jueves, 12 de enero de 2017
No teman a Trump, “es un buleador y farol”: Fox
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Vicente Fox pidió no tener miedo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
En una serie de mensajes compartidos a través de su cuenta de Twitter, consideró que Donald Trump es un buleador y un farol y que “los buleadores terminan cuando son desafiados. América pónganle un alto antes de que sea tarde”.
Además reiteró que “ni hoy, ni mañana, ni nunca, México pagará por ese estúpido muro. Si Trump quiere un monumento a su ego, que él lo pague”.
Ayer, en su primera conferencia de prensa luego de ser elegido presidente, Donald Trump volvió a decir que para darle celeridad a la construcción de muro, Estados Unidos pondrá el dinero y los mexicanos reembolsarán el gasto.
Fox añadió que, luego de ese encuentro con los medios, “está claro que estamos enfrentando una nueva era de dictadura con Donald Trump”.
After #TrumpPressConference, it's clear that we're facing a new era of dictatorship with @realDonaldTrump. He's not a democratic leader.
Conflictos de interés de Trump lo harían violar la ley, desde su primer día como presidente
La familia Trump se beneficiará de innumerables formas de las decisiones que se originan en la Casa Blanca, destacó el diario Los Angeles Times.
Donald Trump podría violar la Constitución de Estados Unidos desde el momento en que asuma como presidente del país, a causa del conflicto de intereses por sus negocios, consideró este lunes el periódico Los Angeles Times.
La única solución es que Trump se despoje de sus negocios y en especial de todas las inversiones que mantiene en el extranjero, “o al menos debe colocarlo en un fideicomiso”, indicó el especialista Erwin Chemerinsky, en un artículo publicado este jueves por el rotativo.
“En una palabra, las soluciones propuestas por Trump son ridículas”, opinó Chemerinsky en referencia a las declaraciones realizadas por el presidente electo de Estados Unidos en su primera conferencia de prensa ofrecida el pasado miércoles.
Trump aseguró que mantendrá su complejo empresarial y que no colocará sus activos en un “fondo ciego” a cargo de un gestor independiente y sin relación con su familia, como ha sido la norma entre sus predecesores.
Anunció que dejará sus empresas a cargo de sus dos hijos mayores y uno de los ejecutivos de la Trump Organization.
El presidente electo se comprometió a no cerrar ningún acuerdo empresarial en el extranjero durante su presidencia y a donar al Tesoro estadunidense los ingresos que sus hoteles generen de funcionarios y gobiernos foráneos.
“Aunque el plan es vago en detalles cruciales, claramente no es lo suficientemente fuerte como para mantenerlo dentro del derecho de la Constitución”, advirtió Chemerinsky.
“El presidente electo Donald Trump tampoco aprecia, o no le importa, que sus extensas posesiones de negocios plantean serios problemas legales”, señaló Chemerinsky, experto en Derecho Constitucional en Estados Unidos y decano de la Universidad de California.
Las explotaciones comerciales de Trump son incompatibles con la cláusulas constitucionales, indicó Chemerinsky, tras citar como ejemplo que el mayor inquilino en la Trump Tower es el Banco Industrial y Comercial de China.
“¿Adivina a quién pertenece ese banco? A la República Popular de China. Por lo tanto, los pagos de alquiler constituyen un emolumento —un salario, honorario o beneficio— de un Estado extranjero”, señaló el experto.
“Las soluciones propuestas de Trump son risibles. ¿Y qué si él dona ‘beneficios’ de gobiernos extranjeros al Tesoro de los Estados Unidos?”, cuestionó.
Es ampliamente conocido que Trump presionó a un aliado político británico para oponerse a un proyecto de energía eólica, sólo porque podría arruinar la vista de su campo de golf en Aberdeen, Escocia.
Trump también dijo que no participaría en nuevos negocios extranjeros, sin embargo, en la misma conferencia de prensa dijo que conversó a principios de enero con un desarrollador en Dubai sobre una inversión de 2 mil millones de dólares en bienes raíces, que en última instancia declinó.
