Elogia CEPAL los programas sociales creados por AMLO en el D.F.

Con la pensión alimentaria aquí nació la noción de universalidad, afirma Alicia Bárcena

Programas como los del DF deben extenderse a todo México: Cepal

De la población de la tercera edad, 40 por ciento no recibe ningún tipo de atención ni jubilación, señala

El país atraviesa tiempos muy complejos en los que la sociedad se siente agraviada, dice

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, y el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentaron el libro Autonomía y dignidad en la vejez: teoría y práctica en políticas de derechos de las personas mayores en el Teatro de la Ciudad. Los acompañó la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela RodríguezFoto Jesús Villaseca

Alejandro Cruz Flores

 

Periódico La Jornada
Martes 10 de marzo de 2015, p. 29

La noción de universalidad de los derechos nació hace 10 años en la ciudad de México, con un instrumento sin precedente como es la pensión alimentaria para adultos mayores;después ha sido extendido, pero nació aquí, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Destacó la política del gobierno capitalino hacia este sector de la población como un ejemplo que debe extenderse al ámbito nacional.

Al presentar el libro Autonomía y dignidad en la vejez: teoría y práctica en políticas de derechos de las personas mayores, editado por este organismo internacional y el Gobierno del Distrito Federal, Bárcena resaltó que en México 40 por ciento de las personas de la tercera edad no reciben ningún tipo de atención ni jubilación,y aquí (en la ciudad de México) sí; aquí es universal y eso lo necesitamos en todo el país, dijo.

Agregó que la ciudad México es el único espacio donde se está activamente otorgando autonomía económica, política y social; la única que proporciona una pensión no contributiva a todas las personas de 68 años en adelante, que permite además transformar el concepto de la vejez y “es su gobierno (dijo refiriéndose a Miguel Ángel Mancera) el que esaa acercando al resto de la ciudadanía a un pacto político que promueva la solidaridad intergeneracional.

Bárcena estuvo acompañada del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a quien dijo: Usted ha cambiado las reglas del juego; está transformado discriminación por derechos al impulsar el acceso de este sector de la población a créditos bancarios, los cuales, puntualizó, soncréditos a la palabra y a la dignidad de los adultos mayores.

Asimismo, reiteró el apoyo de la Cepal al debate sobre el incremento del salario mínimo y de las políticas laborales inclusivas, que impulsa el mandatario de la ciudad de México, porque, dijo, es la llave para combatir la desigualdad.

Consideró que el gobierno de Mancera ha puesto énfasis en la calidad del trabajo, ya que un empleo mal remunerado o precario excluirá a los adultos mayores automáticamente de los sistemas de seguridad convencional.

Sociedad agraviada

La secretaria ejecutiva de la Cepal empezó su discurso manifestando que México atraviesa tiempos muy complejos en los que la sociedad se siente agraviada; y el desánimo, la incredulidad y la desconfianza se agolpan en la ciudadanía, por lo que hacen falta programas como el de atención a los adultos mayores del DF, que nos den dignidad y esperanza.

Respecto del libro, Bárcena destacó que éste es resultado del segundo Foro internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores, que tuvo lugar en la ciudad de México en junio del año pasado.

La obra integra las ponencias de especialistas que trataron temas como la autonomía jurídica y económica de los adultos mayores, aspectos claves y de dignidad que se deben rescatar; así como los cuidados paliativos a los adultos mayores que los requieren, como los principales desafíos en la materia.

El Chayo-gate está de vuelta, por @lydiacachosi

Nunca creí que escribiría estas palabras, pero debemos agradecer a Rosario Robles su actuar como política profesional. Gracias a sus malos manejos siguiendo las reglas tradicionales de la política de desarrollo social clientelista, los partidos por fin se ponen a discutir de manera diferente la corrupción pre electoral. Porque todos los han hecho y lo hacen: Miguel Ángel Yunes padre e hijo, antes por el PRI, luego por Alianza y por el PAN, Fidel Herrera y Duarte por el PRI, y la lista sigue, incluye claro al PRD regalando despensas y bastones para las viejitas; también Movimiento Ciudadano entregando tortas y sillas de ruedas. Nadie se salva, todos llevan a cabo las mismas prácticas, la única diferencia radica en la cantidad de recursos que cada partido tiene para comprar sus votos. 

Los ayuntamientos y estados no están quebrados solamente por el latrocinio político, que ha sido cuantificado ya; además los políticos tienen tan claro que no podrían ganar un puesto público gracias a su credibilidad que han sistematizado y normalizado el método del clientelismo cíclico que les permite comprar el puesto con cada elección. 

Y hay que agradecer el Chayo-gate, porque nos permite analizar de fondo cómo funciona en todos los estados la compra de puestos populares. Porque creer que las elecciones son otra cosa es fingir demencia. Algunos se ríen, otras se indignan ante las emotivas declaraciones de Peña Nieto sobre cómo nadie utilizará los programas de gobierno para fines electorales, nadie por encima de la ley. Llegó tarde a declarar el Presidente viajero, porque en realidad nos consta que todos los programas estatales tienen fines de perpetuación de los partidos. Aunque algunos se utilizan con estrategias que benefician en realidad a la sociedad, la mayoría tienen como fin favorecer a ciertos grupos sociales. 

