lunes, 3 de mayo de 2010
Un asesinato desdeñado
Arturo Rodríguez García
Por incapacidad o por razones que se desconocen, las autoridades nuevoleonesas se empecinan en ocultar información acerca de Víctor Castro Santillán, estudiante capitalino asesinado cerca de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se trata de un caso plagado de lagunas que fue desdeñado por las autoridades del estado y de la propia UANL, no así por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que reclama su esclarecimiento.
MONTERREY, NL.- El asesinato del joven universitario Víctor Castro Santillán, cometido entre el 20 y el 21 de abril pasados, evidenció el desinterés y la falta de profesionalismo de las autoridades de la entidad, que se apresuraron a identificarlo como “narcomenudista”.
Durante dos días, el gobierno estatal ocultó a los padres de Víctor su desaparición. Tampoco les informó que el cuerpo había sido localizado y no rectificó su imputación, no obstante haberse confirmado que el muchacho estudiaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuyo rector, Jesús Ancer, optó por deslindarse del caso.
El presidente Felipe Calderón estuvo en esta ciudad el miércoles 28 para reunirse con empresarios, representantes de organizaciones civiles y rectores de universidades. En ese encuentro dijo:
“Refrendo mi compromiso para el esclarecimiento de lo ocurrido en la puerta del Tecnológico de Monterrey, pero también, de este muchacho que falleció aquí la semana pasada, que nos mencionaba el rector, que fue, tengo entendido, objeto de violencia física; es decir, de golpes, más que de armas de fuego, y del que no tenemos mayor información.”
Las declaraciones del presidente confirman que el asesinato de Víctor se encuentra rodeado por el desinterés y la opacidad. Para las autoridades estatales y educativas la muerte del joven encierra muchas incógnitas; sin embargo, la familia no está conforme con el resultado de las investigaciones y exige que se haga justicia.
En entrevista con Proceso, Vicente Castro y Sofía Santillán, padres de la víctima, aseguran que no les permitieron conocer los resultados de la autopsia y les impidieron la identificación directa del cadáver.
También comentan que la persona más cercana a su hijo era la estudiante francesa de intercambio Justine Plessard, quien identificó el cuerpo antes que ellos. Esta joven, que había tenido problemas con otros universitarios y era pieza clave en la indagatoria, les dijo que solicitaría asistencia consular, después de lo cual desapareció... Fue apenas el 25 de abril cuando, por medio de Facebook, los padres de Víctor se enteraron de que la muchacha ya estaba en Francia.
Caso enmarañado
El cuerpo de Víctor fue localizado el 21 de abril en las inmediaciones de la empresa ferrocarrilera Kansas City Southern. En esa zona se ubican la Ciudad Universitaria, los estadios de futbol de Tigres y de beisbol de Sultanes, un centro deportivo de alto rendimiento y un campo militar.
Ese día la violencia sacudió a Nuevo León: hubo 13 muertos, seis heridos y por lo menos 16 tiroteos a plena luz del día que causaron terror entre la población.
Los reporteros de la fuente policiaca se encontraban muy atareados cuando les avisaron del hallazgo de una persona, “al parecer un soldado”, asesinada a golpes. Se trataba del joven universitario.
Al día siguiente, al referirse a los hechos sangrientos ocurridos la víspera, el procurador de Justicia de Nuevo León, Alejandro Garza y Garza, se refirió a Víctor con un galimatías:
“Las investigaciones que por lo pronto se han realizado, no tenemos conocimiento ahorita… de que fuera persona que no estuviera ligada y en conductas no lícitas que digamos, siempre pudiera estar relacionada con conductas a lo mejor en cuanto a narcodistribuidor (sic).”
Estudiante de octavo semestre de sicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Castro Santillán participaba en un programa de movilidad académica en la UANL. Mantenía un alto promedio y decidió cursar un semestre en esta institución, pues le atrajo su programa de estudios enfocado al sicoanálisis.
Sus padres aseguran que era un lector voraz y que había ganado certámenes nacionales e internacionales como ejecutante de guitarra clásica.
Sus compañeros dicen que era frecuente verlo con su guitarra, e incluso comentan que iba a participar en un evento cultural de la Facultad de Sicología de la UANL, donde ofrecería un recital. Hablaba inglés, francés y alemán, y la UNAM lo consideraba un alumno brillante.
Junto a su cadáver se encontró un libro de Sigmund Freud. Pese a ello y a la proximidad de Ciudad Universitaria, el procurador y sus peritos, tan proclives a proporcionar datos de balística, así como de revistas y publicaciones aseguradas en las escenas del crimen, jamás mencionaron que la víctima tuviera relación con la comunidad universitaria.
Cuando finalmente se supo quién era, funcionarios de la procuraduría dijeron a la familia que se trataba de “una venganza pasional”.
Luego de que el procurador sostuvo que el estudiante era un narcomenudista, ni su dependencia ni la UANL –cuyas autoridades ya tenían el reporte de su desaparición– brindaron más información en torno del caso.
De no ser porque la UNAM emitió un comunicado de prensa el 26 de abril, en el que exigía que se realizara una investigación a fondo para que el crimen no quedara impune, en Nuevo León nadie se hubiera enterado del crimen.
Los asesinos están “en la UANL”
El 20 de abril los padres de Víctor perdieron contacto con él. Un día después le preguntaron a Heder, uno de sus compañeros, si sabía dónde se encontraba. Él les respondió que estaba en clases; sin embargo, al día siguiente Heder se comunicó con la madre para avisarle que Víctor estaba desaparecido.
De inmediato, Vicente Castro y Sofía Santillán se desplazaron hasta esta ciudad capital. Acudieron a la Facultad de Sicología y ahí se encontraron con el director del plantel, José Armando Peña Moreno, con la encargada de intercambios y un abogado. Estas personas afirmaron que no tenían ninguna noticia de Víctor y los condujeron al Hospital Universitario.
En el lugar se encontraba Justine Plessard, también estudiante de intercambio, quien se abalanzó llorando sobre la madre del joven. Estaban en el anfiteatro y ahí se enteraron de que su hijo estaba muerto. “Es increíble”, comenta el padre, que ninguna autoridad ministerial o universitaria les informara qué había pasado con Víctor.
Además, abunda, en ese hospital no le permitieron ver el cuerpo; le dijeron que por “cuestiones de higiene” tendría que reconocerlo por medio de fotografías, en la pantalla de una computadora. Su insistencia y argumentos fueron inútiles.
“Vencido por el dolor y la burocracia, firmé el reconocimiento”, dice, y agrega que no se le entregó copia de los resultados de la autopsia. En el acta de defunción se asentó “traumatismo en cráneo y tórax” como causa de la muerte. Un día después el cuerpo se entregó a una funeraria, ya amortajado.
El matrimonio afirma que su hijo tenía una perforación en la cabeza, “como una herida de bala”. No pudieron constatarlo pero la madre insiste en que, por las condiciones de su rostro, parecía que lo habían torturado.
A las diligencias del 23 de abril los acompañó Justine. Conocían a la francesa porque en las vacaciones de la Semana de Pascua ella y otros jóvenes habían ido a la Ciudad de México y se hospedaron con la familia de Víctor. Los muchachos comentaron que no se encontraban muy a gusto en Monterrey, pues percibían un ambiente xenófobo: él por ser chilango y ella por sus problemas para hablar español.
Habla la madre del joven:
“Justine estuvo recibiendo muchas llamadas y me dijo que eran del consulado francés. Le pedí que me siguiera acompañando pero ya no aceptó. Sólo la vi de lejos el viernes (23 de abril) en la noche, y el domingo nos enteramos por Facebook que había regresado a su país.
“Hasta entonces recordé que cuando estuvieron en la Ciudad de México ella dijo que antes se juntaba con ‘amigos basura’. Víctor le respondió: ‘sí, pero yo te rescaté’.”
Proceso solicitó información a la Embajada de Francia acerca de la precipitada salida de Plessard, quien debía terminar el semestre en Monterrey y, durante la semana que siguió al homicidio, presentar exámenes parciales. En respuesta, un portavoz de la representación diplomática negó que a la joven se le hubiera proporcionado algún tipo de asistencia para su retorno.
–¿Le sugirieron que abandonara el país? ¿Advirtieron que había algún riesgo para ella? –insistió el reportero.
–Fue una decisión personal. Ella tenía pasaporte vigente y no había impedimento judicial ni de ningún tipo para que ella regresara a Francia. Quizá decidió volver con su familia.
Para Sofía Santillán, quien como su marido es sicóloga egresada de la UNAM, los asesinos están dentro de la UANL, y aunque no descarta otras posibilidades, sostiene que quienes mataron a su hijo lo conocían.
Coincidencias
El perfil de Víctor Castro Santillán es similar al de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, abatidos el 19 de marzo pasado en las inmediaciones del campus de esa casa de estudios en esta ciudad.
Entre otras cosas, destaca que Víctor era estudiante de excelencia, como los del ITESM. Sus actividades extracurriculares eran sobresalientes, pues mientras Mercado Alonso era campeón deportivo, Víctor era un virtuoso de la guitarra clásica.
Tanto Jorge Antonio como Víctor eran hijos únicos. Sus respectivas madres dijeron al reportero que creían que sus hijos habían sido torturados.
Los tres eran estudiantes foráneos.
A los del ITESM, el procurador Garza y Garza los calificó de “sicarios”, supuestamente a partir de un informe militar; y al de la UNAM, de “narcomenudista”. En ninguno de los casos hubo rectificación.
Los tres fueron hallados, sin identificaciones, cerca de un campus universitario y también en las cercanías de instalaciones militares.
A los familiares se les impidió la identificación directa y sólo pudieron hacerla mediante fotografías en computadora. Con precipitación y evasivas, los cuerpos fueron embalsamados rápidamente y enviados a funerarias.
Referente a Víctor Castro, no hay explicación sobre sus identificaciones y se ocultó su desaparición y muerte por espacio de 48 horas. La familia supo del crimen justo el día 24, cuando los estudiantes de todas las universidades locales marchaban en repudio a los crímenes del ITESM.
