viernes, 27 de agosto de 2010

Bienvenidos al infierno * Julio Scherer García

Bienvenidos al infierno *
Julio Scherer García


En nuestra frontera sur y camino a los Estados Unidos, un aire envenenado traslada la memoria a escenarios propios de los campos de concentración. Testimonios inapelables de los migrantes centroamericanos y aun sudamericanos dan cuenta de la tragedia.

De septiembre del 2008 a febrero del 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró ciento noventa y ocho casos que incluyen nueve mil setecientos cincuenta y ocho secuestros. La cifra podría llegar a veinte mil al año. A los migrantes los explotan las bandas de los Zetas, los Maras, los polleros. Cierran el cerco los policías municipales, los estatales, los patrulleros y un avispero de malhechores protegidos por placas y disfrazados con las ropas y los modos del poder.

Las casas de seguridad son tugurios, y la comida, tortillas frijoles y arroz una vez al día, si acaso, es pestilente. Nadie podría decir cuántas mujeres son lanzadas a la sodomía, vendidas a quien pague por ellas.

Mauricio Farah Gebara, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Alejandro Hernández García, su colaborador, me facilitaron el acceso a los testimonios videograbados que dan cuenta de este inmenso horror:

Dos hermanos hondureños arribaron a la terminal de camiones en Tapachula. El sujeto que los conducía los recomendó con dos, a los que les dijo que había que darles una tarifa especial.

A golpes, junto con veinte personas más, los hermanos fueron trasladados a Arriaga. Ahí los subieron a un vagón de tren, y cuando éste se puso en marcha, tres tipos con apariencia de migrantes sacaron sus armas.

Llegando a San Luis condujeron al grupo a bordo de camionetas, por una brecha hasta un rancho, en el que había cincuenta migrantes más y muchos hombres armados. Éstos les dijeron que sólo mediante el pago de 2 mil 500 dólares saldrían de ahí.

“Me pusieron una pistola en la sien y me obligaron a hablar con mis familiares”, dijo uno de los hermanos. “Después de la llamada, todo se puso muy feo. Nos golpeaban y nos hacían arrodillarnos por horas, nos desnudaban por las noches, dormíamos en el piso. Un día nos dijeron que habían matado al Morado, un compañero que no pagaba. Ya no lo volvimos a ver”.

* * * * *

Un salvadoreño relata que para abordar el tren carguero había que pagar 300 pesos al maquinista. “El vagón iba lleno, casi no se podía respirar. Íbamos de pie y a veces nos pisábamos, pero nadie peleaba. Cuando el tren se detuvo, fuimos obligados a bajar. Hombres armados y encapuchados vigilaban un descenso ordenado. Preguntaban si teníamos parientes en los Estados Unidos. La mayoría contestó que sí. A ellos los volvieron a subir al vagón. Los demás fueron abandonados en campo abierto.

“Nos llevaron a un galpón. Fui elegido al azar, me recibieron a palos, como advertencia para los demás. Ahí me comunicaron con mis tíos de San Antonio. Al hacer las llamadas me golpeaban para que ellos escucharan. Les pedían 3 mil dólares. En tanto los mandaban yo tenía que limpiar un patio inmundo. Era el lugar para que hiciéramos nuestras necesidades. Me daban una cubeta y una escoba, pero la suciedad no se iba. Nada más la amontonaba en la alcantarilla”.

Levantado en Tierra Blanca con doce migrantes más, un colombiano fue vendado de los ojos, atado, amordazado y arrojado a punta de pistola en una camioneta roja.

“Sentí mucho miedo, pues oía las golpizas que propinaban a mis compañeros que se quejaban. Llegó mi turno. Sangrábamos mientras escuchábamos que nada éramos, jodidos, quién se preocuparía por nosotros.

“En el piso inundado de una casa, jalaron hacia el frente a un niño de doce años. Golpearon su cuerpo frágil con una tabla hasta que el niño perdió el conocimiento.

Así los vamos a madrear a todos. Así que convenzan a sus carnales para que nos depositen los 2 mil 500 verdes en chinga”.

Un grupo formado por una joven, su hermano, su primo y un amigo de los tres, fue levantado junto a las vías de tren de Ixtepec, Oaxaca. Los condujeron a una bodega en un pueblo que no pudieron identificar.

