martes, 10 de agosto de 2010
Paredes: difícil, pedir unidad cuando se fomenta división
La dirigente nacional del PRI demandó que la construcción de una estrategia de seguridad nacional se aleje de maniqueísmos y no sea utilizado como tema de debate electoral. Expresó, además, su escepticismo en alcance de los foros.
La Jornada en línea
Publicado: 10/08/2010 11:53
México, DF. "Es difícil llamar y convocar a la construcción de acuerdos y consensos cuando se ha estado trabajando insistente e incisivamente en la generación de ambientes de descalificación y polarización", advirtió la líder nacional del PRI, Beatriz Paredes, al participar en el diálogo convocado por el presidente Felipe Calderón y en el que ha llamado a la unidad en el combate al crimen organizado.
Bajo esa perspectiva, la tlaxcalteca alertó sobre la pertinencia de ventilar "a los cuatro vientos" el diseño de una política de Estado en materia de seguridad toda vez que no hay unanimidad en el país sobre el tema: "valdría la pena sopesar sobre si el espacio público es el idóneo para airear la discusión" ante el riesgo de que las bandas del crimen organizado conozcan que tenemos diferentes puntos de vista.
Paredes Rangel resaltó en ese sentido que el debate en la materia debe alejarse de maniqueísmos donde de un lado estén todos los buenos, y del otro los malos que "no quieren combatir al crimen organizado como lo plantea la autoridad federal".
Por eso, agregó, para el PRI la política de seguridad nacional no ha sido un tema de debate electoral, pues lo único que ha propiciado es "un ambiente que dificulta la construcción de consensos. Es difícil llamar y convocar a la construcción de acuerdos y consensos cuando se ha estado trabajando insistente e incisivamente en la generación de ambientes de descalificación y polarización".
En ese sentido, dijo la lideresa, sería grave que en este marco una discusión sobre ventajas y desventajas sobre legalización de drogas vuelva a ser instrumento de polarización. "Ya hay demasiados elementos en la realidad como para que abonemos otros elementos de polarización".
Asimismo, reconoció la internveción de su homólogo del PRD, Jesús Ortega, cuyo planteamiento "es estructural, de fondo, con una óptica distinta a la óptica con la que se ha venido abordando el tema del combate a la delincuencia organizada".
La política de seguridad es algo más que hacer discursos
En otro punto de su intervención, la presidenta del PRI expresó su escepticismo sobre los alcances que tienen foros como el Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado, aunque se pronunció por generar un modelo mexicano en la materia que reconozca a México como una República Federal, diferente a Colombia que es un estado unitario.
“He participado en innumerables consultas y en mis pláticas directas, íntimas, siempre he dicho que la política de seguridad es algo hace más que discursos. Que tiene más que ver sobre la capacidad de ejecución, de acción, que con la capacidad de la retórica sobre el tema”, dijo.
Agregó sin embargo que participa en este ejercicio por la actitud que ha tenido el PRI de ser una “oposición responsable”.
Sostuvo que no comparte muchas de las políticas del gobierno federal, mientras que en algunas tiene coincidencias, en otras más “abiertas divergencias”, pero la vida democrática del país se construye con la convergencia de las fuerzas políticas.
(Con información de Notimex)
Bodas gays del DF, válidas en el país: SCJN
Estados deben reconocer legalidad de estas uniones aunque no están obligadas a modificar sus leyes.
La Jornada en línea
Publicado: 10/08/2010 14:15
México, DF. Por nueve votos contra dos, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válido en todo el país el matrimonio en el Distrito Federal entre homosexuales, por lo que este tipo de uniones serán reconocidas en todas las entidades de la República.
El proyecto de Sergio Valls quedó finalmente respaldado por sus compañeros magistrados a excepción del propio presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Durante el debate se precisó que conforme a lo establecido en el artículo 121 constitucional, la reforma al Código Civil del Distrito Federal no obliga al resto de las entidades del país a ajustar sus leyes respectivas; únicamente están obligados a validar oficialmente a los matrimonios gay efectuados en la capital del país.
Desde ayer martes, la votación a favor se perfiló con la anuencia de los ministros José Ramón Cossío Díaz, Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza, a los que se sumaron Margarita Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo.
De esta manera, el pleno de la Corte determinó declarar infundado el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Procuraduría General de la República, la cual consideraba que avalar este tipo de uniones generaría incertidumbre jurídica y se violentaría el principio de legalidad que opera en el país.
