Recomendaciones al Presidente - Miguel Ángel Granados Chapa - Periodista

Distrito Federal– Aunque quizá sea demasiado pronto para que ocurra, no ha habido reacción de Los Pinos a la severa admonición que el viernes pasado le dirigió la organización Human Rights Watch, con copia al secretario de Gobernación y a los embajadores Arturo Sarukhán y Carlos Pascual. Ignoro si al menos se dio acuse de recibo. Y el vocero del gobierno federal Alejandro Poiré, tan presuroso a reprender a El Diario, de Ciudad Juárez y a hacer suya la presunción sobre los motivos personales que causaron el asesinato del reportero gráfico Luis Carlos Santiago, de 21 años de edad, no se ha ocupado del documento del 24 de septiembre.

En él, al que me referí ayer (centrando mi atención en la grave situación de Tijuana, muestra de cómo se atropellan los derechos humanos en aras de la seguridad), el influyente órgano civil de derechos humanos hace al presidente Calderón, destinatario de la carta varias recomendaciones. Comienza sugiriéndole, “respetuosamente”, que públicamente manifieste “que el respeto a los derechos humanos es un aspecto integral de las medidas de seguridad pública de su gobierno, así como respaldar estas afirmaciones mediante el fortalecimiento de la legislación, instituciones y prácticas para proteger dichos derechos”.

Human Rights Watch reprocha al Presidente la emisión de mensajes contradictorios en esta materia, eufemismo para no hablar de un doble lenguaje, expresión vitanda en una comunicación que, si bien es severa y seca, no está exenta de formalidades. HRW reconoce que al iniciarse en agosto pasado los “Diálogos para la seguridad”, Calderón expresó “total apertura para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema”. Eso no obstante, “durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar”. También establece HRW la contradicción que hay entre las palabras presidenciales ante legisladores (la “convicción del Ejecutivo federal de que la premisa mayor de la protección de los derechos humanos en este combate”) con la inequívoca declaración de hartazgo (“ya empiezan a cansar”) ante “las cantaletas”, designación ofensiva que dio a las denuncias contra abusos de militares.

Para disolver esas contradicciones, la organización internacional sugiere a Calderón “respetuosamente que adopte las medidas necesarias para asegurar que el respeto a los derechos humanos forme parte de todas sus iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica”.

A propósito de la inseguridad de periodistas y defensores de derechos humanos, Human Rights Watch recomienda al Presidente establecer un “organismo independiente” que reciba denuncias sobe amenazas a personas dedicadas a aquellos menesteres, que “actúe inmediatamente para evaluar el riesgo que enfrentan, cuente con los recursos necesarios…para proteger a estas personas cuando sea necesario y reciba aportes y evaluaciones de las organizaciones de la sociedad civil”.

HRW asesta una recriminación muy puntual a Calderón. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, profesor Phillip Alston, solicitó al gobierno hacer una visita formal sobre el tema de su incumbencia: “Qué lástima que su gobierno no autorizó a tiempo ese viaje”, deplora Human Rights. Ahora es demasiado tarde, porque Allston terminó su mandato en julio pasado aunque, recomienda la organización con sede en Washington, “sería de la mayor importancia que su gobierno gestione una visita del nuevo relator…a la brevedad posible, ojalá antes de que concluya el presente año”.

Hay temas en que en esta carta se pasa de la sugerencia a la exigencia. “Lo exhortamos dice la misiva– a cumplir este compromiso enviando una propuesta al Congreso a la brevedad posible para modificar el Código Militar y asegurar que todos los casos de violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigados y juzgados por el sistema de justicia penal ordinario”. HRW se refiere al compromiso de Calderón de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de Rosendo Radilla, a manos de militares, ocurrida en 1974.

La organización civil ha expresado repetidamente su preocupación sobre la impunidad de los militares que violan derechos humanos. Una delegación suya estuvo en México en abril de 2009 a investigar el fenómeno, que se expresó en un informe presentado en marzo de este año, bajo el título Impunidad uniformada. En la carta del viernes pasado sintetiza su añeja preocupación al respecto: “La falta de condenas a soldados que cometen abusos graves demuestra que el sistema de justicia militar en México no permite una rendición de cuentas adecuada”.

¿Quiénes son, quiénes se creen estos extranjeros que suponen posible cantar las cuarenta (como se dice en España) al Jefe del estado mexicano. ¿Por qué ha de responder éste a sus observaciones? Dos razones al menos deben mover al gobierno mexicano a no pasar por alto esta severa llamada de atención. Una consiste en que ningún país puede ahora escapar al escrutinio de organizaciones civiles de presencia mundial como Amnistía Internacional o HRW. Y la otra estriba en el papel que Human Rights juega en los centros de poder y de opinión de Washington. Su descalificación puede repercutir en la idea del Congreso sobre México.

