viernes, 4 de noviembre de 2011

Jacobinos

Pactar con criminales


Carmen Aristegui F.


Llama la atención el escaso o nulo espacio dedicado por una parte importante de la prensa mexicana a lo que será el trascendente juicio en contra del hijo de El Mayo Zambada, uno de los principales capos mexicanos del crimen organizado, que iniciará a principios del año en Estados Unidos. Ahí se ventilará uno de los grandes temas que han marcado a las administraciones Bush, Obama y Calderón: la sospecha de sostener una estrategia sesgada en el combate al crimen organizado a favor del cártel de Sinaloa.

Vicente Zambada Niebla, recluido en una cárcel federal de Michigan, recientemente transferido por razones de seguridad, espera ser sometido a juicio en una Corte Penal Federal de Chicago. En etapa preparatoria, el juicio arroja luces ya de lo que se avecina.

Los abogados del inculpado han sostenido que existen acuerdos firmados entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos: “El gobierno está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA Humberto Loya Castro”, dijo el abogado Edward Panzer, ante el juez federal Rubén Castillo, según se informa en el amplio reportaje de Jesús Esquivel, en Proceso esta semana, titulado “Juego de traiciones”. Eso es lo que parece ser, entre quienes, se presume, han jugado ese juego peligroso que involucra a autoridades y criminales en ambos lados de la frontera.

La Corte ha empezado a recibir documentos oficiales sumamente comprometedores para las autoridades norteamericanas, especialmente para la DEA.

Anabel Hernández, de Reporte Índigo, ha mostrado y leído ante las cámaras de CNN el documento en donde se especifica el alcance y naturaleza del pacto entre dos agentes de la DEA y Humberto Loya Castro, abogado y conexión con el cártel de Sinaloa. Por increíble que parezca, el documento existe; fue firmado por las partes, entregado al juez por la propia Fiscalía y, acorde a las fechas especificadas, el documento aún tiene vigencia.

Loya y la DEA aceptan, en el texto, que el primero puede cometer delitos y otras actividades si mantiene enterada a su contraparte. Ahí radica el corazón de la estrategia de defensa, que pretende que se reconozca que las actividades cometidas por él y su organización contaron con el conocimiento, anuencia y protección de las autoridades en Estados Unidos. Ni más ni menos. En el cártel, a su vez, dicen sus abogados, le proporcionaron información a la DEA relacionada a otras organizaciones criminales, contrarias a la suya, y permitieron la captura o muerte de algunos de ellos.

Difícil creer que un pacto así esté firmado pero ahí está, como parte de los documentos oficiales, el signado por Loya que sirve ya para la causa penal.

La Fiscalía, que acusa a Zambada, alega que los agentes de la DEA, si bien firmaron el pacto, no tenían autoridad para hacerlo ni atribuciones para comprometerse a garantizar la inmunidad para Zambada, como alega su defensa.

La información presentada por Anabel Hernández indica que hubo varios encuentros entre Loya y los agentes de la DEA antes de firmar el pacto de inmunidad. El primero, en Monterrey. Los contactos empezaron en 2005 según la Fiscalía, aunque la defensa afirma que fueron varios años atrás.

En la audiencia del 27 los abogados insistieron al juez Castillo que Loya es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA “… pasa información directa al gobierno de Estados Unidos de lo que dicen El Mayo y El Chapo y a la inversa”.

Dijeron también que, su testigo clave, Loya Castro, estaba siendo intimidado por la DEA y que ahora no les toma ni las llamadas.

Esquivel menciona que, de acuerdo a los documentos presentados, en enero de 2009 los agentes de la DEA y un funcionario del Departamento de Justicia le dijeron a Loya que “el pacto de inmunidad” había sido aprobado para Zambada Niebla, por colaboración como informante. Los abogados de Zambada se reunieron con Loya entre marzo y julio de 2010 en un hotel de la Ciudad de México para hablar de cómo se presentaría como testigo en el juicio. Sin embargo, afirman que la última reunión acordada con él para realizarse, de nuevo, en la Ciudad de México ya no fue realizada.

Por sus implicaciones, el juicio al hijo de El Mayo Zambada se perfila como un asunto de Estado, para las dos naciones.