No estamos preparados para que gays adopten: Aguirre Anguiano
Al debatir lo relativo a la adopción de menores en el Distrito Federal por parte de matrimonios homosexuales, el ministro Sergio Aguirre Anguiano señaló que la sociedad mexicana estigmatiza a los homosexuales y por lo tanto no está preparada para aceptar la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
El magistrado entregó a sus compañeros diversos estudios realizados por integrantes del Instituto Mexicano de Pediatría y de la Facultad de Psicología de la UNAM sobre las repercusiones en los menores con padres homosexuales.
Subrayó que no se trata de un asunto de afectación a los derechos o discriminación de los homosexuales, sino de las condiciones en la sociedad mexicana, pues subrayó que es una realidad social y cultural en torno a la aceptación a este tipo de parejas, lo que podría afectar al infante.
Recalcó que el Estado mexicano primero tiene que aplicar políticas públicas para tratar de evitar esta situación y reconocer su propia realidad social e idiosincrasia, y no la de otros países, pues "la sociedad mexicana discrimina a los homosexuales".
Dijo que un menor que en una ocasión ya fue rechazado, podría más adelante enfrentarse al rechazo y burla de compañeros de escuela, al formar parte de una familia con padres del mismo sexo, lo que podría obstaculizar su desarrollo al encontrarse en mayores condiciones de estrés que el resto de la sociedad.
La discusión de este tema continuará el próximo jueves, luego de leer los estudios que proporcionó Sergio Aguirre, en tanto que algunos integrantes del alto tribunal se pronunciaron por no entrar a la discusión del asunto, pues no existen elementos para declarar un artículo que no está vinculado a la validez de los matrimonios gay.
(Con información de Notimex)
Legisladores tildan a Molinar de asesino y desvergonzado
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 10 de agosto (apro).- Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, enfrentó duras críticas al comparecer ante legisladores del Congreso de la Unión. La oposición le lanzó acusaciones que fueron desde mentiroso hasta asesino, pasando por desvergonzado.
A nombre del PT, el diputado Mario Di Constanzo lo señaló de trabajar para los intereses de Televisa, al aceptar una licitación donde el gobierno federal dejó de recibir 5 mil millones de pesos, en su afán por beneficiar al grupo Televisa-Nextel en la entrega de parte del espectro radioeléctrico.
A su vez, el PRD, a través de Agustín Guerrero, lo acusó de falta de congruencia y dijo que la historia ya lo juzgó como uno de los responsables de la muerte de 49 niños de la guardería ABC y como un funcionario que carece de ética y principios al haber avalado el nombramiento de Mony de Swaan como presidente de la Cofetel.
En defensa de Molinar Horcaditas, el panista Mario Becerra Pocoroba exigió respeto y pidió no hacer acusaciones a la ligera además de aclarar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a Horcasitas de toda responsabilidad por el incendio de la guardería ABC.
El PRI, quien fue uno de los promotores de la comparecencia de Molinar, mediante el diputado David Penchina, no sólo reclamó los subejercicios y la mala administración de los recursos en que ha incurrido la SCT, sino que además pidió una explicación por el nombramiento del presidente de la Cofetel.
Dijo que los legisladores deben de impedir que los cargos de funcionarios federales sean designados con base en relaciones afectivas o de confianza y reclamó la falta de experiencia de Mony de Swaan para la presidencia de la Cofetel.
En su defensa, el secretario de Comunicaciones y Transportes aclaró que es facultad del ejecutivo federal el nombramiento del presidente de la Cofetel. Además, consideró que el funcionario cuenta con la suficiente experiencia para estar al frente de dicha comisión.
En cuanto a la licitación del espectro radioeléctrico, Molinar Horcasitas aclaró que fue la comisión federal de competencia la que estableció las bases y que las designaciones se hicieron conforme a las licitaciones que han ocurrido en otros países.
Molinar Horcasitas se mostró impávido ante la serie de señalamientos que lo ubicaron como asesino, y responsable de la muerte de los niños de la guardería ABC y recordó que la SCJN ya lo exoneró.
Durante la primera hora de la comparecencia, la PF cerró los accesos principales al Senado de la República.
