Vocero de sí mismo-Helguera

Vocero de sí mismo-Helguera

Nuevo término-Fisgón

Nuevo término-Fisgón

Centenaria Universidad Nacional - Miguel Ángel Granados Chapa

Distrito Federal– Hoy hace un siglo fue inaugurada la Universidad Nacional de México. La apertura de sus cursos, encabezada por el presidente Porfirio Díaz y el secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra Méndez, fue la culminación de las fiestas del centenario del comienzo de la lucha por la Independencia.

La nueva institución, que reunía las escuelas de bellas artes, ingeniería, jurisprudencia y medicina, que con modalidades diversas habían sido parte del régimen colonial, y la escuela nacional preparatoria, surgida al cobijo de la restauración republicana, cristalizaba un viejo proyecto de Sierra. Antes de ingresar al gabinete de Díaz en 2005, el abogado campechano había cobrado prestigio como periodista, poeta, narrador y legislador activo. En los setentas del siglo XIX había formado parte del intento de crear una universidad libre, y en 1881 en la Cámara de Diputados a que pertenecía presentó un proyecto para crearla como institución del Estado. De esa suerte pudo convencer a Díaz de fundar la Universidad Nacional, cuya ley fue aprobada en mayo y abrió sus puertas el 22 de septiembre de 1910.

El proyecto así consumado no parecía parte de un régimen que concluiría apenas unos meses después. La universidad porfiriana no lo fue en el sentido peyorativo de la palabra. Al contrario, apareció como un renuevo, como un anticipo de tiempos nuevos. El después llamado Maestro de América dijo a los alumnos fundadores que estaban llamados a ser “un grupo en perpetua selección dentro de la sustancia popular”, a los que se encomendaría “la realización de un ideal político y social que se resume así: democracia y libertad”.

El primer rector fue un viejo profesor de derecho, que lo había sido del secretario que lo nombró. Joaquín Eguia Lis tuvo claro que la institución que dirigiría en los procelosos días de la caída del antiguo régimen y la incierta inauguración de uno nuevo, que la institución recién creada debía poseer “libertad absoluta respecto del poder público” y era consciente de que su deber consistía en “procurar que la universidad funcione por sí sola tan eficazmente, que su alteza y majestad sean bastantes a imponer respeto a todo gobierno, hasta que llegue a conseguir su autonomía plena”.

La primera década de vida universitaria reprodujo la agitación que vivió el país a partir del alzamiento maderista, sólo unas semanas después de su nacimiento. Sufrió embates del conservadurismo, que consiguió la escisión de una parte de la Escuela Nacional de la Jurisprudencia, de la que en 1912 surgió la Escuela Libre de Derecho, mata de los gobernantes de hoy. Regida por un ideario avanzado, sólo en la etapa del rector José Vasconcelos, diez años después de su fundación, comenzó a dar muestra de sus alcances y trascendencia para la vida nacional. Tuvo también aliento vasconceliano la autonomía alcanzada en 1929 y reforzada en el lustro siguiente con la libertad de cátedra, uno de los pilares de la institución, entonces y ahora.

Al cumplir cien años de edad, la Universidad Nacional cumple con creces el papel que le ha asignado la sociedad mexicana, que la sostiene a través del erario. Así lo hará constar hoy mismo el Congreso de la Unión en la sesión solemne citada expresamente para el caso. Lo confirmará en las próximas semanas cuando discuta y apruebe el presupuesto federal, que incluye el subsidio a la UNAM. Cerca de 25 mil millones de pesos serán asignados a ella, la principal institución de enseñanza superior del país. Demasiado dinero, se dice desde diversos géneros de mezquindad. Apenas suficiente, puede responderse cuando se cobra conciencia de las dimensiones de la casa centenaria. Si sólo se considera su planta física se percibe su capacidad de servicio y sus necesidades. Desde mediados del siglo XX cuenta con un predio central formidable, la Ciudad Universitaria, cuyo circuito inicial, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad conforme a las reglas de la UNESCO, se ha completado con nuevas instalaciones académicas, un circuito consagrado a los institutos y centros de investigación y el espléndido Centro Cultural Universitario, en cuya sala Nezahualcóyotl se tocará esta tarde la sinfonía conmemorativa compuesta por el maestro Federico Ibarra, y que será interpretada por el Coro Universitario y la Orquesta Filarmónica de la propia UNAM. Amén de ese enorme campus, la Universidad enseña e investiga en instalaciones dispersas en el DF, los estados vecinos y disemina su conocimiento y su espíritu en sus propios territorios, en toda la república, desde Baja California hasta Yucatán.