La Fiscalía deberá desclasificar y entregar, en pocos meses, informes y documentos exigidos por el juez federal. La defensa de Zambada hará lo propio. Estaremos pronto frente a una caja de Pandora.

Caen en Juárez dos federales secuestradores; pedían cinco millones por su víctima

La Redacción
4 de noviembre de 2011 · 2 Comentarios
Destacado
MÉXICO, D.F. (apro).- Dos elementos de la Policía Federal (PF) que secuestraron a una mujer fueron detenidos la noche del jueves por policías municipales luego de una persecución.

La familia de la víctima interpuso una denuncia, por lo que oficiales municipales del distrito Universidad lograron rescatar a la plagiada, quien fue “levantada” y llevada por los federales al hotel Puesta del Sol, ubicado en las calles Vicente Guerrero y Vicente Suárez.

Los agentes de la PF, identificados como Alberto Rosas Ortega y Adrián Hernández Escobedo, exigían cinco millones de pesos por liberar a la mujer.

Los federales fueron arrestados cuando andaban vestidos de civil. Traían en su poder dos armas de fuego calibre .9 milímetros y viajaban en un automóvil Chrysler de modelo reciente, color negro, con reporte de robo, informó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La corporación preventiva también capturó a Claudia Ivonne García Montaño, de 41 años, quien se encargaba de cuidar a la víctima en el sitio donde permaneció encerrada.

Los tres detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para que respondan por los delitos de secuestro, amenazas y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y las fuerzas armadas.

A finales de septiembre pasado, un empresario de esa ciudad fronteriza fue rescatado luego de ser plagiado por agentes federales

El control. Luis Javier Garrido



La violencia extremada por el gobierno de facto de Felipe Calderón en diversos ámbitos del país es parte de la estrategia acordada por el panista michoacano con sectores de extrema derecha de Washington para obtener la ayuda estadunidense a fin de imponer a su candidato en la silla presidencial en 2012 a cambio de seguir él entregando el control de la economía, de los recursos básicos, de la seguridad nacional y hasta de las instancias de gobierno a Estados Unidos.


1. El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más directa a México en lo militar, lo político y lo económico como vía para disponer impunemente de nuestras riquezas estratégicas, ha avanzado en este fin del sexenio calderonista por las concesiones sin límite que hace el gobierno del PAN, amparado por la complicidad de los partidos, del Congreso, de la Suprema Corte y de los poderes locales, pero también, y esto es lo más grave, de un sector significativo de una sociedad manipulada como pocas veces en su historia.

2. Washington está consiguiendo así en México gracias al papel de Calderón y del PAN con la llamada “guerra contra el narco”, que en realidad es contra el pueblo de México, lo mismo que con guerras mucho más costosas ha ido alcanzando en Afganistán, Irak o Libia: reducir a estados soberanos a la calidad de simples territorios de ocupación o protectorados para lograr el saqueo de sus recursos fundamentales, empezando por el gas, el petróleo y la minería.

3. Lo más significativo de este final del gobierno espurio de Calderón no lo constituye su entreguismo, sino que el mismo ya no suscita sino reacciones cada vez más limitadas, por el hecho evidente de que los funcionarios panistas no defienden ya los intereses de México, sino los de EU con el argumento peregrino de que con la Iniciativa Mérida impulsan la globalización.

4. Las injerencias estadunidenses en la vida institucional de México, que hace tres cuartos de siglo hubiesen producido reclamos contundentes o la expulsión de sus diplomáticos, no provocan hoy más que el aval de los funcionarios panistas. Luego de que Hillary Clinton insistió por enésima vez ante un subcomité de la Cámara de Representantes en que los cárteles mexicanos realizan actividades similares a las de los grupos terroristas, abriendo el reclamo a una intervención más directa, las autoridades mexicanas guardaron silencio.

