
domingo, 23 de noviembre de 2008
VIOLENCIA Y MANIFESTACIONES POPULARES
Carlos Montemayor
Violencia y manifestaciones populares
Dijimos anteriormente que los grupos de choque se han empleado también contra manifestaciones populares que no eran originalmente de grave inconformidad social, pero que tras la actuación de los grupos policiales o militares deciden resistir o enfrentar a la fuerza pública. La reacción de confrontación no es, por supuesto, constante; tampoco puede afirmarse que sus consecuencias sociales se prolonguen o se acrecienten a corto o a largo plazos. A ello quizás se debe que estos operativos se apliquen con frecuencia, a pesar de que son susceptibles de producir graves reacciones sociales.
En caso de que las fuerzas de choque vuelvan a acosar marchas o concentraciones de los mismos grupos agraviados al inicio, la respuesta social puede ser más prolongada y de consecuencias más graves. En este sentido, a los cálculos y planeación de tales operativos falta agregar las posibles consecuencias no políticas ni sociales inmediatas, sino las de mediano y largo plazos.
La respuesta social prolongada o acumulada puede asumir diversos grados. En 1967, la represión a la manifestación pacífica de los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez produjo la guerrilla de Lucio Cabañas. Ese mismo año, la respuesta a la masacre de copreros en Acapulco ocurrió a través de los cuadros de la guerrilla de Genaro Vásquez Rojas. La respuesta a la masacre de Aguas Blancas, en 1995, se demoró un año: fue la aparición de la guerrilla del EPR. En el caso de Acteal, en 1997, no hubo una reacción de las víctimas, sino un recrudecimiento de las acciones de grupos paramilitares en otras regiones de Chiapas y un clamor de la opinión pública nacional e internacional. En el caso de San Salvador Atenco, las autoridades consideraban que el conflicto de 2003 había desaparecido o que se había reducido a una dimensión controlable, aunque quizás minimizaba en exceso su protesta permanente y su simbolismo latente en conflictos futuros. Una mayor latencia sigue teniendo, años después, el conflicto social de Oaxaca de 2006.
El Estado atribuye, por otro lado, diversos grados de “éxito” a las intervenciones de los comandos de choque. Sofocar y masacrar pueden ser mecanismos recurrentes para eliminar o frenar manifestaciones populares pacíficas y de inconformidad social. Las aprehensiones multitudinarias pueden considerar sus niveles de éxito tanto en la desaparición física de inconformes como en la suspensión legal, pero arbitraria, de los derechos civiles de los arrestados. Esto implica, por supuesto, como hemos señalado, la coordinación de varias instancias policiales y militares, mandos políticos, agentes de Ministerio Público, jueces, autoridades carcelarias, servicios médicos, control de información o complicidad de medios. Tales intentos de control de marchas y concentraciones sindicales, campesinas o estudiantiles incluyen y concluyen con aprehensiones multitudinarias y condenas expeditas y selectivas.
Ahora bien, es difícil, al menos en el manejo pragmático de concentraciones populares de inconformidad social en México, marcar una frontera clara entre la contención social y el inicio de la represión o la masacre. El riesgo de fundir esas fronteras ha sido recurrente entre nosotros. Gran parte de las manifestaciones populares comienzan con marchas que ocupan calles enteras en largos o breves trayectos hasta llegar al punto de concentración final. La contención policial o militar en estos casos opera en la vigilancia y acotamiento de la marcha y en el resguardo del perímetro de la concentración última. En ocasiones, la concentración no se halla precedida por ninguna marcha y las barreras de contención se extienden por un perímetro más amplio, a fin de tener bajo control las posibles vías de salida o desahogo de la concentración popular.
En términos también técnicos, pareciera más fácil la contención de concentraciones pacíficas no precedidas por marchas, puesto que hay la posibilidad de un seguimiento puntual de los arribos de contingentes a la concentración y de su desahogo posterior por rutas previstas y controladas de antemano. Pero en ocasiones la contención policial se propone precisamente evitar la concentración, y para ello, en términos técnicos, de nuevo, pareciera más fácil frenar las columnas en marcha que controlar su agrupamiento final. En estos casos volvemos al mecanismo reiterado de la violencia: la vigilancia de marchas o de concentraciones no opera de la misma manera que la contención de una marcha para impedir una concentración o que la acción más compleja de dispersar la concentración misma. En estos últimos operativos, la masacre surge de manera recurrente.