“Hacía mucho calor. Pasamos dos días sin pan o agua. Al tercero nos ofrecieron un caldo. Éramos muchos”. Se llevaban a algunos y luego los cambiaban por otros hasta que se llevaron a la muchacha:

“Llamaron a mi papá. Yo lloraba porque me apretaban los brazos con fuerza y me pisaban para que mi papá se percatara. Le pidieron un depósito bancario de mil 500 dólares y le dieron un número de cuenta.

“Después llegó el Caimán. Me aseguró que sería su mujer. Por la noche me llevó a un cuarto arrastrándome de los cabellos. Me violó mientras me decía: Yo voy a ser tu papi mientras el cabrón de tu padre me manda el dinero”.

Un niño guatemalteco de trece años relató su secuestro y el de su tío. Sucedió en Balancán, Tabasco. Dormían al aire libre en una zona despoblada, cuando aparecieron los delincuentes con sus promesas de traslado ahora, pago después. Los subieron en un camión de redilas, repleto de migrantes. Viajaron cuatro días hasta llegar a un almacén en Monterrey. Desde ahí se hacían las llamadas.

“A mi tío y otras personas los golpeaban con bates de béisbol en las nalgas por pura diversión. Lo harían a diario hasta que recibieran su pago. A mi tío le pegaron un día en la cabeza. Sangró muchísimo y para su curación sólo me dieron unos trapos sucios. Había unas señoras a las que golpeaban también. Todo el tiempo hablaban de escapar. Las dejaban desnudas. A una la golpearon enfrente de todos porque cerraba las piernas y mordía”.

Un hondureño relató, sin dar detalles, que en Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenido pro agentes de migración que lo vendieron a los Zetas.

Los Zetas lo llevaron a un cobertizo, desde donde lo comunicaron con su hermano en Illionis. En tanto llegaba el dinero, le ponían una pistola en la sien y jalaban el gatillo. Ignoraba si el arma estaba cargada.

Lo dejaron en libertad, garantizado el pago, tras practicar sexo oral al secuestrador.

Una menor, nacional de Honduras, fue secuestrada en compañía de ciento treinta personas. Esposados, eran golpeados con gruesas cadenas y amenazados con armas de fuego. Su papá vomitaba sangre y se desmayaba después de las golpizas.

El rescate solicitado para este grupo de personas fue de 900 dólares. Como muchos de sus familiares no pudieron cubrirlos, los mantenían en cautiverio durante tres meses. Luego, a los que permanecieran vivos, los dejaban en libertad.

Otro hondureño narró su secuestro junto con ochenta migrantes. Se los llevó un grupo de siete sujetos armados que se hicieron pasar por coyotes. Los condujeron hasta Reynosa en un camión de redilas escoltado por una patrulla. Querían 3 mil 500 dólares de rescate por cada uno. De lo contrario, les extraerían sus órganos para completar el dinero. Sus familiares pagaron, mas no lo soltaron. Tuvo que escaparse después de treinta y tres días de cautiverio en una bodega donde permanecían en condiciones insalubres. Asimismo, presenció la muerte por golpes de varias personas, con una tabla y con armas de fuego. Agregó que en la bodega había hombres, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos.

Un hondureño más fue secuestrado junto con doscientos migrantes, centroamericanos y brasileños. Estuvo preso cincuenta y dos días, al cabo de los cuales fue puesto en libertad cerca de la Casa del Migrante en Reynosa, Tamaulipas.

Una mujer originaria de Honduras fue trasladada a un granero en donde había cuatrocientas personas secuestradas, en espera de que sus familias enviaran los 3 mil 500 dólares exigidos por el comando armado que los privó de su libertad.

Los ciento treinta migrantes guatemaltecos que fueron levantados por doce personas que usaban máscaras y uniforme militares en Tenosique, Tabasco, no tuvieron suerte. Sus plagiarios exigieron 7 mil dólares por persona. Fueron pocos los que pudieron pagar. Eran amenazados continuamente con una sierra, taladros y cuchillos.

“Allí nos tuvieron encerrados en la casa. Casi un mes. No nos daban comunicación ni con los familiares ni con nadie. Después de un mes nos dicen: Les vamos a dar las llamadas para que ustedes llamen a sus familiares y les digan cuánto les cobramos. A nosotros nos dijeron: “si no pagan 7 mil dólares, se les llama a los familiares para que los escuchen hablar por última vez”.

“Cuando llegamos a Coatzacoalcos, nos dijeron: Bienvenidos al infierno”.