Después de las elecciones, Trump y sus hijos se reunieron con socios comerciales indios que están construyendo un complejo de apartamentos de lujo de marca Trump al sur de Mumbai.
El problema del conflicto de interés se mantiene porque la familia Trump se beneficiará de innumerables formas de las decisiones que se originan en la Casa Blanca, concluyó.
(Con información de Notimex)
“La renuncia de Peña Nieto”, artículo de Alfredo Lecona
Por Alfredo Lecona
“¿Qué hubieran hecho ustedes?”, preguntó Enrique Peña Nieto y muchas respuestas se han dado en diversos círculos de opinión. Pero a pesar del estruendo de lo que hemos vivido en los últimos días, la respuesta en las calles sobresale como consigna.
En la marcha del pasado lunes en la Ciudad de México, como en muchas otras manifestaciones en el país, el grito de “fuera Peña” ha dibujado una crisis que va mucho más allá del incremento en los precios de la gasolina.
No es la primera vez que se pide la salida del presidente. En septiembre del año pasado, después de que se le organizara el vergonzoso acto de campaña a Donald Trump en Los Pinos, una convocatoria ciudadana enmarcada en la frase “motivos sobran”, invitó a la movilización y reflexión en torno a la salida pacífica de Peña Nieto, bajo la etiqueta #RenunciaYa.
La discusión sobre la terminación anticipada del mandato presidencial, provocó reacciones que oscilaron entre el temor por la incertidumbre que la dimisión generaría, la existencia de grupos de poder que pudieran aprovechar la coyuntura y la apuesta de los políticos de “oposición” a la administración del desgaste de Peña Nieto con miras a 2018. Las primeras preocupaciones, genuinas; la última, un elemento más de la profunda crisis que atraviesa el país.
El optimismo de algunos afirmó que el descontento cimbraría a Los Pinos y que –ahora sí- Peña corregiría el rumbo.
Sin embargo, motivos se han acumulado a los que ya sobraban para septiembre del año pasado, cuando miles marchamos hacia un zócalo que se nos negó, mientras el operativo de acarreo para el performance del presidente, lo llenaba. Es necesaria, entonces, la pregunta: ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerarle al presidente?
El cuestionamiento se está respondiendo y ampliando en las calles desde que el gasolinazo recibió al año. No solo es Peña Nieto, es toda la clase política.
Es el pacto que garantiza los privilegios de quienes aprueban reformas bajo acuerdos inconfesables y presupuestos que, año con año, incrementan la desigualdad. Miguel Barbosa dijo la semana pasada que el Congreso, incluido su partido, el PRD, no analizó a fondo las consecuencias del presupuesto 2017, con el cual quedaron autorizados los incrementos al precio de la gasolina este año. Un descuido de esa magnitud no existió en la parte que mantuvo sin ajuste el ingreso anual de cada senador, incluidas sus gratificaciones de fin de año por 518,000 pesos. Es también, entonces, Barbosa y todo ese Congreso que se aprueba más de 15 mil millones de pesos anuales que se han administrado opacamente por años.
Son los gobernadores que quebraron a sus estados y toda esa corrupción que quema anualmente el equivalente de hasta el 10% del PIB, y que el presidente encarna muy bien.
Es la crisis de derechos humanos, el pacto de impunidad disfrazado de promesas de amnistía y fiscales carnales y el cinismo de quienes en lugar de buscar solución a la crisis, están enclaustrados discutiendo una Ley de Seguridad Interior que amenaza no unicamente con mantener al ejército en las calles e institucionalizar la fallida guerra contra el narcotráfico, sino hasta con la represión de protestas pacíficas (como lo propone Roberto Gil Zuarth en la fracción X del artículo 4 de su iniciativa).
