Considerado la carta fuerte de las candidaturas del PAN en esta ciudad, César Nava podría no tener las cosas tan fáciles para llegar a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, pues a pesar de haber sido postulado por el distrito electoral XV, en la delegación Benito Juárez, enfrentará la división interna de su partido por lo que califican de imposición de un michoacano, además de contrincantes políticos con amplia trayectoria proselitista en esa demarcación política.
Líderes panistas aseguraron que las primeras inconformidades surgieron cuando la dirigencia nacional de su partido determinó lanzar al ex secretario particular de Felipe Calderón al distrito XV, con lo que echó por tierra la planilla que había formado el diputado local Jorge Romero –estrechamente ligado a la presidenta del PAN-DF, Mariana Gómez del Campo– y que incluía los candidatos a delegado y diputados locales y federales.
Aunado a ello, ayer el presidente del Comité Directivo Delegacional del PAN en Benito Juárez, José Roberto Alfaro, se manifestó a favor de transparentar el padrón de afiliados en esta demarcación, y que la elección de sus candidatos a diputados y jefe delegacional sea por la vía democrática, no por designación.
Entrevistado al término de la comparecencia del delegado de Benito Juárez en la Asamblea Legislativa, Alfaro reconoció que hace un año, cuando asumió la presidencia, se contaba con un padrón de 800 afiliados, y se incrementó a mil 53, lo que puede generar suspicacias.
Incluso, dijo que en estos momentos lo único que mantendrá unido al partido en esa demarcación sería la elección, no la designación de los candidatos.
Recientemente, panistas de Benito Juárez exigieron disolver el comité delegacional, depurar el padrón y suspender la emisión de convocatorias para elegir aquí candidatos a diputados locales y delegado, pues el padrón de miembros activos y adherentes creció 810 registros entre mayo de 2007 y julio de 2008, y de ellos 351 militantes activos fueron aprobados en sólo tres meses por el comité delegacional.
En cuanto a los contrincantes, Nava habrá de enfrentar a Jorge Carlos Díaz Cuervo, líder del Partido Socialdemócrata, quien jaló muchas simpatías en Benito Juárez al abanderar las inconformidades por el explosivo crecimiento de condominios residenciales.
Otro es Jorge Schiaffino, coordinador con licencia de los diputados locales del PRI, de larga trayectoria política y quien toda su vida ha vivido ahí.
El PRD está postulando a dos ex panistas como precandidatos: Bernardo Bátiz, a la jefatura delegacional, y Pablo de Anda, al Distrito XV. Estos tres elementos podrían hacerle difícil el triunfo a César Nava.
miércoles, 18 de febrero de 2009
Condenan miles el derroche y la injusticia del neoliberalismo
Qué poca madre!, responden a cada cifra que citaba el tabasqueño
Jaime Avilés
Éste, dijo Andrés Manuel López Obrador, “es un dato que vale la pena que sepan: en 1987, cuando comenzaron las privatizaciones, la revista Forbes tenía registrado un solo mexicano con mil millones de dólares. Seis años después, cuando finalizaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya eran 22 los mexicanos que tenían mil millones de dólares. Actualmente hay 11 mexicanos que acumulan más de 100 mil millones de dólares por cabeza. Eso explica muchas cosas en este país”.
Congregada a todo lo largo de la fachada del Palacio Legislativo de San Lázaro, la gente respondió coreando: ¡Qué poca madre, qué poca madre! No era la primera, ni sería la última vez en que las miles de personas allí reunidas saludarían con esa expresión los datos de la desigualdad, el derroche y la injusticia prevalecientes al cabo de 26 años de neoliberalismo.
Más joven que nunca, a sus 82 años de edad, como la describió Jesusa Rodríguez, la defensora de derechos humanos doña Rosario Ibarra de Piedra tomó la palabra sólo para anunciar que en esos momentos su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el gobierno de Luis Echeverría en 1975, estaba cumpliendo 54 años de haber nacido, después de un embarazo de nueve meses y 10 días, en que salió coleteando con tanta fuerza que ni mi marido ni yo lo pudimos agarrar.
Fieles al compromiso que contrajeron hace 15 días en la Alameda Central, frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, los militantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular llegaron a San Lázaro desde las 16:30 horas. El propósito, reiterar ante los legisladores la necesidad de aplicar un plan económico de emergencia, consistente en una reducción de 50 por ciento en los salarios de todos los altos funcionarios del régimen, desde el espurio hasta los directores generales de las secretarías, desde los ministros de la Suprema Corte hasta los del IFE y del tribunal electoral, y suprimir sus prestaciones en materia de celular, papelería, boletos de primera clase, etcétera…
Pero si en el encuentro anterior López Obrador fustigó la incompetencia del titular de Hacienda, Agustín Carstens, y exigió su renuncia; ayer no sólo lo mencionó sino que en dos o tres ocasiones subrayó que por encima de nuestras diferencias políticas, este plan se debe llevar a la práctica en beneficio de todos los mexicanos.
Sobre la muchedumbre, entusiasta y gritona, había banderas del PT, del gobierno legítimo, tres del Partido Popular Socialista –exhumadas quién sabe de qué museo–, muchas de Patria Nueva, una manta enorme de la Alianza de Tranviarios y globos anaranjados de Convergencia, así como pancartas con los números de las brigadas defensoras del petróleo. ¿Y los distintivos del PRD? Quizás en los espots de Chucho Ortega.
En lo que va de la administración del pelele, explicó el tabasqueño, el gasto corriente del gobierno ha aumentado 437 mil millones de pesos. Con las medidas de austeridad que estamos proponiendo se podrían destinar 200 mil millones para duplicar la ayuda al campo mediante el Procampo, reducir 15 por ciento el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, suprimir el impuesto empresarial a tasa única, que es improductivo y genera desempleo, y dar crédito barato a las pequeñas y medianas industrias para evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo.
López Obrador subrayó que la reducción de sueldos de los altos funcionarios de su gobierno fue una de las primeras medidas que tomó (Barack) Obama en Estados Unidos; en cambio, aquí, Calderón no ha hecho nada, pero todavía estamos a tiempo de rectificar el rumbo.
El ¡qué poca madre! volvería a escucharse cuando el ex alcalde capitalino mencionó que la cobertura de servicios médicos privados, para esos funcionarios que ganan un sueldo de 600 mil pesos mensuales, costará este año 45 mil millones de pesos, y el fondo especial de ahorro ascenderá a 6 mil millones de pesos, ¡que bien podrían destinarse a las necesidades más acuciantes de nuestro pueblo!
Cada cifra, cada concepto, suscitaba gritos irónicos y furibundos, pero cuando López Obrador exhortó a los legisladores por última vez a tomar en cuenta su propuesta, un anciano lanzó un ultimátum con su débil vocecita: ¡Y si no aceptan, huelga!
