¡¡ESTOS SON LOS CULPABLES !!
¡¡Exijamos lo imposible!!
Estado de los ESTADOS
Por Lilia Arellano
Inhabilitan a ex funcionarios de EB
Horcasitas y Karam son intocables
Calderón endurece marco jurídico
Van 66 periodistas asesinados: ONU
ABC de la impunidad
“En la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe verdadero amor en este mundo”:
Isadora Duncan
Dentro del avanzado proceso de sucesión presidencial para sustituir a Felipe Calderón, todo parece indicar que la norma jurídica rectora a aplicar en los próximos meses será sin duda: “a los amigos, gracia; a los enemigos, aplicación de la ley”.
Así lo indica el sentido caso de los niños de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que la Contraloría General del Gobierno del Estado que encabeza el panista Guillermo Padrés —quien precisamente llegó a esa gubernatura empujado por la indignación de la ciudadanía sonorense ante la tragedia donde fallecieron 49 menores y quedaron severamente heridos otros 80— determinó inhabilitar por 10 años para ocupar cargos públicos a cinco ex funcionarios de la anterior administración del priísta Eduardo Bours. Mientras, los altos burócratas de la administración calderonista implicados y que tiene una gran responsabilidad no sólo no se les ha tocado, sino que han sido protegidos con un alto blindaje federal de impunidad.
A dos años de la mayor tragedia infantil en México, ocurrida el 5 de junio de 2009, concluyó la investigación de la Contraloría del gobierno panista por el incendio de la Guardería ABC —que se derivó de un siniestro en una bodega conjunta que se trasladó a la estancia infantil, la cual no contaba con las medidas de seguridad mínimas, como lo confirmó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un oficio publicado en julio de 2005— y se encontró responsabilidad administrativa.
La guardería subrogada por el IMSS fue una concesión directa del gobierno sonorense a personas cercanas a sus filas políticas y no cumplía con las medidas de seguridad contempladas por la ley.
El contralor del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, informó que los funcionarios de la anterior administración del priísta Bours que fueron declarados culpables por omisiones son: el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Gilberto Inda Durán, por no colocar una unidad interna de protección civil en la bodega que inicio el incendio y luego afectó la estancia infantil; el ex director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Wilebaldo Alatriste Candiani, por omisiones en la inspección de la bodega contigua a la guardería; el jefe de Departamento de Control de Vehículos de la Secretaría de Hacienda Estatal, José Luis Melchor Islas, por ser el responsable de la bodega; y el coordinador ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Rodríguez.
El funcionario precisó que aún hay dos expedientes en trámite que están por resolverse en contra de ex servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, Fausto Salazar y Ernesto Vargas Gaytán.
Mientras que contra el ex gobernador priísta Eduardo Bours, desaparecido de la escena política desde que dejó su cargo a finales del 2010, se tiene un amplio expediente que será utilizado en el momento en que los tiempos electorales sean adecuados para garantizar el mayo impacto mediático en contra de las aspiraciones del PRI de recuperar la Presidencia de la República, para los funcionarios integrantes de la actual administración federal que encabeza Felipe Calderón que estuvieron implicados, principalmente el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, premiado primero con la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y luego habilitado como operador político de Calderón en la dirigencia nacional del PAN como Secretario de Acción de Gobierno, así como el actual director del Seguro Social, Daniel Karam, se construyó todo un blindaje jurídico que les garantiza total impunidad.
El caso de la Guardería ABC fue revisado hace un año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en una resolución sumamente polémica y cuestionada los ministros determinaron que hubo serias violaciones a los derechos humanos de los infantes, pero se negó a señalar a los responsables directos.
