MÉXICO, D.F. (apro).- Únicamente 61 de los 500 diputados federales demandaron que el presidente de la República pueda ser juzgado por el delito de corrupción y conflicto de interés, con lo que en definitiva se cerró la puerta a cualquier indagación sobre las residencias obtenidas por Enrique Peña Nieto y futuros titulares del Ejecutivo federal.
Con 312 votos a favor, encabezados por PAN, PRI y PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que permitirá una mayor fiscalización a los recursos que llegan a estados y municipios.
También obligará a todos los funcionarios públicos, es decir, todos los que han sido electos mediante proceso electoral y los que formen parte de las administraciones públicas locales y federal, a que presenten su declaración patrimonial y la declaración de “interés”.
El artículo más controversial de la reforma constitucional, el 108, fue rechazado por 61 diputados por no incorporar la posibilidad de que el presidente de la República sea juzgado por corrupción o conflicto de interés.
En medio de las revelaciones de las mansiones que tanto Peña Nieto como Luis Videgaray, este último titular de la Hacienda federal, y el malestar de la ciudadanía y críticas de la prensa internacional, la Cámara de Diputados aprobó un el nuevo sistema mediante el cual se pretende acabar con la corrupción en todos los niveles, sin embargo dejó intacta a la Presidencia de la República.
Así lo señalaron diputados de MC, PT, Morena y algunos del PRD que votaron en contra del artículo por no contener tal facultad.
Ricardo Mejía, de MC; Luisa Alcalde, de Morena, Fernando Belaunzarán, de PRD, y otros más, presentaron modificación al dictamen para que la investigación a fondo alcance al Ejecutivo federal, pero 312 aplastantes votos no los dejaron pasar.
El mismo bloque de 61 legisladores cuestionó que el llamado tribunal de cuenta –y que formalmente se llamará Tribunal de la Federación en Materia Administrativa– esté conformado por magistrados que serán propuestos por el presidente de la República y ratificados por las dos terceras partes del Senado, aunque aplaudieron que se fiscalicen los recursos federales que se entregan a los estados.
Héctor Gutiérrez de la Garza, diputado del PRI y operador de las reformas, dijo a nombre de su partido que fue Peña Nieto quien durante su campaña electoral se comprometió a luchar contra la corrupción y apoyar la transparencia, sin embargo, también aceptó que en la confección del sistema “sí escuchamos a la sociedad civil”, para luego acotar que “a la sociedad civil la escuchó el candidato”.
Los diputados opositores, entre ellos Manuel Huerta, de Morena, calificaron el “sistema anticorrupción” de “simulación”, pues no se toca a quien hoy está en el centro de la crítica por la adquisición de bienes de uno de los proveedores del gobierno federal: Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa Cantú.
Fernando Rodríguez Doval, del PAN, defendió el dictamen y preguntó si es simulación tener un tribunal de cuentas con magistrados independientes en sus decisiones, con un tribunal autónomo en su presupuesto, si es simulación que la Auditoría Superior de la Federal pueda fiscalizar en tiempo real, o es simulación que el secretario de la Función Pública sea ratificado por el Senado.
Y añadió:
“Por supuesto que habrá resistencias porque este sistema afectará muchos intereses”. Aprovechó entonces para hacer un llamado a los senadores para que no sean los primeros que se opongan mediante el retraso de la aprobación de dichos cambios constitucionales.
Lo anterior debido a que el presidente del Senado declaró que será hasta abril cuando empiecen a discutir estas reformas. “Ojalá y recapitulen”, deseó el panista Fernando Rodríguez, quien fue uno de los principales negociadores de la reforma en materia anticorrupción.
La reforma modifica 14 artículos de la Constitución, crea el tribunal de cuentas, da mayores facultades a la ASF para que investigue en tiempo real, audite todos los recursos a los estados, se cree el sistema nacional que contará con un representante de la sociedad y seis más de organismos autónomos, como el tribunal de cuenta, la ASF, la Consejería de la Judicatura, el titular del IFAI y el fiscal anticorrupción.
La reforma prevé además el que se pueda juzgar a particulares que participen en la corrupción y, dependiendo de la sanción o gravedad del hecho, se les excluirá de futuras licitaciones y hasta se pedirá la disolución de la empresa implicada, además de que deberá resarcir el daño a la hacienda pública. Más aún, por separado se le llevará un juicio penal cuando así lo amerite el tipo de delito.
El encargado de indagar sobre posibles ilícitos será el fiscal anticorrupción, el cual una vez realizada
la indagatoria entregará al juez las pruebas para que imponga la sanción que considere; entre los señalamientos a castigar estarían el tráfico de influencias y conflicto de interés, delitos que están tipificados en el Código Penal.
A su vez, el tribunal de cuentas investigará y sancionará de manera administrativa a los funcionarios públicos, menos el presidente de la República, que hayan incurrido en posible delito e impondrá la multa que va desde la suspensión hasta la inhabilitación.
En este último aspecto, la Cámara reformó la Constitución para que el delito “administrativo” no prescriba en tres años, como ocurre hasta ahora, sino que se extinga en los siete años siguientes al inicio de la investigación.
Finalmente, el documento fue enviado al Senado para su discusión.