Astillero
El Dia y la noche
De la mano con FC
Correr la misma suerte
Bla, bla sobre periodistas
Julio Hernández López
Las revelaciones policiales de Ciudad Juárez deberían ser suficientes para que fuese desmontada la macabra trama institucional de presunta guerra al narcotráfico. Con detalles que tienen la valía de ser exhibidos por quienes forman parte del mismo aparato federal, agentes sublevados han confirmado lo que todo mundo sabía pero no podía demostrar: que la tal guerra es una farsa, que los “jefes” están “arreglados” con determinados cárteles, que las acciones presuntamente justicieras suelen ser ajustes comerciales de tuercas, que ciertas detenciones de ciudadanos son formas institucionales de extorsión y que a cualquier persona se le pueden “sembrar” indicios de culpabilidad al gusto. Denuncias desde el interior de la Policía Federal que tienen el agravante de producirse en la tierra más dañada por la productividad fúnebre del felipismo, en la Ciudad Juárez (asiento del principal cártel opositor al de Sinaloa, por ello la mortífera “limpieza” mercantil) que tanta atención demagógica e inversión asistencial tuvo de Los Pinos en el tramo previo a las elecciones en que finalmente el PAN no pudo quitar el control gerencial al PRI, entre otras causas porque Calderón y su equipo impusieron candidatos que generaron división interna en el partido blanco y azul y porque el PRI tuvo más oficio marrullero y mañoso que los aficionados panistas.
Pero nada parece cambiar en el ánimo de los actores políticos convencionales. El mundo puede incendiarse sin que se den por enterados los gobernantes y representantes populares mientras en sus despachos siga funcionando el clima artificial. Claro está que se producen discursos, declaraciones y lamentaciones, pero en el fondo todo sigue igual: el mundillo político sigue conjugando a placer el verbo de sus privilegios, ensimismados los ideólogos y operadores en el redituable juego de inventar fórmulas y mecanismos para mantenerse en sus sitiales de honor y para ejercer con alegría sus presupuestos oficiales y extraoficiales. En ese tenor va el tragicómico diálogo felipista sobre asuntos de seguridad pública que pretende acomodar en una línea de colaboración a los factores políticos de elite mientras en la base de la sociedad continúa la desgracia nacional a todo vapor.
Un ejemplo de ese oportunismo acomodaticio lo ha aportado la tríada de partidos formalmente izquierdistas que integran el llamado Dia, es decir, el Diálogo para la Reconstrucción de México, al hacer arreglos de supuesta altura estratégica con el partido y el personaje que según apasionados señalamientos originales (apuntalados por acuerdos de comités, consejos, convenciones y asambleas) les habría robado la presidencia del país en 2006 y por tanto nunca debería obtener reconocimiento político a su desempeño espurio. Aun cuando la realidad demuestra día tras día que el calderonismo es un fraude político caminante, y que la tragedia en que ha convertido a la nación es una prueba de que no estaba capacitado para ejercer el cargo del que se apropió y que tampoco ha tenido facultades de aprendizaje apresurado que suplieran su déficit de origen, el Dia ha decidido tender la mano y correr la suerte del languideciente Felipe, torpemente decididos esos personajes de la izquierda electoral a compartir el juicio histórico de un felipismo que desde ahora tiene asegurada una nada enigmática sentencia negativa: uncir el Dia a la carreta de la noche calderonista; arrebatar a la izquierda social la bandera de la congruencia en la lucha sexenal contra impostores y asesinos, ensuciar y confundir desde ahora el proceso de 2012 al colocar las siglas con monopolio electoral “izquierdista” en el bando del gobierno federal ilegítimo y su partido comparsa.
Estrategias chuchistas-camachistas que se acomodaron plácidamente a los planes aliancistas de Los Pinos que según eso servirían para impedir triunfos del PRI mediante la postulación de candidatos apoyados en vertientes priístas de las que habían salido por divergencias procesales que no les convirtieron en auténticos opositores sino en alternativas de boleta electoral. Y, ahora, el diálogo abierto, la aceptación política formal de Felipe Calderón como convocante legítimo de pláticas de “unidad” nacional que buscan corregir desde las cúpulas el diseño de lo que crudamente plantean los policías federales rebeldes de Ciudad Juárez como una maquinación continua, como un engaño sangriento.
