María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más acaudaladas de México, habla con Proceso acerca de la demanda que interpuso contra quienes presuntamente intentan extorsionarla, de manera especial contra Adriana Pérez Romo, esposa del conductor estelar de Televisa, Joaquín López Dóriga. La heredera del Grupo Modelo detalla las amenazas que, afirma, le hicieron en el sentido de usar el espacio televisivo controlado por el periodista para difamarla. “Nunca en 24 años (de su negocio inmobiliario) me había sucedido algo así”, sostiene, y remata: “No soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él”.
Una auténtica “historia de terror”, extorsiones, uso desmedido de la fuerza pública capitalina, una serie de cinco clausuras y de falsos defensores de intereses vecinales se hilvana en la disputa hecha pública entre el comunicador más importante del Grupo Televisa, Joaquín López Dóriga, y la empresaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más acaudaladas del país, quien decidió romper el silencio e interponer una demanda penal, el viernes 14, por varios delitos contra quienes la amenazaron con frenar su desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225, en Polanco, en una de las zonas de mayor plusvalía inmobiliaria en el Distrito Federal.
En esta trama, en primer lugar está involucrada Adriana Pérez Romo, esposa de López Dóriga, quien no es la primera vez que amenaza con utilizar la influencia mediática de su marido. En 2002, el delegado en Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, recordó en sus cuentas de redes sociales que el conductor de Televisa le pidió autorizar una obra ilegal en un predio de su esposa, en Polanco. “Aprende a no meterte con la esposa de un comunicador”, lo amenazó López Dóriga ante la negativa.
En un tono similar, López Dóriga intentó amedrentar a Aramburuzabala tras las amenazas de su esposa. Al rememorar la llamada telefónica del comunicador, la empresaria le repite a Proceso el mensaje que le envió a López Dóriga: “No te confundas. Yo estoy litigando en tribunales, no en medios. Lo que estoy haciendo es exponer tu modus operandi, tu porquería”.
Destapado el escándalo el viernes 21 a raíz de una nota en el periódico Reforma, López Dóriga sólo ha respondido a través de su cuenta de Twitter, sin negar la extorsión:
“Niego rotundamente la dolosa implicación de Reforma: No he ‘litigado’ el problema vecinal con el negocio de la señora Aramburuzabala en Polanco.
“Quien sí ha litigado en medios la defensa de su negocio ha sido la señora Aramburuzabala: 6 primeras planas en Reforma a favor de su desarrollo.”
Otro personaje implicado es el exdiputado federal panista Mario Alberto Becerra Pocoroba, cercano al expresidente Felipe Calderón, quien a nombre de los vecinos del edificio colindante, de Rubén Darío 223, y de Pérez Romo planteó una extorsión que asciende a casi 10 millones de dólares y fue grabado en un video difundido por los representantes de Aramburuzabala.
A su vez, el actual jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha dejado correr las clausuras y las estafas, a pesar de que él reconoció ante Aramburuzabala, en un encuentro privado, que “todo está correcto” en el proyecto de las torres de 122 departamentos.
De entrada, la heredera del emporio de Grupo Modelo y accionista de Grupo Televisa hasta enero de 2006, separa a los directivos de la televisora de su disputa con López Dóriga. Recordó que ella tuvo un encuentro con Emilio Azcárraga Jean y éste se comprometió a no tomar parte en el conflicto.
Grupo Televisa emitió un escueto comunicado para afirmar que el conflicto vecinal en Polanco “ha carecido de interés periodístico” y que “se trata de un tema entre particulares que se encuentra pendiente de resolución en tribunales del Distrito Federal. Este tema no ha sido tratado en nuestros espacios informativos ni en el que conduce Joaquín López Dóriga ni en ningún otro”.
Noticieros Televisa expresó que confía “plenamente” en López Dóriga y reiteró “su respaldo frente a una más de las dolosas notas de Reforma en contra de Televisa y sus colaboradores”.
“Esto comenzó con la defensa de un desarrollo inmobiliario, pero se ha convertido en un tema más grande”, reflexiona Aramburuzabala ante Proceso.
“Es un caso de cómo la corrupción puede inhibir la inversión en la Ciudad de México. Yo tengo más de mil millones de dólares de inversión en 14 desarrollos y me tratan como si fuera narcotraficante. Hay un enorme abuso del poder que le da a un locutor el tener acceso a un medio. Ese poder es utilizado para enriquecerse, para extorsionar”, afirma Aramburuzabala.
Y se pregunta: “¿Qué nos dice de nuestros líderes mediáticos que utilizan su poder para comprar, para extorsionar? ¿Qué nos dice este caso de nuestros gobernantes que se doblan ante la presión y que el estado de derecho es igual a nada?”