Jaime Avilés
Éste, dijo Andrés Manuel López Obrador, “es un dato que vale la pena que sepan: en 1987, cuando comenzaron las privatizaciones, la revista Forbes tenía registrado un solo mexicano con mil millones de dólares. Seis años después, cuando finalizaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya eran 22 los mexicanos que tenían mil millones de dólares. Actualmente hay 11 mexicanos que acumulan más de 100 mil millones de dólares por cabeza. Eso explica muchas cosas en este país”.
Congregada a todo lo largo de la fachada del Palacio Legislativo de San Lázaro, la gente respondió coreando: ¡Qué poca madre, qué poca madre! No era la primera, ni sería la última vez en que las miles de personas allí reunidas saludarían con esa expresión los datos de la desigualdad, el derroche y la injusticia prevalecientes al cabo de 26 años de neoliberalismo.
Más joven que nunca, a sus 82 años de edad, como la describió Jesusa Rodríguez, la defensora de derechos humanos doña Rosario Ibarra de Piedra tomó la palabra sólo para anunciar que en esos momentos su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el gobierno de Luis Echeverría en 1975, estaba cumpliendo 54 años de haber nacido, después de un embarazo de nueve meses y 10 días, en que salió coleteando con tanta fuerza que ni mi marido ni yo lo pudimos agarrar.
Fieles al compromiso que contrajeron hace 15 días en la Alameda Central, frente a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, los militantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular llegaron a San Lázaro desde las 16:30 horas. El propósito, reiterar ante los legisladores la necesidad de aplicar un plan económico de emergencia, consistente en una reducción de 50 por ciento en los salarios de todos los altos funcionarios del régimen, desde el espurio hasta los directores generales de las secretarías, desde los ministros de la Suprema Corte hasta los del IFE y del tribunal electoral, y suprimir sus prestaciones en materia de celular, papelería, boletos de primera clase, etcétera…
Pero si en el encuentro anterior López Obrador fustigó la incompetencia del titular de Hacienda, Agustín Carstens, y exigió su renuncia; ayer no sólo lo mencionó sino que en dos o tres ocasiones subrayó que por encima de nuestras diferencias políticas, este plan se debe llevar a la práctica en beneficio de todos los mexicanos.
Sobre la muchedumbre, entusiasta y gritona, había banderas del PT, del gobierno legítimo, tres del Partido Popular Socialista –exhumadas quién sabe de qué museo–, muchas de Patria Nueva, una manta enorme de la Alianza de Tranviarios y globos anaranjados de Convergencia, así como pancartas con los números de las brigadas defensoras del petróleo. ¿Y los distintivos del PRD? Quizás en los espots de Chucho Ortega.
En lo que va de la administración del pelele, explicó el tabasqueño, el gasto corriente del gobierno ha aumentado 437 mil millones de pesos. Con las medidas de austeridad que estamos proponiendo se podrían destinar 200 mil millones para duplicar la ayuda al campo mediante el Procampo, reducir 15 por ciento el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica, suprimir el impuesto empresarial a tasa única, que es improductivo y genera desempleo, y dar crédito barato a las pequeñas y medianas industrias para evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo.
López Obrador subrayó que la reducción de sueldos de los altos funcionarios de su gobierno fue una de las primeras medidas que tomó (Barack) Obama en Estados Unidos; en cambio, aquí, Calderón no ha hecho nada, pero todavía estamos a tiempo de rectificar el rumbo.
El ¡qué poca madre! volvería a escucharse cuando el ex alcalde capitalino mencionó que la cobertura de servicios médicos privados, para esos funcionarios que ganan un sueldo de 600 mil pesos mensuales, costará este año 45 mil millones de pesos, y el fondo especial de ahorro ascenderá a 6 mil millones de pesos, ¡que bien podrían destinarse a las necesidades más acuciantes de nuestro pueblo!
Cada cifra, cada concepto, suscitaba gritos irónicos y furibundos, pero cuando López Obrador exhortó a los legisladores por última vez a tomar en cuenta su propuesta, un anciano lanzó un ultimátum con su débil vocecita: ¡Y si no aceptan, huelga!
La columna de Julio Hernández
Astillero
Esta(do fa)llido
Funcionarios necios que acusáis...
Discursos contra realidad
Julio Hernández López
El abogado de ricos asuntos, Fernando Gómez Mont, jugaba ayer a la política en una reluciente mesa de la Secretaría de Gobernación, firmando acuerdos de a mentirijillas sobre presuntas redes de atención a víctimas de delitos y discurseando sobre lindas criaturas de fantasía llamadas justicia, solidaridad y ética, mientras el país ardía entre paros de transportistas que incluso llegaron a puentes internacionales, bloqueos callejeros (supuestamente patrocinados por el poder desafiante del narcotráfico), con barricadas y encapuchados, que pasaron de Monterrey a otras ciudades importantes, y el episodio de abatimiento institucional sin atenuantes en una Reynosa que ayer se acomodó puntualmente a los diagnósticos gringos preintervencionistas que cada día se van escandalizando más por el hecho de que el país patiotrasero se confirma como Estado fallido al que urge tutela aunque sea disfrazada de iniciativa meridense.
El estallido nacional en nada podría ser relacionado con la apacible ceremonia en que seis de los grandes responsables oficiales de la catástrofe patria estampaban su firma para asegurar que están dando cumplimiento a los acuerdos de Palacio Nacional generados por un incidente que parece perderse en la noche de los tiempos, el asesinato del hijo del empresario deportivo Martí. Remoto y nebuloso parece aquel Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pues tantas desgracias han sucedido desde entonces que ya no se singulariza el episodio de las indignaciones manifestantes promovidas desde el calderonato para oponer una variante de activismo social a la que en aquel momento se daba desde la izquierda en defensa del petróleo.
Pero los señores de traje, corbata e historial denso se ponen solemnes: Cabeza de Vaca, García Luna y Medina Mora que desde sus cargos en el foxismo fueron artífices de lo que hoy dice quejarse Calderón (¡oh, ¿cómo hemos permitido esta barbarie?!). Funcionarios necios que acusáis al narcotráfico sin razón, sin ver que fuiste los artesanos de Frankenstein. Trío del pasado imborrable que en el presente da continuidad a sus libretos cargados. Y dos hechuras endebles del PSP (Pobrecito Señor Presidente): el opaco secretario de desarrollo social que fue nombrado para darle sustento presupuestal a las campañas panistas venideras, Cordero de Sedesol Mapacheril que no ha crecido ni despuntado, y el secretario de salud que parece no entender ni lo que sucede en su derredor, sobrellevando el tiempo y las circunstancias.
Y, reinando entre ellos, la voz del litigante de las alturas, Gómez Mont que jura y perjura que toda la fuerza de la ley y la potencia de las instituciones existe para luchar contra aquella violencia que ataca a los más vulnerables, para que éstos no se vean sometidos por la fuerza de los hechos, para someter a todos a las reglas intrínsecas de la ley, que no es más que expresión sensata de los anhelos y valores de una comunidad. Gómez Mont que vive en el pasado de la pompa y la gravedad, de la retórica afectada y demostradamente ajena a la realidad, tanto como que, mientras los funcionarios posan para las cámaras, en una ciudad tamaulipeca fronteriza dura más de tres horas un enfrentamiento entre fuerzas parejeras, los militares y cierto cártel de narcos, y calles citadinas son cerradas al tráfico por la fuerza social que peor sería para los gobiernos si fuera cierto que son financiadas y organizadas por el narcotráfico que entonces sí sería una fuerza política capaz de cambiar las connotaciones del ejercicio del poder público.