En el caso de Víctor, Justine Plessard desapareció.
La UNAM ventiló el caso mediante un comunicado de prensa, pero el rector de la UANL, Jesús Ancer, no dio la cara y el 28 de abril dijo que todo estaba en manos de las autoridades. Su postura contrasta con la del rector del ITESM, Rafael Rangel Sostmann, quien ha exigido que se limpie el nombre de los estudiantes señalados en un principio como integrantes del crimen organizado.
En la UANL, los estudiantes de la Facultad de Sicología, por su cuenta y sin permiso, exigieron justicia a través de un comunicado.
Cuando el reportero de Milenio Luis García preguntó al secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Treviño Cantú, sobre el caso de Víctor Castro, el funcionario dijo que no ha entablado comunicación con la familia del joven, justificó al procurador por haberlo llamado narcomenudista, pues no contaba con información suficiente acerca del asunto, y para concluir dijo lo mismo que el presidente Felipe Calderón: “No tengo datos sobre eso”.
Apenas el 30 de abril, el agente del Ministerio Público René Morales informó a los padres del joven que se habían abierto otras líneas de investigación; que las pesquisas se orientarían a indagar si se había tratado de “una confusión”, o bien de “un desacuerdo con otros estudiantes”. Añadió que ya tenían un automóvil asegurado, en el que, sin embargo, no se habían encontrado evidencias de un asalto.
Ese mismo día, el procurador Garza y Garza anunció que la dependencia a su cargo realizaría gestiones diplomáticas para que Plessard, a quien se refirió como “compañera sentimental” de Víctor, aporte una “declaración informativa”, pues se considera que no tuvo ninguna participación en el crimen.
Contribuyentes adeudan impuestos por $520 mil millones al gobierno federal
Los créditos fiscales al primer trimestre se incrementaron 8.5%, reporta Hacienda
Causantes empresariales son los mayores deudores, con $423 mil millones, 81.3% del total
Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 31
Empresas y personas físicas con actividad empresarial, y trabajadores asalariados adeudan 519 mil 935.8 millones de pesos en impuestos al gobierno federal, cifra 4.3 veces mayor a, por ejemplo, las participaciones a las entidades federativas realizadas durante el primer trimestre de este año.
De manera cada vez más creciente los causantes del país, particularmente entre el sector empresarial, han suspendido o aplazado el pago de impuestos, lo cual los coloca dentro de la cartera de “créditos fiscales”.
Según reportes de la Secretaría de Hacienda, los créditos fiscales al primer trimestre de este año presentan un incremento de 8.5 por ciento respecto del periodo anterior, lo que equivale a un crecimiento de 40 mil 627 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda reveló que entre enero y marzo de este año se presenta una cartera total de un millón 608 mil 281 deudores de impuestos. El mayor monto, 81.3 por ciento, se concentra entre causantes empresariales que registran adeudos por más de 423 mil millones de pesos; las personas físicas con actividad empresarial presentan una cartera de créditos fiscales por 34 mil 496.9 millones (6.6 por ciento del total), y los asalariados (personas físicas) deben 62 mil 430.3 millones, equivalente a 12 por ciento.
La dependencia calculó que adeudos por 111 mil 575.6 millones, 21.5 por ciento, presentan condiciones de “baja probabilidad de cobro”. Esto, según la definición de la propia secretaría, “se refiere a aquellos créditos que la administración tributaria ha determinado como a cargo de deudores insolventes, no localizados, en traslado, en proceso de baja y en comprobación de incobrabilidad”.
Recientemente el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelar los nombres de contribuyentes beneficiados con créditos fiscales, que en 2007 ascendían globalmente a casi 74 mil millones de pesos. Esta situación despertó una controversia en la que a final de cuentas el organismo fiscal pudo resguardar la información solicitada, y reserva nombres y montos de los acreditados fiscales.
La semana pasada la Secretaría de Hacienda hizo público su informe sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al primer trimestre de 2010. En el reporte se da cuenta de que los créditos fiscales suman 519 mil 935.8 millones de pesos, cifra que comparada de manera anualizada representa un crecimiento de 11.7 por ciento respecto de los 465 mil 367.6 millones de créditos fiscales registrados en el primer trimestre del año anterior. Esto equivale a un crecimiento de 54 mil 568.2 millones de pesos que los causantes dejaron de pagar o difirieron el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La Secretaría de Hacienda tiene estructurada una docena de definiciones sobre la condición en que pueda encontrarse un crédito fiscal: va desde los controvertidos, que no pueden ser cobrados porque son sujetos de algún procedimiento legal; los sujetos a comprobación de cobro, que fueron reportados por los contribuyentes como ya pagados pero se encuentran sujetos a validación; los que se encuentran sujetos a intervenciones de caja o en administración; los de baja probabilidad de cobro, y hasta los insolventes, que son aquellos en los que los contribuyentes no cuentan con bienes que puedan garantizar el interés fiscal y los cuales se proceden a cancelar.
Causantes empresariales son los mayores deudores, con $423 mil millones, 81.3% del total
Víctor Cardoso
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 31
Empresas y personas físicas con actividad empresarial, y trabajadores asalariados adeudan 519 mil 935.8 millones de pesos en impuestos al gobierno federal, cifra 4.3 veces mayor a, por ejemplo, las participaciones a las entidades federativas realizadas durante el primer trimestre de este año.
De manera cada vez más creciente los causantes del país, particularmente entre el sector empresarial, han suspendido o aplazado el pago de impuestos, lo cual los coloca dentro de la cartera de “créditos fiscales”.
Según reportes de la Secretaría de Hacienda, los créditos fiscales al primer trimestre de este año presentan un incremento de 8.5 por ciento respecto del periodo anterior, lo que equivale a un crecimiento de 40 mil 627 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda reveló que entre enero y marzo de este año se presenta una cartera total de un millón 608 mil 281 deudores de impuestos. El mayor monto, 81.3 por ciento, se concentra entre causantes empresariales que registran adeudos por más de 423 mil millones de pesos; las personas físicas con actividad empresarial presentan una cartera de créditos fiscales por 34 mil 496.9 millones (6.6 por ciento del total), y los asalariados (personas físicas) deben 62 mil 430.3 millones, equivalente a 12 por ciento.
La dependencia calculó que adeudos por 111 mil 575.6 millones, 21.5 por ciento, presentan condiciones de “baja probabilidad de cobro”. Esto, según la definición de la propia secretaría, “se refiere a aquellos créditos que la administración tributaria ha determinado como a cargo de deudores insolventes, no localizados, en traslado, en proceso de baja y en comprobación de incobrabilidad”.
Recientemente el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelar los nombres de contribuyentes beneficiados con créditos fiscales, que en 2007 ascendían globalmente a casi 74 mil millones de pesos. Esta situación despertó una controversia en la que a final de cuentas el organismo fiscal pudo resguardar la información solicitada, y reserva nombres y montos de los acreditados fiscales.
La semana pasada la Secretaría de Hacienda hizo público su informe sobre la situación de las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al primer trimestre de 2010. En el reporte se da cuenta de que los créditos fiscales suman 519 mil 935.8 millones de pesos, cifra que comparada de manera anualizada representa un crecimiento de 11.7 por ciento respecto de los 465 mil 367.6 millones de créditos fiscales registrados en el primer trimestre del año anterior. Esto equivale a un crecimiento de 54 mil 568.2 millones de pesos que los causantes dejaron de pagar o difirieron el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La Secretaría de Hacienda tiene estructurada una docena de definiciones sobre la condición en que pueda encontrarse un crédito fiscal: va desde los controvertidos, que no pueden ser cobrados porque son sujetos de algún procedimiento legal; los sujetos a comprobación de cobro, que fueron reportados por los contribuyentes como ya pagados pero se encuentran sujetos a validación; los que se encuentran sujetos a intervenciones de caja o en administración; los de baja probabilidad de cobro, y hasta los insolventes, que son aquellos en los que los contribuyentes no cuentan con bienes que puedan garantizar el interés fiscal y los cuales se proceden a cancelar.
Inician las campañas en Oaxaca. El baño de sangre, ya había empezado.
Nadie detendrá el cambio para “enderezar el rumbo”, asegura Cué; arrancan campañas
Promete Pérez Magaña respeto a los derechos humanos en Oaxaca
Se antepondrá el diálogo a la “violencia del Estado”, dice Ganará “sin un solo voto ilegal”
Gabino Cué Monteagudo, de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso (PAN, PRD, PT y Convergencia), inició ayer ante miles de simpatizantes su respectiva campaña por la gubernatura de OaxacaFoto La Jornada
Eviel Pérez Magaña, candidato de la alianza formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, inició ayer ante miles de simpatizantes su respectiva campaña por la gubernatura de OaxacaFoto Agustín Galo Samario
Agustín Galo Samario
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 34
Tuxtepec, Oax., 2 de mayo. Eviel Pérez Magaña, candidato a gobernador por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), inició este domingo su campaña con la promesa de formar un gobierno respetuoso de los derechos humanos y de las libertades, que antepondrá “el diálogo a la violencia de Estado”.
Frente a más de 3 mil personas reunidas en el parque Benito Juárez, prometió que, “en estricto apego a la ley, no tendremos un solo voto ilegal. La victoria es segura, en Oaxaca y en México”.
Pérez Magaña también estuvo acompañado por el presidente estatal del PRI, Adolfo Toledo Infanzón, así como de los diputados Heliodoro Díaz Azcárraga, Margarita Liborio, Elpidio Concha Arellano, Herminio Cuevas y Jaime Aranda.
Afirmó que no busca el poder por ambición, sino porque tiene un proyecto claro para gobernar a los oaxaqueños, y para lograr un triunfo “inobjetable” el 4 de julio necesita “la fortaleza del pueblo”.
Sostuvo que el PRI busca transformarse y conseguir consensos, por lo que su gobierno “será respetuoso de las libertades (...) Oaxaca entero exige gobernabilidad. Pondré toda mi capacidad para ello”.