Si tú no le decías a tu familiar que te maltrataban, ahí te rompían la cabeza”.

-¿Qué le hicieron cuando usted estaba hablando por teléfono?

-Me golpeaban, me daban cachetadas. Ahí matan gente, delante de todos matan. Ahí, en esa casa, el otro día mataron como a cinco.

-¿Usted vio que mataron a cinco?

-Sí.

-¿Cómo los mataron?

-Los mataron a puro golpe.

-¿Cuánto vale un rescate? –le pregunté a Mauricio Farah Gebara.

-En promedio, 2 mil 500 dólares. Pero a veces basta con 100 –repuso.

Lo escucho:

“Algunos agentes del Instituto Nacional de Migración, junto con policías municipales, estatales y federales, más el ministerio público, administran el delito y la impunidad.

“Los números de las víctimas crecen, más allá de las denuncias categóricas que hemos formulado públicamente y de las instancias elevadas a las máximas autoridades del país. Nuestra frontera sur está teñida de rojo”.

-¿Qué es administrar el delito? –pregunto al quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

-Inmovilizar la ley. Que el delito corra.

*Tomado del libro Secuestrados, de Julio Scherer García, editado en agosto de 2009 por Grijalbo.

Andrés Manuel López Obrador universitarios de la UNAM AMLO 1

Sólo 3 de cada 10 niños leen bien, revela SEP

Distrito Federal— En México 7 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria, esto es, poco más de 14 millones 600 mil estudiantes de primaria y secundaria “están fuera del estándar de lectura” no saben leer bien, no lo hacen con fluidez y tampoco comprenden los textos que abordan, aseguró el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal.

Al concluir la ceremonia de presentación de los “Estándares Nacionales de Habilidad Lectora”, el funcionario hizo un llamado a los padres de familia a colaborar en la generación de una “nueva cultura por la lectura”.

Después de realizar un estudio dentro de las escuelas primarias y secundarias del país, “aproximadamente el 30 por ciento de los niños de cada uno de los grados están dentro del estándar” de identificación de palabras y comprensión del significado del texto.

Durante el lanzamiento, realizado en el patio de la Aduana en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el funcionario dijo que con este programa “estamos dando pasos más en la consolidación” de la calidad de la educación en México.

Convocó a los padres de familia a sumarse a esta actividad. “Si todos los días leemos 20 minutos con nuestros hijos y cada 4 ó 5 días les medimos cuántas palabras por minuto leyeron, vamos a poder evaluar con gran precisión lo que está pasando con nuestros hijos y les aseguro padres de familia que en 4 ó 5 meses van a ver una mejoría radical, notoria, espectacular, del modo en que nuestros hijos leen y comprenden la lectura”.

Indicó que en esta tarea “los padres son protagonistas”.


Señaló que no se trata sólo de leer rápido por leer rápido, con fluidez, sino que ello otorga mayor capacidad de comprensión de los textos. “Si se lee de corridito sabemos qué clase de lectores somos”.

El funcionario señaló que después de realizar el estudio nacional, junto con el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) se estableció que en el caso de los niños de primer grado de primaria deberán leer de 35 a 59 palabras por minuto.

El cuadro de referencia, que está impreso en un folleto que se entregará a todos los papá de los casi 21 millones de niños en el país, establece que para segundo grado deberán leer en de 60 a 84 palabras; en tercero de 85 a 99 palabras; en cuarto de 100 a 114 palabras; en quinto de 115 a 124 palabras; y en sexto de 125 a 134 palabras.

El documento del programa –que se podrá bajar de la página de internet de la SEP—establece que “no se trata de obtener forzosamente los valores máximos, sino al menos el mínimo suficiente de acuerdo con el grado escolar, para después buscar la mejora constante”.

Para el caso de secundaria las medidas de palabras por minuto son: en primero de 135 a 144; en segundo grado de 145 a 154 palabras; y en tercero de 155 a 160 palabras.

Al concluir la ceremonia el secretario volvió a señalar que mientras en México el promedio de lectura por habitante es de 2.9 libros por año, los españoles leen 7.7; los argentinos 3.5; y los alemanes 12 libros por año.

“Necesitamos una nueva cultura de la lectura y la mejor manera de lanzar una iniciativa que logre finalmente generar este incentivo para que todos los mexicanos aprendamos a leer es que los padres de familia tengamos una claridad meridiana, exacta y precisa, de cómo están leyendo nuestros hijos”.