En San Lázaro, López Obrador vuelve a proponer acuerdos nacionales de salvamento económico en los que ofrece participar si no fuesen simple marrullería. Pero al hombre que ha convertido al país en un calderón lo que le interesa son las elecciones y el golpeteo a su adversario sobreviviente, así es que sus influencias mediáticas desatan una empaquetada crítica a quienes se opusieron al plan privatizador petrolero del año pasado porque, al impedir que se contara con tecnología privada para explotar tesoritos supervinientes, ahora no se puede aprovechar el descubrimiento de un Chicontepec que ya es todo un yacimiento electoral de chantaje hipotético de los panistas. Por cierto, el señor del Calderón ha dicho otra de sus cada vez más frecuentes frases célebres: lo malo no es la tormenta, sino perder el rumbo; o dicho de otra manera: lo malo no es que se vaya la música, sino perder el ritmo. ¡Azúcar (amarga)!
Astillas
Teresa Villegas, de 19 años y habitante de la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, narra que “ayer anduvo tocando puertas en la colonia El Arenal gente de un candidato, Alejandro Piña, y cuando mi abuela abrió la puerta le preguntaron si lo conocía, sus propuestas y su planilla, a lo que mi abuela contestó en todos los casos que no, pero luego le dijeron: ‘¿nos apoyará el 15 de marzo?’, y mi abuela dijo que sí. Entonces le pidieron su nombre completo, el teléfono y la dirección exacta. Yo pregunto, ¿es válido este tipo de propaganda, si así se le pudiera llamar?, porque la verdad es que no me extrañaría un uso indebido de esa información”. Según lo que se ha publicado respecto al tal Piña, es precandidato de Nueva Izquierda a suceder a su amigo y, dicen, compadre, Julio César Moreno, que solicitó licencia a la jefatura delegacional para buscar una diputación local por esa zona...
Y, mientras en el Senado les pasan una bola de humo, con letra chiquita, a los legisladores que así aprobaron reformas en materia de radio y televisión, justamente cuando el IFE se ha arrodillado ante el poder fáctico de esos medios electrónicos (a los que los partidos nacionales se niegan a enfrentar jurídicamente por el indulto relacionado con los espots envenenados, temerosos de revanchas en momentos electorales críticos), ¡hasta mañana en esta columna que escucha al sembrador de esperanzas asegurar en Washington que comienza el fin de la crisis económica!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.
Esta(do fa)llido
Funcionarios necios que acusáis...
Discursos contra realidad
Julio Hernández López
El abogado de ricos asuntos, Fernando Gómez Mont, jugaba ayer a la política en una reluciente mesa de la Secretaría de Gobernación, firmando acuerdos de a mentirijillas sobre presuntas redes de atención a víctimas de delitos y discurseando sobre lindas criaturas de fantasía llamadas justicia, solidaridad y ética, mientras el país ardía entre paros de transportistas que incluso llegaron a puentes internacionales, bloqueos callejeros (supuestamente patrocinados por el poder desafiante del narcotráfico), con barricadas y encapuchados, que pasaron de Monterrey a otras ciudades importantes, y el episodio de abatimiento institucional sin atenuantes en una Reynosa que ayer se acomodó puntualmente a los diagnósticos gringos preintervencionistas que cada día se van escandalizando más por el hecho de que el país patiotrasero se confirma como Estado fallido al que urge tutela aunque sea disfrazada de iniciativa meridense.
El estallido nacional en nada podría ser relacionado con la apacible ceremonia en que seis de los grandes responsables oficiales de la catástrofe patria estampaban su firma para asegurar que están dando cumplimiento a los acuerdos de Palacio Nacional generados por un incidente que parece perderse en la noche de los tiempos, el asesinato del hijo del empresario deportivo Martí. Remoto y nebuloso parece aquel Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pues tantas desgracias han sucedido desde entonces que ya no se singulariza el episodio de las indignaciones manifestantes promovidas desde el calderonato para oponer una variante de activismo social a la que en aquel momento se daba desde la izquierda en defensa del petróleo.
Pero los señores de traje, corbata e historial denso se ponen solemnes: Cabeza de Vaca, García Luna y Medina Mora que desde sus cargos en el foxismo fueron artífices de lo que hoy dice quejarse Calderón (¡oh, ¿cómo hemos permitido esta barbarie?!). Funcionarios necios que acusáis al narcotráfico sin razón, sin ver que fuiste los artesanos de Frankenstein. Trío del pasado imborrable que en el presente da continuidad a sus libretos cargados. Y dos hechuras endebles del PSP (Pobrecito Señor Presidente): el opaco secretario de desarrollo social que fue nombrado para darle sustento presupuestal a las campañas panistas venideras, Cordero de Sedesol Mapacheril que no ha crecido ni despuntado, y el secretario de salud que parece no entender ni lo que sucede en su derredor, sobrellevando el tiempo y las circunstancias.
Y, reinando entre ellos, la voz del litigante de las alturas, Gómez Mont que jura y perjura que toda la fuerza de la ley y la potencia de las instituciones existe para luchar contra aquella violencia que ataca a los más vulnerables, para que éstos no se vean sometidos por la fuerza de los hechos, para someter a todos a las reglas intrínsecas de la ley, que no es más que expresión sensata de los anhelos y valores de una comunidad. Gómez Mont que vive en el pasado de la pompa y la gravedad, de la retórica afectada y demostradamente ajena a la realidad, tanto como que, mientras los funcionarios posan para las cámaras, en una ciudad tamaulipeca fronteriza dura más de tres horas un enfrentamiento entre fuerzas parejeras, los militares y cierto cártel de narcos, y calles citadinas son cerradas al tráfico por la fuerza social que peor sería para los gobiernos si fuera cierto que son financiadas y organizadas por el narcotráfico que entonces sí sería una fuerza política capaz de cambiar las connotaciones del ejercicio del poder público.
En San Lázaro, López Obrador vuelve a proponer acuerdos nacionales de salvamento económico en los que ofrece participar si no fuesen simple marrullería. Pero al hombre que ha convertido al país en un calderón lo que le interesa son las elecciones y el golpeteo a su adversario sobreviviente, así es que sus influencias mediáticas desatan una empaquetada crítica a quienes se opusieron al plan privatizador petrolero del año pasado porque, al impedir que se contara con tecnología privada para explotar tesoritos supervinientes, ahora no se puede aprovechar el descubrimiento de un Chicontepec que ya es todo un yacimiento electoral de chantaje hipotético de los panistas. Por cierto, el señor del Calderón ha dicho otra de sus cada vez más frecuentes frases célebres: lo malo no es la tormenta, sino perder el rumbo; o dicho de otra manera: lo malo no es que se vaya la música, sino perder el ritmo. ¡Azúcar (amarga)!
