El domingo 31 de Agosto nos reuniremos los brigadistas de la Ciudad de México y quienes deseen unirse a la lucha contra el despojo de nuestra riqueza petrolera, a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución.
sábado, 16 de agosto de 2008
Solo esperamos que se conozca para empezar la movilización nacional en defensa del patrimonio
Lista, la propuesta de reforma del FAP; hoy la revisan líderes
Roberto Garduño
Claudia Sheinbaum, a su salida de la reunión de anoche del consejo consultivo encargado de elaborar la propuesta de reforma energética que presentará el FAP Foto: Víctor Camacho
El consejo consultivo encargado de elaborar la propuesta de reforma energética del Frente Amplio Progresista (FAP) finalizó el trabajo de redacción del documento que habrá de presentar este sábado a las dirigencias de PRD, PT y Convergencia.
Especialistas, académicos e intelectuales alcanzaron el consenso en torno al texto final una vez que se redactó el punto sobre las iniciativas legales.
Además, se llegó a un acuerdo por unanimidad sobre el plan de acción que habrá de seguirse durante el proceso de análisis, debate y probable aprobación de la reforma de Pemex en el Congreso. Acudieron al encuentro –realizado anoche en la casa de Ifigenia Martínez– José María Pérez Gay, Javier Jiménez Espriú, Gregorio Vidal, Alberto Montoya, Héctor Vasconcelos y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
Este último explicó en forma genérica el acuerdo de impulsar una sola iniciativa: “lo que resolvieron el consejo consultivo, el FAP, el movimiento en defensa del petróleo y el “gobierno legítimo” fue hacer confluir todas las propuestas en una sola vertiente. Que quede claro, será una; no habrá más, porque si no habrá una ruptura innecesaria y torpe de las izquierdas”.
Con dureza, advirtió a la corriente Nueva Izquierda que no se le va a permitir que “pare” las reformas legales propuestas en conjunto, “¡y no vamos a aceptar que se negocie con el PRI o con el PAN! Hay que rechazar su propuesta, porque significaría burlar a la opinión pública, se desvalorizaría el no de la consulta y se permitiría todo tipo de transas”.
De tal forma, el consejo consultivo encargado de elaborar la iniciativa, y cuyas actividades rebasaron tres meses, concluyó anoche su fase deliberativa y de redacción final del texto que será presentado al FAP, a Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores federales de PRD, Convergencia y Partido del Trabajo.
Roberto Garduño
Claudia Sheinbaum, a su salida de la reunión de anoche del consejo consultivo encargado de elaborar la propuesta de reforma energética que presentará el FAP Foto: Víctor Camacho
El consejo consultivo encargado de elaborar la propuesta de reforma energética del Frente Amplio Progresista (FAP) finalizó el trabajo de redacción del documento que habrá de presentar este sábado a las dirigencias de PRD, PT y Convergencia.
Especialistas, académicos e intelectuales alcanzaron el consenso en torno al texto final una vez que se redactó el punto sobre las iniciativas legales.
Además, se llegó a un acuerdo por unanimidad sobre el plan de acción que habrá de seguirse durante el proceso de análisis, debate y probable aprobación de la reforma de Pemex en el Congreso. Acudieron al encuentro –realizado anoche en la casa de Ifigenia Martínez– José María Pérez Gay, Javier Jiménez Espriú, Gregorio Vidal, Alberto Montoya, Héctor Vasconcelos y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
Este último explicó en forma genérica el acuerdo de impulsar una sola iniciativa: “lo que resolvieron el consejo consultivo, el FAP, el movimiento en defensa del petróleo y el “gobierno legítimo” fue hacer confluir todas las propuestas en una sola vertiente. Que quede claro, será una; no habrá más, porque si no habrá una ruptura innecesaria y torpe de las izquierdas”.
Con dureza, advirtió a la corriente Nueva Izquierda que no se le va a permitir que “pare” las reformas legales propuestas en conjunto, “¡y no vamos a aceptar que se negocie con el PRI o con el PAN! Hay que rechazar su propuesta, porque significaría burlar a la opinión pública, se desvalorizaría el no de la consulta y se permitiría todo tipo de transas”.