No es imposible distinguir los operativos llamados de disuasión de los de dispersión directa. Tampoco, distinguir los operativos previstos de antemano con los operativos emergentes. Igualmente, haya o no una reacción espontánea o inducida de confrontación con la fuerza pública de las columnas en marcha o de los participantes en una concentración, técnicamente parece natural el deslizamiento de los operativos de disuasión o contención a los de represión y masacre. El inicio y el final del movimiento estudiantil de 1968 puede entenderse por estos mecanismos. En la riña inicial de estudiantes de dos vocacionales y una preparatoria, fue la represión policiaca desmedida el origen de la resistencia estudiantil y de la unificación de estudiantes del Politécnico y de la Universidad. El mismo desplazamiento de acciones agravadas ya ocurrió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco con los operativos “previstos” de contención y disuasión convertidos en o alterados por la masacre.
Violencia y manifestaciones populares
Dijimos anteriormente que los grupos de choque se han empleado también contra manifestaciones populares que no eran originalmente de grave inconformidad social, pero que tras la actuación de los grupos policiales o militares deciden resistir o enfrentar a la fuerza pública. La reacción de confrontación no es, por supuesto, constante; tampoco puede afirmarse que sus consecuencias sociales se prolonguen o se acrecienten a corto o a largo plazos. A ello quizás se debe que estos operativos se apliquen con frecuencia, a pesar de que son susceptibles de producir graves reacciones sociales.
En caso de que las fuerzas de choque vuelvan a acosar marchas o concentraciones de los mismos grupos agraviados al inicio, la respuesta social puede ser más prolongada y de consecuencias más graves. En este sentido, a los cálculos y planeación de tales operativos falta agregar las posibles consecuencias no políticas ni sociales inmediatas, sino las de mediano y largo plazos.
La respuesta social prolongada o acumulada puede asumir diversos grados. En 1967, la represión a la manifestación pacífica de los padres de familia de la escuela primaria Juan Álvarez produjo la guerrilla de Lucio Cabañas. Ese mismo año, la respuesta a la masacre de copreros en Acapulco ocurrió a través de los cuadros de la guerrilla de Genaro Vásquez Rojas. La respuesta a la masacre de Aguas Blancas, en 1995, se demoró un año: fue la aparición de la guerrilla del EPR. En el caso de Acteal, en 1997, no hubo una reacción de las víctimas, sino un recrudecimiento de las acciones de grupos paramilitares en otras regiones de Chiapas y un clamor de la opinión pública nacional e internacional. En el caso de San Salvador Atenco, las autoridades consideraban que el conflicto de 2003 había desaparecido o que se había reducido a una dimensión controlable, aunque quizás minimizaba en exceso su protesta permanente y su simbolismo latente en conflictos futuros. Una mayor latencia sigue teniendo, años después, el conflicto social de Oaxaca de 2006.
El Estado atribuye, por otro lado, diversos grados de “éxito” a las intervenciones de los comandos de choque. Sofocar y masacrar pueden ser mecanismos recurrentes para eliminar o frenar manifestaciones populares pacíficas y de inconformidad social. Las aprehensiones multitudinarias pueden considerar sus niveles de éxito tanto en la desaparición física de inconformes como en la suspensión legal, pero arbitraria, de los derechos civiles de los arrestados. Esto implica, por supuesto, como hemos señalado, la coordinación de varias instancias policiales y militares, mandos políticos, agentes de Ministerio Público, jueces, autoridades carcelarias, servicios médicos, control de información o complicidad de medios. Tales intentos de control de marchas y concentraciones sindicales, campesinas o estudiantiles incluyen y concluyen con aprehensiones multitudinarias y condenas expeditas y selectivas.
Ahora bien, es difícil, al menos en el manejo pragmático de concentraciones populares de inconformidad social en México, marcar una frontera clara entre la contención social y el inicio de la represión o la masacre. El riesgo de fundir esas fronteras ha sido recurrente entre nosotros. Gran parte de las manifestaciones populares comienzan con marchas que ocupan calles enteras en largos o breves trayectos hasta llegar al punto de concentración final. La contención policial o militar en estos casos opera en la vigilancia y acotamiento de la marcha y en el resguardo del perímetro de la concentración última. En ocasiones, la concentración no se halla precedida por ninguna marcha y las barreras de contención se extienden por un perímetro más amplio, a fin de tener bajo control las posibles vías de salida o desahogo de la concentración popular.