Astillas
Teresa Villegas, de 19 años y habitante de la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, narra que “ayer anduvo tocando puertas en la colonia El Arenal gente de un candidato, Alejandro Piña, y cuando mi abuela abrió la puerta le preguntaron si lo conocía, sus propuestas y su planilla, a lo que mi abuela contestó en todos los casos que no, pero luego le dijeron: ‘¿nos apoyará el 15 de marzo?’, y mi abuela dijo que sí. Entonces le pidieron su nombre completo, el teléfono y la dirección exacta. Yo pregunto, ¿es válido este tipo de propaganda, si así se le pudiera llamar?, porque la verdad es que no me extrañaría un uso indebido de esa información”. Según lo que se ha publicado respecto al tal Piña, es precandidato de Nueva Izquierda a suceder a su amigo y, dicen, compadre, Julio César Moreno, que solicitó licencia a la jefatura delegacional para buscar una diputación local por esa zona...
Y, mientras en el Senado les pasan una bola de humo, con letra chiquita, a los legisladores que así aprobaron reformas en materia de radio y televisión, justamente cuando el IFE se ha arrodillado ante el poder fáctico de esos medios electrónicos (a los que los partidos nacionales se niegan a enfrentar jurídicamente por el indulto relacionado con los espots envenenados, temerosos de revanchas en momentos electorales críticos), ¡hasta mañana en esta columna que escucha al sembrador de esperanzas asegurar en Washington que comienza el fin de la crisis económica!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.
Narcotráfico y protestas
En días recientes se han realizado, en distintos puntos del territorio nacional, manifestaciones de protesta por los abusos cometidos en el curso de los operativos militares emprendidos por el gobierno federal. Ayer, por noveno día consecutivo, cientos de personas –entre las que se encontraban mujeres, niños y gente de la tercera edad– bloquearon algunas de las principales vialidades de Monterrey y reclamaron el cese de los atropellos cometidos por elementos castrenses; en Veracruz, alrededor de 300 personas tomaron cuatro casetas de peaje y bloquearon una carretera federal en demanda del retiro de las fuerzas armadas, y en Reynosa, Tamaulipas, alrededor de mil operadores de transporte público cerraron avenidas y cruces internacionales; además, en esta última localidad, elementos del Ejército se enfrentaron a presuntos sicarios y a manifestantes, lo que dejó como saldo una decena de muertos y más de 15 heridos. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, señaló que tales movilizaciones son impulsadas por el crimen organizado y afirmó que “hay elementos para pensar que se trata del cártel del Golfo y Los Zetas”.
Al margen de que sean ciertas o no las declaraciones del gobernador nuevoleonés, no puede pasarse por alto que en el país se ha generado una legítima molestia ante los documentados atropellos militares cometidos en contra de civiles en el contexto de la cruzada antinarco del gobierno federal. Tales abusos han generado un profundo descontento en amplios sectores de la población, y han confirmado, además, las advertencias que hace más de dos años –cuando los soldados salieron a las calles– plantearon diversas organizaciones sociales en el sentido de que el uso de militares en labores de seguridad pública –que corresponden a instituciones civiles– representa una amenaza para la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho, al tiempo que expone a las fuerzas armadas a la animadversión popular y al poder de infiltración de las organizaciones delictivas.
Ante estas consideraciones, resulta improcedente identificar todas las manifestaciones de rechazo al Ejército con actos urdidos y manipulados por los cárteles de la droga, pues de esa manera se descalifica en su totalidad a expresiones –legítimas y sin duda reales– de la población ante una política de seguridad que no ha ayudado a erradicar la violencia en el país –al contrario, la ha incrementado–; que no ha disminuido, a lo que puede verse, el margen de maniobra de los grupos criminales, y que, en cambio, ha hundido a grandes franjas de la sociedad en la zozobra y el temor. En particular, es pertinente y necesario que las autoridades deslinden responsabilidades en relación con los enfrentamientos ocurridos ayer en Reynosa y que esclarezcan si ese hecho estuvo o no vinculado con las manifestaciones referidas.
Por lo demás, tampoco puede descartarse que alguna de las expresiones de descontento que se comentan sea impulsada de manera subrepticia por el narco y que esto sea reflejo de la obtención de apoyo social por parte de los cárteles de la droga. Tal perspectiva, por indeseable que resulte, no es sorprendente si se toma en cuenta que, además de la social y la política, el narcotráfico tiene una dimensión económica insoslayable y que esa industria emplea a alrededor de medio millón de personas en el país, de las cuales unas 300 mil se dedican al cultivo de estupefacientes ilícitos, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En la circunstancia presente, lo peor que podría hacer el gobierno federal sería cerrar los ojos a este posible escenario, pues ello contribuiría a que los fenómenos referidos se consoliden o profundicen, y a que las corporaciones criminales aprovechen la actual coyuntura –en la que convergen el desempleo, bajas salariales, deterioro de la calidad de vida y un amplio sentir de desasosiego en el común de los mexicanos– para extender su influencia en los ámbitos social y económico.
Estas consideraciones tendrían que obligar a la administración calderonista a dar un golpe de timón en su actual política de seguridad y a modificar sus estrategias de combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada, en el entendido de que, para erradicarlas, no basta con operativos y desplazamientos de soldados por el territorio nacional –que derivan, a fin de cuentas, en un círculo reproductor de la violencia–, sino que se necesita, en primer lugar, una comprensión de la complejidad y las dimensiones de esos fenómenos, así como capacidad y voluntad política para atacar sus causas originarias.
Al margen de que sean ciertas o no las declaraciones del gobernador nuevoleonés, no puede pasarse por alto que en el país se ha generado una legítima molestia ante los documentados atropellos militares cometidos en contra de civiles en el contexto de la cruzada antinarco del gobierno federal. Tales abusos han generado un profundo descontento en amplios sectores de la población, y han confirmado, además, las advertencias que hace más de dos años –cuando los soldados salieron a las calles– plantearon diversas organizaciones sociales en el sentido de que el uso de militares en labores de seguridad pública –que corresponden a instituciones civiles– representa una amenaza para la vigencia de las garantías individuales y el estado de derecho, al tiempo que expone a las fuerzas armadas a la animadversión popular y al poder de infiltración de las organizaciones delictivas.
Ante estas consideraciones, resulta improcedente identificar todas las manifestaciones de rechazo al Ejército con actos urdidos y manipulados por los cárteles de la droga, pues de esa manera se descalifica en su totalidad a expresiones –legítimas y sin duda reales– de la población ante una política de seguridad que no ha ayudado a erradicar la violencia en el país –al contrario, la ha incrementado–; que no ha disminuido, a lo que puede verse, el margen de maniobra de los grupos criminales, y que, en cambio, ha hundido a grandes franjas de la sociedad en la zozobra y el temor. En particular, es pertinente y necesario que las autoridades deslinden responsabilidades en relación con los enfrentamientos ocurridos ayer en Reynosa y que esclarezcan si ese hecho estuvo o no vinculado con las manifestaciones referidas.