Presidencia: infracción sin castigo

Miguel Ángel Granados Chapa
Periodista

Distrito Federal– Protegido para este efecto por un artículo constitucional, el 108, el presidente Calderón pudo infringir sin que se le siga consecuencia alguna, otro artículo constitucional, el 41. Se produjo así, según fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la paradoja de que en ese nivel gubernamental la violación a la ley, por irrefutable que sea, no amerita sanción. A la infracción sigue la impunidad.

El máximo órgano de la justicia electoral resolvió el miércoles el asunto originado por quejas del PRI ante el Instituto Federal Electoral. Según la representación priísta, tres mensajes del presidente Calderón en vísperas de los comicios locales del 4 de julio constituyeron una infracción al principio que rige la propaganda electoral. El IFE consideró que sólo uno de los tres mensajes denunciados caía en la hipótesis alegada por el PRI, pero el Tribunal dio la razón a ese partido y enmendó la resolución del Instituto aunque, como no podía ser de otro modo, confirmó la falta de castigo establecida por el IFE.

El 15 de junio Calderón habló en cadena nacional de sus logros en la lucha contra la inseguridad. Dos semanas después, el 30 de junio, grabó otro mensaje, difundido voluntariamente por las emisoras de televisión (que no se encadenaron) sobre la supresión de trámites, camino a la simplificación tributaria. Y al día siguiente, el jueves primero de julio, un tercer comunicado presidencial, con su propia voz e imagen, dio cuenta del crecimiento del empleo, según los registros de la seguridad social.

No sólo al PRI le pareció significativa la sucesión ordenada de los mensajes, su contenido acerca de logros gubernamentales y la proximidad de su difusión con las elecciones de gobernador en 12 estados. Hubo una amplia percepción pública de que se trataba de propaganda electoral. El PRI la denunció de manera formal. La piel priísta estaba especialmente erizada por las alianzas en su contra. desde antes de la jornada del cuatro de julio, y sobre todo después, ante los resultados, que si bien implicaron triunfos notorios como la recuperación de Baja California después de 21 años de dominio panista, entrañaron también sonoras derrotas en entidades muy pobladas, cuyos gobiernos pasaron a la oposición. Para hacerle pagar costos políticos por las victorias a que sus mensajes contribuyeron, según la denuncia, el PRI invocó la porción respectiva del artículo 41 constitucional (segundo párrafo de su apartado C), base III):

“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos del gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

El IFE hizo suyo el razonamiento priísta en lo que toca al primero de los tres mensajes, pero lo desechó respecto de los restantes. Por ello, impugnó el fallo, y lo mismo hicieron, por la razón contraria, tanto el PAN como la consejería jurídica de la Presidencia. El tribunal confirmó la resolución del IFE respecto del mensaje del 15 de junio pero corrigió la apreciación de su Consejo General y aplicó el mismo predicado a los mensajes del 30 de junio y primero de julio.

La Sala Superior del Tribunal resolvió el caso por unanimidad, a partir de la ponencia que presentó la magistrado presidenta de ese órgano, María del Carmen Alanís. Su razonamiento para imputar al Presidente partió, por un lado, de establecer que está obligado al cumplimiento de la Constitución, pues la protesta respectiva no es mera fórmula retórica. Y por otra parte, de reconocer la inmunidad presidencial, pues conforme el artículo 108 de la Constitución, el Ejecutivo federal “durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Pero eso no significa, dijo la ponencia con cuya conclusión el pleno de los magistrados estuvo de acuerdo, “que el Presidente esté colocado en un orden supraconstitucional. Afirmar lo anterior sería convalidar que el poder constituido está por encima del poder constituyente, lo cual va en contra de la naturaleza de un Estado constitucional de derecho”.

El aparente conflicto entre el artículo 108 y la consecuencia de no acatar el 41 fue tajantemente resuelto por la magistrado presidenta, al establecer que “el titular del Poder Ejecutivo federal sí puede ser denunciado y responsabilizado por infracciones a normas constitucionales como la prevista en el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo, de la Constitución”. Ello es así porque ambas normas constitucionales tienen obviamente el mismo rango.