Es que los medios de comunicación que han protegido al sistema sosteniendo o creando presidentes y primeras damas, carezcan de credibilidad en tal magnitud, que muchas personas prefieren creer lo que se les dice por WhatsApp y redes sociales, hasta el punto de generar pánico y psicosis que amenaza con desmovilizar a una sociedad que no está acostumbrada a salir a las calles como lo ha hecho en los últimos días.
Es no tener mayor estrategia que dolerse y apelar a la comprensión por los incrementos, en el mismo acto en el que se nombra a un canciller que afirma no conocer la secretaría que encabezará, rezando en televisión nacional por un Trump compasivo una vez que asuma su mandato, distinto al orate que trajo a nuestro país en agosto del año pasado.
Es la suma de todo lo anterior y muchos más motivos que ensanchan la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Pero si el culpable no es sólo el presidente, ¿por qué pedir su salida?
El proceso de renuncia es un acto pacífico y normal en cualquier democracia. En nuestro país está regulado en el artículo 84 de la Constitución. El presidente debería presentar una causa (que para escoger tiene) ante el Congreso de la Unión quien habría de calificarla como grave. Entonces el Secretario de Gobernación ocuparía el cargo provisional (y se inhabilitaría para ser electo posteriormente) mientras por lo menos dos terceras partes de ambas cámaras eligen (en un término no mayor a 60 días) a un presidente substituto que concluya el actual periodo.
Pero la presión para que esto sea posible no va a venir de una clase política que ni por error se ha atrevido a sugerir un impeachment, porque no les conviene que la ciudadanía se entienda capaz de controlar la vida pública. Entonces nos corresponde como sociedad romper la lógica de la partidocracia que dicta que sólo en los periodos electorales se puede castigar al mal gobierno, para que después no pase nada. Nos toca impedir que el umbral de tolerancia siga creciendo sin consecuencias, con el riesgo fatal de ser heredado por quien sustituya a Enrique Peña Nieto así como Influir ordenada y pacíficamente en las agendas de los candidatos de 2018 y exigir garantías para una transición pacífica.
La renuncia de Peña Nieto no es la salida, pero debe ser el inicio del camino a la recuperación de la vida pública.
Hace un año Osorio Chong festinó el fin de los gasolinazos… hoy guarda silencio
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación y señalado como aspirante presidencial, ha guardado silencio sobre el alza de más de 20% en las gasolinas, medida que ha detonado la furia popular, pero hace un año prometió que gracias a las reformas del presidente Enrique Peña Nieto ya no habría más gasolinazos y que inclusive bajaría el precio de las mismas, el gas y la energía eléctrica.
El 5 de enero de 2016, Osorio encabezó en Veracruz la toma de protesta de Vanguardia Juvenil Agrarista de la priista Confederación Nacional Campesina (CNC) y, ante el entonces gobernador Javier Duarte –hoy prófugo acusado de saquear al estado–, ensalzó las reformas de Peña y sus efectos:
“Hoy se acabaron eso que sufríamos año tras año, mes tras mes: hace un año que se acabaron en este país los gasolinazos. Ya no sube la gasolina, todo lo contrario, va a haber competencia para que bajen los precios de la gasolina. Ha bajado el gas, la energía eléctrica”.
También subrayó ante la audiencia de priistas: “Esos son los beneficios de las reformas que a veces no se han podido explicar, pero eso es lo que quiere el presidente Peña a partir de las reformas que envió al Congreso”.
Entusiasmado, Osorio Chong contagió a los presentes: “Y viene lo mejor, viene lo mejor porque por esas reformas se va a generar inversión que se va a dar en los estados, en el campo. Y se van a dar los empleos bien remunerados que todas y todos estamos deseando para las y los mexicanos”.
En su discurso, aplaudido por Duarte, Osorio Chong destacó que Peña impulsó las reformas para beneficio de los mexicanos:
“Ese es el objetivo fundamental. El presidente no pensó ni en su imagen ni en las encuestas; pensó en el beneficio para las mexicanas y para los mexicanos. Algunos de esos beneficios no le va a tocar verlos al presidente como presidente, pero van a llegar esos beneficios al paso de los años. Eso es pensar por México, eso es pensar para las y los mexicanos”.
