Torturan a pareja tzotzil para que se inculpen de crimen, acusa el Frayba

Margarita Gómez López y David Hernández Gómez, indígenas tzotziles de Teopisca. Foto: PGJE

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que los esposos Margarita Gómez López y David Hernández Gómez, indígenas tzotziles de Teopisca, fueron detenidos y torturados por elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Altos y el MP de ese municipio para que confesaran el asesinato de Juan Pérez, hermano de David.

Según la documentación con la que cuenta el Frayba, la privación arbitraria de la libertad a David fue efectuada por la Policía Especializada el 24 de abril de 2014, cuando se encontraba en la agencia del MP en la ciudad de Teopisca realizando los trámites funerarios para la entrega del cuerpo de su hermano Juan Pérez Gómez, cuyo cadáver se había encontrado un día antes.

Ese mismo día, Margarita junto con su hijo de un año y siete meses se encontraba en el cementerio municipal de Teopisca cuando fue detenida por elementos de la Policía Especializada, quienes la subieron a una patrulla y la llevaron a las oficinas del MP donde ya se encontraba su esposo David.

El testimonio de Margarita refiere que su hijo comenzó a llorar por hambre y los funcionarios reprendieron a la mujer con groserías exigiéndole que callara al menor.

Luego subieron a David a la planta de arriba y ahí lo sometieron; a cachetadas, los agentes exigieron que confesara cómo había matado a su hermano. Acto seguido amordazaron al indígena y lo golpearon en el estómago, insistiendo que en que admitiera el asesinato de Juan.

Posteriormente, amenazaron a David con tirarlo por la ventana y darle toques eléctricos. Luego colocaron un costal de plástico en la cabeza del tzotzil y los policías continuaron golpeándolo en varias partes del cuerpo. Ante la negativa a responder las acusaciones de los policías, amenazaron con violar a su esposa.

Más tarde, David, Margarita y su hijo fueron llevados a la Fiscalía del Distrito Altos en San Cristóbal de las Casas. Durante el traslado recibieron ofensas consistentes en amenazas de violación a Margarita y lanzar fuera del vehículo al niño.

Ya en la Fiscalía, a Margarita la siguen amenazando y agrediendo verbalmente, en tanto David fue llevado a un cuarto donde nuevamente fue golpeado a puñetazos; lo tiran al suelo y le dan de patadas y después le colocan un trapo en la boca y nariz para asfixiarlo si no confesaba cómo mató a su hermano y quiénes le ayudaron.

Luego de la tortura David inculpó a dos personas ajenas a los hechos pensando que con eso bastaría para que los policías dejaran de golpearlo y amenazarlo.

Horas después, David, Margarita y el menor fueron trasladados a su domicilio en Teopisca. Ahí, el MP y los agentes exigían que confesaran en dónde habían matado a Juan. En ese lugar Margarita dejó encargado a su hijo con uno de sus familiares.

Posteriormente fueron regresados a la agencia del MP en San Cristóbal de las Casas en donde son obligados a firmar y estampar sus huellas digitales en varios documentos.

Y el 26 de abril de 2014 fueron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS), localizado en San Cristóbal de las Casas, en donde se encuentran actualmente procesados injustamente por el delito de homicidio.

Según las valoraciones médicas y psicosociales, tanto Margarita como David presentan un cuadro de estrés postraumático, la ruptura de su proyecto de vida compartido con sus siete hijos que, tras los hechos, se encuentran en situación de desamparo, derivándose así consecuencias negativas para todos los miembros y provocando un desarraigo familiar que coloca en gran vulnerabilidad a los menores.

Ante ello, el Frayba exigió a las instancias de procuración y administración de justicia que se inicie una investigación completa, eficiente y eficaz por la tortura, penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la privación arbitraria de la libertad, del matrimonio indígena.

También reclama la inmediata libertad de Margarita y David por violaciones al debido proceso legal y las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en su contra, los cuales están ocasionando daños de difícil e imposible reparación.

Detectan 18 casos de tortura en Chiapas

ISAÍN MANDUJANO
1 DE MAYO DE 2014 
DESTACADO

Silvia Domínguez muestra una foto del cuerpo de su hermano asesinado. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) entregó a Juan E. Méndez, relator especial sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Organización de Naciones Unidas, el informe titulado “La tortura, mecanismo de horror”.