El abanderado acusó “a los de enfrente” –en referencia a los integrantres la coalición Unidos por la Paz y el Progreso (Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo y Convergencia) de no tener más que “frustración”, y aseguró: “Trabajaremos para que Oaxaca y la nación se recuperen con democracia y justicia social”.
Como hizo en su toma de protesta como candidato, Pérez Magaña propuso un “nuevo pacto social” para abatir la pobreza y acabar con la corrupción.
Reiteró que su administración “será de proyectos estratégicos de gran visión, que inserten a Oaxaca en el desarrollo nacional y la competencia global”. Adelantó que exigirá al gobierno federal recursos para modernizar las vías terrestres que necesinan todas las regiones del estado.
Detalló una propuesta de cuatro puntos: creación de empleos, apoyo a la educación, salud para todos los niños y mujeres del estado, así como seguridad para todos los oaxaqueños, para que el estado de derecho “no sea un mito” en la entidad.
Señala guerra sucia y uso del erario
Reta a competidores a debatir y declarar patrimonios
Octavio Vélez Ascencio Corresponsal
Oaxaca, Oax., 2 de mayo. El cambio en Oaxaca nadie lo detiene, porque “somos un pueblo con historia, y de esa historia vamos a recuperar las fuerzas para enderezar la ruta y corregir todo lo que se ha hecho mal a lo largo de los últimos años”, afirmó Gabino Cué Monteagudo, candidato de la coalición opositora Unidos por la Paz y el Desarrollo, al iniciar su campaña proselitista.
Acompañado por los dirigentes nacionales de los partidos Acción nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del trabajo (PT) y Convergencia y ante miles de seguidores, el aspirante aliencista sostuvo: “Somos un pueblo cuyo destino es más grande del que nos ha tocado vivir estos años”.
Confió en que ganará la gubernatura porque “estamos más cansados que nunca de tanta corrupción e ineficiencia.
“Los de enfrente”, dijo, “han iniciado la guerra sucia, nos han espiado y seguramente seguirán utilizando recursos públicos. Tratarán de hacer las trampas que los han hecho famosos, pero en esta ocasión nada de eso les va a funcionar”.
Cué retó a los demás candidatos a la gubernatura a cuatro debates “para demostrar quién está mejor preparado para gobernar Oaxaca”.
También propuso a los demás aspirantes presentar sus declaraciones patrimoniales y demostrar “que lo que tenemos lo hemos obtenido legalmente”. De igual manera, los emplazó a someterse a estudios de toxicología “para demostrar que somos personas sin adicciones”, e incluso a una prueba de polígrafo “para probar que somos honestos y hablamos con la verdad”.
Al gobernador Ulises Ruiz Ortiz le demandó “sacar las manos del proceso electoral y dejar que sea la voluntad ciudadana la que libremente decida el resultado final de esta contienda”.
Por otra parte, simpatizantes de la coalición opositora retuvieron en una gasolinera al conductor de una camioneta Nissan azul, cargada con propaganda del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña.
El vehículo, propiedad de la regidora del ayuntamiento local, Margarita García García, había sido reportado como robado. El chofer, identificado como Omar Bernal Altamirano, fue entregado a la Policía Estatal Preventiva.
Promete Pérez Magaña respeto a los derechos humanos en Oaxaca
Se antepondrá el diálogo a la “violencia del Estado”, dice Ganará “sin un solo voto ilegal”
Gabino Cué Monteagudo, de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso (PAN, PRD, PT y Convergencia), inició ayer ante miles de simpatizantes su respectiva campaña por la gubernatura de OaxacaFoto La Jornada
Eviel Pérez Magaña, candidato de la alianza formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, inició ayer ante miles de simpatizantes su respectiva campaña por la gubernatura de OaxacaFoto Agustín Galo Samario
Agustín Galo Samario
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 3 de mayo de 2010, p. 34
Tuxtepec, Oax., 2 de mayo. Eviel Pérez Magaña, candidato a gobernador por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), inició este domingo su campaña con la promesa de formar un gobierno respetuoso de los derechos humanos y de las libertades, que antepondrá “el diálogo a la violencia de Estado”.
Frente a más de 3 mil personas reunidas en el parque Benito Juárez, prometió que, “en estricto apego a la ley, no tendremos un solo voto ilegal. La victoria es segura, en Oaxaca y en México”.
Pérez Magaña también estuvo acompañado por el presidente estatal del PRI, Adolfo Toledo Infanzón, así como de los diputados Heliodoro Díaz Azcárraga, Margarita Liborio, Elpidio Concha Arellano, Herminio Cuevas y Jaime Aranda.
Afirmó que no busca el poder por ambición, sino porque tiene un proyecto claro para gobernar a los oaxaqueños, y para lograr un triunfo “inobjetable” el 4 de julio necesita “la fortaleza del pueblo”.
Sostuvo que el PRI busca transformarse y conseguir consensos, por lo que su gobierno “será respetuoso de las libertades (...) Oaxaca entero exige gobernabilidad. Pondré toda mi capacidad para ello”.
El abanderado acusó “a los de enfrente” –en referencia a los integrantres la coalición Unidos por la Paz y el Progreso (Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo y Convergencia) de no tener más que “frustración”, y aseguró: “Trabajaremos para que Oaxaca y la nación se recuperen con democracia y justicia social”.
Como hizo en su toma de protesta como candidato, Pérez Magaña propuso un “nuevo pacto social” para abatir la pobreza y acabar con la corrupción.
Reiteró que su administración “será de proyectos estratégicos de gran visión, que inserten a Oaxaca en el desarrollo nacional y la competencia global”. Adelantó que exigirá al gobierno federal recursos para modernizar las vías terrestres que necesinan todas las regiones del estado.
Detalló una propuesta de cuatro puntos: creación de empleos, apoyo a la educación, salud para todos los niños y mujeres del estado, así como seguridad para todos los oaxaqueños, para que el estado de derecho “no sea un mito” en la entidad.
Señala guerra sucia y uso del erario
Reta a competidores a debatir y declarar patrimonios
Octavio Vélez Ascencio Corresponsal
Oaxaca, Oax., 2 de mayo. El cambio en Oaxaca nadie lo detiene, porque “somos un pueblo con historia, y de esa historia vamos a recuperar las fuerzas para enderezar la ruta y corregir todo lo que se ha hecho mal a lo largo de los últimos años”, afirmó Gabino Cué Monteagudo, candidato de la coalición opositora Unidos por la Paz y el Desarrollo, al iniciar su campaña proselitista.
Acompañado por los dirigentes nacionales de los partidos Acción nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del trabajo (PT) y Convergencia y ante miles de seguidores, el aspirante aliencista sostuvo: “Somos un pueblo cuyo destino es más grande del que nos ha tocado vivir estos años”.
Confió en que ganará la gubernatura porque “estamos más cansados que nunca de tanta corrupción e ineficiencia.
“Los de enfrente”, dijo, “han iniciado la guerra sucia, nos han espiado y seguramente seguirán utilizando recursos públicos. Tratarán de hacer las trampas que los han hecho famosos, pero en esta ocasión nada de eso les va a funcionar”.
Cué retó a los demás candidatos a la gubernatura a cuatro debates “para demostrar quién está mejor preparado para gobernar Oaxaca”.
También propuso a los demás aspirantes presentar sus declaraciones patrimoniales y demostrar “que lo que tenemos lo hemos obtenido legalmente”. De igual manera, los emplazó a someterse a estudios de toxicología “para demostrar que somos personas sin adicciones”, e incluso a una prueba de polígrafo “para probar que somos honestos y hablamos con la verdad”.
Al gobernador Ulises Ruiz Ortiz le demandó “sacar las manos del proceso electoral y dejar que sea la voluntad ciudadana la que libremente decida el resultado final de esta contienda”.
Por otra parte, simpatizantes de la coalición opositora retuvieron en una gasolinera al conductor de una camioneta Nissan azul, cargada con propaganda del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña.
El vehículo, propiedad de la regidora del ayuntamiento local, Margarita García García, había sido reportado como robado. El chofer, identificado como Omar Bernal Altamirano, fue entregado a la Policía Estatal Preventiva.
En Hidalgo, la megaestructura “zeta”
Ricardo Ravelo
Declaraciones de testigos protegidos contenidas en por lo menos dos averiguaciones previas detallan los presuntos vínculos de la clase política de Hidalgo con la estructura criminal de Los Zetas, que se avinieron en esa entidad desde 2001, cuando Manuel Ángel Núñez Soto estaba al frente del gobierno. De entonces a la fecha la llamada “compañía” se expandió por los 84 municipios hidalguenses y formó un entorno que prácticamente incluye a los principales jefes policiacos, al procurador estatal, al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y a Francisco Olvera, quien se perfila como su sucesor…
Fue en 2001, durante los primeros meses de la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Los Zetas llegaron a Hidalgo, donde establecieron su centro de operaciones. Desde ahí, al amparo de policías, militares y autoridades estatales y municipales, ampliaron sus actividades para el trasiego de droga en las entidades circundantes, alternadas con secuestros, extorsiones, asesinatos y levantones, que se han agudizado incluso durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.
Con amplias conexiones hacia Puebla, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal, los integrantes de esa organización crearon en Hidalgo una megaestructura criminal. Hoy incluso disponen de células en cada uno de los 84 municipios y tejieron una red de espionaje a través de los llamados Halcones.
Los Zetas manejan una nómina de más de 150 personas distribuidas a lo largo del territorio hidalguense, y hasta cuentan con cementerios privados y lugares secretos en los que sepultan a sus víctimas; pero, sobre todo, se desenvuelven con soltura entre las autoridades para que éstas “no investiguen sus crímenes”, según se desprende de un amplio expediente obtenido por Proceso.
De acuerdo con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/150/2009 y PGR/SIEDO/UEIS/099/2009, varios testigos protegidos y no protegidos (en su mayoría policías estatales y municipales acusados de servir al narco) detallan la forma en que Los Zetas arribaron a Hidalgo y cómo iniciaron su expansión de “la compañía” en la zona.