La indignación de los padres de los niños fallecidos y heridos, del pueblo de Sonora y del pueblo de México en general se mantiene, así como la exigencia permanente y nunca acallada de “¡justicia!” que se les ha negado. Los afligidos padres están decididos a mantener con vida el caso ante la negativa de la administración federal calderonista de hacer justicia, para lo cual crearon un documental sobre el incendio titulado: “ABC: justicia, justicia, justicia”, elaborado por la organización civil México de Mente, que recoge precisamente los testimonios de los paterfamilias y que busca motivar la acción ciudadana sobre un caso que ha mostrado la incapacidad del Estado mexicano de dar justicia.
En la cinta, que no tuvo como finalidad llegar a una conclusión sumaria ni emitir veredictos, sino mostrar la historia de las familias afectadas por la tragedia infantil, aparece el actual operador político de la dirigencia nacional del PAN, Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, organismo público encargado de la regulación de las guarderías subrogadas, y quien es señalado por la organización Movimiento Ciudadano 5 de junio, integrado por algunos de los deudos, como uno de los principales responsables de la tragedia.
El padre de una de las niñas que fallecieron, Emilia, Abraham Fraijo, destacó que “es necesario documentar todo lo que ha sucedido tras dos años. La muerte de 49 niños es un parteaguas para darnos cuenta de la clase de servicios que se les da a los mexicanos y de cómo al gobierno le importa la infancia”.
Endurecimiento
Al mismo tiempo que se agudiza la “guerra” contra el narcotráfico y el “crimen organizado”, la administración federal calderonista empuja el endurecimiento del marco legal para ese mismo fin. La Ley de Seguridad Nacional fue frenada temporalmente por la oposición de diputados de prácticamente todos los partidos políticos y se decidió realizar audiencias públicas, que iniciarán el martes próximo en la comisiones de Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y en las que participarán especialistas, investigadores, académicos y líderes sociales para aportar propuestas que puedan ser susceptibles de incluir en el cuerpo de la minuta, todo esto con el fin de determinar si se convoca a un periodo extraordinario o no para aprobarla.
También este viernes Felipe Calderón promulgó la reforma constitucional en materia de amparo, con el fin, según lo señaló el propio inquilino de Los Pinos, de evitar que esta herramienta jurídica sea utilizada como refugio para evadir o dilatar la aplicación de la justicia y, de acuerdo con sus propias declaraciones desde la escalinata de la Casa Miguel Alemán, “ampliar la protección de garantías sobre todo en materia de derechos humanos.
Frente a los ministros de la Suprema Corte de la Nación, encabezados por su presidente Juan Silva Meza, y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que la reforma al (juicio de) amparo —indicado para hacer valer derechos frente a actos de autoridad y una de las instituciones jurídicas más importantes del país— “puede entrañar riesgos que no hayan sido vistos por el Poder Legislativo”, por lo que llamó a estar atentos a deficiencias no previstas y que deben ser corregidas.
Ante ministros, legisladores, jueces, la procuradora general de la República, Marisela Morales, así como académicos y abogados penalistas entre los que destacó la presencia del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien el año pasado renunció o lo renunciaron del gabinete calderonista que para el caso es lo mismo, Calderón enumeró una serie de aspectos relevantes de esta reforma a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución que entrará en vigor 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de que los Estados ajusten sus legislaciones y el Poder Judicial adecue su estructura.
Frente a las demoledoras criticas de organismos y organizaciones internacionales por la violación sistemática en su administración a los derechos humanos, Calderón aseguró que esta enmienda aunada precisamente a la de los derechos humanos “son pruebas irrefutables, incontestables, del compromiso de México y de sus Poderes con las garantías humanas”; destacó que en adelante los ciudadanos podrán interponer amparos cuando consideren que han sido violados no sólo los derechos garantizados en las leyes —de manera especial las garantías básicas— sino las incluidas en todos los tratados internacionales.
Sostuvo que “estamos ante una reforma de enorme calado que fortalece el amparo y lo acerca a las necesidades de los ciudadanos”.