De acuerdo con información documentada por el Frayba, de marzo de 2013 al mismo mes de este año se registraron 18 casos de tortura, siete de ellos en esta capital, dos en Tapachula y dos más en Chenalhó. El resto se cometieron en los municipios de Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla y Acala.

En cuanto a las víctimas, el informe entregado al relator de la ONU destaca que se trata de 15 –uno de ellos menor de edad– y tres mujeres, y precisa que dos de las víctimas, José Rolando Pérez de la Cruz y Carlos Alberto Trujillo Ramos, murieron bajo custodia policial en los municipios de Acala y Tapachula, respectivamente, a causa de los golpes recibidos.

Según el Frayba, la intencionalidad de la tortura en los eventos documentados consiste en la aplicación de un “castigo ejemplar” para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno, para anular la personalidad de la víctima y/o para que ésta se autoinculpe de delitos o inculpe a terceras personas.

En el caso de las mujeres, “la violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradarlas moralmente, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género. De tal manera violenta también derechos específicos de las mujeres”, apunta el organismo no gubernamental fundado por el obispo Samuel Ruiz García.

Asimismo subraya que en el periodo que abarca el informe han recuperado su libertad personas víctimas de tortura, después de enfrentar procesos judiciales largos e injustos que violentaron sus garantías judiciales y protección judicial, entre ellas: Miguel Vázquez Deara, Wilber Cortés Acosta, Adela Gómez Martínez, Hiber Audentino García Villafuerte y los hermanos Andrés y Josué López Hernández. En ninguno de estos casos ha habido reparación del daño y los actos de tortura que denunciaron siguen en la impunidad.

En su visita a Chiapas, Juan E. Méndez también recibió la documentación de casos de tortura anteriores a marzo de 2013, entre los que destaca el de David Potenciano Torres, detenido el 25 de mayo de 2011 y torturado en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva y en la Fiscalía de Palenque, para inculparlo de la muerte del ganadero Pedro Fonz Ramos. David fue puesto en libertad por desistimiento de la acción penal.

Miguel Ángel Rosette Méndez y su hijo Carlos Alberto Rosette García fueron detenidos y torturados el 27 de abril de 2011 por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio de La Concordia. Un día después los trasladaron a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, en esta capital, para rendir declaraciones bajo la continuidad de la tortura. En ese lugar se encontraron con dos familiares que también habían sido golpeados.

Miguel Ángel y Carlos Alberto fueron arraigados en la Quinta Pitiquitos y puestos en libertad el 6 de mayo de 2011, sin embargo, hasta la fecha reciben amenazas y hostigamientos por parte de agentes estatales.

Gabriel Domínguez Escobedo fue privado arbitrariamente de la vida el 11 de abril del 2012, a consecuencia de la tortura de la que fue objeto por parte de 13 elementos de la Policía Especializada y Policía Municipal de Reforma, que actuaron en presencia del Ministerio Público (MP) del mismo municipio, Edgar Benjamín Estrada Cervantes, quien actualmente se desempeña como fiscal del MP en el municipio de Bochil.

“E Chiapas la tortura se practica de manera sistemática, siendo ésta perpetrada, permitida y fomentada por agentes del Estado mexicano, como se ha denunciado ante autoridades gubernamentales e instancias internacionales de manera pública y en intervenciones privadas”, apunta el Frayba.

Y precisa que entre los autores responsables de esos hechos se encuentran militares; funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE) –específicamente de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO)– y de la Fiscalía de Distrito Metropolitano; agentes de las policías Especializada y Ministerial; médicos legistas de la PGJE; elementos de las policías Estatal Preventiva y Municipal, y autoridades comunitarias, tradicionales y civiles, que actúan con la anuencia de agentes del estado de Chiapas.

“Ante la existencia de prácticas violatorias de derechos humanos en Chiapas, como es la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal que cumplan con las recomendaciones de los órganos de tratados, especificados en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asumiendo su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos: a la vida, integridad y seguridad personal, entre otros”, concluye el Frayba en su informe entregado al relator de Naciones Unidas.