Rufino, uno de los testigos que fue miembro del cártel del Golfo, asegura que el proyecto de Los Zetas para apropiarse de la plaza de Hidalgo data de 2001, cuando el gobierno de la entidad era encabezado por Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005).
En esa época, Osiel Cárdenas Guillén, líder de dicha organización criminal, ordenó al jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, establecerse en tierras hidalguenses como avanzada para posicionarse en otras entidades de la República, sobre todo Puebla y el Estado de México, sostiene Rufino.
En el año 2001 Osiel Cárdenas Guillén le ordenó a Heriberto Lazcano que tomara la plaza de Pachuca, Hidalgo, en donde tuvimos dos casas de seguridad, una que habitaba Osiel Cárdenas y otra que habitaba el grupo Los Zetas, o sea, la escolta personal de Osiel, ya que de ese estado (Hidalgo) es originario Heriberto Lazcano, pues él junto con su familia tienen su domicilio cerca del Campo Militar de la ciudad de Pachuca… Así fue como Lazcano fue tomando el control de dicha ciudad y del estado y (por ello) señalo al gobernador actual (Miguel Ángel Osorio Chong) por su negligencia y omisión, y lo señalo porque no hacer nada por el bienestar de su estado es colaborar con el cártel de Los Zetas, el cual es comandado por Heriberto Lazcano, afirmó el testigo en su declaración del 26 de junio de 2009.
La demanda
Desde el mes pasado, la PGR investiga al gobernador Osorio Chong, a su hermano Eduardo, así como a varios políticos hidalguenses por sus presuntas ligas con el narcotráfico, así como por la presunción de los delitos de lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, según la denuncia de hechos presentada ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el pasado 11 de marzo. A partir de esa querella se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010.
En esa denuncia, interpuesta por el Grupo Ciudadano Hidalguense, se menciona también al procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; al secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y al expresidente municipal de Pachuca José Francisco Olvera Ruiz, candidato del PRI al gobierno de Hidalgo. A él se le acusa de haber recibido 30 millones de pesos de Los Zetas para el financiamiento de su campaña por la alcaldía de la capital hidalguense (Proceso 1745).
El documento, cuya copia tiene este semanario, precisa que el grupo armado se posicionó en la ciudad de Pachuca a partir de la gestión de Omar Fayad Meneses (2006-2009), quien antes había sido administrador general de Aduanas durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Antes de que el Grupo Ciudadano Hidalguense presentara su denuncia, la SIEDO ya tenía conocimiento de la protección institucional que reciben Los Zetas en la entidad. Testigos protegidos, como José Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, así como Pitufo y Caleb, refieren que desde hace varios años Los Zetas han gozado de la protección oficial.
Según los testigos, uno de sus nexos en la administración de Pachuca es el director de Seguridad Pública, Roberto Terán Contreras, uno de los colaboradores de Francisco Olvera durante los meses que éste encabezó el ayuntamiento pachuqueño.
En su declaración del 14 de junio del año pasado, El Oso relató que se desempeñó como policía municipal en Pachuca de 2004 a 2009 y que en ese periodo se “enganchó” con Los Zetas. Llegó a ser incluso, dijo, el responsable del pago de la nómina de esa organización, que creó una sólida infraestructura para operar el tráfico de drogas, los secuestros y asesinatos en todo el estado de Hidalgo y defender la plaza de sus rivales de La Familia michoacana.
Una de sus primeras funciones, comentó en esa ocasión, fue reclutar a policías municipales para Los Zetas: Todos los policías de Seguridad Pública Municipal de Pachuca, Hidalgo, realizaban las mismas funciones, también las de revisar vehículos sospechosos con un pago de 10 mil pesos al mes. Yo les estuve pagando (la nómina) aproximadamente por seis meses, ya que posteriormente les comenzó a pagar el comandante Terán, quien es el secretario de Seguridad Pública Municipal.
Él les hacía llegar los sobres con dinero y a su vez los repartía, aclarando que dentro de la organización de Los Zetas se encuentran implicados la Policía Ministerial del estado de Hidalgo y su director Ahuizotl Hideroa. Él es el que da órdenes de dar carpetazo a los asuntos de secuestros, homicidios, cubriendo a miembros de la organización de Los Zetas.
También está relacionado con Los Zetas el comandante de la Policía Ministerial Antisecuestros de nombre Jesús Garcés Jiménez, alias Soler o Jarocho, a quien tengo un año y medio de conocerlo y su función era la de secuestrar, quitar las órdenes de aprehensión que perjudicaran a Los Zetas. Por esa protección le pagan 50 mil pesos al mes.
Además de Garcés Jiménez, la red de protección a Los Zetas la conformaban, según El Oso, Guillermo Lugo Ávila, quien era el titular de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN). También menciona que personal de la SIEDO le proporciona información a Los Zetas y que uno de los enlaces era un individuo al que apodaban El Cepillo.
El Cepillo cobraba una cuota a los vendedores de cuetes de pirotecnia y otra de las instrucciones que me daba, para que a su vez yo se las diera a los Halcones, era la de checar que no hubiera mirones cerca de Tiro de Mina, que está en el primer cuadro de la ciudad de Pachuca, ya que en ese lugar mandaban a tirar a la gente que secuestraban y mataban, ya que es muy profunda y hay gases tóxicos.
El organigrama
De acuerdo con la causa penal 464/2009, el organigrama de Los Zetas en el estado de Hidalgo creció a pasos agigantados durante el actual gobierno, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, algunos de cuyos colaboradores presuntamente dan protección a ese grupo criminal.
El 16 de junio de 2009, en una ampliación de su testimonio, El Oso relacionó a decenas de funcionarios con presuntas ligas con el narcotráfico y Los Zetas. Entre ellos a Damián Canales Mena, secretario de Seguridad Pública del estado, responsable, dijo, de todos los operativos en la entidad para brindar protección a las actividades delictivas de ese grupo criminal.
El testigo aseguró: (La estrategia de Canales Mena consiste) en poner los puntos fijos en las salidas y entradas de Pachuca, asignaban patrullas para vigilar y estar informados sobre el movimiento de las autoridades policiacas que entraban al estado.
La estructura policiaca creada para proteger a Los Zetas en Hidalgo incorporó a policías de todos los niveles, pues cada uno realiza una función específica, de acuerdo con los detalles que menciona el testigo. Y como parte de esa red policiaca menciona a Froylán Chote, alias Relámpago, quien funge como comandante de motociclistas; Rubén Sampayo, director de Tránsito y Vialidad municipal en Pachuca, y Alejandro Caballero, El Canas, un policía preventivo, entre otros.
La función de esas personas –expuso El Oso– es vigilar los movimientos del Ejército, de los agentes federales y de los operadores de otros cárteles. La información recabada se la pasaban a un personaje al que el declarante sólo identifica por su mote: Masca Fierro.
En otra parte de su testimonio ampliado, El Oso desmenuza la forma en que actúan Los Zetas en los municipios hidalguenses que forman parte de sus territorios para el trasiego de droga, los secuestros y las extorsiones:
En la organización criminal denominada Los Zetas una de sus estructuras son las estacas, siendo un vehículo con las funciones de patrullaje conformado por tres elementos operativos. En la ciudad de Pachuca operan entre tres y cuatro vehículos, siendo uno de ellos el que trae El Masca Fierro o G1. Como apoyo para sus tareas se les asigna un grupo de halcones.
Los integrantes de este grupo son los espías que, según las investigaciones de la PGR, trabajan de día y de noche. Según El Oso, el comandante de Los Zetas en Hidalgo se llama Roberto Benítez, conocido con la clave Rayo y Verde dentro de “la compañía”. Y lo describió: Es de aproximadamente 1.60 metros de estatura, tez blanca, complexión delgada, pelo negro medio largo y se transporta en un Mercedes Benz color verde botella.
Junto con Rayo y Verde, agregó el testigo, hay dos personas que son operativos; es decir, levantan a las personas, las matan y las queman. Una de esas personas la conozco como El Lobo. El segundo comandante operativo que conozco le apodan El Mexicano, tiene su domicilio en Villas de Pachuca… está encargado de una estaca conformada por otras dos personas: Eduardo Mendoza, El Moroco, y al otro le dicen El Box y es tío del comandante Rayo y Verde.
Esos sujetos, “todos ellos conocidos”, relató El Oso, le comentaron en el último encuentro que habían conseguido –no detalló si fue un permiso oficial– tres panteones fuera de Pachuca que utilizaban para “las carnitas”; es decir, para descuartizar los cuerpos de sus víctimas.
Además de la capital hidalguense, Los Zetas tienen una estructura operativa en Actopan. En ese municipio la cabeza es un comandante a quien El Oso sólo identificó como El Chiuas. En Ciudad Sahagún el representante de la organización criminal es el comandante Sapo, quien, como los demás, “se dedica a distribuir droga, cobrar derecho de piso a narcos de otros estados, así como a comerciantes, a vendedores de discos pirata y a los ambulantes”.
En Omitlán de Juárez, Epazoyucán, Villas de Tezontepec, Tolcayuca, Tulancingo, Zapotlán de Juárez, así como en 70 demarcaciones más la estructura de Los Zetas es similar, incluida la nómina, en la que hay policías, y que manejan los contadores de “la compañía”, uno de los cuales era el propio Oso.
El pago de los policías, mandos altos y funcionarios estatales lo definen los contadores de Los Zetas, sin que yo los conozca, ya que el declarante solamente transcribía los listados y se los entregaba a Roberto Benítez, El Rayo y Verde, y éste le entregaba las listas a los contadores para que pagaran en sobres (de color) manila o de color amarillo la cantidad estipulada en la nómina.
Al declarante la pagaban 20 mil pesos, asimismo le entregaba a Julio César Sánchez Amador, director de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, conocido como El Pachuquillas, la cantidad de 50 mil pesos; al subdirector de esa corporación le pagaban 30 mil, a cada comandante se le pagaban 10 mil pesos, a los oficiales 5 mil, deseando aclarar que, además de hacer la nómina, la función del declarante era la de halconear, es decir, parar los vehículos que me indicaban para verificar si no se trataba de alguna autoridad federal, o que fuera alguna autoridad de otra dependencia y, en caso de ser positivo, otros halcones daban seguimiento permanente, deseando añadir que la única vez que el declarante no pudo detener un vehículo se llevó como 10 mil tablazos como sanción o castigo por no hacer su trabajo para el que lo contrataron.