El michoacano destacó que con la reforma, la institución de amparo vuelve a sus orígenes para evitar los abusos del poder y garantizar el régimen de libertades, y machacó en el propósito de que nadie se escude en él buscando entorpecer la acción de la autoridad. Es decir, explicó, que se cancela un vicio en el amparo, mediante el cual el otorgamiento de suspensiones eran, en muchas ocasiones, simplemente factores dilatorios a las resoluciones. Así, podrán otorgarse o negarse suspensiones cuando se considere que el instrumento es utilizado por infractores para evadir la ley, al tiempo de dar más fortaleza a la propia suspensión cuando ésta sea justamente otorgada.
Varios de los ministros presentes comentaron que con las reformas mencionadas se moderniza y perfecciona el Juicio de Amparo e incluso lo calificaron como una “revolución” y “cambio de paradigma”. Juan Silva Meza también resaltó que la SCJN podrá declarar la inconstitucionalidad de normas generales en beneficio de toda la sociedad y no sólo para aquellos que cuenten con más recursos para defenderse. Con todo, las virtudes, pero sobre todo las deficiencias y riesgos de esta reforma, se podrán apreciar a partir del último trimestre del presente año.
Conoceremos, sin duda alguna, si realmente se cuenta con herramientas adecuadas para enfrentar las deficiencias en la impartición de justicia, impunidad, desigualdad social e inseguridad pública.
En tanto, las críticas de los principales organismos internacionales a la administración de Felipe Calderón no cesan. Ahora el relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, catalogó a México como el país de América más peligroso para los periodistas. En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, subrayó que “la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos. En los últimos 10 años, 66 periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido así el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”.
De acuerdo con ese documento, gran parte de esos hechos ocurrieron en regiones con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
De los pasillos
Al aprovechar su visita a la residencia oficial de Los Pinos, el sonorense Manlio Fabio Beltrones le recordó a don Felipe que pese a las diferencias naturales el Poder Legislativo le ha acompañado en su lucha contra la criminalidad, asumiendo ambos los riesgos “que ya aparecen en un inevitable debate”.
En esta misma frecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que controla absolutamente doña Elba Esther Gordillo, manifestó su respaldo a Calderón en “su lucha” contra el crimen organizado y resaltó el papel fundamental que en esta tarea ha tenido la Policía Federal.
Los temores de los integrantes de la Comisión Global de Políticas de Drogas en el sentido de que el combate frontal que el gobierno mexicano mantiene contra las bandas criminales del narcotráfico amenaza con generar una “carrera armamentista” entre los delincuentes y las fuerzas del orden, tiene sólidos fundamentos. Este viernes, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Edgar Luis Villegas Meléndez, mostró a la opinión pública el armamento incautado a grupos del crimen organizado en el estado de Coahuila, integrado por más de 92 mil cartuchos útiles de diferentes calibres, 171 armas, 4 mil 629 cargadores y hasta un lanzacohetes, entre otros materiales.
El general de brigada precisó que este arsenal fue asegurado en el ejido Las Sardinas, del municipio de Buenaventura.
Miles de maestros de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), provenientes de Michoacán, quienes llegaron a la Ciudad de México en al menos 30 camiones y 143 camionetas, realizaron una serie de manifestaciones: intentaron llegar a la residencia oficial de Los Pinos, pero fueron bloqueados; marcharon por Paseo de la Reforma; se plantaron ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y se concentraron en la plancha del Zócalo capitalino.
La movilización, en la que también participaron integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, logró que las autoridades los citaran para el jueves de la próxima semana a fin de atender las peticiones que los docentes formularon desde el pasado 8 de abril.