De tal forma, el consejo consultivo encargado de elaborar la iniciativa, y cuyas actividades rebasaron tres meses, concluyó anoche su fase deliberativa y de redacción final del texto que será presentado al FAP, a Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores federales de PRD, Convergencia y Partido del Trabajo.
Jaime Avilés en la Jornada
Desfiladero
Jaime Avilés jamastu.com.mx@gmail.com
■ Seguridad pública: es urgente un cambio de política y de políticos
México vive una crisis nacional de seguridad pública y la sociedad, llena de angustia, se pregunta por qué, pero nadie le responde: la ultraderecha, la derecha y los levantacejas culpan de todo a Marcelo Ebrard (¿incluso de los muertos en Culiacán, Iguala, Torreón o Ciudad Juárez?), porque el jefe de Gobierno se niega a reconocer como presidente a Felipe Calderón; los intelectuales, por su parte, prefieren guardar silencio (hay que ver de qué hablan sus revistas exquisitas); los empresarios se niegan a llamar a las cosas por su nombre (la devolución multimillonaria de impuestos que reciben, los fabulosos negocios petroleros que tienen en puerta, los alientan a soportar el castigo), mientras la izquierda especula, cautelosa, pero no acierta a alzar la voz.
¿Qué está pasando en México? Desfiladero arriesga dos hipótesis. Una: Calderón está administrando el terror en altas dosis para encubrir la privatización de la industria petrolera, que espera consumar en septiembre, mes de la patria, antes de proclamar la intervención político-militar de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que hará más títere y más débil aún a su espurio gobierno.
Si esta percepción es incorrecta (a estas alturas ya nadie cree a Calderón capaz de nada, mucho menos de una sofisticación tan perversa), cabe entonces otra lectura: el Estado ha desaparecido en buena parte del territorio (léase, al menos en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tabasco) y la gobernabilidad ha sido remplazada por la barbarie del caos. Por lo tanto, no cabe esperar sino que todo empeore, hasta que Estados Unidos retome el control (o lo intente), luego del traspaso de Petróleos Mexicanos (Pemex) a particulares.
Si el principal derivado del petróleo es la guerra, como bien decía el gran Fontanarrosa, y si la guerra significa muerte, devastación, odio, sicosis, miseria y ruina total, entonces los privatizadores de Pemex (los de adentro y los de afuera) nos han traído esta supuesta lucha “contra” el narcotráfico, que en realidad es una guerra contra la sociedad civil, contra sus formas de convivencia, contra sus elementales normas de deliberación democrática y sus aspiraciones de cambio profundo y verdadero.
Tenemos que decir ya basta, pero no como la oligarquía histérica que hoy pide más retenes militares, más policías y más penas de cárcel, en pocas palabras más de lo mismo, más de lo que no ha servido absolutamente para nada, cuando al contrario, es el momento de exigir un cambio radical de política y de políticos.
Ante una crisis como la que estamos viviendo, un gobernante sensible destituiría de inmediato al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, al procurador general de la República y a los responsables de certificar la licitud de los recursos financieros en Hacienda. Eso es lo mínimo que en estos momentos esperaría el pueblo, en lugar de la ociosa “cumbre” del jueves entrante, en la que Calderón propondrá medidas más “enérgicas”, para ganar tiempo hacia la privatización de Pemex y la intervención estadunidense.
Un cambio radical de política en materia de seguridad pública exige atacar la base financiera del crimen organizado, como se han cansado de repetir los expertos de Naciones Unidas, y como incluso lo señaló el domingo pasado en Villahermosa, desde el interior del panismo, Santiago Creel: “el dinero del narco no anda viajando en maletas por todo el país, está depositado en los bancos”. Al día siguiente de esa declaración, el Departamento de Estado afirmó en Washington que de 2003 a la fecha los cárteles han repatriado de Estados Unidos a México 22 mil millones de dólares.