Resulta importante entender en qué estados el voto libre representa a una rara minoría y en cuales el riesgo de ser evidenciados cometiendo delitos electorales es siempre menor que el peligro de perder el control territorial. Después de todo si algo han hecho bien los gobernadores del PRI durante décadas ha sido asegurar que los consejos electorales locales estén a su servicio. 

Cada vez que algún gobernador, o ahora Peña, nos recuerdan que “nadie pasa por encima de la ley” me imagino su versión de ilegalidad como un túnel bien iluminado por el cual transitan los gobernadores y las y los alcaldes. Efectivamente no pasan por encima, sino por debajo de la ley, todos los días, frente a las miradas de quienes vivimos en provincia. Ante el desgaste y hartazgo social. 

El Chayo-gate parece recordarnos que los partidos (que mientras escribo esto regalan todo tipo de despensas, baratijas y promesas de empleo o puestos de aviador) no quieren dejar de comprar puestos políticos, sino pedir que la compraventa electoral sea un poco más justa dentro de “lo que viene siendo un desaseo muy injusto”, como dijo un insigne perredista quintanarroense. 

La normalización de la venta de políticos chatarra ha llegado a tal grado que ni los que parecían buenos pierden el tiempo en promoverse a la buena. Para muestra un botón: Quintana Roo ha sido coto priista desde que dejó de ser territorio para convertirse en estado, pero por razones casi inexplicables desde hace varios trienios Cancún, la joya de la corona estatal, ha sido gobernada por el PRD gracias a las alianzas entre PAN, PVEM, PRD y sus satélites. Estamos a punto de las elecciones por el municipio hotelero más potente del país, y el PRI seleccionó a un joven bastante respetable que podría plantear nuevos esquemas políticos y muy probablemente ganar, sin embargo la maquinaria oficial no le dio ni chance. El estado está tapizado de anuncios espectaculares en verde y rojo, con un enorme logo del PRI con la leyenda “mi gobernador me cumple” presentando todos los programas sociales como programas del PRI, diseñados especialmente para esta temporada electoral primavera-verano. 

El remate consiste en lograr que el diario oficialista Quequi montara cientos de anuncios en espectaculares, camiones y panfletos con la fotografía y el nombre del candidato priista en portada, anunciando su éxito político. Lo genial es que los abogados del PRI pactaron con el periódico que el candidato los demandaría por el “uso indebido de su imagen”, así cuando llegara, y llegó, la denuncia de la oposición por publicidad prohibida, el Instituto Estatal Electoral argumentó libertad de expresión periodística y que el pobre candidato había sido víctima de una multimillonaria publicidad involuntaria. Como este hay un centenar de casos para Ripley en todo el país. 

En este montaje nacional electoral participa una parte de la sociedad que entiende perfectamente que las elecciones son un negocito temporal. No creo que sean cínicos y cínicas profesionales, son más bien millones de personas sometidas al hambre histórica, hambre por la ausencia de derecho, de tierras, de educación formal, de trabajo digno, de trato en igualdad. A ellos y ellas el aparato político les ha enseñado cómo funciona el changarrito éste de la política. Así, desde su perspectiva vender votos en las comunidades no es un acto de corrupción, sino un acto de mercadotecnia popular. Hoy fulanito del PRI no promete regularizar terrenos invadidos, pues a votar rojo. Mañana fulanita del PAN nos ofrece un paguito de Procampo para levantar la milpita, pues a votar azul. Hoy menganito amarillo nos asegura asilos de ancianos todo incluido para sus abuelitos, pues por el hijo pródigo. Si la gente sabe que son chatarra, nadie cree que los partidos vendan un sano alimento nutritivo, lo importante es lo que se gana en el momento, no lo que se pierde a la larga. 

Luego están los otros, los ambiciosos que sí ganan, y mucho, con mantenerse en el poder. Y en medio millones de empresarios y empresarias que han aprendido a jugar el juego de los intereses que permitan que su negocio funcione. Como me dijo un hotelero: estamos hartos de las elecciones, entre las extorsiones de “Los Zetas” y las de los políticos la industria se debilita y nuestra economía también. 

El hambre de democracia la van a paliar con lo que llena la barriga de la nación pero no la alimenta ni la nutre. Y con ella se sacrifica la seguridad, porque no es una casualidad que los profesores se lancen a destruir instalaciones y violentar la ley sin que el gobernador actúe, porque los sindicatos educativos son parte del entramado que maneja las elecciones estatales y municipales. No es casualidad que a pesar de que en Quintana Roo y Baja California esté demostrado que los cárteles tienen el control de la cúpula del sindicato de taxistas y que cientos de vehículos son usados para el trasiego de droga en toda la franja turística, los gobernadores ordenen que no se “vulnere” a los transportistas, porque ellos manejan otro porcentaje de voto corporativo. Y podríamos seguir enumerando cómo la maquinaria electoral en cada estado facilita la corrupción, fortalece la ilegalidad, el poder de los cárteles, la inseguridad y claro, la pobreza y el hambre. Peña, Chayo Robles y los gobernadores pueden construir puentes para el diálogo, pero nunca van a bloquear sus propios túneles, porque ahora y siempre hay elecciones por venir. 

Ojalá me equivoque y en el respeto a su pacto, los partidos pongan candados efectivos a los procesos electorales, nada me gustaría más.