Chocan la UdeG Y Emilio González

Bajo Reserva | Periodistas de EL UNIVERSAL


¿Emilio González Márquez o Raúl Padilla López? ¿El gobernador de Jalisco o el ex rector de la Universidad de Guadalajara? Mejor no apueste: pueden ganar los dos, o perder los dos. Difícilmente uno u otro se dejará vencer. Son dos poderes en confrontación, y no son menores. ¿Por qué pelean? Porque el gobierno estatal quiere ahorcar a la UdeG, y la UdeG doblar al mandatario estatal, en la víspera de las elecciones de 2012. Y porque son dos proyectos muy diferentes, que piensan en Jalisco de manera muy distinta. El problema es que González Márquez, identificado con la ultraderecha, está usando el dinero para presionar: retuvo las partidas a la universidad para supuestamente decir quién manda. Y apenas este lunes entregó un cheque de 245 millones de pesos a horas de que la Casa de Estudios se quedara sin dinero para pagar la nómina. Aun cuando los recursos son federales y vienen de la SEP ya etiquetados. El gobierno local es sólo un puente. Entonces los líderes universitarios y Padilla (una especie de “líder moral” de UdeG), ligados a la centro-izquierda, sacarán colmillos y mostrarán de qué están hechos. Hoy intentarán poner en las calles a 100 mil individuos. Marcharán intelectuales, activistas, maestros, alumnos, políticos: marcharán los alcaldes de Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, Jorge Aristóteles Sandoval, Miguel Castro Reynoso y Antonio Mateos Nuño, respectivamente, entre otros. ¿Emilio o Raúl? No apueste: la moneda seguirá un rato en el aire.

Felipe Calderón y Julio César Godoy podrían compartir palco. Sí, porque el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del estado, Mauricio Prieto Gómez, invitó al diputado federal a las fiestas conmemorativas por el 245 aniversario del natalicio de José María Morelos, mañana, en Morelia. Nos dicen que el gobernador Leonel Godoy, hermano del antes prófugo, sería el orador principal. Otros, que el Presidente.

Otras de estudiantes, maestros y gobiernos locales. En Durango, la Universidad Juárez y el mandatario Jorge Herrera, quien lleva sólo 14 días en el cargo, están en un juego de vencidas. Ayer el Congreso local recibió una iniciativa del Ejecutivo para modificar la Ley Orgánica de la institución e interrumpir el proceso de elección del rector para impedir que Rubén Calderón Luján se reelija en el cargo. Los estudiantes y autoridades afines al rector con licencia (así lo pide el proceso de elección) tomaron el Congreso para impedir la sesión. Y en eso andan. Mientras, en la Universidad Autónoma de Chapingo, denuncias de estudiantes sobre la presencia de porros hizo que la institución fuera tomada y cerrada por otro movimiento. Así andan las cosas.

Apunte final: De plano agarrará hoy su avión a Tabasco. El coordinador del PT en el Senado, Ricardo Monreal, irá a la casa del gobernador Andrés Granier para reclamarle en persona las inundaciones, la falta de desagüe de las presas, su relación con la CFE y el otorgamiento de contratos a empresas privadas. Dice que no le contesta sus peticiones de audiencia. Monreal es duro: quizás hubiera sido mejor para Granier responder el teléfono.

Astillero

Ríos revueltos

Incapacidad operativa

Simulación y desorden

Michoacanazo faccioso

Julio Hernández López

En el hangar del gobierno de Oaxaca, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, se reunieron ayer para coordinar las acciones de rescate y de apoyo a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en la sierra MixeFoto Notimex
Entre el pasmo, la corrupción y el desorden institucional, mal funcionan en momentos de crisis los sistemas gubernamentales de protección civil. No puede ser de otra manera si los cargos directivos de esas oficinas son entregados en los diferentes niveles de gobierno a personajes habilitados por motivos partidistas o grupales y si los correspondientes presupuestos –en los planos federal y estatales– son manejados con ánimo de lucro particular, una especie de botín cuyas cuentas suelen diluirse entre urgencias que tapan irregularidades y desviaciones.

La capacidad de prevenir, reaccionar y dar posterior atención a los damnificados por desgracias naturales está condicionada por la triste realidad política nacional: politiquerías, celos partidistas, corrupción voraz, impreparación y una enorme vocación simuladora. Un sistema político enfermo sólo puede ofrecer a la sociedad dosis de su propia patología para aparentar que se atienden y combaten los infortunios circunstanciales. La naturaleza desquicia y lesiona, pero la estructura institucional de defensa de la sociedad apenas logra hacer como que hace, con los políticos gobernantes constituidos en buscadores obsesivos de testimonios mediáticos de efímera eficacia.