Y al día siguiente de esa revelación surgió otra: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda “no presentó, en el primer semestre de 2008, un solo reporte de lavado de dinero”, luego de haber detectado, en 2007, mil 478 operaciones de ese tipo. ¿Qué dijo al respecto Calderón? Nada. ¿Y Mouriño? Nada. ¿Y la SSP y la PGR? Nada. ¿Y los levantacejas? ¿Y los empresarios? ¿Y la izquierda?
En lo que va del año en Tabasco se han conocido poco menos de 60 secuestros (los desconocidos son muchos más). ¿Cuántas veces ha ido Juan Camilo Mouriño a supervisar las tareas de seguridad pública en aquella entidad? Las revistas de sociales se limitan a retratarlo en bodas, banquetes y bares de Polanco, donde suele rematar sus “agotadoras” jornadas de trabajo cantando hasta el amanecer. Si hubiera ido a Tabasco sabría que en Jonuta, por ejemplo, hay 120 policías municipales y un arsenal de siete rifles de alto poder (que datan de 1994), para cada uno de los cuales hay 40 balas que no se han utilizado en todo el sexenio por órdenes de arriba. Mouriño no es sólo el emblema de la impunidad sino de la desidia que beneficia a quienes apuestan a que todo se pudra para fortalecerse con el apoyo estadunidense.
Pero la desaparición del gobierno, en todo sentido, va más lejos. Ayer, en Monterrey, el kilo de tortilla subió de 8 pesos a 9.50. Sin embargo, lo que aterra a quienes tienen restaurantes en aquella región es el aumento del gas natural, debido a las nuevas tarifas que en Nuevo León y Coahuila se aplican desde el primero de agosto. Un taquero que hasta julio pagaba 4 mil pesos mensuales por ese combustible, calcula que ahora le cobrarán 9 mil.
Hoy por hoy, 4 millones de regios usan gas natural porque éste era mucho más barato que el gas butano, que se consume en el resto del país, hasta que hace algunas semanas, de repente, la empresa española Gas Natural, filial de Repsol, que lo distribuye, decidió equiparar sus tarifas con las de Texas, lo que provocó un incremento que tal vez obligará a cerrar incontables negocios. Ante tal peligro, los neoleoneses confiaban en que su gobernador, Natividad González Parás, además de reprimir con crueldad a los que se oponen a la destrucción del Cerro de la Silla, los defendería como les prometió. Para su desconsuelo, el funcionario prefirió viajar a Los Angeles a retratarse, disfrazado de Terminator como otros políticos, junto a Arnold Schwarzenegger.
La semana próxima será la consulta ciudadana en los estados del norte. ¿En Saltillo saldrán a votar las víctimas de Aguas de Barcelona, empresa también española que los mata de sed? ¿Y qué harán los usuarios de Gas Natural en el resto de Nuevo León y Coahuila? El martes que viene, por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador conocerá la propuesta de los expertos para la transformación de Pemex, que será difundida el lunes 25, seis días antes de la reunión en todas las plazas públicas de México para decidir el siguiente paso en la lucha.
Jaime Avilés jamastu.com.mx@gmail.com
■ Seguridad pública: es urgente un cambio de política y de políticos
México vive una crisis nacional de seguridad pública y la sociedad, llena de angustia, se pregunta por qué, pero nadie le responde: la ultraderecha, la derecha y los levantacejas culpan de todo a Marcelo Ebrard (¿incluso de los muertos en Culiacán, Iguala, Torreón o Ciudad Juárez?), porque el jefe de Gobierno se niega a reconocer como presidente a Felipe Calderón; los intelectuales, por su parte, prefieren guardar silencio (hay que ver de qué hablan sus revistas exquisitas); los empresarios se niegan a llamar a las cosas por su nombre (la devolución multimillonaria de impuestos que reciben, los fabulosos negocios petroleros que tienen en puerta, los alientan a soportar el castigo), mientras la izquierda especula, cautelosa, pero no acierta a alzar la voz.
¿Qué está pasando en México? Desfiladero arriesga dos hipótesis. Una: Calderón está administrando el terror en altas dosis para encubrir la privatización de la industria petrolera, que espera consumar en septiembre, mes de la patria, antes de proclamar la intervención político-militar de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que hará más títere y más débil aún a su espurio gobierno.