5. Al igual que hicieron tras los señalamientos de The Washington Post el 28 de octubre de que el Ejército, la Marina y la Policía Federal buscan por todos los medios bajo el mando de la DEA a El Chapo Guzmán, traicionando así Obama y Calderón a su aliado en un afán de imponerse en 2012. Como también cuando se ha desatado una campaña histérica en sectores de EU insistiendo en que los cárteles y la violencia de México amenazan como ninguna fuerza en el mundo el american way of life y se señala a El Chapo como el hombre más peligroso y rico del planeta: más letal que la mafia italiana por haber tomado el control de Chicago, según dijo el miércoles 2 Jack Riley, miembro de la DEA, que hace unos días todavía lo protegía. Lo cual no obsta para que Forbes lo sitúe en el número 55 como el hombre más rico del mundo: debajo de otros mexicanos que ahora se sabe forman parte también, desde otra vertiente, del crimen organizado.

6. El proyecto totalitario de Washington de centralizar en un mando único las policías federal, locales y municipales de México, con el propósito de que las agencias estadunidenses tengan más fácilmente el control del país, sin importar el orden constitucional –ni el régimen federal y la autonomía municipal–, lo ha tratado de seguir imponiendo Calderón, enmedio del desastre institucional, sin oposición de los poderes locales. En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional el último día de octubre, los gobernadores, sin dignidad y sin respeto al federalismo, aceptaron la centralización, la injerencia estadunidense y hasta el regaño de Calderón por los escasos avances en la llamada limpia policiaca y doblaron la cerviz, empezando por Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino ahora ardiente calderonista.


7. La gravedad de los hechos no puede desconocerse. La violencia de la guerra impuesta por Calderón a los mexicanos haciéndole el juego a Estados Unidos causó tan sólo en octubre mil 45 muertes, que no sólo son atribuibles a los cárteles o crimen organizado –como decía la cabeza de la nota de La Jornada que da cuenta de esto el 2 de noviembre–, sino también y de manera cada vez más importante a las fuerzas federales (dirigidas por agentes estadunidenses), a los paramilitares del gobierno calderonista –que se llevan las palmas– y al fuego cruzado, todo ello en el contexto de un conflicto generado por el gobierno panista para amedrentar y someter a los mexicanos y que ha hecho de la violencia un arma fundamental de gobierno siguiendo el modelo colombiano. Sin olvidar que muchos estudiosos señalan que gobiernos como los de Colombia, Estados Unidos o México, por sus intereses en el narco, deben ser también considerados componentes del crimen organizado.

8. Este incremento de la violencia armada a unos días de las elecciones locales de Michoacán fue señalado desde hace meses como una de las tres vías a las que recurriría Calderón para tratar de sentar a su hermana la Cocoa en la silla de gobernador, junto con las manipulaciones prelectorales de las dependencias del Ejecutivo, que con todos los recursos materiales, logísticos, económicos y políticos del gobierno federal buscan imponer a su candidata (la violencia electoral), a lo que se aúnan las campañas negras a las que son tan afectos los panistas y la derecha en casi todo el mundo (la violencia mediática). El atentado que costó la vida al presidente municipal panista de La Piedad el miércoles 2 empezó a ser visto ya, por consiguiente, como parte de este escenario oficial que se inició con el bombazo del 15 de septiembre de 2009 en Morelia y prefigura lo que va a ser 2012.

9. El grupo panista sabe bien que no podría imponer a Ernesto Cordero en Los Pinos de no destruir las posibles candidaturas de Andrés Manuel López Obrador (PRD) y de Enrique Peña Nieto (PRI), y a eso ha estado dedicado. Pero, como en el caso de López Obrador, a pesar de cinco años de campañas negras, no ha logrado mermar su imagen, que se ha fortalecido con el respaldo de la Morena –el movimiento social más importante de los decenios recientes–, por lo que al aproximarse ahora la encuesta que definirá al candidato de las izquierdas, busca en estrecha alianza con los chuchos del PRD imponer fraudulentamente al neoliberal Marcelo Ebrard, quien tiene nula aceptación en la capital y en el resto del país y no podría salir victorioso en una encuesta imparcial.

10. El pueblo no ha perdido en este escenario su dignidad y así por diversos medios su ¡Ya basta! sigue anunciando su capacidad de lucha y de resistencia.

¿Sacarlo o desaparecerlo?


Voto de miedo


Continúa la vida-Ahumada


Green Go