El PAN insistió, tras conocer el fallo del tribunal, que el Presidente no realizó propaganda sino que sólo ejerció su deber de informar y su derecho a la libre expresión. La magistrada Alanís Fuentes había establecido que se trataba de propaganda porque los mensajes se centran en destacar acciones y logros del gobierno federal y uno de ellos, el segundo, fue difundido en Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo, donde habría elección de gobernador, diputados y ayuntamientos 4 días después.

Poner la educación en el mercado fue un crimen de Carlos Salinas, sostiene AMLO

Decenas de estudiantes, trabajadores y maestros se congregaron en la Facultad de Economía para la presentación del libro del tabasqueño: La mafia que se adueñó de México... y el 2012 , en el auditorio Narciso Bassols. Apoyó las aseveraciones del rector José Narro sobre el abandono oficial a los jóvenes. “Esto no puede continuar. A ellos se les cerraron las puertas y no tienen posibilidad de trabajo ni de estudio. Fue un grave error, un crimen, el haber apostado a poner la educación en el mercado” Foto Carlos Cisneros
Destaca la lucha encabezada por el rector José Narro en favor de los jóvenes



Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por Carlos Tello Macías, Rolando Cordera, Armando Bartra y Leonardo Lomelí, entre otrosFoto Carlos Cisneros
Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada
Viernes 27 de agosto de 2010, p. 17
Cientos de estudiantes, trabajadores y maestros hicieron insuficiente el auditorio Narciso Bassols y los demás espacios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dispuestos para la presentación ayer al mediodía del libro La mafia que se adueñó de México...y el 2012. Ahí, Andrés Manuel López Obrador se refirió a la lucha encabezada por el rector, José Narro, para “subrayar y apuntar el abandono a los jóvenes”.

Planteó entonces que “todo esto que se está padeciendo de inseguridad, de violencia, que es un estallido de odio y de resentimiento se ha originado por la política impuesta”, y resaltó ahí su coincidencia en el tema con Carlos Tello Macías, Rolando Cordera y Armando Bartra, comentaristas del libro.

Esa política no puede continuar, dijo, y de inmediato surgieron de nuevo, esta vez más rotundos, los aplausos y goyas de los asistentes. A los jóvenes “se les cerraron las puertas y no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Fue un grave error; más que eso, fue un crimen el haber apostado a poner la educación en el mercado”.

Atribuyó la medida al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien ordenó a Ernesto Zedillo –a la sazón secretario de Educación Pública– reformar el artículo tercero constitucional. Desde entonces se dejó de apoyar la educación media superior y a las universidades públicas. “Y de ahí (vienen) los rechazados”, quienes lo son no porque no aprueben el examen de admisión, sino porque “no hay espacio, no hay presupuesto” para que estudien.

Momentos antes había calificado como “lamentable” la decisión recientemente anunciada de importar petróleo crudo. Eso ha ocurrido, dijo, porque se inyectó indebidamente nitrógeno a los pozos petroleros y se sobrexplotó el yacimiento de Cantarell.

Desde su llegada, López Obrador fue envuelto por un ambiente de apoyo con gritos de “presidente” y goyas. Las manifestaciones de apoyo subieron de volumen cuando planteó: “si no resolvemos el destino de la juventud no vamos a poder resolver el destino de México”, porque ellos deben tener garantizado su derecho a la educación.

Mucho antes del mediodía había gran efervescencia. Discutidores y rebeldes por naturaleza, los universitarios incluso amagaron con dar “portazo” en el auditorio. El director de la Facultad de Economía, Leonardo Lomelí moderó la mesa.
Carlos Tello Macías se refirió a la que él ha denominado “revolución de los ricos” en los años 70 del siglo pasado. Se propusieron, dijo, conquistar el futuro e impulsaron la educación privada para divulgar sus dogmas económicos. Hoy, “los neoliberales han construido una historia negra del pasado mexi- cano” y por ello llamó a leer a López Obrador. “Su libro está bien escrito, con un lenguaje accesible y dirigido no a especialistas sino al público en general”.

Continuó Rolando Cordera, maestro emérito y miembro de la Junta de Gobierno. Ponderó las aportaciones de este libro sobre todo en sus críticas al modelo económico vigente, “que llegó a la crisis sin haber conocido el auge” y frente al cual –planteó– debe existir un proyecto alternativo de nación y donde el rescate de la juventud sea uno de sus principales objetivos.