Por su parte, el testigo protegido con clave Caleb señaló que Los Zetas recibían protección de la SIEDO y que a través de personal militar le entregaban información a los jefes de las estacas sobre operativos federales, y que éstos se encargaban de verificar si miembros de otros cárteles querían entrar a la plaza.
El destino de estos intrusos los determinaba el jefe de la plaza. En la causa penal 464/2009 Caleb refirió que cuando se detenía a personas en la venta de droga se verificaba si eran miembros de la compañía; de no ser así, el jefe de la plaza decidía si los entregaba a las autoridades estatales para que cumplieran con su trabajo o bien le daban piso (muerte).
Que para detectar a estos intrusos contaban con el apoyo de policías federales; uno de ellos, dijo, era el federal de caminos Javier García Mariscal. Su función: dar la seguridad a Los Zetas en las carreteras para que no detuvieran los vehículos de los sicarios, los tráileres robados y tráileres y camionetas con anfetaminas que le llegaban a la compañía por la carretera México-Laredo.
Otra de sus funciones era la de liberar a los halcones y sicarios que estuvieran involucrados en algún accidente y dar información cuando veían un convoy de federales del Distrito Federal hacia Hidalgo. Ahuitzol Hideroa, Esteban Reyes y Jesús Garcés Jiménez, director, subdirector y comandante de la Policía Ministerial de Hidalgo, protegían a Los Zetas. Su apoyo consistía en dar protección a los sicarios que llegasen a ser detenidos y consignados a separos de la Policía Ministerial, así como proteger los lugares donde se vendía droga.
Si los detenidos eran de la compañía, estos mandos oficiales informaban al jefe de la plaza que ya tenían la investigación de dichas personas, y del lugar, aconsejando cambiar el lugar de venta y a los tenderos y sugiriendo su cambio para protegerlos…
Declaraciones de testigos protegidos contenidas en por lo menos dos averiguaciones previas detallan los presuntos vínculos de la clase política de Hidalgo con la estructura criminal de Los Zetas, que se avinieron en esa entidad desde 2001, cuando Manuel Ángel Núñez Soto estaba al frente del gobierno. De entonces a la fecha la llamada “compañía” se expandió por los 84 municipios hidalguenses y formó un entorno que prácticamente incluye a los principales jefes policiacos, al procurador estatal, al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y a Francisco Olvera, quien se perfila como su sucesor…
Fue en 2001, durante los primeros meses de la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Los Zetas llegaron a Hidalgo, donde establecieron su centro de operaciones. Desde ahí, al amparo de policías, militares y autoridades estatales y municipales, ampliaron sus actividades para el trasiego de droga en las entidades circundantes, alternadas con secuestros, extorsiones, asesinatos y levantones, que se han agudizado incluso durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.
Con amplias conexiones hacia Puebla, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal, los integrantes de esa organización crearon en Hidalgo una megaestructura criminal. Hoy incluso disponen de células en cada uno de los 84 municipios y tejieron una red de espionaje a través de los llamados Halcones.
Los Zetas manejan una nómina de más de 150 personas distribuidas a lo largo del territorio hidalguense, y hasta cuentan con cementerios privados y lugares secretos en los que sepultan a sus víctimas; pero, sobre todo, se desenvuelven con soltura entre las autoridades para que éstas “no investiguen sus crímenes”, según se desprende de un amplio expediente obtenido por Proceso.
De acuerdo con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/150/2009 y PGR/SIEDO/UEIS/099/2009, varios testigos protegidos y no protegidos (en su mayoría policías estatales y municipales acusados de servir al narco) detallan la forma en que Los Zetas arribaron a Hidalgo y cómo iniciaron su expansión de “la compañía” en la zona.
Rufino, uno de los testigos que fue miembro del cártel del Golfo, asegura que el proyecto de Los Zetas para apropiarse de la plaza de Hidalgo data de 2001, cuando el gobierno de la entidad era encabezado por Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005).
En esa época, Osiel Cárdenas Guillén, líder de dicha organización criminal, ordenó al jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, establecerse en tierras hidalguenses como avanzada para posicionarse en otras entidades de la República, sobre todo Puebla y el Estado de México, sostiene Rufino.
En el año 2001 Osiel Cárdenas Guillén le ordenó a Heriberto Lazcano que tomara la plaza de Pachuca, Hidalgo, en donde tuvimos dos casas de seguridad, una que habitaba Osiel Cárdenas y otra que habitaba el grupo Los Zetas, o sea, la escolta personal de Osiel, ya que de ese estado (Hidalgo) es originario Heriberto Lazcano, pues él junto con su familia tienen su domicilio cerca del Campo Militar de la ciudad de Pachuca… Así fue como Lazcano fue tomando el control de dicha ciudad y del estado y (por ello) señalo al gobernador actual (Miguel Ángel Osorio Chong) por su negligencia y omisión, y lo señalo porque no hacer nada por el bienestar de su estado es colaborar con el cártel de Los Zetas, el cual es comandado por Heriberto Lazcano, afirmó el testigo en su declaración del 26 de junio de 2009.
La demanda
Desde el mes pasado, la PGR investiga al gobernador Osorio Chong, a su hermano Eduardo, así como a varios políticos hidalguenses por sus presuntas ligas con el narcotráfico, así como por la presunción de los delitos de lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, según la denuncia de hechos presentada ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el pasado 11 de marzo. A partir de esa querella se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010.
En esa denuncia, interpuesta por el Grupo Ciudadano Hidalguense, se menciona también al procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; al secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y al expresidente municipal de Pachuca José Francisco Olvera Ruiz, candidato del PRI al gobierno de Hidalgo. A él se le acusa de haber recibido 30 millones de pesos de Los Zetas para el financiamiento de su campaña por la alcaldía de la capital hidalguense (Proceso 1745).
El documento, cuya copia tiene este semanario, precisa que el grupo armado se posicionó en la ciudad de Pachuca a partir de la gestión de Omar Fayad Meneses (2006-2009), quien antes había sido administrador general de Aduanas durante el gobierno de Ernesto Zedillo.
Antes de que el Grupo Ciudadano Hidalguense presentara su denuncia, la SIEDO ya tenía conocimiento de la protección institucional que reciben Los Zetas en la entidad. Testigos protegidos, como José Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, así como Pitufo y Caleb, refieren que desde hace varios años Los Zetas han gozado de la protección oficial.
Según los testigos, uno de sus nexos en la administración de Pachuca es el director de Seguridad Pública, Roberto Terán Contreras, uno de los colaboradores de Francisco Olvera durante los meses que éste encabezó el ayuntamiento pachuqueño.
En su declaración del 14 de junio del año pasado, El Oso relató que se desempeñó como policía municipal en Pachuca de 2004 a 2009 y que en ese periodo se “enganchó” con Los Zetas. Llegó a ser incluso, dijo, el responsable del pago de la nómina de esa organización, que creó una sólida infraestructura para operar el tráfico de drogas, los secuestros y asesinatos en todo el estado de Hidalgo y defender la plaza de sus rivales de La Familia michoacana.
Una de sus primeras funciones, comentó en esa ocasión, fue reclutar a policías municipales para Los Zetas: Todos los policías de Seguridad Pública Municipal de Pachuca, Hidalgo, realizaban las mismas funciones, también las de revisar vehículos sospechosos con un pago de 10 mil pesos al mes. Yo les estuve pagando (la nómina) aproximadamente por seis meses, ya que posteriormente les comenzó a pagar el comandante Terán, quien es el secretario de Seguridad Pública Municipal.
Él les hacía llegar los sobres con dinero y a su vez los repartía, aclarando que dentro de la organización de Los Zetas se encuentran implicados la Policía Ministerial del estado de Hidalgo y su director Ahuizotl Hideroa. Él es el que da órdenes de dar carpetazo a los asuntos de secuestros, homicidios, cubriendo a miembros de la organización de Los Zetas.
También está relacionado con Los Zetas el comandante de la Policía Ministerial Antisecuestros de nombre Jesús Garcés Jiménez, alias Soler o Jarocho, a quien tengo un año y medio de conocerlo y su función era la de secuestrar, quitar las órdenes de aprehensión que perjudicaran a Los Zetas. Por esa protección le pagan 50 mil pesos al mes.
Además de Garcés Jiménez, la red de protección a Los Zetas la conformaban, según El Oso, Guillermo Lugo Ávila, quien era el titular de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN). También menciona que personal de la SIEDO le proporciona información a Los Zetas y que uno de los enlaces era un individuo al que apodaban El Cepillo.
El Cepillo cobraba una cuota a los vendedores de cuetes de pirotecnia y otra de las instrucciones que me daba, para que a su vez yo se las diera a los Halcones, era la de checar que no hubiera mirones cerca de Tiro de Mina, que está en el primer cuadro de la ciudad de Pachuca, ya que en ese lugar mandaban a tirar a la gente que secuestraban y mataban, ya que es muy profunda y hay gases tóxicos.
El organigrama
De acuerdo con la causa penal 464/2009, el organigrama de Los Zetas en el estado de Hidalgo creció a pasos agigantados durante el actual gobierno, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, algunos de cuyos colaboradores presuntamente dan protección a ese grupo criminal.
El 16 de junio de 2009, en una ampliación de su testimonio, El Oso relacionó a decenas de funcionarios con presuntas ligas con el narcotráfico y Los Zetas. Entre ellos a Damián Canales Mena, secretario de Seguridad Pública del estado, responsable, dijo, de todos los operativos en la entidad para brindar protección a las actividades delictivas de ese grupo criminal.
El testigo aseguró: (La estrategia de Canales Mena consiste) en poner los puntos fijos en las salidas y entradas de Pachuca, asignaban patrullas para vigilar y estar informados sobre el movimiento de las autoridades policiacas que entraban al estado.