Gustavo Madero, dirigente nacional panista, informó a sus acelerados aspirantes que será hasta el 18 de febrero de 2012 cuando se llevará a cabo la elección interna del blanquiazul para elegir a su candidato a la Presidencia de la República. El partido de Calderón definirá el 18 de octubre próximo el método de selección. Por otro lado, el senador panista Santiago Creel manifestó su rechazo al “peso de la nómina” a favor de persona alguna, en clara referencia al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
Por Lilia Arellano
Inhabilitan a ex funcionarios de EB
Horcasitas y Karam son intocables
Calderón endurece marco jurídico
Van 66 periodistas asesinados: ONU
ABC de la impunidad
“En la medida en que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe verdadero amor en este mundo”:
Isadora Duncan
Dentro del avanzado proceso de sucesión presidencial para sustituir a Felipe Calderón, todo parece indicar que la norma jurídica rectora a aplicar en los próximos meses será sin duda: “a los amigos, gracia; a los enemigos, aplicación de la ley”.
Así lo indica el sentido caso de los niños de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que la Contraloría General del Gobierno del Estado que encabeza el panista Guillermo Padrés —quien precisamente llegó a esa gubernatura empujado por la indignación de la ciudadanía sonorense ante la tragedia donde fallecieron 49 menores y quedaron severamente heridos otros 80— determinó inhabilitar por 10 años para ocupar cargos públicos a cinco ex funcionarios de la anterior administración del priísta Eduardo Bours. Mientras, los altos burócratas de la administración calderonista implicados y que tiene una gran responsabilidad no sólo no se les ha tocado, sino que han sido protegidos con un alto blindaje federal de impunidad.
A dos años de la mayor tragedia infantil en México, ocurrida el 5 de junio de 2009, concluyó la investigación de la Contraloría del gobierno panista por el incendio de la Guardería ABC —que se derivó de un siniestro en una bodega conjunta que se trasladó a la estancia infantil, la cual no contaba con las medidas de seguridad mínimas, como lo confirmó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un oficio publicado en julio de 2005— y se encontró responsabilidad administrativa.
La guardería subrogada por el IMSS fue una concesión directa del gobierno sonorense a personas cercanas a sus filas políticas y no cumplía con las medidas de seguridad contempladas por la ley.
El contralor del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, informó que los funcionarios de la anterior administración del priísta Bours que fueron declarados culpables por omisiones son: el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Gilberto Inda Durán, por no colocar una unidad interna de protección civil en la bodega que inicio el incendio y luego afectó la estancia infantil; el ex director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Wilebaldo Alatriste Candiani, por omisiones en la inspección de la bodega contigua a la guardería; el jefe de Departamento de Control de Vehículos de la Secretaría de Hacienda Estatal, José Luis Melchor Islas, por ser el responsable de la bodega; y el coordinador ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Rodríguez.
El funcionario precisó que aún hay dos expedientes en trámite que están por resolverse en contra de ex servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, Fausto Salazar y Ernesto Vargas Gaytán.
Mientras que contra el ex gobernador priísta Eduardo Bours, desaparecido de la escena política desde que dejó su cargo a finales del 2010, se tiene un amplio expediente que será utilizado en el momento en que los tiempos electorales sean adecuados para garantizar el mayo impacto mediático en contra de las aspiraciones del PRI de recuperar la Presidencia de la República, para los funcionarios integrantes de la actual administración federal que encabeza Felipe Calderón que estuvieron implicados, principalmente el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, premiado primero con la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y luego habilitado como operador político de Calderón en la dirigencia nacional del PAN como Secretario de Acción de Gobierno, así como el actual director del Seguro Social, Daniel Karam, se construyó todo un blindaje jurídico que les garantiza total impunidad.
El caso de la Guardería ABC fue revisado hace un año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en una resolución sumamente polémica y cuestionada los ministros determinaron que hubo serias violaciones a los derechos humanos de los infantes, pero se negó a señalar a los responsables directos.
La indignación de los padres de los niños fallecidos y heridos, del pueblo de Sonora y del pueblo de México en general se mantiene, así como la exigencia permanente y nunca acallada de “¡justicia!” que se les ha negado. Los afligidos padres están decididos a mantener con vida el caso ante la negativa de la administración federal calderonista de hacer justicia, para lo cual crearon un documental sobre el incendio titulado: “ABC: justicia, justicia, justicia”, elaborado por la organización civil México de Mente, que recoge precisamente los testimonios de los paterfamilias y que busca motivar la acción ciudadana sobre un caso que ha mostrado la incapacidad del Estado mexicano de dar justicia.
