Mesura
y diálogo ante la emergencia magisterial
Por: Arnoldo Cuellar - septiembre 19
de 2013
En diversas partes del país, y
Guanajuato no es la excepción, comienzan a generalizarse movimientos de
protesta de maestros “institucionales”, en contra de las nuevas disposiciones
de la reforma educativa promulgada por el gobierno de la República, sobre todo
en la parte que afecta los aspectos laborales. No se trata de maestros
“radicalizados”, como pudieran estarlo los del sureste del país, a los que se
acusa a menudo de sostener vínculos con organizaciones subversivas, sino de
integrantes del modoso SNTE, sobre todo después del encarcelamiento de su
dirigente vitalicia, Elba Esther Gordillo. Quienes tienen memoria, o quienes
puedan acudir a ella en hemerotecas y bibliotecas, harían bien en repasar la
historia de los movimientos sindicales contestatarios en la historia de la
segunda mitad del siglo XX: los médicos, los mismos maestros, los electricistas
o los profesores universitarios. En todos ellos, el componente gremial fue el
detonante de inconformidades que, tras la respuesta autoritaria del gobierno,
terminaron convirtiéndose en movimientos reivindicadores de libertades
democráticas, con lo que contribuyeron a desenmascarar el autoritarismo del
régimen priista, oculto bajo el disfraz populista y las elecciones de estado
cada seis años. La respuesta que hoy se observa a las que apenas son
incipientes movilizaciones de maestros en diversas ciudades del estado y en
otras entidades, por parte de las autoridades, es la misma de hace algunos
ayeres: incomprensión y ceguera. Se piensa que la reforma educativa y sus
nuevas disposiciones ya están aprobadas en la ley y ahora deberán aplicarse a
rajatabla, sin negociación, sin consideraciones. Como si en la ley no se penara
también el asesinato, mientras las calles del país se llenan de sangre; o como
si no se castigara la corrupción gubernamental, mientras el saqueo de las arcas
públicas prosigue impune. Así, aplicando la ley del embudo, los funcionarios de
este país, de todos los partidos y a todos los niveles, pretenden que los
maestros se resignen a las nuevas reglas del juego, mientras que ellos como
servidores públicos incumplen todas sus promesas y compromisos. ¿No sería
equitativo, por ejemplo, que los altos funcionarios también debieran pasar
exámenes de aptitud? La prueba de las urnas no nos ha dado ninguna garantía de
que quienes llegan al poder sepan para qué lo quieren, más allá de la ambición
personal. Podríamos aplicar estos exámenes, por lo menos, a los dirigentes de
los partidos políticos, organismos responsables de la selección de pésimos
candidatos ante los que nos tenemos que resignar para tratar de ubicar al menos
peor. La aplicación de las nuevas reglas del juego, en el caso de los maestros,
debe ser tomada con mesura por las autoridades de todos los niveles. Se trata
de una nueva ley, pero su aplicación no está exenta de buenas maneras y de
procesos de adaptación, es decir de un ejercicio político. A menudo los
legisladores aprueban ordenamientos que pretenden modificar la realidad, como
ocurre en el caso de las leyes que buscan la equidad de género, la protección
de los derechos infantiles, la defensa de la dignidad de las personas, el
respeto a las minorías. Sin embargo, las cosas no ocurren automáticamente, ni
tampoco con la velocidad que sería deseable. Hace falta el lento trabajo de los
responsables de las políticas públicas para empezar a incidir sobre una
realidad que siempre se muestra demasiado terca. El tema de la calidad en la
educación será así. Ni todos los males se derivan de las deficiencias de los
maestros, ni será solo presionando a estos que las cosas vayan a mejorar. Por
lo pronto, los profesores tienen todo el derecho a manifestarse, los que así lo
decidan y a tratar de recabar la solidaridad de sus conciudadanos. En la
situación en la que se encuentra el país en estos momentos, con una grave
recesión económica a cuestas, con un enorme ejército de reserva y con enromes
debilidades estructurales producto de rezagos añejos, ni siquiera una buena
educación garantiza el acceso a un empleo bien remunerado. Así que, antes de
buscar culpables que sólo sirven para exorcizar las responsabilidades de todos,
hagamos un esfuerzo por encontrar soluciones en las que todos quepamos. Y parte
importante de esa responsabilidad corresponde a quienes hoy, transitoriamente,
ejercen el poder público.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/19-09-2013/17552. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX
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