En términos también técnicos, pareciera más fácil la contención de concentraciones pacíficas no precedidas por marchas, puesto que hay la posibilidad de un seguimiento puntual de los arribos de contingentes a la concentración y de su desahogo posterior por rutas previstas y controladas de antemano. Pero en ocasiones la contención policial se propone precisamente evitar la concentración, y para ello, en términos técnicos, de nuevo, pareciera más fácil frenar las columnas en marcha que controlar su agrupamiento final. En estos casos volvemos al mecanismo reiterado de la violencia: la vigilancia de marchas o de concentraciones no opera de la misma manera que la contención de una marcha para impedir una concentración o que la acción más compleja de dispersar la concentración misma. En estos últimos operativos, la masacre surge de manera recurrente.
No es imposible distinguir los operativos llamados de disuasión de los de dispersión directa. Tampoco, distinguir los operativos previstos de antemano con los operativos emergentes. Igualmente, haya o no una reacción espontánea o inducida de confrontación con la fuerza pública de las columnas en marcha o de los participantes en una concentración, técnicamente parece natural el deslizamiento de los operativos de disuasión o contención a los de represión y masacre. El inicio y el final del movimiento estudiantil de 1968 puede entenderse por estos mecanismos. En la riña inicial de estudiantes de dos vocacionales y una preparatoria, fue la represión policiaca desmedida el origen de la resistencia estudiantil y de la unificación de estudiantes del Politécnico y de la Universidad. El mismo desplazamiento de acciones agravadas ya ocurrió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco con los operativos “previstos” de contención y disuasión convertidos en o alterados por la masacre.
El despertar. José Agustín Ortiz Pinchetti
Los cazadores de mitos
Me llamó la atención la convocatoria del inteligente y estridente Macario Schettino para que destruyamos el mito de la Revolución y así salvar al país. Hace unos 30 años, la propuesta hubiera causado polémica y hasta una caricatura de Abel Quezada. Hoy los polemistas están deprimidos.
Para demostrar su argumento, Schettino nos invita a mirar alrededor “infraestructura escasa, población deplorable, economía estancada”. ¿Los autores del mito? Lázaro Cárdenas, los muralistas y el sistema educativo nacional (hoy la profesora Gordillo).
Su empresa tiene un obstáculo: 75 por ciento de la población cree que la Revolución valió la pena y 40 por ciento piensa que debería haber otra. Schettino se irrita ante la ignorancia y tozudez antiliberal del pueblo. ¿Cómo aniquilar el mito? Podría proponerse una campaña de espots de unos mil millones de pesos semejante a la del tesorito, aunque mejor diseñada.
No es fácil atribuirle a la Revolución el desastre en que acabó el siglo 20. Y mucho menos el estado actual del país. De 1932 a 1982, cuando los gobiernos creían en el mito, crecimos a 6 por ciento, había paz y hubo largas etapas de pleno empleo. Desde 1982, cuando los “gobiernos neoliberales” se enemistaron con la Revolución, no hemos vuelto a crecer, y el desempleo, la desigualdad, el imperio del crimen y los monopolios son la constante. Entre más fe le ponen al mito neoliberal, más se hunde la nación.
La Revolución tuvo tres propósitos: mayor equidad, gracias a la intervención del Estado en la economía; un sano nacionalismo y una democracia genuina. Hoy todavía son válidos, aunque los gobiernos de la posrevolución priísta los hubieran traicionado y los “neoliberales” ni siquiera intentaran cumplirlas.
La Revolución es un hecho de gran complejidad. Cambió al país para siempre. Está bien que critiquemos la interpretación interesada. Pero los liberales reaccionarios han construido otro mito y lo han impuesto en el plazo de una generación y estamos mucho peor. El pueblo, como escribió Justo Sierra hace un siglo, sigue teniendo hambre y sed de justicia y empieza a movilizarse.
Me llamó la atención la convocatoria del inteligente y estridente Macario Schettino para que destruyamos el mito de la Revolución y así salvar al país. Hace unos 30 años, la propuesta hubiera causado polémica y hasta una caricatura de Abel Quezada. Hoy los polemistas están deprimidos.
Para demostrar su argumento, Schettino nos invita a mirar alrededor “infraestructura escasa, población deplorable, economía estancada”. ¿Los autores del mito? Lázaro Cárdenas, los muralistas y el sistema educativo nacional (hoy la profesora Gordillo).