Por lo demás, tampoco puede descartarse que alguna de las expresiones de descontento que se comentan sea impulsada de manera subrepticia por el narco y que esto sea reflejo de la obtención de apoyo social por parte de los cárteles de la droga. Tal perspectiva, por indeseable que resulte, no es sorprendente si se toma en cuenta que, además de la social y la política, el narcotráfico tiene una dimensión económica insoslayable y que esa industria emplea a alrededor de medio millón de personas en el país, de las cuales unas 300 mil se dedican al cultivo de estupefacientes ilícitos, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En la circunstancia presente, lo peor que podría hacer el gobierno federal sería cerrar los ojos a este posible escenario, pues ello contribuiría a que los fenómenos referidos se consoliden o profundicen, y a que las corporaciones criminales aprovechen la actual coyuntura –en la que convergen el desempleo, bajas salariales, deterioro de la calidad de vida y un amplio sentir de desasosiego en el común de los mexicanos– para extender su influencia en los ámbitos social y económico.
Estas consideraciones tendrían que obligar a la administración calderonista a dar un golpe de timón en su actual política de seguridad y a modificar sus estrategias de combate al narcotráfico y a otras formas de delincuencia organizada, en el entendido de que, para erradicarlas, no basta con operativos y desplazamientos de soldados por el territorio nacional –que derivan, a fin de cuentas, en un círculo reproductor de la violencia–, sino que se necesita, en primer lugar, una comprensión de la complejidad y las dimensiones de esos fenómenos, así como capacidad y voluntad política para atacar sus causas originarias.
Agreden a Frida Guerrera en Oaxaca
Publicado por Hugo
de RAUL MARTELL
México D.F., 16 de febrero de 2009 (Article19/Cencos).- El pasado jueves 29 de enero, un grupo de entre 5 y 6 jóvenes, agredieron física, verbal y psicológicamente a la periodista independiente, Verónica Villalvazo— cuyo pseudónimo es Frida Guerrera— mientras caminaba sobre la calle de Allende casi llegando a la esquina de Crespo en el centro de la ciudad de Oaxaca. Al parecer, el móvil de la agresión es intimidarla y silenciarla por las investigaciones en profundidad que ha realizado sobre el caso de pederastia en el Instituto San Felipe de Oaxaca. En entrevista para Article19 y Cencos, Villalvazo narró los hechos: "empezaron a decir sí, es Frida, es ella en repetidas ocasiones, me rodearon y empezaron a jalar mi equipo, yo levanté los brazos y les dije que se llevaran todo, uno de ellos me jaló de la mochila donde cargo mi laptop ocasionando con esto que me cayera al suelo, al ver eso, el resto empezó a jalar la cámara fotográfica que me proporcionó la agencia de noticias. De inmediato, uno de ellos dijo ya estuvo, el susto ya está, lo que viene sigue después, retirándose de inmediato". Cabe señalar que la zona de la agresión no es una ruta acostumbrada por la periodista y normalmente a esa hora ya se encuentra en su domicilio por seguridad. Además, vale la pena considerar que 4 días antes de esta agresión, Villalvazo dijo haber sido perseguida por dos sujetos de identidad desconocida durante sus actividades periodísticas. Datos que parecen confirmar que está siendo vigilada. En este contexto es necesario decir que, Villalvazo ha venido siendo perseguida, agredida y hostigada desde 2007 tras documentar la denuncia que hiso Leticia Valdés Martel por la violación de su hijo de tan sólo 4 años a manos de un profesor en el Instituto San Felipe; tema que recientemente volvió a tener interés para los medios nacionales, al darse a conocer la posible injerencia de algunos políticos oaxaqueños en el caso. Mediante una entrevista, Villalvazo hizo pública dicha información en un video, mismo que puede ser consultado en:
http://video.google.es/videoplay?docid=-4788686809046149025
y que fue usado como prueba el 6 de febrero en el juzgado 3º de lo penal. Empero, Villalvazo no sólo ha puesto su atención en este caso. También ha documentado el hostigamiento al periódico Noticias, voz e imagen de Oaxaca, el levantamiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la desaparición de las mujeres triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez. Todos ellos, a través de su blog: http://fridaguerrera.blogspot.com.
En este sentido, hay que remarcar que el estado de Oaxaca es un ejemplo ilustrativo de lo que sucede en México en materia de libertad de expresión pues de 2007 a la fecha en el estado se han registrado al menos 40 agresiones a periodistas y medios de comunicación, de los cuales 9 han sucedido entre enero y febrero de 2009, datos que parecen indicar que, ejercer el periodismo en el estado significa vivir en peligro constante. Las agresiones a periodistas y medios de comunicación son un hecho lamentable y peor aún cuando provienen de funcionarios públicos quienes como tarea fundamental tienen el garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de los y las ciudadanas. Por ello, Article19 y Cencos hacen un llamado a las autoridades del estado mexicano, de acuerdo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas, para que promuevan y garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Las intimidaciones, amenazas y hostigamientos a periodistas y comunicadores son prácticas que constituyen una amenaza para la democracia pues la libertad de expresión es un requisito indispensable para su consolidación.
Hoy vivimos en peligro de perder identidad, los recursos de la tierra y también la libertad. Y tu... Dices que no me entiendes. Raúl Martell
de RAUL MARTELL
México D.F., 16 de febrero de 2009 (Article19/Cencos).- El pasado jueves 29 de enero, un grupo de entre 5 y 6 jóvenes, agredieron física, verbal y psicológicamente a la periodista independiente, Verónica Villalvazo— cuyo pseudónimo es Frida Guerrera— mientras caminaba sobre la calle de Allende casi llegando a la esquina de Crespo en el centro de la ciudad de Oaxaca. Al parecer, el móvil de la agresión es intimidarla y silenciarla por las investigaciones en profundidad que ha realizado sobre el caso de pederastia en el Instituto San Felipe de Oaxaca. En entrevista para Article19 y Cencos, Villalvazo narró los hechos: "empezaron a decir sí, es Frida, es ella en repetidas ocasiones, me rodearon y empezaron a jalar mi equipo, yo levanté los brazos y les dije que se llevaran todo, uno de ellos me jaló de la mochila donde cargo mi laptop ocasionando con esto que me cayera al suelo, al ver eso, el resto empezó a jalar la cámara fotográfica que me proporcionó la agencia de noticias. De inmediato, uno de ellos dijo ya estuvo, el susto ya está, lo que viene sigue después, retirándose de inmediato". Cabe señalar que la zona de la agresión no es una ruta acostumbrada por la periodista y normalmente a esa hora ya se encuentra en su domicilio por seguridad. Además, vale la pena considerar que 4 días antes de esta agresión, Villalvazo dijo haber sido perseguida por dos sujetos de identidad desconocida durante sus actividades periodísticas. Datos que parecen confirmar que está siendo vigilada. En este contexto es necesario decir que, Villalvazo ha venido siendo perseguida, agredida y hostigada desde 2007 tras documentar la denuncia que hiso Leticia Valdés Martel por la violación de su hijo de tan sólo 4 años a manos de un profesor en el Instituto San Felipe; tema que recientemente volvió a tener interés para los medios nacionales, al darse a conocer la posible injerencia de algunos políticos oaxaqueños en el caso. Mediante una entrevista, Villalvazo hizo pública dicha información en un video, mismo que puede ser consultado en:
http://video.google.es/videoplay?docid=-4788686809046149025
y que fue usado como prueba el 6 de febrero en el juzgado 3º de lo penal. Empero, Villalvazo no sólo ha puesto su atención en este caso. También ha documentado el hostigamiento al periódico Noticias, voz e imagen de Oaxaca, el levantamiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la desaparición de las mujeres triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez. Todos ellos, a través de su blog: http://fridaguerrera.blogspot.com.