En la cinta, que no tuvo como finalidad llegar a una conclusión sumaria ni emitir veredictos, sino mostrar la historia de las familias afectadas por la tragedia infantil, aparece el actual operador político de la dirigencia nacional del PAN, Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, organismo público encargado de la regulación de las guarderías subrogadas, y quien es señalado por la organización Movimiento Ciudadano 5 de junio, integrado por algunos de los deudos, como uno de los principales responsables de la tragedia.
El padre de una de las niñas que fallecieron, Emilia, Abraham Fraijo, destacó que “es necesario documentar todo lo que ha sucedido tras dos años. La muerte de 49 niños es un parteaguas para darnos cuenta de la clase de servicios que se les da a los mexicanos y de cómo al gobierno le importa la infancia”.
Endurecimiento
Al mismo tiempo que se agudiza la “guerra” contra el narcotráfico y el “crimen organizado”, la administración federal calderonista empuja el endurecimiento del marco legal para ese mismo fin. La Ley de Seguridad Nacional fue frenada temporalmente por la oposición de diputados de prácticamente todos los partidos políticos y se decidió realizar audiencias públicas, que iniciarán el martes próximo en la comisiones de Gobernación y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y en las que participarán especialistas, investigadores, académicos y líderes sociales para aportar propuestas que puedan ser susceptibles de incluir en el cuerpo de la minuta, todo esto con el fin de determinar si se convoca a un periodo extraordinario o no para aprobarla.
También este viernes Felipe Calderón promulgó la reforma constitucional en materia de amparo, con el fin, según lo señaló el propio inquilino de Los Pinos, de evitar que esta herramienta jurídica sea utilizada como refugio para evadir o dilatar la aplicación de la justicia y, de acuerdo con sus propias declaraciones desde la escalinata de la Casa Miguel Alemán, “ampliar la protección de garantías sobre todo en materia de derechos humanos.
Frente a los ministros de la Suprema Corte de la Nación, encabezados por su presidente Juan Silva Meza, y el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que la reforma al (juicio de) amparo —indicado para hacer valer derechos frente a actos de autoridad y una de las instituciones jurídicas más importantes del país— “puede entrañar riesgos que no hayan sido vistos por el Poder Legislativo”, por lo que llamó a estar atentos a deficiencias no previstas y que deben ser corregidas.
Ante ministros, legisladores, jueces, la procuradora general de la República, Marisela Morales, así como académicos y abogados penalistas entre los que destacó la presencia del ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien el año pasado renunció o lo renunciaron del gabinete calderonista que para el caso es lo mismo, Calderón enumeró una serie de aspectos relevantes de esta reforma a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución que entrará en vigor 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito de que los Estados ajusten sus legislaciones y el Poder Judicial adecue su estructura.
Frente a las demoledoras criticas de organismos y organizaciones internacionales por la violación sistemática en su administración a los derechos humanos, Calderón aseguró que esta enmienda aunada precisamente a la de los derechos humanos “son pruebas irrefutables, incontestables, del compromiso de México y de sus Poderes con las garantías humanas”; destacó que en adelante los ciudadanos podrán interponer amparos cuando consideren que han sido violados no sólo los derechos garantizados en las leyes —de manera especial las garantías básicas— sino las incluidas en todos los tratados internacionales.
Sostuvo que “estamos ante una reforma de enorme calado que fortalece el amparo y lo acerca a las necesidades de los ciudadanos”.