Su empresa tiene un obstáculo: 75 por ciento de la población cree que la Revolución valió la pena y 40 por ciento piensa que debería haber otra. Schettino se irrita ante la ignorancia y tozudez antiliberal del pueblo. ¿Cómo aniquilar el mito? Podría proponerse una campaña de espots de unos mil millones de pesos semejante a la del tesorito, aunque mejor diseñada.
No es fácil atribuirle a la Revolución el desastre en que acabó el siglo 20. Y mucho menos el estado actual del país. De 1932 a 1982, cuando los gobiernos creían en el mito, crecimos a 6 por ciento, había paz y hubo largas etapas de pleno empleo. Desde 1982, cuando los “gobiernos neoliberales” se enemistaron con la Revolución, no hemos vuelto a crecer, y el desempleo, la desigualdad, el imperio del crimen y los monopolios son la constante. Entre más fe le ponen al mito neoliberal, más se hunde la nación.
La Revolución tuvo tres propósitos: mayor equidad, gracias a la intervención del Estado en la economía; un sano nacionalismo y una democracia genuina. Hoy todavía son válidos, aunque los gobiernos de la posrevolución priísta los hubieran traicionado y los “neoliberales” ni siquiera intentaran cumplirlas.
La Revolución es un hecho de gran complejidad. Cambió al país para siempre. Está bien que critiquemos la interpretación interesada. Pero los liberales reaccionarios han construido otro mito y lo han impuesto en el plazo de una generación y estamos mucho peor. El pueblo, como escribió Justo Sierra hace un siglo, sigue teniendo hambre y sed de justicia y empieza a movilizarse.
Banca contra deudores
Ante el notable crecimiento de la cartera vencida de la banca comercial –que en septiembre ascendió a 37 mil 500 millones de pesos en el segmento de crédito al consumo, 49 por ciento más que en el mismo mes de 2007–, las instituciones bancarias que operan en el país han lanzado agresivas campañas en contra de los deudores para presionarlos a suscribir programas de restructuración de sus adeudos a cambio de garantías adicionales, lo que permitiría a los bancos realizar embargos a los poseedores de créditos vencidos.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que el incremento en la morosidad no puede ni debe atribuirse a una “cultura del no pago” por parte de los deudores –como han afirmado los voceros de los bancos– sino, principalmente, a una irresponsable proliferación de crédito al consumo propiciada por las instituciones financieras; a la colocación indiscriminada de tarjetas de crédito –se estima que en México hay más de 25 millones de plásticos, prácticamente uno por cada cuatro habitantes– sin los correspondientes estudios previos sobre la capacidad de pago de las personas, y a las tasas de interés leoninas y las altísimas comisiones que tienen que pagar los usuarios de los servicios financieros, mucho más costosas, inclusive, que en los países de origen de los consorcios bancarios que operan en México.
Asimismo, tanto el actual gobierno como sus antecesores tienen una cuota de responsabilidad en la problemática mencionada, pues no han podido o no han querido establecer en el país mecanismos eficientes de regulación bancaria. Son disparatados, en ese sentido, los asertos del titular del Banco de México, Guillermo Ortiz, de que los exorbitantes costos de los servicios financieros deben descender por efecto de una “autorregulación” de las empresas bancarias.
En una circunstancia como la presente, en la que el desempleo avanza, los salarios no suben, persiste una carestía sostenida y no hay mecanismos de bienestar social, lo sorprendente sería que no hubiera una disminución en la capacidad de pago de la gente. Desde esa perspectiva, el intento de los bancos de restructurar las deudas de los usuarios con garantías adicionales da cuenta de una conducta abusiva e insensible de su parte: a fin de cuentas, lo que esas instituciones buscan es solucionar sus propios problemas, garantizar sus ganancias económicas, y mantener, en ese sentido, una actitud depredadora aun en tiempos de crisis.
El estado de indefensión en que se hallan los tarjetahabientes tendría que obligar a las autoridades a salir del pasmo en que se encuentran e implementar medidas que en efecto los ayuden a saldar sus adeudos, no que los condicionen y los sometan aún más a la voracidad de los bancos. Es necesario, también, que se obligue a éstos a promover un manejo más responsable de los servicios financieros, a efecto de prevenir nuevos problemas en el futuro.