La estructura policiaca creada para proteger a Los Zetas en Hidalgo incorporó a policías de todos los niveles, pues cada uno realiza una función específica, de acuerdo con los detalles que menciona el testigo. Y como parte de esa red policiaca menciona a Froylán Chote, alias Relámpago, quien funge como comandante de motociclistas; Rubén Sampayo, director de Tránsito y Vialidad municipal en Pachuca, y Alejandro Caballero, El Canas, un policía preventivo, entre otros.
La función de esas personas –expuso El Oso– es vigilar los movimientos del Ejército, de los agentes federales y de los operadores de otros cárteles. La información recabada se la pasaban a un personaje al que el declarante sólo identifica por su mote: Masca Fierro.
En otra parte de su testimonio ampliado, El Oso desmenuza la forma en que actúan Los Zetas en los municipios hidalguenses que forman parte de sus territorios para el trasiego de droga, los secuestros y las extorsiones:
En la organización criminal denominada Los Zetas una de sus estructuras son las estacas, siendo un vehículo con las funciones de patrullaje conformado por tres elementos operativos. En la ciudad de Pachuca operan entre tres y cuatro vehículos, siendo uno de ellos el que trae El Masca Fierro o G1. Como apoyo para sus tareas se les asigna un grupo de halcones.
Los integrantes de este grupo son los espías que, según las investigaciones de la PGR, trabajan de día y de noche. Según El Oso, el comandante de Los Zetas en Hidalgo se llama Roberto Benítez, conocido con la clave Rayo y Verde dentro de “la compañía”. Y lo describió: Es de aproximadamente 1.60 metros de estatura, tez blanca, complexión delgada, pelo negro medio largo y se transporta en un Mercedes Benz color verde botella.
Junto con Rayo y Verde, agregó el testigo, hay dos personas que son operativos; es decir, levantan a las personas, las matan y las queman. Una de esas personas la conozco como El Lobo. El segundo comandante operativo que conozco le apodan El Mexicano, tiene su domicilio en Villas de Pachuca… está encargado de una estaca conformada por otras dos personas: Eduardo Mendoza, El Moroco, y al otro le dicen El Box y es tío del comandante Rayo y Verde.
Esos sujetos, “todos ellos conocidos”, relató El Oso, le comentaron en el último encuentro que habían conseguido –no detalló si fue un permiso oficial– tres panteones fuera de Pachuca que utilizaban para “las carnitas”; es decir, para descuartizar los cuerpos de sus víctimas.
Además de la capital hidalguense, Los Zetas tienen una estructura operativa en Actopan. En ese municipio la cabeza es un comandante a quien El Oso sólo identificó como El Chiuas. En Ciudad Sahagún el representante de la organización criminal es el comandante Sapo, quien, como los demás, “se dedica a distribuir droga, cobrar derecho de piso a narcos de otros estados, así como a comerciantes, a vendedores de discos pirata y a los ambulantes”.
En Omitlán de Juárez, Epazoyucán, Villas de Tezontepec, Tolcayuca, Tulancingo, Zapotlán de Juárez, así como en 70 demarcaciones más la estructura de Los Zetas es similar, incluida la nómina, en la que hay policías, y que manejan los contadores de “la compañía”, uno de los cuales era el propio Oso.
El pago de los policías, mandos altos y funcionarios estatales lo definen los contadores de Los Zetas, sin que yo los conozca, ya que el declarante solamente transcribía los listados y se los entregaba a Roberto Benítez, El Rayo y Verde, y éste le entregaba las listas a los contadores para que pagaran en sobres (de color) manila o de color amarillo la cantidad estipulada en la nómina.
Al declarante la pagaban 20 mil pesos, asimismo le entregaba a Julio César Sánchez Amador, director de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, conocido como El Pachuquillas, la cantidad de 50 mil pesos; al subdirector de esa corporación le pagaban 30 mil, a cada comandante se le pagaban 10 mil pesos, a los oficiales 5 mil, deseando aclarar que, además de hacer la nómina, la función del declarante era la de halconear, es decir, parar los vehículos que me indicaban para verificar si no se trataba de alguna autoridad federal, o que fuera alguna autoridad de otra dependencia y, en caso de ser positivo, otros halcones daban seguimiento permanente, deseando añadir que la única vez que el declarante no pudo detener un vehículo se llevó como 10 mil tablazos como sanción o castigo por no hacer su trabajo para el que lo contrataron.
Por su parte, el testigo protegido con clave Caleb señaló que Los Zetas recibían protección de la SIEDO y que a través de personal militar le entregaban información a los jefes de las estacas sobre operativos federales, y que éstos se encargaban de verificar si miembros de otros cárteles querían entrar a la plaza.
El destino de estos intrusos los determinaba el jefe de la plaza. En la causa penal 464/2009 Caleb refirió que cuando se detenía a personas en la venta de droga se verificaba si eran miembros de la compañía; de no ser así, el jefe de la plaza decidía si los entregaba a las autoridades estatales para que cumplieran con su trabajo o bien le daban piso (muerte).
Que para detectar a estos intrusos contaban con el apoyo de policías federales; uno de ellos, dijo, era el federal de caminos Javier García Mariscal. Su función: dar la seguridad a Los Zetas en las carreteras para que no detuvieran los vehículos de los sicarios, los tráileres robados y tráileres y camionetas con anfetaminas que le llegaban a la compañía por la carretera México-Laredo.
Otra de sus funciones era la de liberar a los halcones y sicarios que estuvieran involucrados en algún accidente y dar información cuando veían un convoy de federales del Distrito Federal hacia Hidalgo. Ahuitzol Hideroa, Esteban Reyes y Jesús Garcés Jiménez, director, subdirector y comandante de la Policía Ministerial de Hidalgo, protegían a Los Zetas. Su apoyo consistía en dar protección a los sicarios que llegasen a ser detenidos y consignados a separos de la Policía Ministerial, así como proteger los lugares donde se vendía droga.
Si los detenidos eran de la compañía, estos mandos oficiales informaban al jefe de la plaza que ya tenían la investigación de dichas personas, y del lugar, aconsejando cambiar el lugar de venta y a los tenderos y sugiriendo su cambio para protegerlos…
Testimonios de la vida y la muerte
Lydia Cacho
Plan B
03 de mayo de 2010
La imagen de video lo dice todo. Están sentados entre la maleza, en lo que parece una hondonada junto al río Yerba Santa. David Cilia tiene una herida en el costado y una en la pierna. La mirada denota su agotamiento, el gesto revela su dolor y el miedo tiembla en su voz. Apenas en un susurro explica que mientras seguían a la caravana de la paz en Oaxaca un comando armado les atacó y ellos lograron correr hacia el monte. La cámara panea a la izquierda, el rostro de Érika Ramírez se revela pálido, aún con los destellos de la adrenalina en la mirada, pero hablando casi en secreto, esta joven reportera explica cómo lograron escapar de las balas. Ella y él son reporteros de la revista Contralínea, iban en la caravana para documentar la realidad de la comunidad indígena en la Mixteca. Por fin las autoridades logran rescatarles. El subprocurador Wilfrido Almaraz Santibáñez declara ante los medios que David tenía heridas y Érika salió ilesa, ¿en verdad salió ilesa? No lo creo.
Ni Érika ni la prensa mexicana salieron ilesos de este ataque armado, orquestado por un grupo paramilitar creado, hace años, por el propio gobierno priísta de Oaxaca para “controlar” la violencia étnica en la región. Ellos atestiguaron cómo se vive enfrentarse a un grupo de hombres armados, encapuchados. Escucharon la metralla y delante de ellos las balas alcanzaron a Beatriz Alberta Cariño, una extraordinaria activista por la paz que rescataba a víctimas de violencia y quien dedicó su vida a la construcción de relaciones equitativas entre indígenas de su propio estado. Junto a ella cayó muerto con una bala en la cabeza el activista Jyri Antero Jaakkola, un pacifista originario de Finlandia que les acompañaba para llevar víveres a las indígenas sitiadas, y colaborar al bienestar de esta población autónoma y aislada a fuerza de pugnas políticas.
David y Érika son parte de una nueva generación de reporteros que saben que para ser buen periodista se precisa un compromiso cívico que va más allá de simplemente documentar las tragedias. Su trabajo nos permite ponerle un rostro a las cifras de la Conapred, que muestran que en México 39.2% de la población indígena vive en pobreza extrema, que 75 de cada 100 personas hablantes de lengua indígena no son derechohabientes de servicios de salud, y que en la Mixteca preservar la dignidad indígena está penado con la muerte.
Cuando circuló la noticia creímos que esta dupla periodística había sido secuestrada; afortunadamente salieron con vida y su testimonio nos recuerda que en México documentar la realidad puede costarte la vida. Bety Cariño aseguraba que sin la presencia de los medios hace mucho que ya habrían aniquilado a toda la población triqui, incluso ella estaba viva, decía, por el poder de su palabra y el eco de su voz en la radio comunitaria. La violencia en México es sistemática y perfectamente dirigida hacia quienes la revelan y contra quienes trabajan para erradicarla. Por quienes sobrevivieron y por quienes han muerto, la libertad de expresión se reivindica como un instrumento vital para rescatar nuestra humanidad de entre los escombros políticos. Creo que la cura contra el dolor de tanta muerte radica en hacer un mejor periodismo que documente los esfuerzos de la sociedad por reconstruir la paz y los derechos humanos.
Plan B
03 de mayo de 2010
La imagen de video lo dice todo. Están sentados entre la maleza, en lo que parece una hondonada junto al río Yerba Santa. David Cilia tiene una herida en el costado y una en la pierna. La mirada denota su agotamiento, el gesto revela su dolor y el miedo tiembla en su voz. Apenas en un susurro explica que mientras seguían a la caravana de la paz en Oaxaca un comando armado les atacó y ellos lograron correr hacia el monte. La cámara panea a la izquierda, el rostro de Érika Ramírez se revela pálido, aún con los destellos de la adrenalina en la mirada, pero hablando casi en secreto, esta joven reportera explica cómo lograron escapar de las balas. Ella y él son reporteros de la revista Contralínea, iban en la caravana para documentar la realidad de la comunidad indígena en la Mixteca. Por fin las autoridades logran rescatarles. El subprocurador Wilfrido Almaraz Santibáñez declara ante los medios que David tenía heridas y Érika salió ilesa, ¿en verdad salió ilesa? No lo creo.