Si esta percepción es incorrecta (a estas alturas ya nadie cree a Calderón capaz de nada, mucho menos de una sofisticación tan perversa), cabe entonces otra lectura: el Estado ha desaparecido en buena parte del territorio (léase, al menos en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tabasco) y la gobernabilidad ha sido remplazada por la barbarie del caos. Por lo tanto, no cabe esperar sino que todo empeore, hasta que Estados Unidos retome el control (o lo intente), luego del traspaso de Petróleos Mexicanos (Pemex) a particulares.
Si el principal derivado del petróleo es la guerra, como bien decía el gran Fontanarrosa, y si la guerra significa muerte, devastación, odio, sicosis, miseria y ruina total, entonces los privatizadores de Pemex (los de adentro y los de afuera) nos han traído esta supuesta lucha “contra” el narcotráfico, que en realidad es una guerra contra la sociedad civil, contra sus formas de convivencia, contra sus elementales normas de deliberación democrática y sus aspiraciones de cambio profundo y verdadero.
Tenemos que decir ya basta, pero no como la oligarquía histérica que hoy pide más retenes militares, más policías y más penas de cárcel, en pocas palabras más de lo mismo, más de lo que no ha servido absolutamente para nada, cuando al contrario, es el momento de exigir un cambio radical de política y de políticos.
Ante una crisis como la que estamos viviendo, un gobernante sensible destituiría de inmediato al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad Pública, al procurador general de la República y a los responsables de certificar la licitud de los recursos financieros en Hacienda. Eso es lo mínimo que en estos momentos esperaría el pueblo, en lugar de la ociosa “cumbre” del jueves entrante, en la que Calderón propondrá medidas más “enérgicas”, para ganar tiempo hacia la privatización de Pemex y la intervención estadunidense.
Un cambio radical de política en materia de seguridad pública exige atacar la base financiera del crimen organizado, como se han cansado de repetir los expertos de Naciones Unidas, y como incluso lo señaló el domingo pasado en Villahermosa, desde el interior del panismo, Santiago Creel: “el dinero del narco no anda viajando en maletas por todo el país, está depositado en los bancos”. Al día siguiente de esa declaración, el Departamento de Estado afirmó en Washington que de 2003 a la fecha los cárteles han repatriado de Estados Unidos a México 22 mil millones de dólares.
Y al día siguiente de esa revelación surgió otra: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda “no presentó, en el primer semestre de 2008, un solo reporte de lavado de dinero”, luego de haber detectado, en 2007, mil 478 operaciones de ese tipo. ¿Qué dijo al respecto Calderón? Nada. ¿Y Mouriño? Nada. ¿Y la SSP y la PGR? Nada. ¿Y los levantacejas? ¿Y los empresarios? ¿Y la izquierda?
En lo que va del año en Tabasco se han conocido poco menos de 60 secuestros (los desconocidos son muchos más). ¿Cuántas veces ha ido Juan Camilo Mouriño a supervisar las tareas de seguridad pública en aquella entidad? Las revistas de sociales se limitan a retratarlo en bodas, banquetes y bares de Polanco, donde suele rematar sus “agotadoras” jornadas de trabajo cantando hasta el amanecer. Si hubiera ido a Tabasco sabría que en Jonuta, por ejemplo, hay 120 policías municipales y un arsenal de siete rifles de alto poder (que datan de 1994), para cada uno de los cuales hay 40 balas que no se han utilizado en todo el sexenio por órdenes de arriba. Mouriño no es sólo el emblema de la impunidad sino de la desidia que beneficia a quienes apuestan a que todo se pudra para fortalecerse con el apoyo estadunidense.
Pero la desaparición del gobierno, en todo sentido, va más lejos. Ayer, en Monterrey, el kilo de tortilla subió de 8 pesos a 9.50. Sin embargo, lo que aterra a quienes tienen restaurantes en aquella región es el aumento del gas natural, debido a las nuevas tarifas que en Nuevo León y Coahuila se aplican desde el primero de agosto. Un taquero que hasta julio pagaba 4 mil pesos mensuales por ese combustible, calcula que ahora le cobrarán 9 mil.