En este sentido, hay que remarcar que el estado de Oaxaca es un ejemplo ilustrativo de lo que sucede en México en materia de libertad de expresión pues de 2007 a la fecha en el estado se han registrado al menos 40 agresiones a periodistas y medios de comunicación, de los cuales 9 han sucedido entre enero y febrero de 2009, datos que parecen indicar que, ejercer el periodismo en el estado significa vivir en peligro constante. Las agresiones a periodistas y medios de comunicación son un hecho lamentable y peor aún cuando provienen de funcionarios públicos quienes como tarea fundamental tienen el garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de los y las ciudadanas. Por ello, Article19 y Cencos hacen un llamado a las autoridades del estado mexicano, de acuerdo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos asumidas, para que promuevan y garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Las intimidaciones, amenazas y hostigamientos a periodistas y comunicadores son prácticas que constituyen una amenaza para la democracia pues la libertad de expresión es un requisito indispensable para su consolidación.
Hoy vivimos en peligro de perder identidad, los recursos de la tierra y también la libertad. Y tu... Dices que no me entiendes. Raúl Martell
Columna: Asimetrías
¿Qué Queremos? ¿Y cómo?
El constante empobrecimiento de segmentos cada vez mayores de población no genera una acción para detenerlo, como si el modelo económico y político causante fuera aceptable. En esta percepción se apoya el PRI para retomar el poder, mientras el PAN apuesta a la abstención de voto de quienes están hartos de su corrupción e ineptitud.
por Fausto Fernández Ponte
"Ha muerto el dios mercado". Lula.
I
Un número grueso de mexicanos adultos (e incluso algunos niños y adolescentes) parece saber qué aqueja al país --es decir, al Estado mexicano con todos sus elementos constitutivos de pueblo, poder político (o Gobierno), territorio y soberanía--. Ese grueso sospéchase mayoritario.
Otro grueso importante de mexicanos parece ser indiferente al registro de la crisis que estruja al país, inconsciente de sus causales verdaderas, sus efectos y consecuencias y ajeno, además, a la suerte de los elementos constitutivos del Estado.
Diríase sin depegarse del discernimiento objetivo de la realidad --tanto la percibida por la sociedad como la que existe materialmente ajena a nuestra percepción-- que otro grueso, también muy denso, de mexicanos parece muy preocupado por el entorno.
Mas fuere cual fuere esa naturaleza de los grupos sociales en esta taxonomía arbitraria, lo que antójase verismo insoslayable es que los efectos de la crisis son padecidos por todos los mexicanos rasos que conforman los 106 millones de habitantes del país.
Concluiríase que, en términos generales, los mexicanos saben qué está pasándoles, dado que en mayor o menor grado padecen estrecheces actuales o porque éstas se asoman ya en el horizonte de las expectativas de movilidad --avance y progreso-- y dinamismo societal.
Persiste, con una tenacidad que adviértese creciente, cierta tendencia a la estratificación de esas expectativas de movilidad social. Esa estratificación es secuencial; deviene de la composición misma de la sociedad mexicana determinada por la base económica.
II
Esa base económica registra crisis. Esta crisis tiene orígenes que las ciencias políticas y sociales han identificado con precisión desde hace mucho tiempo, habiéndose diseñado mecanismos para pronosticar con exactitud sus comportamientos y, ergo, atenuar sus efectos.
Para ello, es importante considerar los andamiajes --mecanismos-- de relaciones internas y estables que articulan los diferentes elementos de una totalidad concreta, para corresponderse entre sí. Hoy no es el caso en México. Los componentes no se corresponden ya entre sí.
Así, los ciclos recesivos, inflacionarios y estanflacionarios de la economía, en sus ámbitos macro y/o micro, son previsibles, identificables y hasta evitables en mayor o menor grado. Pero ello depende no de agentes o vectores económicos propiamente, sino sobre todo políticos.
Regístrase, sin embargo, una excepción: aquellos mexicanos nacidos en los últimos 27 años --desde que se aceleró el proceso de descomposición del Estado tras varios sexeniois de lento devenir-- carecen de un telón de fondo histórico vivencial que les sirva de referente.
Esas referencias son esenciales para comprender este ciclo de crisis --su naturaleza, sus dimensiones, su duración, sus alcances prospectivos; su pedagogía en suma-- y actuar en consecuencia para prevenirla o modificar sus paradigmas y fuerzas internas.
Esos millones de mexicanois nacieron, precisamente, en esa etapa acelerada --virulenta-- del fenómeno. Y, predeciblemente, esos millones de mexicanos reflejan, así mismo, la composición y naturaleza estamentaria --clasista-- de la misma sociedad.
III
Y como esa composición estamentaria --la sociedad conformada en grupos, estratos y clases-- es desigual, los entreveramientos y traslapes de sus valores no se corresponden. Estratos bajos de las clases medias han adoptado, por aculturación inducida, valores de las clases altas.
Hágase la salvedad de que usamos las definiciones "clases medias" y "clases altas" en el sentido sociológico e histórico, sin connotaciones culturales --las de la cultura de la calificación--. Esos valores representan una cosmovisión cuyos asideros son los del mercado y el consumo.
Por ello, ante el insoslayable proceso de depauperación --proletarización-- de estratos medioaltos y medio-medios de las clases medias, éstas comparten los valores de preservar el modelo económico que les representa acceso fluido a satisfactores básicos, suntuarios y estatus.
Ello sugiere que los mexicanos realizarían acciones orientadas a alterar el rumbo hacia la desintegración y tratar de revertir ésta. Pero no hay consenso acerca de la inviabilidad brutal del actual modelo económico y político. Para no pocos mexicanos, este modelo es casi rescatable.
Sobre esa base de inferimientos se apoya el Partido Revolucionario Institucional para acceder otra vez al poder político del Estado, sin tener que compartirlo. Paradójicamente, Acción Nacional también sustenta su estrategia sobre una supuesta reticencia del mexicano al cambio de fondo.
Pero ello ofrece, de igual manera, una tercera opción prospectiva: abstenerse de votar en julio, porque en ciertas vertientes del núcleo electoral mexicano hay hartazgo de la ineptitud y corrupción de los personeros del poder. ¡Que se vayan todos!, parecería ser el mensaje.