Ni Érika ni la prensa mexicana salieron ilesos de este ataque armado, orquestado por un grupo paramilitar creado, hace años, por el propio gobierno priísta de Oaxaca para “controlar” la violencia étnica en la región. Ellos atestiguaron cómo se vive enfrentarse a un grupo de hombres armados, encapuchados. Escucharon la metralla y delante de ellos las balas alcanzaron a Beatriz Alberta Cariño, una extraordinaria activista por la paz que rescataba a víctimas de violencia y quien dedicó su vida a la construcción de relaciones equitativas entre indígenas de su propio estado. Junto a ella cayó muerto con una bala en la cabeza el activista Jyri Antero Jaakkola, un pacifista originario de Finlandia que les acompañaba para llevar víveres a las indígenas sitiadas, y colaborar al bienestar de esta población autónoma y aislada a fuerza de pugnas políticas.
David y Érika son parte de una nueva generación de reporteros que saben que para ser buen periodista se precisa un compromiso cívico que va más allá de simplemente documentar las tragedias. Su trabajo nos permite ponerle un rostro a las cifras de la Conapred, que muestran que en México 39.2% de la población indígena vive en pobreza extrema, que 75 de cada 100 personas hablantes de lengua indígena no son derechohabientes de servicios de salud, y que en la Mixteca preservar la dignidad indígena está penado con la muerte.
Cuando circuló la noticia creímos que esta dupla periodística había sido secuestrada; afortunadamente salieron con vida y su testimonio nos recuerda que en México documentar la realidad puede costarte la vida. Bety Cariño aseguraba que sin la presencia de los medios hace mucho que ya habrían aniquilado a toda la población triqui, incluso ella estaba viva, decía, por el poder de su palabra y el eco de su voz en la radio comunitaria. La violencia en México es sistemática y perfectamente dirigida hacia quienes la revelan y contra quienes trabajan para erradicarla. Por quienes sobrevivieron y por quienes han muerto, la libertad de expresión se reivindica como un instrumento vital para rescatar nuestra humanidad de entre los escombros políticos. Creo que la cura contra el dolor de tanta muerte radica en hacer un mejor periodismo que documente los esfuerzos de la sociedad por reconstruir la paz y los derechos humanos.
Maciel despojó a 900 mujeres
Los obispos visitadores se sorprendieron al conocer la existencia de consagradas en el Regnum Christi y de la rigurosa normatividad en la que viven, la cual no aceptaría la Iglesia católica en la actualidad.
Lun, 03/05/2010 - 05:02
Para el fundador de Legionarios de Cristo era importante la participación femenina, pero sólo para conseguir donativos. ArchivoMéxico.- Mujeres sonrientes, con buenos modales, de buena presencia y escasa formación cultural y religiosa, que decidieron consagrar su vida al Regnum Christi de los Legionarios de Cristo, viven sometidas en los centros de la congregación en una esclavitud voluntaria que les impide opinar, tener amistades y cercanía con su familia. Bajo un régimen de control total se les ha utilizado por décadas para obtener recursos y vocaciones. Y todo en nombre de Dios.
A cuarenta años de haberse integrado el primer grupo de consagradas, creado por Marcial Maciel, se descubrió que no están reconocidas por la Santa Sede, incluso los visitadores apostólicos se sorprendieron al conocer de su existencia y de la rigurosa normatividad en la que viven, la cual no aceptaría la Iglesia católica en la actualidad.
Actualmente son cerca de 900, provenientes de España, México, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y Nueva Zelanda, principalmente. En el país son aproximadamente 300 en sus centros instalados en Monterrey (hay dos casas, una con 50 y otra con 150 jóvenes recién consagradas), Distrito Federal (cinco casas), Puebla, León, Saltillo, Mérida, Guadalajara y Cotija.
Perdidas en el laberinto de esa normatividad, han creado una figura “híbrida” que fue aprovechada por su fundador, que las convirtió en su ejército femenil. Tan sólo para el cumpleaños de éste, cada 10 de marzo se les solicitaba un “regalo económico”, un cheque aproximado de 250 mil dólares, cantidad que cada año se intentaba superar.
Según los Estatutos del Regnum Christi (RC), en el capítulo dedicado al tercer grado, de los que tiene copia MILENIO Diario, se establece un total sometimiento de juicio y se les exige que a los 15 años de haber sido consagradas entreguen la mitad de sus bienes patrimoniales presentes y futuros a la Legión y a los 25 años el total de éste, de los cuales no se dispondrá en vida de la donante, sólo de su usufructo.
Además, se indica que si cuentan con bienes al integrarse al RC los podrán conservar, y adquirir más, pero no administrar. Y podrán disponer del usufructo de éstos, pero sólo para obras de caridad y de ayuda al movimiento legionario.
A estas jóvenes diseñadas para ser sometidas se les recluta en sus colegios, entre los grupos de colaboradores y las secciones de jóvenes, las consagran desde los 17 años de edad y se les solicita a sus padres, si pueden pagar, 7 mil dólares anuales para su mantenimiento; en México durante varios años se les pedía una mensualidad aproximada de dos mil a tres mil pesos, para cubrir los gastos de la casa en donde vivían.
Son aisladas desde el primer momento en que ingresan, las normas son claras: con sus familiares pueden estar 15 días cada 7 años y una vez al año las pueden ver sus padres, en las ciudades en donde éstas se encuentren. También, tienen derecho a una llamada mensual que realiza la familia. Pero esta regla se puede romper si requieren conseguir recursos para los centros.
Para estas mujeres laicas, que no están consagradas como las religiosas de otras congregaciones, hay permisos especiales para salir del centro e ir con sus familias, los cuales se otorgan en caso de que su padre o madre se encuentren enfermos de muerte, sólo son ocho días, si en ese lapso no fallece, se regresan y es algo extraordinario conseguir otro pase.
Al interior del centro tienen prohibido hablar de lo personal entre ellas. Ahí debe reinar siempre el silencio, excepto en la media hora destinada para la comida y los 10 minutos que se les concede al final del día para charlar. No pueden ayudarse unas a otras en nada sin el permiso de su directora. Todo es controlado, incluso el ir al baño, lo cual tiene que autorizarlo su directora si están en tiempos de convivencia comunitaria.
La inflexible normatividad en la que viven las consagradas las obliga a hablar con su directora cada 15 días de manera confidencial; sin embargo, este diálogo es revelado a sus superiores. Situación que va en contra del derecho canónico (CIC 240,2), la Iglesia no permite que ni siquiera para la ordenación sacerdotal se revelen los contenidos de la dirección espiritual.
También se les asigna uno o dos confesores sacerdotes legionarios, únicos permitidos para confesarse cada semana. Y se les somete a una aplicación de un cuestionario semanal de 45 minutos que las hace sentir culpables y pecadoras, con preguntas como: “¿Soy irresponsable en el empleo del tiempo. Considero la pérdida del tiempo como una falta formal a la pobreza?
Para Marcial Maciel era importante la participación de las mujeres, pero sólo para conseguir donativos y captar vocaciones, porque siempre se opuso a que las consagradas estudiaran. A diferencia de los hombres que ingresan y se integran a las filas de las universidades.
Algunas ex consagradas confiaron a MILENIO Diario que a ellas, desde su adhesión, se les dijo que no era necesario que concluyeran carreras universitarias, algunas por seguir a Cristo abandonaron sus estudios; otras los continúan, pero asesoradas de manera individual por profesoras y aisladas de los centros universitarios.
La mayoría de las profesoras que les imparten los cursos pertenecen a la Legión, tienen poca capacitación y no se han titulado. Estas mujeres pueden estudiar publicidad, técnicas de comunicación humana y pedagogía, entre otras, pero “no la medicina”.
Pese a que el derecho canónico en el número 822 recomienda que se usen los medios de comunicación, pero con prudencia para cuidar la castidad, ellas no tienen acceso a prensa, televisión, radio e internet libre.
Bajo este régimen, un número importante de ellas se enferma y de acuerdo a testimonios de médicos y siquiatras que las atienden, acreditan que son mujeres sanas, pero antes de cumplir 30 años de edad tienen síntomas serios de “fibromialgia, neurosis, colitis, gastritis, transtornos del sueño y depresión”.
Las normas estrictas y los horarios a los que están sometidas les generan ansiedad, “obsesión y perfeccionismo, así como despersonalización, con actitudes regresivas.
En su vida cotidiana “no hay libertad por la opción personal, básica para una vida adulta plena y feliz, por lo que caen fácilmente en desesperación, desánimo y crisis emocionales.
Por eso muchas de ellas no rebasan los 40 años en ese estilo de vida, algunas se van enfermas y afectadas. Pero en una indefensión total, porque de acuerdo con su normatividad, si se enferma síquicamente se le envía de regreso a su casa.
- Claves
El desastre del Día del Niño
Estrictamente Personal
May 3, 2010
— 12:00 am
Con el tacto de un paquidermo asustado, el procurador de justicia militar anunció el viernes, el mismísimo Día del Niño, que los menores Martin y Bryan, que murieron durante un enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes en Tamaulipas hace poco más de dos semanas, fueron asesinados por sicarios. Con esa sensibilidad, el procurador José Luis Chávez García ofreció una conferencia de prensa a la misma hora en que los padres de los niños de cinco y nueve años iban al panteón a depositarles flores. ¿Por qué escogió ese día y no otro? Si en el adverso contexto actual los vientos no soplaban hacia el flanco castrense, ¿quién colocó la pistola en la cabeza de los militares y le disparó?
Chávez García presentó un informe pericial elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional para demostrar que los niños fueron asesinados por las esquirlas de una granada que lazaron los sicarios contra su vehículo y dijo que esas granadas no son las que utiliza el Ejército. El procurador dio la conferencia de prensa a la hora de los noticiarios nacionales de radio, que tan pronto como terminó el anuncio militar, recibieron llamadas de la madre de los menores que con la sola fuerza de la palabra de una víctima de “daños colaterales” aplastó la versión castrense, minutos después de haber sido presentada.