Hoy por hoy, 4 millones de regios usan gas natural porque éste era mucho más barato que el gas butano, que se consume en el resto del país, hasta que hace algunas semanas, de repente, la empresa española Gas Natural, filial de Repsol, que lo distribuye, decidió equiparar sus tarifas con las de Texas, lo que provocó un incremento que tal vez obligará a cerrar incontables negocios. Ante tal peligro, los neoleoneses confiaban en que su gobernador, Natividad González Parás, además de reprimir con crueldad a los que se oponen a la destrucción del Cerro de la Silla, los defendería como les prometió. Para su desconsuelo, el funcionario prefirió viajar a Los Angeles a retratarse, disfrazado de Terminator como otros políticos, junto a Arnold Schwarzenegger.
La semana próxima será la consulta ciudadana en los estados del norte. ¿En Saltillo saldrán a votar las víctimas de Aguas de Barcelona, empresa también española que los mata de sed? ¿Y qué harán los usuarios de Gas Natural en el resto de Nuevo León y Coahuila? El martes que viene, por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador conocerá la propuesta de los expertos para la transformación de Pemex, que será difundida el lunes 25, seis días antes de la reunión en todas las plazas públicas de México para decidir el siguiente paso en la lucha.
viernes, 15 de agosto de 2008
La imagen del hoy
Esta foto la tomé en la marcha obrero-campesina de enero del 2008.
La imagen es elocuente.
El campesino sirviéndose pulque del guaje del jinete, en pleno Paseo de la Reforma.
La tragedia de la familia Martí, botín panista
De Proceso "On line":
El caso Martí.
josé gil olmos
MÉXICO, D.F., 13 de agosto (apro).- Nadie puede estar en contra de que el secuestro y asesinato de Fernando Martí es un hecho execrable, pero el lucro político que Felipe Calderón, su gobierno y su partido han hecho de este caso es, igualmente, condenable.A raíz de que se supo públicamente del secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, el gobierno de Calderón no ha parado en utilizar este lamentable hecho para golpear políticamente a sus opositores y jalar agua para su molino, como lo ha hecho claramente Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación.
El lunes pasado, Felipe Calderón llegó al colmo de la manipulación cuando, en un acto público, dijo que él también se sumaba a la condena y a la manifestación que algunas agrupaciones ciudadanas están organizando para protestar y exigir que se detenga la creciente de inseguridad en todo el país.¿Es que acaso Calderón no se dio cuenta que es a él, como máxima autoridad de gobierno, a quien precisamente la marcha se dirige para exigirle que haga bien su trabajo? ¿En qué estaba pensando Calderón al sumarse a esta protesta ciudadana? Tal vez le está pasando lo mismo que a Fox cuando respondió “¿y yo por qué?” cuando se le exigió resolver el conflicto de la toma del canal 40 por parte de TV Azteca.Lo mismo que Mouriño y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, Calderón se equivoca rotundamente al asumir una posición “comprensiva” y dizque crítica a esta situación, pues al hacerlo se niegan como autoridad, ya que los tres están evadiendo una de las principales responsabilidades que tienen como representantes del Estado: proporcionar seguridad.
El colmo de esta posición arribista de las autoridades federales y de Marcelo Ebrard es que hasta quieren patrocinar la manifestación ciudadana y, al mismo tiempo, están centrando toda la atención en el caso de Fernando Martí cuando el problema es mayor y muchas familias han sido afectadas sin que sean tomadas en cuenta porque no son conocidas entre los políticos o en la clase empresarial como Alejandro Martí, quien apoyó financieramente las campañas presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Lamentablemente sólo hasta que el afectado es alguien con poder, en este caso la familia Martí, las autoridades voltean su atención para ocuparse del crecimiento de este fenómeno delictivo que ha llegado a considerarse como “la industria del secuestro”, en la cual están involucrados los cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con las cifras extraoficiales, en lo que va de la administración ha habido 6 mil casos de secuestros en el país, muchos de los cuales no son denunciados, principalmente por la desconfianza que generan las autoridades policíacas, porque, como se ha visto, algunos policías también están involucrados en los secuestros.