En sus bachilleratos, licenciaturas y posgrados reciben clases más de 300 mil alumnos, que cursan tanto las carreras tradicionales como las nuevas opciones que el progreso social y técnico requiere. El Sistema Nacional de Investigadores se compone, en casi la mitad de su nivel más alto, de miembros de la Universidad Nacional, que desarrollan ocho mil proyectos. La difusión cultural, de amplísimos alcances, atiende en sus propias instalaciones a públicos para todas las artes.

La Universidad Nacional dista de ser una institución perfecta. Pero ella misma dispone de los mecanismos de corrección de sus defectos, que lo son de funcionamiento más que de estructura. En sus cursos transmite, además de saberes, valores que han contribuido al desarrollo nacional y, en estas horas oscuras pueden ser útiles para remontar las cuitas que padece el país.

¡Feliz centenario

Ciudad Juárez. Naranjo.

Cantaletas. Helio Flores.

El Diario de Juárez y la derrota de Calderón

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- Una conmoción fuera y dentro del país ocasionó el editorial publicado el domingo 19 de septiembre por El Diario de Juárez, bajo el título “¿Qué Quieren de nosotros?”. No es la primera vez que un medio impreso del norte del país decidía interpelar al crimen organizado para enfrentar la ola de intimidaciones y matanzas que alcanzaron ya al personal del propio rotativo.

De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comuinicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, “plazas” disputadas por los cárteles del narcotráfico. Algunos periódicos como El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidieron desde hace años dejar de firmar las notas relacionadas con el narcotráfico para no poner en riesgo a sus reporteros. Otros, como Zeta, han acusado abiertamente la complicidad entre políticos y narcotraficantes.

Lo diferente es que, a raíz del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario decidió hacer pública su interpelación a los cárteles que se disputan la plaza y descalificar con toda crudeza el operativo policíaco-militar ordenado por el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad Juárez se mostró así como el ejemplo más claro de una “guerra” cuya estrategia no está clara y que ha llevado al hartazgo de la población civil.

La respuesta del gobierno de Calderón al editorial de El Diario recordó a la tristemente célebre reacción del presidente frente a la matanza de jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar. Todos recuerdan cuando el primer mandatario dijo que la masacre fue el resultado de “un pleito de pandillas”. En lugar de ponerse del lado de las víctimas y dimensionar el tamaño del descontento ciudadano, el calderonismo asumió el papel de policía represivo y decidió incriminar a las víctimas sin que existiera una investigación acabada. El error provocó un airado reclamo público de una de las madres de las víctimas de Salvárcar durante una gira de Calderón a Ciudad Juárez.

A través de su vocero en materia de seguridad, Alejandro Poiré, el gobierno de Calderón repitió la misma actitud con El Diario. Indignado por las críticas, Poiré lanzó un reclamo que pretendió ser un mensaje para todos los demás medios impresos que han sido víctimas de las presiones de los cárteles y sus sicarios:

“No cabe en modo alguno por parte de ningún actor el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales que son justamente los que provocan la angustia de la población”, sentenció Poiré.

“Que quede bien claro: negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar eludir la acción del Estado y perpetuar su acción impune, y eso no ocurrirá”, agregó.

Hasta estas frases, la posición del gobierno federal tenía una lógica, quizá cuestionable en su eficacia, pero legal en su planteamiento. El problema fue que el propio Poiré decidió erigirse en ministerio público y cuestionar la condición de víctima del fotógrafo Santiago Orozco, para minimizar la legitimidad de la denuncia de El Diario.

Poiré afirmó en rueda de prensa que las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, el atentado contra el reportero gráfico tuvo como móvil las razones “de índole personal, más que por sus actividades profesionales”.

La respuesta del subdirector editorial Pedro Torres se hizo en la tarde del mismo 20 de septiembre: “Con qué calidad moral nos van a decir esto si no hay garantías para la seguridad”. Torres criticó que a cinco días del asesinato de Santiago Orozco las autoridades judiciales pretenden dar por buena una versión que elimine la línea del crimen organizado. Recordó que a casi dos años del asesinato del reportero Armando Rodríguez Carreón, trabajador también de El Diario, las autoridades no han avanzado en nada.“Nos dijeron que tenían solucionado el caso y que hasta tenían identificados a los autores materiales e intelectuales del asesinato… No tienen nada”, afirmó.

Esta es la otra cara del alegato de El Diario y de decenas de otros medios mexicanos que se han enfrentado a las intimidaciones del narcotráfico. ¿De qué sirve denunciar ante las autoridades y a las fiscalías creadas si no se ha resuelto uno solo de los crímenes contra periodistas ni tampoco se han eliminado las amenazas de los cárteles?

¿Con qué confianza puede acudir un medio a las autoridades si éstas pretenden minimizar y reducir a “asuntos personales” los supuestos móviles?

Felipe Calderón ... ¿habrá otro peor ?