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El primero de septiembre, fecha en que el Ejecutivo debería de informar al pueblo de México el estado que guarda la nación, se ha convertido en una farsa que ofende a los mexicanos que padecen un gobierno ilegítimo que tiene sumido al país en una situación caótica / A los más de 50,000 ejecutados y miles de desaparecidos que han inundado de sangre y muerte a la República, hay que sumar el estancamiento económico, en incremento de la pobreza, la marginación, la miseria, el desempleo y el deterioro general del nivel de vida de los mexicanos
MEXICO, DF, 31 de agosto (Lilia Arellano-Estado de los ESTADOS).- El acto republicano de informar al pueblo de México el estado que guarda la Nación se convertirá hoy en otra farsa en el Congreso y mañana, en una ofensiva festividad para “puros cuates” en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Mientras, la situación del país no podría ser más caótica: estancamiento económico, incremento de la pobreza, la marginación, la miseria, el desempleo y el deterioro general del nivel de vida de los mexicanos. El eje de la administración de Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico, sigue bañando de sangre y enlutando el territorio nacional con más de 50 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos. La corrupción, la impunidad y el crimen organizado de cuello blanco permiten, al mismo tiempo, el enriquecimiento a costa del patrimonio nacional de una pequeña mafia incrustada en el poder.
Al cumplirse prácticamente el quinto año de la administración del calderonismo, la situación no puede ser más adversa, sin embargo, están dadas las condiciones para que las circunstancias que resienten los mexicanos empeoren a niveles nunca vistos desde las últimas intervenciones militares extranjeras en el país. El único “mérito” que Calderón ha tenido en estos largos años es permitir la acumulación de condiciones para justificar una abierta intervención militar de los Estados Unidos en México que “libere” a la población del fatídico régimen de derecha que la domina. La configuración para ese efecto está en marcha. La planeación de la campaña militar, sin duda alguna, ya está terminada y ahora se ha puesto en operación la configuración de la opinión pública nacional para “solicitar” el auxilio de los militares estadounidenses, a fin de que se ponga fin al genocidio derivado de la guerra contra las drogas.
La campaña mediática para tal efecto ya entró en movimiento. Precisamente desde la capital imperial, Washington, se difundió un estudio elaborado por el Pew Research Center, que revela que casi la mitad de los mexicanos consideran que su gobierno ha sido incapaz de lograr avances importantes en su lucha contra los cárteles de la droga, mientras que casi un tercio considera incluso que se ha perdido terreno. Si bien es cierto que un considerable sector de la población (57 %) se sigue oponiendo a la intervención de tropas de Estados Unidos en México, un creciente porcentaje de ciudadanos (38 %) favorece el despliegue de tropas estadounidenses para sumarse a esta lucha, según ese sondeo.
Las conclusiones del estudio titulado “Crimen y cárteles de las drogas, principal preocupación de México” son muy cuestionables, pues parecen estar elaboradas para apoyar la intervención de Estados Unidos en México y respaldar la estrategia militar seguida hasta el momento por la administración de Felipe Calderón, y que ha sido fabricada y guiada desde los Estados Unidos. Así, según el sondeo, una abrumadora mayoría (83 %) sigue apoyando el uso del Ejército para combatir a los cárteles de la droga, una medida muy cuestionada por organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos.
Además, según el estudio del Pew Research., el tercero que realiza desde 2009, casi tres cuartos de la población (74 %) ven con optimismo la ayuda y cooperación de Estados Unidos en las labores de entrenamiento de la policía y personal militar y un 64 por ciento dan la bienvenida a los recursos y armamento que ofrece Washington, en el marco de esquemas de cooperación como la Iniciativa Mérida. También establece que por primera vez a la hora de repartir culpas por la violencia derivada de la lucha contra los cárteles de la droga, los mexicanos han dejado de mirar sólo a Estados Unidos para otorgar su parte de responsabilidad al gobierno de México. A la pregunta de ¿quién es el más responsable por la violencia que atiza la lucha contra los cárteles de la droga?, un 18 por ciento apuntó a Estados Unidos, mientras que un 16 % aceptaba la responsabilidad de su gobierno.
Para empezar, el sondeo que se realizó presuntamente entre el 22 de marzo y el 27 de abril de este año, se realizó únicamente con una muestra de 800 personas. Sus conclusiones parecen más bien argumentos mediáticos dirigidos primero a justificar una intervención militar abierta de Estados Unidos en México, lo que representaría una jugada más en el tablero militar global estadounidense en su guerra internacional contra el terrorismo y cuyo fin es, simple y sencillamente, ocupar militarmente países con grandes recursos naturales, particularmente energéticos. En segundo lugar, están enfocadas a justificar el actual accionar y proceder de la administración de Barack Obama respecto al seguimiento de la “Iniciativa Mérida” diseñada por el gobierno de George W. Bush e impuesta al régimen de Felipe Calderón. En tercer lugar, tienden a responder a las quejas del gobierno mexicano y de cada vez más numerosos sectores de la población sobre la ausencia de responsabilidad de Estados Unidos, en esta que es una más de sus guerras librada en territorio mexicano.
PERDIDAS Y RETROCESOS
Para cerrar la pinza abierta por el Pew Research y como resultado principal de su guerra contra las drogas, Calderón llega al quinto año de su administración con serios retrocesos en materia de derechos humanos, por lo que es sumamente cuestionado por organizaciones civiles. Así lo confirma Alberto Herrero, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), al advertir que amplios sectores de la sociedad mexicana no están dispuestos a permitir “que una política protagónica en el gobierno, como es la actual en contra de la delincuencia, se convierta en espacio fértil para el abuso, la impunidad y el incremento de la violencia”. El saldo para Calderón, en esta materia, no le es favorable. AI subraya que “hay impunidad, violencia, una militarización sin fecha concreta de término, funcionarios públicos que no rinden cuentas, procesos de depuración del aparato de justicia inconclusos y entidades que no asumen su responsabilidad en materia de derechos humanos, en coordinación con las autoridades federales”.