Todos estos casos tendrían que ser también importantes no sólo para las autoridades, sobre todo para el presidente de la República, sino para los medios de comunicación que, en el caso de Fernando Martí, se han volcado de manera desmesurada cayendo en una distinción de clase que igualmente es condenable.
El oportunismo del gobierno de Calderón y del PAN es burdo. Germán Martínez, jefe del panismo, de inmediato tomó el micrófono y en una conferencia de prensa se lanzó contra los gobiernos de todos los partidos –incluido el suyo-- para denunciar un subejercicio de los recursos destinados para la seguridad pública. ¿Por qué no lo hizo antes?La utilización del caso de Fernando Martí puede terminar siendo sólo una cortina de humo para evadir lo que hay de fondo, la creciente descomposición de las autoridades policíacas del país y el aumento en la inseguridad.
Todo ello como consecuencia de malos gobiernos que no han sabido afrontar las crisis políticas, económicas y sociales que en los últimos años han llevado a mayores índices de pobreza, desempleo, corrupción y delincuencia organizada.Lamentablemente, todo parece encaminarse a que el secuestro y asesinato del joven Martí será utilizado por los partidos y el gobierno de Calderón como un instrumento político, y no como un acicate para aminorar los altos índices delictivos.
Y como tal será manipulado en las campañas electorales que se avecinan.
El caso Martí.
josé gil olmos
MÉXICO, D.F., 13 de agosto (apro).- Nadie puede estar en contra de que el secuestro y asesinato de Fernando Martí es un hecho execrable, pero el lucro político que Felipe Calderón, su gobierno y su partido han hecho de este caso es, igualmente, condenable.A raíz de que se supo públicamente del secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, el gobierno de Calderón no ha parado en utilizar este lamentable hecho para golpear políticamente a sus opositores y jalar agua para su molino, como lo ha hecho claramente Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación.
El lunes pasado, Felipe Calderón llegó al colmo de la manipulación cuando, en un acto público, dijo que él también se sumaba a la condena y a la manifestación que algunas agrupaciones ciudadanas están organizando para protestar y exigir que se detenga la creciente de inseguridad en todo el país.¿Es que acaso Calderón no se dio cuenta que es a él, como máxima autoridad de gobierno, a quien precisamente la marcha se dirige para exigirle que haga bien su trabajo? ¿En qué estaba pensando Calderón al sumarse a esta protesta ciudadana? Tal vez le está pasando lo mismo que a Fox cuando respondió “¿y yo por qué?” cuando se le exigió resolver el conflicto de la toma del canal 40 por parte de TV Azteca.Lo mismo que Mouriño y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, Calderón se equivoca rotundamente al asumir una posición “comprensiva” y dizque crítica a esta situación, pues al hacerlo se niegan como autoridad, ya que los tres están evadiendo una de las principales responsabilidades que tienen como representantes del Estado: proporcionar seguridad.
El colmo de esta posición arribista de las autoridades federales y de Marcelo Ebrard es que hasta quieren patrocinar la manifestación ciudadana y, al mismo tiempo, están centrando toda la atención en el caso de Fernando Martí cuando el problema es mayor y muchas familias han sido afectadas sin que sean tomadas en cuenta porque no son conocidas entre los políticos o en la clase empresarial como Alejandro Martí, quien apoyó financieramente las campañas presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Lamentablemente sólo hasta que el afectado es alguien con poder, en este caso la familia Martí, las autoridades voltean su atención para ocuparse del crecimiento de este fenómeno delictivo que ha llegado a considerarse como “la industria del secuestro”, en la cual están involucrados los cárteles del narcotráfico.
De acuerdo con las cifras extraoficiales, en lo que va de la administración ha habido 6 mil casos de secuestros en el país, muchos de los cuales no son denunciados, principalmente por la desconfianza que generan las autoridades policíacas, porque, como se ha visto, algunos policías también están involucrados en los secuestros.
Todos estos casos tendrían que ser también importantes no sólo para las autoridades, sobre todo para el presidente de la República, sino para los medios de comunicación que, en el caso de Fernando Martí, se han volcado de manera desmesurada cayendo en una distinción de clase que igualmente es condenable.