Por último, es pertinente mencionar que el aumento sostenido de la cartera vencida conlleva riesgos indeseables. Actualmente, los bancos poseen reservas de cobertura para los créditos vencidos, pero el auge de la morosidad y los problemas de liquidez que esas instituciones enfrentan como consecuencia de la crisis financiera internacional hacen inevitable preguntarse si la situación no pudiera derivar en un nuevo rescate bancario a costa de los contribuyentes. Tal escenario debe evitarse a toda costa.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que el incremento en la morosidad no puede ni debe atribuirse a una “cultura del no pago” por parte de los deudores –como han afirmado los voceros de los bancos– sino, principalmente, a una irresponsable proliferación de crédito al consumo propiciada por las instituciones financieras; a la colocación indiscriminada de tarjetas de crédito –se estima que en México hay más de 25 millones de plásticos, prácticamente uno por cada cuatro habitantes– sin los correspondientes estudios previos sobre la capacidad de pago de las personas, y a las tasas de interés leoninas y las altísimas comisiones que tienen que pagar los usuarios de los servicios financieros, mucho más costosas, inclusive, que en los países de origen de los consorcios bancarios que operan en México.
Asimismo, tanto el actual gobierno como sus antecesores tienen una cuota de responsabilidad en la problemática mencionada, pues no han podido o no han querido establecer en el país mecanismos eficientes de regulación bancaria. Son disparatados, en ese sentido, los asertos del titular del Banco de México, Guillermo Ortiz, de que los exorbitantes costos de los servicios financieros deben descender por efecto de una “autorregulación” de las empresas bancarias.
En una circunstancia como la presente, en la que el desempleo avanza, los salarios no suben, persiste una carestía sostenida y no hay mecanismos de bienestar social, lo sorprendente sería que no hubiera una disminución en la capacidad de pago de la gente. Desde esa perspectiva, el intento de los bancos de restructurar las deudas de los usuarios con garantías adicionales da cuenta de una conducta abusiva e insensible de su parte: a fin de cuentas, lo que esas instituciones buscan es solucionar sus propios problemas, garantizar sus ganancias económicas, y mantener, en ese sentido, una actitud depredadora aun en tiempos de crisis.
El estado de indefensión en que se hallan los tarjetahabientes tendría que obligar a las autoridades a salir del pasmo en que se encuentran e implementar medidas que en efecto los ayuden a saldar sus adeudos, no que los condicionen y los sometan aún más a la voracidad de los bancos. Es necesario, también, que se obligue a éstos a promover un manejo más responsable de los servicios financieros, a efecto de prevenir nuevos problemas en el futuro.
Por último, es pertinente mencionar que el aumento sostenido de la cartera vencida conlleva riesgos indeseables. Actualmente, los bancos poseen reservas de cobertura para los créditos vencidos, pero el auge de la morosidad y los problemas de liquidez que esas instituciones enfrentan como consecuencia de la crisis financiera internacional hacen inevitable preguntarse si la situación no pudiera derivar en un nuevo rescate bancario a costa de los contribuyentes. Tal escenario debe evitarse a toda costa.
Venden el dólar en 14.05 pesos en el aeropuerto del DF
En tanto, la divisa estadunidense se compra en 12.90 pesos en la terminal aérea.
La Jornada On Line Publicado: 22/11/2008 09:25
México, DF. El dólar se cotiza en 14.05 pesos a la venta y en 12.90 pesos a la compra en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, según informa el servicio telefónico de American Express.
La Jornada On Line Publicado: 22/11/2008 09:25
México, DF. El dólar se cotiza en 14.05 pesos a la venta y en 12.90 pesos a la compra en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, según informa el servicio telefónico de American Express.
Salustio y sus seis frases
¿UN CHUCHO CON CARA DE DINO O DINO CON CARA DE CHUCHO?
‘‘El PRI y el PRD podrían formar juntos una fuerza que, más allá de lo electoral, sea capaz de cambiar el rumbo del país”Beatriz Paredes, presidenta del PRInosaurio que busca ser Rex de nuevo por obra de audaz cruce de especies. ¿Suena espeluznante? No. Es sólo una posible mutación en la democracia mexicana. Aunque, incluso en un país como éste, esto suene un poco morboso. Escarceos amorosos. ¿Danza ritual tricolor previa al apareamiento?¿CUÁNDO SERÁ?“No veo en el escenario PRONTO la posibilidad de alianza ni con el PAN ni con el PRI”
Curioso que lo diga Jesús Ortega, ‘il capo di tutti chuchi’, cuya corriente fue la que impuso la reforma a los estatutos del PRD para estar en libertad de arrejuntarse con el PAN o con el PRI, sin contar las alianzas con estos partidos en el Congreso a contracorriente de un sector de sus correligionarios.