Armando Bartra dijo que los políticos del sistema son por lo general mentirosos compulsivos y por eso no escriben. En cambio, al reunir sus ideas en un libro, López Obrador “hace público su compromiso con la gente” a la cual conoce –resaltó– porque ha recorrido el país varias veces y no se acoge a las estadísticas, los grupos de enfoque o los “baños de pueblo” que son las formas que otros utilizan para presumir su conocimiento sobre México.

López Obrador detalló en su oportunidad su proyecto sobre cómo debe transformarse el país.

Casi al final algunas risillas maliciosas e incrédulas surgieron cuando López Obrador habló del amor, pero terminó conquistando aplausos cuando puntualizó. “No sólo de paz vive el hombre, se necesita lo espiritual, construir una república fincada en el amor a la familia, al prójimo, a la patria. No debemos tenerle miedo a estos temas”.

Pidió entonces no caer en la deseperanza, pues el país puede salir adelante. Por su parte ofreció tener siempre una actitud tolerante, abierta, “más con el flanco izquierdo; con todos, pero de manera obligada con los sectores progresistas”.

Así, López Obrador salió ayer de la UNAM como llegó: cobijado por innumerables manifestaciones de respaldo.

Masacre en Tamaulipas, síntoma del fracaso de Calderón: Amnistía Internacional


Gloria Leticia Díaz



MEXICO, D.F., 26 de agosto (apro).- Amnistía Internacional condenó la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, y aseguró que esos hechos reflejan el “fracaso” del gobierno de Felipe Calderón para “hacer frente a la violencia sistemática” que enfrentan quienes buscan un mejor modo de vida fuera de sus países.

“El asesinato a sangre fría de los migrantes indefensos tratando de llegar a Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias, es la prueba más clara hasta ahora de la magnitud y severidad de los ataques a los inmigrantes irregulares”, dijo AI en un comunicado, en el que recuerda que en abril pasado presentó un informe sobre la violencia contra los migrantes en México.

En ese informe, AI señaló que “las autoridades mexicanas, tanto federales como estatales, han fallado en implementar medidas eficaces para prevenir y castigar los miles de secuestros, asesinatos y violaciones a las y los migrantes irregulares a manos de bandas criminales que a menudo operan con la complicidad o el consentimiento de los funcionarios públicos”.

AI criticó la falta de “un liderazgo claro” para garantizar la seguridad de los migrantes, por lo que llamó a crear un plan de acción “coordinado y eficaz”, en el que participen la Procuraduría General de la República (PGR); las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación; el Instituto Nacional de Migración (INM) y las autoridades estatales.

La organización civil, con sede en Londres, Inglaterra, exigió el esclarecimiento del caso, así como garantías de seguridad para los testigos y facilidades para la identificación y entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas originarias de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Dijo que es necesario una investigación expedita y ágil: “Es de vital importancia garantizar que los responsables de los asesinatos sean identificados y llevados ante la justicia, pero las autoridades también deben velar por la seguridad de los testigos de forma rápida y establecer de forma fiable la identidad de las víctimas, para que sus familias puedan recibir sus restos mortales y llorar por sus seres queridos. Suficientes recursos deben estar disponibles para permitir a los familiares recuperar los cuerpos”.

Insistió que “este caso demuestra una vez más los peligros extremos que enfrentan las y los migrantes, así como la aparente incapacidad de las autoridades federales y estatales para disminuir los ataque a los que se exponen los migrantes. La respuesta de las autoridades en este caso será una prueba”.

Por separado, la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, y el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, criticaron la respuesta que hasta ahora ha dado el gobierno de Calderón quien, dijeron, ha evadido su responsabilidad al adjudicar la masacre a “pugnas libradas entre grupos del crimen organizado”.

Añadieron que lo ocurrido pone en evidencia “la crisis de la política migratoria” en México.

Además, dijeron que la masacre de los 72 migrantes de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, “no es un hecho aislado” y responde a un “escenario de persecución y muerte” contra indocumentados ante una política migratoria en México, que “no sólo no garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, sino que propicia y permite que se cometan estos delitos”.

En un documento, puntualizan que la tragedia de Tamaulipas concuerda con los testimonios recabados por la Casa del Migrante y el Centro Diocesano, en el sentido de que “grupos del crimen organizado reclutan a migrantes con fines de explotación laboral y sexual, así como para utilizarlas en fines ilícitos”. Además, señalan, es una “muestra irrefutable de la sistemática violencia ejercida en contra de las y los migrantes sin documentos a lo largo de todo el territorio nacional, vivida con mayor crueldad en la región noroeste del país”.

