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| Peña durante su mensaje en cadena nacional sobre la reforma energética. Foto: Especial |
MEXICO, D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto engaña y sus mentiras buscan ser ocultadas con una efectiva estrategia de comunicación que le permite seguir mintiendo a través del control absoluto de la información en televisión, a través de campañas que nos hacen recordar la antigua práctica de los sofistas de hacer de una patraña una verdad.
En menos de un año las promesas que hizo Peña Nieto, primero como candidato del PRI y luego como presidente, a través del Pacto por México, se han ido desmoronando hasta tomar su verdadera fisonomía.
Las recientes noticias no dejan dudas de que el presidente priista ha mentido. Cuando arrancó su gobierno en diciembre pasado aseguró que la economía del país iba viento avante y así se mantendría para combatir la pobreza.
Ocho meses después la realidad se ha impuesto. La economía nacional cayó 0.74%, según alertó el INEGI, y la Secretaría de Hacienda por segunda ocasión en el año redujo la expectativa de crecimiento que, inicialmente, aseguró sería de 3.1 a 1.8%.
El impacto de este decrecimiento se verá principalmente en los programas sociales. Cuando firmó el Pacto por México como plataforma de su gobierno, Peña aseguró que se combatiría la pobreza que aqueja a más de 50 millones de mexicanos. Hoy la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, simplemente dijo que la Cruzada contra la Pobreza ya no abarcaría a todos los pobres sino sólo a 7.4 millones en extrema pobreza y, de 400 municipios que aseguró se atenderían, hoy dicen que solo se abarcará a 80.
En materia de transparencia, Peña Nieto también ofreció que su gobierno combatiría la opacidad y daría nitidez a todas sus acciones. Hoy el PRI en la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Transparencia tendiendo un manto de protección a la PGR, Banco de México, CNDH, Ejército y partidos políticos frente a las solicitudes de información realizadas al IFAI. Para tener acceso a la información de estas entidades públicas habrá que iniciar un juicio y, en caso de tener un fallo favorable, las instancias podrían apelar, convirtiéndose este derecho en un costoso enjambre burocrático.
La aprobación de estas reformas a la Ley de Transparencia sólo provocan sospechas de que el gobierno de Peña Nieto quiere prepararse para ocultar información de acciones que tomará en materia de justicia –la salida de Rafael Caro Quintero y el regreso de propiedades a Raúl Salinas de Gortari–, lo mismo que del Ejército y los partidos políticos que, por ley, están obligados a dar información por ser entidades de interés público.
Es claro que la intención del gobierno federal es controlar al IFAI, lo cual significa un retroceso en la lucha ciudadana de décadas por tener información de la actuación de las entidades gubernamentales.
Ahora que el gobierno federal dice que las reformas de telecomunicaciones serán para beneficio del público, en realidad sólo las grandes empresas de los medios, como Televisa y Televisión Azteca, recibirán las ganancias del nuevo canal por abrir.
Lo mismo habrá de ocurrir con las reformas del sector energético que disfrazan la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los contratos de utilidad compartida, tanto para la explotación de los hidrocarburos como de la generación de electricidad. ¿Cómo es que piensan que abriendo este sector estratégico se puedan generar empleos y mejores salarios para los mexicanos si los beneficios directos serán para los nuevos socios internacionales?
Pero de todas las mentiras, quizá la más dolorosa sea aquella en la que aseguró que el país estaría en paz y se acabaría la violencia generada por el crimen organizado. En lo que va del gobierno de Peña Nieto se han registrado 7 mil 119 muertes por la narcoviolencia en México, reveló recientemente el gabinete de seguridad, lo que representa mil 10 asesinados cada mes o 34 diarios en promedio.
El desinterés por atender a las víctimas de la violencia se hizo más que claro cuando el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, anunció que se asignarían sólo 400 ministerios públicos para atender los 26 mil casos de desapariciones, y a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Provictima) un presupuesto mínimo de 420 millones de pesos para atender a miles de familias de muertos en la guerra contra el crimen organizado.
Esta lista de promesas no atendidas por parte de Peña Nieto describe el tipo de gobierno que tendrá en los cinco años restantes. Un gobierno de mentiras que habrán de ser disfrazadas por los principales medios y sus voceros en turno.
Twitter: @GilOlmos