En Oaxaca se vive un largo y criminal abandono. Ulises Ruiz ha destinado buena parte de los fondos públicos a aventuras electorales y a las cuentas particulares de sus amigos, aliados y familiares, restando ese dinero colectivo a la atención de las necesidades sociales. A él, como a Fidel Herrera en Veracruz, el río revuelto de las desgracias súbitas les ayuda a eludir controles sobre el pasado mal administrado e incluso les provee de recursos frescos y una especie de restitución del poder maltrecho. Felipe Calderón, por su parte, visita lugares dañados por inundaciones que recibirán promesas y palabras dichas ante cámaras y micrófonos aunque las cosas sigan casi iguales apenas el viajero se retire.

Ayer, el mal tiempo le impidió a FC incluso visitar Tabasco, Chiapas y Oaxaca, en un contexto de confusión operativa que a la hora de cerrar la presente columna mantenía una densa imprecisión respecto al tamaño de lo sucedido en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, donde por la mañana se había hablado de unas 300 casas sepultadas por el desgajamiento de un cerro, lo que habría provocado centenares de muertes, acaso un millar, mientras por la noche se decía que eran apenas siete, según anuncio de Calderón hecho a partir de un reporte del gobernador Ruiz, que más tarde sería corregido por el secretario de Gobernación, que puntualizó que no se podía confirmar ninguna muerte. Tal vez lo único claro, cierto y oportuno haya sido una nota publicada 15 días atrás en el Oaxaca Hoy, http://bit.ly/9Dl4xw, en la que el reportero Alfonso Cruz López informaba que se estaba produciendo una gran grieta en el perímetro del cerro de Tlahuitoltepec, que los muros de las casas se estaban desmoronando y que “de un momento a otro el cerro se hundirá, y con él decenas de viviendas”, por lo que “se teme que una tragedia ocurra en la zona”. Quince días atrás.
En otro rubro de desgobierno y montajes mediáticos: el 26 de mayo de 2009 la administración calderonista dio a la estructura gubernamental de Michoacán el golpe más espectacular de su “guerra” contra el narcotráfico. En unas horas fueron detenidos 10 presidentes municipales, 17 servidores públicos relacionados con asuntos de seguridad pública y procuración de justicia y un juez del fuero común. La operación, popularmente conocida como el michoacanazo, fue realizada por policías federales y militares bajo la presunción de que los detenidos formaban una red de ayuda y protección a miembros del cártel de narcotraficantes conocido como La Familia.

Esa misma noche, el vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera, aseguró que las aprehensiones eran “el resultado de una indagatoria de seis meses, que combinó las capacidades de investigación policial y ministerial, en campo y gabinete, apoyada en la sistematización de las indagatorias y el análisis y cruces de información en diferentes bases de datos, entre otras actividades realizadas por las autoridades federales”, según nota de Gustavo Castillo García, http://bit.ly/dp4Z0H en La Jornada. El embate panista contra el perredismo cardenista en una entidad que desea gobernar la hermana del actual ocupante de Los Pinos se dio sin avisar siquiera al gobernador Leonel Godoy y con graves abusos: “Los policías federales irrumpieron armados y con pasamontañas en palacio de gobierno amenazando a los guardias del recinto, y en las oficinas de la Procuraduría de Justicia, sin haber cumplido el procedimiento” establecido para realizar cateos en esas instancias públicas, denunció el mandatario estatal, quien entregó carta de protesta y video probatorio al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

El golpe calderonista se produjo a pocas semanas de las elecciones intermedias de 2009 y se ganó extendida acusación de que lo movían intenciones partidistas. El número de detenidos creció en posteriores días hasta llegar a 35. De ellos, ayer salió libre el acusado número 34. Todos los liberados lo han sido porque los expedientes armados por el gobierno federal, y las posteriores diligencias acusatorias, no mostraron pruebas de los delitos que se les adjudicaban. Es decir: jurídicamente son inocentes. El michoacanazo queda, pues, como una tajante demostración del uso faccioso, partidista y electoral que el calderonismo hace de los instrumentos de presunta procuración de justicia. Uso impune y sostenido. ¿Alguien tiene responsabilidad y debe ser castigado por el levantamiento de esa ficción jurídica y por los daños institucionales, familiares y personales que provocó?... Y, mientras el embajador de Estados Unidos en México insiste en ofrecer el apoyo de su país para combatir a la delincuencia desbordada acá, ¡hasta mañana, con César Nava regalándole departamento de 15 millones a su Patylú y con la boda gaviotona fijada ya para el 27 de noviembre!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://twitter.com/julioastillero

Sobre mojado. Hernández.

Piel de Cordero. Rocha.

Territorio narco, Fisgón.