DERECHAZO
‘‘Felipe Calderón ha tenido un desempeño responsable y discreto, mejor del que muchos esperaban, donde no ha habido errores garrafales como con Vicente Fox”
Enrique Krauze, historiador y, ahora nos enteramos, crítico del populismo… de derecha.
REBAUTICEMOS MÉXICO
‘‘ Tienen razón: la nueva refinería, hágase donde se haga, se debería llamar Juan Camilo Mouriño. Finalmente, lo saben en el PRI y en el PRD; él armó, desde el gobierno, la reforma a Pemex”Germán Martínez, presidente del PAN, perfeccionando la rancia tradición priísta de convertir a sus militantes en héroes. Bautizar la refinería con el nombre del fallecido secretario de Gobernación puede ser el preámbulo. ¿Los panistas tendrán en mente renombrar el país?
JESÚS, ¿DE QUÉ HABLA ESTE SEÑOR?
"-¿Con ella se siente más macho o más seguro? -Hay ratos que ni siquiera me acuerdo que la traigo"
NO, SÍ ESTÁ BIEN ENFERMO“Me doy un entre con el que se me ponga enfrente”
Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública del DF y ciudadano en sus declaraciones públicas. En su afán de hacerse el duro y sano sigue buscando a quién aporrear. Apenas hace unas semanas dijo a empresarios que él correría “a patadas” a los encuerados de los 400 pueblos “en diez minutos”, aunque un día después aclaró que no habló como jefe de la Policía.
‘‘El PRI y el PRD podrían formar juntos una fuerza que, más allá de lo electoral, sea capaz de cambiar el rumbo del país”Beatriz Paredes, presidenta del PRInosaurio que busca ser Rex de nuevo por obra de audaz cruce de especies. ¿Suena espeluznante? No. Es sólo una posible mutación en la democracia mexicana. Aunque, incluso en un país como éste, esto suene un poco morboso. Escarceos amorosos. ¿Danza ritual tricolor previa al apareamiento?¿CUÁNDO SERÁ?“No veo en el escenario PRONTO la posibilidad de alianza ni con el PAN ni con el PRI”
Curioso que lo diga Jesús Ortega, ‘il capo di tutti chuchi’, cuya corriente fue la que impuso la reforma a los estatutos del PRD para estar en libertad de arrejuntarse con el PAN o con el PRI, sin contar las alianzas con estos partidos en el Congreso a contracorriente de un sector de sus correligionarios.
DERECHAZO
‘‘Felipe Calderón ha tenido un desempeño responsable y discreto, mejor del que muchos esperaban, donde no ha habido errores garrafales como con Vicente Fox”
Enrique Krauze, historiador y, ahora nos enteramos, crítico del populismo… de derecha.
REBAUTICEMOS MÉXICO
‘‘ Tienen razón: la nueva refinería, hágase donde se haga, se debería llamar Juan Camilo Mouriño. Finalmente, lo saben en el PRI y en el PRD; él armó, desde el gobierno, la reforma a Pemex”Germán Martínez, presidente del PAN, perfeccionando la rancia tradición priísta de convertir a sus militantes en héroes. Bautizar la refinería con el nombre del fallecido secretario de Gobernación puede ser el preámbulo. ¿Los panistas tendrán en mente renombrar el país?
JESÚS, ¿DE QUÉ HABLA ESTE SEÑOR?
"-¿Con ella se siente más macho o más seguro? -Hay ratos que ni siquiera me acuerdo que la traigo"
NO, SÍ ESTÁ BIEN ENFERMO“Me doy un entre con el que se me ponga enfrente”
Manuel Mondragón, secretario de Seguridad Pública del DF y ciudadano en sus declaraciones públicas. En su afán de hacerse el duro y sano sigue buscando a quién aporrear. Apenas hace unas semanas dijo a empresarios que él correría “a patadas” a los encuerados de los 400 pueblos “en diez minutos”, aunque un día después aclaró que no habló como jefe de la Policía.
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