El michoacano destacó que con la reforma, la institución de amparo vuelve a sus orígenes para evitar los abusos del poder y garantizar el régimen de libertades, y machacó en el propósito de que nadie se escude en él buscando entorpecer la acción de la autoridad. Es decir, explicó, que se cancela un vicio en el amparo, mediante el cual el otorgamiento de suspensiones eran, en muchas ocasiones, simplemente factores dilatorios a las resoluciones. Así, podrán otorgarse o negarse suspensiones cuando se considere que el instrumento es utilizado por infractores para evadir la ley, al tiempo de dar más fortaleza a la propia suspensión cuando ésta sea justamente otorgada.
Varios de los ministros presentes comentaron que con las reformas mencionadas se moderniza y perfecciona el Juicio de Amparo e incluso lo calificaron como una “revolución” y “cambio de paradigma”. Juan Silva Meza también resaltó que la SCJN podrá declarar la inconstitucionalidad de normas generales en beneficio de toda la sociedad y no sólo para aquellos que cuenten con más recursos para defenderse. Con todo, las virtudes, pero sobre todo las deficiencias y riesgos de esta reforma, se podrán apreciar a partir del último trimestre del presente año.
Conoceremos, sin duda alguna, si realmente se cuenta con herramientas adecuadas para enfrentar las deficiencias en la impartición de justicia, impunidad, desigualdad social e inseguridad pública.
En tanto, las críticas de los principales organismos internacionales a la administración de Felipe Calderón no cesan. Ahora el relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, catalogó a México como el país de América más peligroso para los periodistas. En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, subrayó que “la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos. En los últimos 10 años, 66 periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido así el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”.
De acuerdo con ese documento, gran parte de esos hechos ocurrieron en regiones con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.
De los pasillos
Al aprovechar su visita a la residencia oficial de Los Pinos, el sonorense Manlio Fabio Beltrones le recordó a don Felipe que pese a las diferencias naturales el Poder Legislativo le ha acompañado en su lucha contra la criminalidad, asumiendo ambos los riesgos “que ya aparecen en un inevitable debate”.
En esta misma frecuencia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que controla absolutamente doña Elba Esther Gordillo, manifestó su respaldo a Calderón en “su lucha” contra el crimen organizado y resaltó el papel fundamental que en esta tarea ha tenido la Policía Federal.
Los temores de los integrantes de la Comisión Global de Políticas de Drogas en el sentido de que el combate frontal que el gobierno mexicano mantiene contra las bandas criminales del narcotráfico amenaza con generar una “carrera armamentista” entre los delincuentes y las fuerzas del orden, tiene sólidos fundamentos. Este viernes, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Edgar Luis Villegas Meléndez, mostró a la opinión pública el armamento incautado a grupos del crimen organizado en el estado de Coahuila, integrado por más de 92 mil cartuchos útiles de diferentes calibres, 171 armas, 4 mil 629 cargadores y hasta un lanzacohetes, entre otros materiales.
El general de brigada precisó que este arsenal fue asegurado en el ejido Las Sardinas, del municipio de Buenaventura.
Miles de maestros de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), provenientes de Michoacán, quienes llegaron a la Ciudad de México en al menos 30 camiones y 143 camionetas, realizaron una serie de manifestaciones: intentaron llegar a la residencia oficial de Los Pinos, pero fueron bloqueados; marcharon por Paseo de la Reforma; se plantaron ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública y se concentraron en la plancha del Zócalo capitalino.
La movilización, en la que también participaron integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, logró que las autoridades los citaran para el jueves de la próxima semana a fin de atender las peticiones que los docentes formularon desde el pasado 8 de abril.
Gustavo Madero, dirigente nacional panista, informó a sus acelerados aspirantes que será hasta el 18 de febrero de 2012 cuando se llevará a cabo la elección interna del blanquiazul para elegir a su candidato a la Presidencia de la República. El partido de Calderón definirá el 18 de octubre próximo el método de selección. Por otro lado, el senador panista Santiago Creel manifestó su rechazo al “peso de la nómina” a favor de persona alguna, en clara referencia al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)
