVA, que un perito local realizó sin tener la maquinaria a la vista.
Germán solicitó de inmediato una inspección judicial.
El Ministerio Público (MP) se opuso a la inspección, porque que ya había una en el expediente: “Le dije al juez que no podía oponerse, de lo contrario me iría al Distrito Federal a denunciar las irregularidades.
Se molestó, pero la otorgó”, recuerda Cruz.
Ese mismo día se hizo la inspección: Acudieron al poblado de Pino Suárez, en Durango, el MP, la secretaria de Acuerdos y otros enviados del juzgado, quienes dieron fe de la existencia de la maquinaria instalada.
Al día siguiente, 4 de junio, fueron al municipio de El Mezquital.
Pero ahí, a la fábrica llegaron hombres armados, entre ellos Marco Antonio de Haro y el MP.
El primero aleccionaba al segundo.
Germán Cruz se atrevió a tomar algunas fotos que entregó a Proceso junto con una copia íntegra del expediente jurídico; una lista de las placas de los seis automóviles desde los que los vigilaron, todos registrados a nombre de hermanos de Hugo Rosales, exsecretario de Gobierno –quien ahora forma parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto– y un legajo de copias de notas periodísticas que mencionan secuestros operados desde la Fiscalía y en contubernio con Rosales.
“El día 5 le pregunté: ‘Su señoría, de cuánto será la fianza para sacar en libertad bajo caución a mi tío; puesto que acreditamos la existencia e instalación de la maquinaria se desvanece el cargo que le imputan en el punto V’.
Nos pidió que esperáramos y después de una hora nos llamó para decirnos que la fianza era de 13 millones de pesos, más 60 mil por sanción pecuniaria y 10 mil por multa.
‘¿Es en serio lo que dice?’, le pregunté.
No reconsideró.
Ésta es la fianza más alta que se ha fijado en el estado”, asegura Cruz.
Al salir del juzgado, De Haro los interceptó una vez más: “Va a pagar o no va a pagar”, le preguntó al hijo de don José.
Ya en la Ciudad de México “tuvimos problemas para obtener una fianza tan alta.
Es fácil sacar una industrial para un contrato de licitación o para ejecutar una obra civil, pero no para esta causa.
Por fin, la afianzadora Sofimex la expidió, sólo había que esperar la semana que lleva el trámite”.
Amenazas de muerte
Mientras tanto en el penal don José Morales recibió una visita.
Al llegar al locutorio vio que lo esperaba De Haro y prefirió regresar a su celda: “Después supe que este señor solicitó que me pasaran a otra área.
Me dijeron que contrató a una persona para que me matara.
Afortunadamente me dejaron en el mismo lugar.
Ya conocía a los presos.
Me levantaba a las cinco de la mañana a la fajina: Limpiar, barrer… me servía de distracción”, narra, perturbado.
Interviene su sobrino: “Nos preocupó saber que seguían amenazándolo.
Por fin llevamos la fianza al juzgado, se la exhibimos al juez y nos dijo que no podía entregarlo porque faltabaun nombre de mi tío.
Le dije: ‘Señoría, ¿cómo es posible?, le estoy trayendo una fianza con el nombre exacto de mi tío y además aquí viene su hijo y viene un representante de Sofimex y puede avalar que es la persona’.
Pidió que regresáramos a México a cambiar el documento”.
Se alteró: “Le dije: ‘Juez, qué lastimoso y qué doloroso saber que la delincuencia organizada no son los narcos, no es la gente que anda afuera robando, extorsionando; la delincuencia organizada son ustedes.
Ustedes se organizan aquí para que estos individuos secuestren y extorsionen como lo hizo Marco Antonio con mi tío.
¡No es posible que no lo quiera liberar! Vamos a denunciarlo por privación ilegal de la libertad, porque usted sabe que existe jurisprudencia y mientras no varíen los apellidos no hay problema’.
En eso entraron De Haro y Brubeck; lo presionaron para que no lo liberara”.
Interviene don José: “No se imaginaron que podíamos obtener la fianza.
Supusieron que me iban a tener guardado un mes o mes y medio.
Ganando tiempo para que les diera el dinero en efectivo”.
Confirma su sobrino: “Cuando De Haro y Brubeck se dieron cuenta de que llevábamos la fianza nos pidieron que les diéramos el dinero a ellos y que irían a entregarlo a los ejidatarios”.
Abandonaron el juzgado.
En la puerta del penal los alcanzó el juez y les dijo que iba a liberar al señor Morales y le fijó audiencias mensuales.
Después de media hora salieron del penal con don José, en un coche rentado, y se fueron directamente al aeropuerto.
Con militares custodiando la zona, lo consideraron el lugar más seguro para esperar durante seis horas la salida del vuelo al DF.
En la primera audiencia, el pasado 8 de julio, estaban De Haro y Brubeck con 12 hombres armados en el juzgado: “Nos interceptaron y amenazaron a mi primo José: ‘Tú, pinche niño, también te vamos a matar.
¿Piensas que lo tienes todo controlado? Esa pinche fianza que metieron…’
“Esa vez llevamos a Carolina Alonso Padilla, perito del Tribunal Superior de Justicia del DF, especialista en el área.
Rindió un peritaje y avalúo de la maquinaria.
De Haro le dijo que era una cualquiera, una pinche vieja y que le iba a dar en la madre… La empujó, le alcanzó a pegar.
Ella le preguntó al juez que cómo era posible que permitiera que la agredieran.
‘No puedo hacer nada’, respondió”.
Para el 12 de octubre, fecha de otra audiencia, fueron con Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de Durango desde el pasado 13 de julio.
Fuentes de la Procuraduría General de la República aseguran que Ramiro Ortiz fue destituido por no aprobar el examen de confiabilidad.
“Le narramos todo.
Pidió copia del expediente.
Notificó al gobernador que no existían elementos para librar una orden de aprehensión, tampoco de colaboración, de detención ni presentación”.
También acudieron con el secretario de Gobierno Héctor Vela, a quien le solicitaron garantías.
–¿Pasó el peligro? ¿Está consciente de los riesgos que corre al denunciar? –pregunta la reportera a don José, quien suelta el llanto contenido durante tres horas de entrevista.
–Tengo 65 años.
He vivido.
La familia es lo que me preocupa.
Sé que habrá reacciones.
Pierde un poco la compostura: “¡Mire, lo que me hicieron no tiene madre! ¡Es inaudito! Mucha gente se calla por miedo.
Estas cosas se tienen que decir.
Vivo de mi trabajo y no puedo permitir que una bola de mafiosos y rufianes abusen y traten de hacerse ricos con el dinero de los demás.
Sé el riesgo que corro pero tengo que denunciarlo.
Así me educaron, para bien o para mal.
”
El llanto es incontenible.
Se disculpa mientras limpia sus lágrimas.
Le es imposible hilvanar una frase.
Las palabras le salen entrecortadas.
“Decidí denunciar porque nos enteramos de un caso similar, el de don Polo…”
En breve don José se presentará ante el juez Lira Gallegos en Durango para solicitarle que se decrete su libertad por “desvanecimiento de datos”.