El constante empobrecimiento de segmentos cada vez mayores de población no genera una acción para detenerlo, como si el modelo económico y político causante fuera aceptable. En esta percepción se apoya el PRI para retomar el poder, mientras el PAN apuesta a la abstención de voto de quienes están hartos de su corrupción e ineptitud.
por Fausto Fernández Ponte
"Ha muerto el dios mercado". Lula.
I
Un número grueso de mexicanos adultos (e incluso algunos niños y adolescentes) parece saber qué aqueja al país --es decir, al Estado mexicano con todos sus elementos constitutivos de pueblo, poder político (o Gobierno), territorio y soberanía--. Ese grueso sospéchase mayoritario.
Otro grueso importante de mexicanos parece ser indiferente al registro de la crisis que estruja al país, inconsciente de sus causales verdaderas, sus efectos y consecuencias y ajeno, además, a la suerte de los elementos constitutivos del Estado.
Diríase sin depegarse del discernimiento objetivo de la realidad --tanto la percibida por la sociedad como la que existe materialmente ajena a nuestra percepción-- que otro grueso, también muy denso, de mexicanos parece muy preocupado por el entorno.
Mas fuere cual fuere esa naturaleza de los grupos sociales en esta taxonomía arbitraria, lo que antójase verismo insoslayable es que los efectos de la crisis son padecidos por todos los mexicanos rasos que conforman los 106 millones de habitantes del país.
Concluiríase que, en términos generales, los mexicanos saben qué está pasándoles, dado que en mayor o menor grado padecen estrecheces actuales o porque éstas se asoman ya en el horizonte de las expectativas de movilidad --avance y progreso-- y dinamismo societal.
Persiste, con una tenacidad que adviértese creciente, cierta tendencia a la estratificación de esas expectativas de movilidad social. Esa estratificación es secuencial; deviene de la composición misma de la sociedad mexicana determinada por la base económica.
II
Esa base económica registra crisis. Esta crisis tiene orígenes que las ciencias políticas y sociales han identificado con precisión desde hace mucho tiempo, habiéndose diseñado mecanismos para pronosticar con exactitud sus comportamientos y, ergo, atenuar sus efectos.
Para ello, es importante considerar los andamiajes --mecanismos-- de relaciones internas y estables que articulan los diferentes elementos de una totalidad concreta, para corresponderse entre sí. Hoy no es el caso en México. Los componentes no se corresponden ya entre sí.
Así, los ciclos recesivos, inflacionarios y estanflacionarios de la economía, en sus ámbitos macro y/o micro, son previsibles, identificables y hasta evitables en mayor o menor grado. Pero ello depende no de agentes o vectores económicos propiamente, sino sobre todo políticos.
Regístrase, sin embargo, una excepción: aquellos mexicanos nacidos en los últimos 27 años --desde que se aceleró el proceso de descomposición del Estado tras varios sexeniois de lento devenir-- carecen de un telón de fondo histórico vivencial que les sirva de referente.
Esas referencias son esenciales para comprender este ciclo de crisis --su naturaleza, sus dimensiones, su duración, sus alcances prospectivos; su pedagogía en suma-- y actuar en consecuencia para prevenirla o modificar sus paradigmas y fuerzas internas.
Esos millones de mexicanois nacieron, precisamente, en esa etapa acelerada --virulenta-- del fenómeno. Y, predeciblemente, esos millones de mexicanos reflejan, así mismo, la composición y naturaleza estamentaria --clasista-- de la misma sociedad.
III
Y como esa composición estamentaria --la sociedad conformada en grupos, estratos y clases-- es desigual, los entreveramientos y traslapes de sus valores no se corresponden. Estratos bajos de las clases medias han adoptado, por aculturación inducida, valores de las clases altas.
Hágase la salvedad de que usamos las definiciones "clases medias" y "clases altas" en el sentido sociológico e histórico, sin connotaciones culturales --las de la cultura de la calificación--. Esos valores representan una cosmovisión cuyos asideros son los del mercado y el consumo.
Por ello, ante el insoslayable proceso de depauperación --proletarización-- de estratos medioaltos y medio-medios de las clases medias, éstas comparten los valores de preservar el modelo económico que les representa acceso fluido a satisfactores básicos, suntuarios y estatus.
Ello sugiere que los mexicanos realizarían acciones orientadas a alterar el rumbo hacia la desintegración y tratar de revertir ésta. Pero no hay consenso acerca de la inviabilidad brutal del actual modelo económico y político. Para no pocos mexicanos, este modelo es casi rescatable.
Sobre esa base de inferimientos se apoya el Partido Revolucionario Institucional para acceder otra vez al poder político del Estado, sin tener que compartirlo. Paradójicamente, Acción Nacional también sustenta su estrategia sobre una supuesta reticencia del mexicano al cambio de fondo.
Pero ello ofrece, de igual manera, una tercera opción prospectiva: abstenerse de votar en julio, porque en ciertas vertientes del núcleo electoral mexicano hay hartazgo de la ineptitud y corrupción de los personeros del poder. ¡Que se vayan todos!, parecería ser el mensaje.
IFE: Terroristas y Cobardes
Por Álvaro Delgado
Por unas horas hubo la impresión de que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) honrarían su investidura, hasta por razones de pragmatismo, y sancionarían a Televisa y Televisión Azteca por las violaciones constitucionales y legales que cometieron, pero al final no hubo sorpresas: fueron congruentes con su origen y ratificaron su condición de empleados de las facciones de poder.
El caso del consejero Marco Antonio Baños es inequívoco: de ser tenaz promotor del castigo a las televisoras, desde el mismo día del desacato a la ley en la transmisión de promocionales --el sábado 31 de enero--, pasó a ser entusiasta animador del perdón y de la impunidad.
Baños --que será consejero hasta el 2016-- exhibió a plenitud, en la sesión del Consejo General del viernes pasado, la efigie de Manlio Fabio Beltrones que trae dibujada en su propio rostro y que, en sí mismo, representa un mensaje a la manera de la mafia.
El senador priista prueba a las televisoras --para fines futuristas-- el nivel de control de amplias parcelas del tinglado electoral.
Porque otorgar el indulto a las televisoras pudo haber sido propuesto por Marco Antonio Gómez Alcántar o Francisco Guerrero, dos consejeros de la facción priista, y el resultado hubiera sido exactamente el mismo, pero el mensaje no tendría la claridad buscada. Beltrones, no sólo Peña Nieto, se pone a las órdenes de Televisa y Televisión Azteca.
Obviamente Felipe Calderón hizo su parte: aleccionó al elenco de consejeros del que es cómplice, Arturo Sánchez Gutiérrez y Benito Nacif --a Macarita Elizondo no la necesitaron por ahora-- para hacer mayoría con la facción priista y consumar el "arreglo" operado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como lo confesó él mismo, con toda impudicia.