El oportunismo del gobierno de Calderón y del PAN es burdo. Germán Martínez, jefe del panismo, de inmediato tomó el micrófono y en una conferencia de prensa se lanzó contra los gobiernos de todos los partidos –incluido el suyo-- para denunciar un subejercicio de los recursos destinados para la seguridad pública. ¿Por qué no lo hizo antes?La utilización del caso de Fernando Martí puede terminar siendo sólo una cortina de humo para evadir lo que hay de fondo, la creciente descomposición de las autoridades policíacas del país y el aumento en la inseguridad.
Todo ello como consecuencia de malos gobiernos que no han sabido afrontar las crisis políticas, económicas y sociales que en los últimos años han llevado a mayores índices de pobreza, desempleo, corrupción y delincuencia organizada.Lamentablemente, todo parece encaminarse a que el secuestro y asesinato del joven Martí será utilizado por los partidos y el gobierno de Calderón como un instrumento político, y no como un acicate para aminorar los altos índices delictivos.
Y como tal será manipulado en las campañas electorales que se avecinan.
El fin de la criminalidad no está en condenas más largas: AMLO
"Está en cambiar la política económica por un modelo que genere empleos y bienestar, dijo.
La Jornada On Line Publicado: 14/08/2008 19:01
México, DF. El llamado presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la propuesta del titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, de instaurar la cadena perpetua para castigar el secuestro.
De gira por Guanajuato, el político tabasqueño sostuvo que Calderón “desgraciadamente quiere combatir la inseguridad con más policías, más soldados, más cárceles, las leyes más severas y condenas más largas”.
Según un comunicado del gobierno legítimo, el perredista recomendó a “los potentados” y a quienes se creen “dueños del país”, que la solución al clima de violencia está en cambiar la actual política económica por un modelo que garantice la generación de empleos y conceda oportunidades de bienestar para millones de mexicanos.
Sin embargo, dijo, “no van a cambiar la política económica porque quieren seguir manteniendo sus privilegios”.
Por otro lado, el ex candidato a la presidencia de la República afirmó que los responsables del clima de violencia e inseguridad que se vive en el país tienen nombre y apellido, y son Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas, Roberto Hernández, Elba Esther Gordillo, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y dueños de medios de comunicación.
Sostuvo que la violencia se incrementó porque la mafia de la política, que impuso a Felipe Calderón en la Presidencia de la República, continúa aplicando una política económica antipopular y entreguista que ha desatado la descomposición social y ha orillado a los jóvenes a tomar el camino de conductas antisociales.
Añadió que aplican una política económica que beneficia a unos cuantos y ha dejado en la pobreza a millones de mexicanos."
La Jornada On Line Publicado: 14/08/2008 19:01
México, DF. El llamado presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la propuesta del titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, de instaurar la cadena perpetua para castigar el secuestro.
De gira por Guanajuato, el político tabasqueño sostuvo que Calderón “desgraciadamente quiere combatir la inseguridad con más policías, más soldados, más cárceles, las leyes más severas y condenas más largas”.
Según un comunicado del gobierno legítimo, el perredista recomendó a “los potentados” y a quienes se creen “dueños del país”, que la solución al clima de violencia está en cambiar la actual política económica por un modelo que garantice la generación de empleos y conceda oportunidades de bienestar para millones de mexicanos.
Sin embargo, dijo, “no van a cambiar la política económica porque quieren seguir manteniendo sus privilegios”.
Por otro lado, el ex candidato a la presidencia de la República afirmó que los responsables del clima de violencia e inseguridad que se vive en el país tienen nombre y apellido, y son Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas, Roberto Hernández, Elba Esther Gordillo, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y dueños de medios de comunicación.
Sostuvo que la violencia se incrementó porque la mafia de la política, que impuso a Felipe Calderón en la Presidencia de la República, continúa aplicando una política económica antipopular y entreguista que ha desatado la descomposición social y ha orillado a los jóvenes a tomar el camino de conductas antisociales.
Añadió que aplican una política económica que beneficia a unos cuantos y ha dejado en la pobreza a millones de mexicanos."
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