La tragedia de la familia Martí, botín panista

De Proceso "On line":


El caso Martí.
josé gil olmos

MÉXICO, D.F., 13 de agosto (apro).- Nadie puede estar en contra de que el secuestro y asesinato de Fernando Martí es un hecho execrable, pero el lucro político que Felipe Calderón, su gobierno y su partido han hecho de este caso es, igualmente, condenable.A raíz de que se supo públicamente del secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, el gobierno de Calderón no ha parado en utilizar este lamentable hecho para golpear políticamente a sus opositores y jalar agua para su molino, como lo ha hecho claramente Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación.

El lunes pasado, Felipe Calderón llegó al colmo de la manipulación cuando, en un acto público, dijo que él también se sumaba a la condena y a la manifestación que algunas agrupaciones ciudadanas están organizando para protestar y exigir que se detenga la creciente de inseguridad en todo el país.¿Es que acaso Calderón no se dio cuenta que es a él, como máxima autoridad de gobierno, a quien precisamente la marcha se dirige para exigirle que haga bien su trabajo? ¿En qué estaba pensando Calderón al sumarse a esta protesta ciudadana? Tal vez le está pasando lo mismo que a Fox cuando respondió “¿y yo por qué?” cuando se le exigió resolver el conflicto de la toma del canal 40 por parte de TV Azteca.Lo mismo que Mouriño y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, Calderón se equivoca rotundamente al asumir una posición “comprensiva” y dizque crítica a esta situación, pues al hacerlo se niegan como autoridad, ya que los tres están evadiendo una de las principales responsabilidades que tienen como representantes del Estado: proporcionar seguridad.

El colmo de esta posición arribista de las autoridades federales y de Marcelo Ebrard es que hasta quieren patrocinar la manifestación ciudadana y, al mismo tiempo, están centrando toda la atención en el caso de Fernando Martí cuando el problema es mayor y muchas familias han sido afectadas sin que sean tomadas en cuenta porque no son conocidas entre los políticos o en la clase empresarial como Alejandro Martí, quien apoyó financieramente las campañas presidenciales de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Lamentablemente sólo hasta que el afectado es alguien con poder, en este caso la familia Martí, las autoridades voltean su atención para ocuparse del crecimiento de este fenómeno delictivo que ha llegado a considerarse como “la industria del secuestro”, en la cual están involucrados los cárteles del narcotráfico.

De acuerdo con las cifras extraoficiales, en lo que va de la administración ha habido 6 mil casos de secuestros en el país, muchos de los cuales no son denunciados, principalmente por la desconfianza que generan las autoridades policíacas, porque, como se ha visto, algunos policías también están involucrados en los secuestros.

Todos estos casos tendrían que ser también importantes no sólo para las autoridades, sobre todo para el presidente de la República, sino para los medios de comunicación que, en el caso de Fernando Martí, se han volcado de manera desmesurada cayendo en una distinción de clase que igualmente es condenable.

El oportunismo del gobierno de Calderón y del PAN es burdo. Germán Martínez, jefe del panismo, de inmediato tomó el micrófono y en una conferencia de prensa se lanzó contra los gobiernos de todos los partidos –incluido el suyo-- para denunciar un subejercicio de los recursos destinados para la seguridad pública. ¿Por qué no lo hizo antes?La utilización del caso de Fernando Martí puede terminar siendo sólo una cortina de humo para evadir lo que hay de fondo, la creciente descomposición de las autoridades policíacas del país y el aumento en la inseguridad.

Todo ello como consecuencia de malos gobiernos que no han sabido afrontar las crisis políticas, económicas y sociales que en los últimos años han llevado a mayores índices de pobreza, desempleo, corrupción y delincuencia organizada.Lamentablemente, todo parece encaminarse a que el secuestro y asesinato del joven Martí será utilizado por los partidos y el gobierno de Calderón como un instrumento político, y no como un acicate para aminorar los altos índices delictivos.

Y como tal será manipulado en las campañas electorales que se avecinan.