Las organizaciones encabezadas por el obispo Raúl Vera, reprobaron la respuesta del gobierno calderonista, al atribuir la masacre al crimen organizado. Y es que, dijeron, el INM sólo acepta “seis o siete eventos de secuestro” en lo que va del año, “desdeñando la realidad”, así como “porque las palabras de condolencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) resultan insuficientes frente a lo que equivale a un holocausto contra personas de países latinoamericanos”.

Esa Casa del Migrante y el Centro Diocesano Fran Juan de Larios señalaron que los hechos ocurridos en Tamaulipas “no sólo ponen en crisis la política migratoria del Estado mexicano, sino que le exige una revisión profunda que la lleva a ser corresponsable con la defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos por México”.

Las organizaciones civiles exigieron al gobierno de Calderón responder a las demandas de justicia de los Estados de Centro y Sudamérica, y consideraron “necesario que los gobiernos de Centroamérica fijen una postura concreta de defensa y protección de los derechos humanos de sus connacionales en tránsito por México”.

10 mil, los secuestros de migrantes en México en 6 meses: CNDH

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva reveló que el número de secuestros de migrantes que se cometen en un semestre en México es de más de 10 mil, cifra que muestra un aumento en este delito con respecto del año pasado, que fue de 9 mil 700.
Plascencia deploró que las autoridades del país no hayan emprendido acciones para frenar esta situación, en la que ahora los migrantes "ya no sólo son secuestrados, sino ejecutados".
Añadió que el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas “no significa más que la escalada de violencia del crimen organizado contra ciudadanos”.
En tanto, una decena de organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa de Migrantes y el Servicio Jesuita, condenaron la masacre en Tamaulipas y exigieron al secretario de Gobernación, Francisco Blake, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático de migrantes y que se invite al relator para migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Condena de organizaciones internacionales

En Tapachula, Chiapas, durante el II Encuentro Regional de Migraciones “Articulando la defensa de derechos humanos de migrantes de manera integral”, representantes de 32 organizaciones defensoras de los derechos del migrante de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, condenaron hoy la masacre de los 72 migrantes ejecutados por un grupo de sicarios de Los Zetas en un rancho de San Fernando, Tamaulipas.

En el acto, los representantes de esas organizaciones –de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México--, exigieron justicia en el caso de la tragedia en Tamaulipas.

“Hemos analizado la situación que viven día a día los migrantes y sus familias, así como personas defensoras de derechos humanos en la región, y repudiamos enérgicamente la reciente masacre perpetrada en contra de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en un contexto en el que el crimen organizado actúa de manera impune ante una ciudadanía indefensa y un gobierno insensible”, dijeron en una misiva firmada por los representantes de esas organizaciones.

Dijeron que un ejemplo más de lo anterior, es el incremento en las desapariciones de migrantes en territorio mexicano, y la falta de voluntad política de los tres niveles de gobierno.

Además, censuraron las discriminación de que son objeto los migrantes quienes, afirmaron, son considerados como una amenaza para la comunidad receptora y cuando están en tránsito, y cuestionaron que sean llamados “ilegales”, “centroamericanos mareros”, “portadores de enfermedades” y “delincuentes”, entre otros términos.

“Esto, en lugar de promover una cultura de paz, de respeto y tolerancia a la multiculturalidad, contribuye a que actos de discriminación y violencia sean invisibilizados y normalizados por la sociedad en general”, dijeron las organizaciones.

“Vemos con preocupación que las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento, entre otras cosas, debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral y a la permanencia de disposiciones y programas que promueven abusos, y violencia hacia las ciudadanos y ciudadanas migrantes”.

Exigieron al gobierno de México que, “sin demora, llevar ante la justicia y castigar a los autores de la masacre en Tamaulipas, tanto actores intelectuales y materiales, como autoridades que, por comisión u omisión, han permitido actuar libremente al crimen organizado”.

Demandaron emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano “sea seguro, protegiéndolos de todo acto de violencia, abuso o delito, especialmente el secuestro. Y en su caso brindarles pleno acceso a la impartición de justicia”.

Entre las organizaciones firmantes figuran el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Red para las Migraciones de El Salvador; Mujeres Transformando El Mundo, de Guatemala, y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanus, Buenos Aires, Argentina, entre otras. (Con información de Isaín Mandujano)

AMLO, orgullosamente puma.

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