–¿Nunca le había sucedido un intento de extorsión?
–Nunca en 24 años de Abilia nos había sucedido algo así. Es normal que tengas litigios donde pierdas y ganes en tribunales, pero siempre jugando derecho.
–López Dóriga ha afirmado en sus columnas que usted es una “niña rica” que “desde su multimillonaria soledad envidia la felicidad ajena”. ¿Qué opina de esta respuesta?
–No me da vergüenza que me diga niña rica porque soy heredera de un gran imperio fundado por mi abuelo. A mí no me dan vergüenza mis orígenes. Soy rica, pero no soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él.
Extorsión por casi 10 mdd
La demanda presentada el viernes 14, cuya copia tiene Proceso, incluye un video de 45 minutos donde el abogado Becerra Pocoroba solicitó el 16 de junio dinero a nombre de Pérez Romo y los demás vecinos, pero también 600 mil dólares para él, por concepto de honorarios, y la exigencia de obras públicas en Polanco.
En las páginas 30 y 31 de la demanda se relata que Becerra Pocoroba y su asistente Érika Mendoza Bergmans “insisten en las solicitudes desproporcionadas que se vinieron haciendo una y otra vez por parte de los vecinos y que fueron solicitadas en reuniones anteriores por las señoras Paloma Carrera Baños y Teresa Adriana Pérez Romo, hasta llegaron de manera directa, cínica y precisa a señalar que con dinero se podría arreglar todo el asunto, que con el pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares para su abogado, más la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias, así como las glorietas de Campos Elíseos, monto adicional que podría ser similar al solicitado por la señora Teresa Adriana Pérez Romo de López Dóriga, a través de su abogado, se podrían terminar los problemas de mi mandante (Aramburuzabala).
“A mayor abundamiento, el propio Mario Alberto Becerra Pocoroba señaló desde el inicio de la reunión que iba en representación de Teresa Adriana Pérez Romo y los vecinos de Rubén Darío 223 y que, incluso, si no existía por parte de mi mandante una pronta respuesta a sus pretensiones económicas, el Gobierno del Distrito Federal iniciaría una acción directa en contra de mi mandante, mediante el juicio de lesividad con el objeto de revocar los permisos ya otorgados con anterioridad por esas mismas autoridades y suspender la elaboración del proyecto en definitiva.”
La presunta extorsión también se formalizó a través de un correo electrónico, enviado el 29 de junio de 2015 a Carlos Padilla Fabre, colaborador de Aramburuzabala, en el que se formalizan las peticiones planteadas de manera verbal en los documentos denominados Convenio Rubén Darío 223.docx y Carta honorarios Abilia.docx, cuyas copias tiene Proceso.
Carlos Padilla y Guillermo Martín Buitano, quienes estuvieron en la primera reunión con Becerra Pocoroba, calculan que la presunta extorsión asciende a casi 10 millones de dólares, ya que son 5 millones de dólares supuestamente para los condóminos de Reforma 223, que se pueden dar “en efectivo o en especie”, más los 600 mil dólares para el abogado y las obras de remodelación en la colonia Polanco.
Dos vecinos del predio Rubén Darío 223, a condición de mantener el anonimato, declaran a Proceso que ellos nunca fueron informados de esta presunta extorsión. La esposa de López Dóriga, quien era la administradora, forzó a los vecinos a firmar la petición de parar la obra de Aramburuzabala, con el argumento de que la torre de 122 departamentos que se construiría al lado iba a afectarlos y a “darles en la torre” al quitarles luz solar y vista al Bosque de Chapultepec.
En la misma demanda contra Paloma Carrera Baños, Adriana Pérez Romo, Gabriela Torres Ramírez (quien se ostenta como “coordinadora vecinal” del corredor Bosque de Chapultepec) y el abogado Becerra Pocoroba se especifica que los 5 millones de dólares se pidieron de la siguiente manera:
“Siempre haciendo alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención a la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, dando a notar la misma, bajo la forma en cómo desde enero del presente año han venido actuando para no permitir que se realice la obra del proyecto denominado ‘Rubén Darío 225’”.
Las clausuras y los granaderos
El desarrollo inmobiliario Abilia, en la calle de Rubén Darío 225, comenzó en 2005, cuando se obtuvo el permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Distrito Federal para fusionar cinco terrenos y dar un uso de suelo de 30 niveles.
El proyecto original tuvo que ser modificado, ya que entre 2010 y 2012 varios vecinos de las calles colindantes de Lord Byron y Tres Picos interpusieron siete distintas acciones legales en su contra. La única que procedió fue la de Giulliano Lopresti y otros vecinos, con quienes se firmó un convenio para reducir la densidad en 20% y en 50 viviendas menos, hasta completar el proyecto actual, de 122 departamentos de 10 millones de dólares cada uno.