La madre, Cynthia Salazar, polemizó en la radio con toda la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, representada por su procurador, y la derrotó. Su palabra, la de una ciudadana, tuvo mayor vigor en los medios electrónicos a lo largo del Día del Niño, que la de los militares, que después de la conferencia de prensa, se guardó en los cuarteles. La voz de la señora Salazar fue colocada por los medios electrónicos con el mismo peso político que el de una institución, y al día siguiente, en su formato impreso, la prensa siguió el ejemplo y, en algunos casos, se rieron de la versión de Chávez García. En las redes sociales, no hubo matices: el Ejercito mentía.
Lo que sucedió con la explicación de la muerte de Martin y Bryan no es un hecho aislado de lo que está sucediendo con la comunicación política de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la ratificación de que en el campo de las ideas, la batalla está bastante perdida. Los voceros oficiosos del secretario, general Guillermo Galván, han ido perdiendo credibilidad e influencia en la opinión pública, y la propia capacidad y márgenes de maniobra que en el pasado tenían los jefes de las Fuerzas Armadas, se han venido desvaneciendo.
Un ejemplo de esta pérdida de poder político se dio hace no unas semanas cuando molestos porque su periódico traía una campaña directa contra la operación militar en Ciudad Juárez –por razones personales de los editores, algunos con viejos lazos familiares a la delincuencia organizada-, pidieron ver al dueño del medio. Como no tenía tiempo, envió a uno de los editores que, pese a su jerarquía, tiene poco peso en la confección diaria del periódico. De cualquier forma le mostraron un expediente que demostraba varias mentiras que habían publicado en contra del Ejército, y de manipulación y tergiversación en otras informaciones. No pasó nada.
El general Galván lleva algún tiempo pensando en el tema, y cuando lo comentó con quienes se encargan de estos dentro del gobierno, le dijeron que no debía preocuparse, pues con sólo cuidar la información de Joaquín López Dóriga en El Noticiero de Televisa, y de Javier Alatorre en Hechos de TV Azteca, era suficiente. “Ellos dos manejan a la opinión pública nacional”, lo convencieron. Poco a poco se dio cuenta el general que las cosas no eran tan simples como se lo habían presentado, y llegó a considerar la contratación de una agencia que le llevara la comunicación política. Desde Los Pinos le dijeron que no era necesario, que la propia Presidencia se encargaría de respaldarlo. Los resultados no pueden ser más desalentadores para el general. Tiene en contra la opinión pública y una mayoría de la opinión política, que se refleja a través de los medios de comunicación.
A su favor está que todavía en las encuestas, el Ejército permanece como la institución mejor calificada de todas, con rangos de aprobación superior de 70%, pero no será, si se mantiene la tendencia actual, por mucho tiempo. Aunque no hay datos públicos que permitan ver cuál es el nivel de aprobación por región, estado o municipio, se puede argumentar que en varias zonas del país, particularmente en el norte, los militares son repudiados. El Ejército enfrenta actualmente una doble batalla de opinión pública. Hay una crítica legítima que refleja la angustia, frustración y miedos de un segmento de la opinión pública en contra de los militares, que en ocasiones se mezcla con una crítica interesada, por razones políticas o por estar influenciada e inspirada por el narcotráfico, que no ha podido separar y diferenciar.
En las últimas semanas, la Secretaría de la Defensa ha estado abriéndose a los medios y a la opinión pública –lo que nunca sucedió antes-, tratando de entender mejor la dinámica de la información abierta que tanto desconocen. Su conocimiento aún es muy incipiente e irregular. Sus asesores, si son militares, están probando la falta de experiencia y oficio en este campo. Si son civiles, son francamente incompetentes. El desastre del Día del Niño lo probó. Lo que tendría que haber sido una estrategia de control de daños, de administración de crisis, se convirtió en un nuevo detonante de crisis.
Al día siguiente, el sábado, la PGR intentó sacar al Ejército del pozo, al revelar que uno de los estudiantes muertos durante una balacera en el Tecnológico de Monterrey, adjudicados a los militares, tenía en su cuerpo balas de armas de sicarios. No cumplió el objetivo y por lo apresurado de la reacción, el desastre se amplió a la PGR. El Día del Niño fue maldito para los militares. A su conferencia le falló el momento y el contexto. Cynthia Salazar, frágil tamaulipeca envalentonada por el dolor, los humilló.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.twitter.com/rivapa
May 3, 2010
— 12:00 am
Con el tacto de un paquidermo asustado, el procurador de justicia militar anunció el viernes, el mismísimo Día del Niño, que los menores Martin y Bryan, que murieron durante un enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes en Tamaulipas hace poco más de dos semanas, fueron asesinados por sicarios. Con esa sensibilidad, el procurador José Luis Chávez García ofreció una conferencia de prensa a la misma hora en que los padres de los niños de cinco y nueve años iban al panteón a depositarles flores. ¿Por qué escogió ese día y no otro? Si en el adverso contexto actual los vientos no soplaban hacia el flanco castrense, ¿quién colocó la pistola en la cabeza de los militares y le disparó?
Chávez García presentó un informe pericial elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional para demostrar que los niños fueron asesinados por las esquirlas de una granada que lazaron los sicarios contra su vehículo y dijo que esas granadas no son las que utiliza el Ejército. El procurador dio la conferencia de prensa a la hora de los noticiarios nacionales de radio, que tan pronto como terminó el anuncio militar, recibieron llamadas de la madre de los menores que con la sola fuerza de la palabra de una víctima de “daños colaterales” aplastó la versión castrense, minutos después de haber sido presentada.
La madre, Cynthia Salazar, polemizó en la radio con toda la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, representada por su procurador, y la derrotó. Su palabra, la de una ciudadana, tuvo mayor vigor en los medios electrónicos a lo largo del Día del Niño, que la de los militares, que después de la conferencia de prensa, se guardó en los cuarteles. La voz de la señora Salazar fue colocada por los medios electrónicos con el mismo peso político que el de una institución, y al día siguiente, en su formato impreso, la prensa siguió el ejemplo y, en algunos casos, se rieron de la versión de Chávez García. En las redes sociales, no hubo matices: el Ejercito mentía.
Lo que sucedió con la explicación de la muerte de Martin y Bryan no es un hecho aislado de lo que está sucediendo con la comunicación política de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es la ratificación de que en el campo de las ideas, la batalla está bastante perdida. Los voceros oficiosos del secretario, general Guillermo Galván, han ido perdiendo credibilidad e influencia en la opinión pública, y la propia capacidad y márgenes de maniobra que en el pasado tenían los jefes de las Fuerzas Armadas, se han venido desvaneciendo.
Un ejemplo de esta pérdida de poder político se dio hace no unas semanas cuando molestos porque su periódico traía una campaña directa contra la operación militar en Ciudad Juárez –por razones personales de los editores, algunos con viejos lazos familiares a la delincuencia organizada-, pidieron ver al dueño del medio. Como no tenía tiempo, envió a uno de los editores que, pese a su jerarquía, tiene poco peso en la confección diaria del periódico. De cualquier forma le mostraron un expediente que demostraba varias mentiras que habían publicado en contra del Ejército, y de manipulación y tergiversación en otras informaciones. No pasó nada.
El general Galván lleva algún tiempo pensando en el tema, y cuando lo comentó con quienes se encargan de estos dentro del gobierno, le dijeron que no debía preocuparse, pues con sólo cuidar la información de Joaquín López Dóriga en El Noticiero de Televisa, y de Javier Alatorre en Hechos de TV Azteca, era suficiente. “Ellos dos manejan a la opinión pública nacional”, lo convencieron. Poco a poco se dio cuenta el general que las cosas no eran tan simples como se lo habían presentado, y llegó a considerar la contratación de una agencia que le llevara la comunicación política. Desde Los Pinos le dijeron que no era necesario, que la propia Presidencia se encargaría de respaldarlo. Los resultados no pueden ser más desalentadores para el general. Tiene en contra la opinión pública y una mayoría de la opinión política, que se refleja a través de los medios de comunicación.
A su favor está que todavía en las encuestas, el Ejército permanece como la institución mejor calificada de todas, con rangos de aprobación superior de 70%, pero no será, si se mantiene la tendencia actual, por mucho tiempo. Aunque no hay datos públicos que permitan ver cuál es el nivel de aprobación por región, estado o municipio, se puede argumentar que en varias zonas del país, particularmente en el norte, los militares son repudiados. El Ejército enfrenta actualmente una doble batalla de opinión pública. Hay una crítica legítima que refleja la angustia, frustración y miedos de un segmento de la opinión pública en contra de los militares, que en ocasiones se mezcla con una crítica interesada, por razones políticas o por estar influenciada e inspirada por el narcotráfico, que no ha podido separar y diferenciar.
En las últimas semanas, la Secretaría de la Defensa ha estado abriéndose a los medios y a la opinión pública –lo que nunca sucedió antes-, tratando de entender mejor la dinámica de la información abierta que tanto desconocen. Su conocimiento aún es muy incipiente e irregular. Sus asesores, si son militares, están probando la falta de experiencia y oficio en este campo. Si son civiles, son francamente incompetentes. El desastre del Día del Niño lo probó. Lo que tendría que haber sido una estrategia de control de daños, de administración de crisis, se convirtió en un nuevo detonante de crisis.
Al día siguiente, el sábado, la PGR intentó sacar al Ejército del pozo, al revelar que uno de los estudiantes muertos durante una balacera en el Tecnológico de Monterrey, adjudicados a los militares, tenía en su cuerpo balas de armas de sicarios. No cumplió el objetivo y por lo apresurado de la reacción, el desastre se amplió a la PGR. El Día del Niño fue maldito para los militares. A su conferencia le falló el momento y el contexto. Cynthia Salazar, frágil tamaulipeca envalentonada por el dolor, los humilló.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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