Las conductas de PAN y PRI en la sesión sólo ratificaron el pacto cupular para pisotear la ley, pero ni siquiera tuvieron la gallardía de repetir los argumentos de los consejeros promotores de la impunidad. Ni Roberto Gil, embajador de Germán Martínez, ni Sebastián Lerdo de Tejada, representante de Beatriz Paredes, abrieron la boca.
Fue un silencio cobarde.
El Partido Verde tuvo más vergüenza: defendió, sin atenuantes, a las empresas televisoras y atacó a quienes los dirigentes de este partido identifican como "enemigos de los concesionarios", como en el caso del consejero Alfredo Figueroa.
Al Partido Social Demócrata (PSD) por ahora le conviene no defender a las televisoras y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le correspondió una tímida condena a la claudicación del IFE ante las televisoras, una conducta a la que se sumará si no lleva el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero en este episodio no sólo son responsables los artífices de la impunidad, que ya han sido nombrados, sino también el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien ni siquiera fue capaz, ya no de persuadir a la constitución de una mayoría a favor de la legalidad, sino de que el proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva –cuyo personal lo elaboró de manera rigurosa-- fuera siquiera discutido y votado.
De esa manera, si tan seguros estaban de sus argumentos los consejeros que propusieron sobreseer el proyecto, eufemismo de impunidad, pudieron dejar claro ante la sociedad que el juicio iniciado contra las televisoras era jurídicamente insostenible.
En realidad, Televisa y Televisión Azteca amenazaron a consejeros de que "reventarían" la elección si el IFE osaba sancionarlos por violar la ley, y le advirtieron además a Calderón que no sólo no tendría cabida en los espacios noticiosos, sino que él y su gobierno desaparecerían de las pantallas.
Y ya se sabe: ¿qué es Calderón sin la imagen?
Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, y su similar Televisión Azteca, del confeso golpista Ricardo Salinas Pliego, actuaron como terroristas al amenazar con dinamitar los comicios, y los consejeros y políticos se asumieron como cobardes para enfrentar esa afrenta, que ya marcó este proceso electoral.
El resultado está más que claro: el IFE es ya parte de la añagaza democrática en la que el duopolio televisivo es amo y son súbditos los miembros de la decadente clase política.
Apuntes
Los ardorosos defensores de la legalidad y la democracia, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex, así como ideólogos de la talla de Enrique Krauze, seguramente harán un contundente pronunciamiento en defensa de la aplicación de la ley a las televisoras. Claro, si la lógica de los negocios no dispone otra cosa…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Por unas horas hubo la impresión de que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) honrarían su investidura, hasta por razones de pragmatismo, y sancionarían a Televisa y Televisión Azteca por las violaciones constitucionales y legales que cometieron, pero al final no hubo sorpresas: fueron congruentes con su origen y ratificaron su condición de empleados de las facciones de poder.
El caso del consejero Marco Antonio Baños es inequívoco: de ser tenaz promotor del castigo a las televisoras, desde el mismo día del desacato a la ley en la transmisión de promocionales --el sábado 31 de enero--, pasó a ser entusiasta animador del perdón y de la impunidad.
Baños --que será consejero hasta el 2016-- exhibió a plenitud, en la sesión del Consejo General del viernes pasado, la efigie de Manlio Fabio Beltrones que trae dibujada en su propio rostro y que, en sí mismo, representa un mensaje a la manera de la mafia.
El senador priista prueba a las televisoras --para fines futuristas-- el nivel de control de amplias parcelas del tinglado electoral.
Porque otorgar el indulto a las televisoras pudo haber sido propuesto por Marco Antonio Gómez Alcántar o Francisco Guerrero, dos consejeros de la facción priista, y el resultado hubiera sido exactamente el mismo, pero el mensaje no tendría la claridad buscada. Beltrones, no sólo Peña Nieto, se pone a las órdenes de Televisa y Televisión Azteca.
Obviamente Felipe Calderón hizo su parte: aleccionó al elenco de consejeros del que es cómplice, Arturo Sánchez Gutiérrez y Benito Nacif --a Macarita Elizondo no la necesitaron por ahora-- para hacer mayoría con la facción priista y consumar el "arreglo" operado por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como lo confesó él mismo, con toda impudicia.
Las conductas de PAN y PRI en la sesión sólo ratificaron el pacto cupular para pisotear la ley, pero ni siquiera tuvieron la gallardía de repetir los argumentos de los consejeros promotores de la impunidad. Ni Roberto Gil, embajador de Germán Martínez, ni Sebastián Lerdo de Tejada, representante de Beatriz Paredes, abrieron la boca.
Fue un silencio cobarde.
El Partido Verde tuvo más vergüenza: defendió, sin atenuantes, a las empresas televisoras y atacó a quienes los dirigentes de este partido identifican como "enemigos de los concesionarios", como en el caso del consejero Alfredo Figueroa.
Al Partido Social Demócrata (PSD) por ahora le conviene no defender a las televisoras y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le correspondió una tímida condena a la claudicación del IFE ante las televisoras, una conducta a la que se sumará si no lleva el caso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Pero en este episodio no sólo son responsables los artífices de la impunidad, que ya han sido nombrados, sino también el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien ni siquiera fue capaz, ya no de persuadir a la constitución de una mayoría a favor de la legalidad, sino de que el proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva –cuyo personal lo elaboró de manera rigurosa-- fuera siquiera discutido y votado.
De esa manera, si tan seguros estaban de sus argumentos los consejeros que propusieron sobreseer el proyecto, eufemismo de impunidad, pudieron dejar claro ante la sociedad que el juicio iniciado contra las televisoras era jurídicamente insostenible.
En realidad, Televisa y Televisión Azteca amenazaron a consejeros de que "reventarían" la elección si el IFE osaba sancionarlos por violar la ley, y le advirtieron además a Calderón que no sólo no tendría cabida en los espacios noticiosos, sino que él y su gobierno desaparecerían de las pantallas.
Y ya se sabe: ¿qué es Calderón sin la imagen?
Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga, y su similar Televisión Azteca, del confeso golpista Ricardo Salinas Pliego, actuaron como terroristas al amenazar con dinamitar los comicios, y los consejeros y políticos se asumieron como cobardes para enfrentar esa afrenta, que ya marcó este proceso electoral.
El resultado está más que claro: el IFE es ya parte de la añagaza democrática en la que el duopolio televisivo es amo y son súbditos los miembros de la decadente clase política.
Apuntes
Los ardorosos defensores de la legalidad y la democracia, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex, así como ideólogos de la talla de Enrique Krauze, seguramente harán un contundente pronunciamiento en defensa de la aplicación de la ley a las televisoras. Claro, si la lógica de los negocios no dispone otra cosa…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Edgar Döring, el intelectual de la Universidad Anáhuac del Norte Institución de los Legionarios de Cristo...Por cierto, ¿seguirá abierta de... -
11 de Marzo de 2025 Los gringos nunca han sido nuestros amigos. Los amigos no se insultan, mucho menos se roban y asesinan...
-
La Redacción de proceso.com México, D.F., 21 de mayo (apro).- La muerte de la menor Paulette Gebara se trató de “un accidente” y no de ...