Astillas
Con una soltura digna de premio, el secretario de gobierno de Baja California, provisionalmente encargado de la secretaría federal de Gobernación, aseguró a distinguidos visitantes extranjeros que la administración felipense tiene “el firme compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desempeño profesional de los periodistas e identificar, de la mano del gremio, las acciones que el Estado mexicano puede instrumentar para acotar dichos riesgos”. Bla, bla, Blake, soltó tal rollo mendaz frente a los relatores especiales de la ONU y la OEA para asuntos de libertad de expresión, Frank la Rue y Catalina Botero, respectivamente. Han de saber los respetables indagadores que no hay tal: el calderonismo ha desactivado intencionalmente las de por sí pálidas y débiles instancias oficiales de atención a agravios cometidos contra periodistas, con una fiscalía federal entregada a personajes grises, sin poder político ni autoridad moral. Y, salvo el peculiar episodio televisivo de Gómez Palacio, que oportunamente servirá para decir que sí se atienden esos hechos, no hay una acción gubernamental verdadera de defensa de los periodistas. Por otra parte, ojalá la mención oficial de que se diseñarán acciones oficiales “de la mano del gremio” no signifique un intento de apropiarse de las recientes protestas y activismo de periodistas... Y, mientras se abre camino el importante acuerdo político para impulsar una reforma política de fondo en el Distrito Federal, ¡hasta mañana, con trabajadores de la aeronáutica exigiendo que se rescaten los empleos y no las finanzas empresariales!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Rescatar Mexicana
Ayer, mientras Mexicana de Aviación anunciaba la cancelación de 15 vuelos internacionales y la transferencia de la mayoría de sus viajes nacionales a sus filiales de bajo costo Click y Link, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) emprendió negociaciones con posibles inversionistas con el propósito de salvar la empresa y los miles de puestos de trabajo que representa. El gobierno federal, en tanto, observa impávido la crisis de la aerolínea.
Es oportuno referirse a los paralelismos entre el caso de Mexicana y el de Luz y Fuerza del Centro. Aunque la primera era una empresa pública, y la segunda es propiedad de un consorcio privado, en ambos casos los administradores han omitido sus responsabilidades en el manejo financiero y han declarado la inviabilidad de operaciones, supuestamente causada por contratos colectivos onerosos e impagables. En ambos casos se trata de empresas estratégicas. En las dos circunstancias, por lo demás, las direcciones corporativas han tolerado o propiciado la descapitalización.
Por lo que hace a la historia de la línea aérea, rescatada en dos ocasiones con dinero público y llevada a la quiebra, o cerca de ella, por empresarios beneficiados con desincorporaciones dudosas y cuestionadas, tendría que resultar imperativa una investigación de las prácticas empresariales que condujeron a una transferencia del valor de la compañía a dos filiales de bajo costo –las cuales trabajan con números negros y elevadas utilidades–, en una operación que algunos han descrito como saqueo y depredación, y como un ataque deliberado a las conquistas laborales y sindicales logradas por el personal de Mexicana. Es falso, como se ha demostrado con números en mano, que los pilotos y sobrecargos de esa línea aérea perciban ingresos de privilegio con respecto a sus homólogos de otros países. En todo caso, el hecho es que el desbarajuste financiero en el que Gastón Azcárraga y sus socios pretenden dejar a la empresa aérea tiene como telón de fondo una campaña contra los contratos colectivos de diversos gremios –mineros y electricistas, en primer lugar–, de la cual las autoridades laborales, supuestamente responsables de velar por los intereses de los trabajadores, han sido activas promotoras.
La suspensión de los vuelos internacionales y el endoso de los nacionales a Click y Link agravan la circunstancia de Mexicana, no sólo por los ingresos que se pierden en lo inmediato, sino también por la pérdida de participación en el mercado. Por añadidura, este quebranto de Mexicana fortalece a sus competidoras extranjeras y debilita al país en la medida en que representa una disminución del flujo de divisas y un retroceso en la presencia de México en diversos aeropuertos internacionales.
En más de una ocasión el gobierno federal ha salvado a Mexicana de la quiebra para beneficiar a inversionistas privados que no han podido o querido sacar adelante a la aerolínea. En la ocasión presente no hay justificación, ni económica ni ideológica, para que el Estado no emprenda una nueva operación de rescate, pero esta vez para contribuir a consolidar una entidad que sea, al menos en una parte significativa, propiedad de sus trabajadores. De no proceder así, la actual administración refrendará sus posturas pro empresariales, antilaborales y antinacionales, y experimentará una nueva pérdida de credibilidad y de respaldo por parte de la sociedad.
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