Y puntualizó que las reformas permiten hacer una transformación para ayudar a los que verdaderamente lo necesitan: “Menos discursos y más hechos; más acciones en las que los recursos que están en el presupuesto lleguen al campo, lleguen al ejido, lleguen a la comunidad”.
Bajo el cobijo de Peña, militares violan reiteradamente derechos en México: HRW
WASHINGTON (apro).- Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas cometen “reiteradamente” todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Pena Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al narcotráfico y crimen organizado.
“Durante el gobierno del presidente Peña Nieto miembros de las fuerzas armadas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos”, sentenció HWR, organización internacional dedicada a defender las garantías individuales de las personas en el mundo.
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 2016, HRW anota que las violaciones, crímenes y atropellos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas van desde “ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas y torturas”, todo esto llevado a cabo dentro de la estrategia de seguridad de Peña Nieto para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado.
“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico”, se advierte en el capítulo de siete páginas que dedicó HRW al caso mexicano.
Las graves violaciones a los derechos humanos que continúan cometiendo y con reiteración los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas, de acuerdo con el reporte de la organización internacional, se enmarcan en “un clima de impunidad” y son “sistemáticas y endémicas”.
La decisión del gobierno mexicano, desde el sexenio de Calderón, de sacar de los cuarteles a los miembros del Ejército y de la Armada para combatir el narcotráfico y crimen organizado, dio como resultado que los militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
“Hasta julio (pasado) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”, indica el informe de HRW para ejemplificar su denuncia.
Pese a estas denuncias, el reporte sostiene que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para esclarecer los casos ni castigar a los militares que cometen las graves violaciones a derechos humanos.
Y cita como evidencia de impunidad la falta de aplicación de justicia contra los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.
También destaca el caso de los 22 civiles asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México, donde varios de los implicados en esas ejecuciones fueron absueltos el año pasado por un tribunal federal.
“Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el periodo entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Publico”, destaca HRW.
“Durante ese tiempo”, continúa el reporte en el inciso de las torturas, “las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.
Como otros casos de evidencia grave de violación a derechos humanos, de impunidad y falta de interés de parte del gobierno de Peña para esclarecerlos, HRW subraya la carencia de una solución e investigación creíbles al caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 2014 en la ciudad de Iguala.
Da cuenta a su vez de que, en abril del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo del gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó su informe definitivo sobre el asunto y formuló algunas recomendaciones.
“El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República, e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación”, se destaca en el reporte de HRW.
Entre otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en México en 2016 y que también son reiterativas, además de que muchos de los casos siguen impunes, HRW cuenta los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud que padecen muchos mexicanos.
“Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos”, enfatiza HRW.
Las mujeres, las niñas y los homosexuales son también victimas constantes de abusos a sus derechos humanos, lo mismo que los homosexuales, las personas discapacitadas y los indígenas, acota el informe.
HRW explica que el clima de impunidad y de falta de justicia por la crisis de derechos humanos se enerva ante la descalificación que hace el gobierno de Peña de quienes, a nivel nacional e internacional, denuncian esa realidad.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.
Entonces el gobierno mexicano reaccionó asegurando que no había tal crisis de derechos humanos. En ese mismo mes, el gobierno de Peña negó la autorización al relator especial de la ONU sobre la tortura a regresar al país.
En 2015, el relator especial determinó que en México la tortura era una práctica generalizada. Las autoridades mexicanas reviraron acusándolo de actuar de manera poco ética.
“En abril (de 2016), los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorecer la impunidad al realizar denuncias –que calificaron de falsas–, en el sentido de que se torturaba a personas detenidas”.
Por ello “Instaron al gobierno a garantizar un ambiente seguro en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma libre de cualquier tipo de acoso”, remata el informe anual de HRW sobre el estado de los derechos humanos en México.
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