Peña Nieto-La Gaviota: La otra cara del romance pactado

Jenaro Villamil



MÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- Algo tienen los publicistas de Enrique Peña Nieto que no contrastan las versiones que pretenden difundir en revistas del corazón como Caras, de Televisa, o la española Hola! o Quién, del Grupo Expansión, sobre el “romance genuino” entre el gobernador mexiquense y la actriz de Televisa, Angélica Rivera.

Ahora ambos aparecen en la portada de la revista de socialités de la empresa de Emilio Acárraga Jean. El despliegue es delirante: 25 páginas para informarnos que se casarán el 27 de noviembre y que su amor no es un spot ni un infomercial a cuenta del erario del gobierno del estado de México. Por supuesto, con la difusión de esta entrevista pretenden desviar el interés sobre las reformas electorales en el estado de México que representan un retroceso democrático de dos décadas.

La entrevista busca “aclarar” lo que tanto se ha señalado sobre el reality. En el segundo párrafo del publirreportaje se pretende desmentir lo que ha ganado en la percepción pública: que esta relación forma parte del montaje publicitario para “vender” una imagen adecuada para un precandidato presidencial sin luces propias ni mucha trayectoria.

“Como figuras públicas que son, mucho se ha dicho acerca de su romance de dos años. Comentarios desde que es estrategia de mercadotecnia para hacer una precampaña presidencial para 2012, que la relación es un montaje, que obligan a sus hijos a aparentar que se quieren y que todo es idea de Televisa, son algunos de los argumentos sin fundamentos que han circulado en los medios de comunicación en relación con su romance”, advierte la nota firmada por Lucía Alarcón Zamacona.

Sin embargo, las incongruencias son claras en la “versión rosa” de una relación que debería estar en el ámbito privado, pero que tanto Peña Nieto como Televisa y Angélica Rivera han insistido en ventilar como si fuera un asunto digno de paparazzis.

En la revista Caras, Angélica Rivera y Peña Nieto dan una versión distinta a la que promovieron en la revista Hola!, en su edición del 30 de diciembre de 2009. En ambas aparecen como pareja de portada promoviendo el único tema que se les viene en mente: su futura boda.

El texto del publirreportaje de Hola! (donde pagaron 12 páginas para difundir la visita de Peña Nieto y Rivera a El Vaticano y su “boda inminente”) relata esta versión de su romance:

“Superados los momentos difíciles y con los papeles que la declaraban soltera de nuevo en la mano, Angélica encontró un año más tarde nuevamente el amor en el atractivo político Enrique Peña Nieto, cuando él la buscó para que fuera la imagen de la campaña del estado de México (subrayado propio) ‘Los 300 Compromisos Cumplidos’. Así se conocieron y, poco después, se enamoraron”.

El guionista de este reality amoroso no leyó esta versión. En la última edición de la revista Caras, Rivera relata que así fue su incorporación al proyecto publicitario de Peña Nieto:

“Pasaron como dos años, me puse a trabajar, terminé la telenovela Destilando Amor y, de repente, me hablaron para que fuera la comunicadora del estado de México. Todo fue muy rápido, me llamaron de Televisa porque querían que estuviera en el proyecto; ‘hola, con mucho gusto’, se va a hacer esto y hasta ahí quedó. Hice los comerciales y la comunicación; y nos fue muy bien. El me habló por teléfono para darme las gracias y para invitarme a cenar. Yo no salía con nadie, estaba dedicada a mi casa, no tuve ese tiempo de una mujer soltera que iba a conocer a alguien”.

¿Quién la mandó a llamar: Peña Nieto o Televisa? ¿Son lo mismo? Las contradicciones se relacionan con una historia poco conocida: en realidad, el artífice de que Angélica Rivera llegara a la campaña promocional del gobierno del estado de México fue el publicista Juan Carlos Limón García, de la empresa ByPower, que no pertenece a Televisa.

A recomendación de un amigo de Limón García, Angélica Rivera acudió en abril de 2008 a ByPower para pactar una cita con Enrique Peña Nieto. El quería tomar el control de su campaña publicitaria. Al enterarse, Televisa alegó que Angélica Rivera tenía un “contrato de exclusividad” con la empresa. Por tanto, ellos son dueños de su imagen y, si conviene, de sus relaciones amorosas, especialmente si se trata del gobernador priista, principal cliente de la televisora.

Más allá del montaje, lo que resulta grotesco es que Peña Nieto exhiba su vida privada como si él fuera un personaje de la farándula y que él mismo permita esta intrusión a algo íntimo. Además de Caras y de Hola!, el gobernador priista también apareció el 6 de febrero de 2009 en la portada de la revista Quién!, abrazado de “La Gaviota”. Se autopromovió como “la pareja más atractiva de México”. Ni más ni menos.



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