A esas primeras reuniones con Lopresti y los habitantes de la calle Lord Byron asistió la esposa de Joaquín López Dóriga a nombre de los vecinos de Rubén Darío 223. Con estos vecinos se tuvieron reuniones entre septiembre y diciembre de 2014 para aclarar distintas dudas respecto al desarrollo inmobiliario.
El 29 de septiembre de ese año, López Dóriga publicó en su cuenta de Twitter que hubo tala de árboles que se realizó “impunemente” por la inmobiliaria de Aramburuzabala. El 2 de diciembre del mismo año denunció que Abilia había falsificado permisos para derribar árboles.
Antes de estos mensajes, Adriana Pérez Romo, la esposa de López Dóriga, les advirtió a directivos de Abilia que ella estaba contra el proyecto, al que calificó como producto de la corrupción, y los amenazó con “hacer todo para parar la obra”.
Aramburuzabala recordó que tuvo dos encuentros con la esposa de López Dóriga para tratar de resolver las diferencias. Refiere que inicialmente ésta última afirmó que quería adquirir tres departamentos, de 10 millones de dólares cada uno.
Después de las amenazas y de los mensajes de López Dóriga en Twitter, el 19 de enero de 2015 se llevó a cabo un operativo en el que tomaron parte siete camiones con 120 granaderos y 10 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública para clausurar la obra, promovido por la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal.
“Fue una prepotencia increíble. Arrestaron a 112 trabajadores y a tres ingenieros que llevaron al Reclusorio Norte acusados del delito de quebrantamiento de sellos de clausura en modalidad de pandilla”, recuerda Aramburuzabala.
Los obreros fueron puestos en libertad horas después con pago de multas y los tres ingenieros pasaron un mes en el Reclusorio Norte, donde uno de ellos fue torturado y amenazado con picahielos.
La denuncia penal interpuesta por Aramburuzabala advierte que en este operativo de clausura se puso en riesgo “la integridad de los habitantes de los predios aledaños y demás daños que se pudieron haber causado, por el impedimento a la adopción e implementación de medidas mitigatorias urgentes y necesarias”.
El 23 de enero, días después del operativo policiaco de clausura, Aramburuzabala solicitó una audiencia con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para reclamarle esta actitud. Mancera se dijo sorprendido y le afirmó que, según la revisión de los documentos, todo estaba “correcto” en la edificación del desarrollo inmobiliario.
Aramburuzabala le advirtió que era un asunto promovido por la esposa de López Dóriga. “Sé que él tiene el micrófono más importante del país, pero hay otros métodos”, le reclamó la empresaria.
“Tengo muchísima presión”, admitió Mancera, después de disculparse.
La esposa de López Dóriga y dos vecinos más promovieron dos acciones públicas para solicitar la suspensión de la obra. El Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal autorizó dos clausuras consecutivas, con el argumento de que se había incurrido en violaciones al uso del suelo, en marzo y mayo de 2015.
En medio de estas presiones de la autoridad capitalina, la esposa de López Dóriga solicitó en mayo una reunión con los vecinos del edificio de Rubén Darío 223 para promover cambios de fachadas con sombra, salida adicional de proyecto y otras obras en la zona, a cuenta de la inmobiliaria de Aramburuzabala.
El 2 de junio de 2015 se recibió otra notificación de un juez que ordena la suspensión de la obra de Abilia, ahora promovida por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF, dependencia que consideró que el certificado de zonificación no estaba vigente.
Dos semanas después entró a escena el abogado Becerra Pocoroba para pedir los casi 10 millones de dólares en efectivo en honorarios para él y en obras en la colonia para desistirse de acciones de vecinos y autoridades.
En el video les advirtió a los representantes de Abilia:
“Hoy se está presentando en la Conserjería Jurídica un juicio por lesividad” y se podría volver a suspender la obra. Efectivamente, el 1 de julio llevó el juicio de lesividad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, tal como lo anunció.
“Hay otras rayitas que les podemos poner”, advirtió Becerra Pocoroba en esa misma reunión videograbada.
En respuesta a estos hechos, Aramburuzabala decidió contratar al abogado Javier Coello Trejo, el polémico fiscal de hierro de la era lopezportillista, e interponer una demanda penal.
“Para mí no hay negociación alguna con un extorsionador. A mí no me cuesta nada parar la obra, darles un departamento o ese dinero, pero ya basta de este abuso de poder. Lo primero es exponer, denunciar y perseguir legalmente estas prácticas, porque sólo cuando esto se haga se frenará la impunidad”, sentenció Aramburuzabala.
