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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Nueva crisis entre el Legislativo y el Judicial sacude el turbulento clima político en Brasil


Se niega el Senado a acatar orden del STF de suspender a Calheiros
El máximo tribunal discutirá hoy en sesión plenaria el fallo del juez Mello contra el senador
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Manifestantes trataron de derribar ayer el cerco construido en torno a la sede del Legislativo en Río de Janeiro, donde se discute la aprobación de severas medidas de austeridad económicaFoto Ap
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Renan Calheiros, presidente del Senado de Brasil, se resiste a cumplir la orden de un juez del STF para separarse del cargo, aunque incluso sus más allegados aseguran que no podrá evadir la decisiónFoto Ap
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de diciembre de 2016, p. 27
Río de Janeiro.
En una iniciativa sin precedente, cuyas consecuencias se harán ver en los próximos días o quizá hoy mismo, la mesa directiva del Senado se negó ayer, de manera unánime, a cumplir la determinación del ministro Marco Aurelio Mello, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal. En la víspera, Mello había expedido una liminar (decisión provisional a ser sometida al pleno del Supremo) determinando la inmediata suspensión de Renan Calheiros de la presidencia del Senado. La mesa directiva dijo que sólo aceptaría cumplir una determinación del pleno de la corte suprema.
Mello basó su polémica y contundente medida en una decisión que todavía tramita en la corte suprema, determinando que ningún reo podrá ocupar puesto alguno en la sucesión presidencial. Como presidente del Senado, Calheiros, que es reo en un juicio abierto en el mismo Supremo Tribunal Federal, es el segundo en esa línea, luego de su colega Rodrigo Maia, que preside la Cámara de Diputados.
En la primera ronda de votación, seis de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal aprobaron la iniciativa, que provocaría el alejamiento de Calheiros de la presidencia del Senado. Dias Toffoli, séptimo ministro, pidió vista, o sea, tiempo para examinar mejor la medida. Se trató de una clarísima maniobra para ganar tiempo, una vez que en diez días más empieza el receso del Congreso, y Calheiros –principal blanco de la prohibición– lograría terminar su mandato, que va hasta el primero de febrero del año que viene.
Si la decisión de Marco Aurelio Mello era polémica, mucho más ha sido la decisión de afrontarla. La primera resistencia ha sido del mismo Calheiros, que rehusó, en dos ocasiones (la primera en la noche del lunes, la segunda en la mañana de ayer), recibir al oficial de Justicia encargado de entregarle la correspondiente intimación.
Como resultado de los movimientos de Calheiros quedó claro que la resistencia no sería solamente individual, sino colectiva. Esto abre una crisis institucional entre el Congreso y la máxima instancia de justicia en el país, que sacude aún más un ambiente ya excesivamente cargado.
Tan pronto se supo del acto de rebeldía de los senadores que controlan la mesa directiva, corrieron suposiciones de que Calheiros podría ser detenido por desobedecer una determinación de un ministro del Supremo Tribunal Federal. Pero los integrantes de la corte máxima de justicia optaron por no discutir el tema, y prefirieron convocar para hoy a una sesión plenaria para discutir y decidir sobre la medida provisional de Marco Aurelio Mello. Hasta los aliados más cercanos a Calheiros dicen que las posibilidades de que escape de la guillotina y se mantenga al frente del Senado son casi inferiores a cero, si eso fuese posible.
Lo ocurrido ayer coincidió con la presentación del proyecto del gobierno de Temer que introducirá drásticos cambios en el sistema de jubilaciones del país y afectará de manera durísima los trabajadores.
El proyecto fue blanco de ráfagas de durísimas críticas. El diputado y principal figura de la Fuerza Sindical, Paulo Pereira, aliado incondicional del golpe e interlocutor preferencial de Michel Temer con los afiliados de su gremio, fue contundente: tal como está, ese proyecto jamás será aprobado en la Cámara de Diputados.
También ayer sería presentada en el Senado la enmienda constitucional que establece un tope para los gastos públicos durante los próximos 20 años, lo que implicará recortes significativos en los presupuestos de los servicios públicos, que incluye educación y salud.
Objeto de deseo de diez entre diez dueños del capital, ejemplo redondo de un neoliberalismo fundamentalista, corre el grave riesgo de ya no ser votada este año.
Al frente de un gobierno fragilizado, inerte y combatido hasta por los mentores del golpe que lo llevó al sillón presidencial, Michel Temer, incapaz de cualquier reacción o iniciativa, parece aguardar lo que el destino les reserve, a él y al país.
El destino, sin embargo, no parece muy favorable, ni a él y menos para el país. Ayer, el gobernador de Minas Gerais, provincia que tiene la tercera mayor economía de Brasil, pidió que la asamblea legislativa provincial declare estado de calamidad financiera, tal como ya hicieron Río de Janeiro y Río Grande do Sul.
En Río de Janeiro, el cuadro es más que dramático: el gobierno local no tiene con qué pagar siquiera los sueldos de noviembre, cuanto más el de diciembre y el aguinaldo.
Ayer mismo hubo intensas batallas callejeras entre funcionarios públicos que protestaban contra la quiebra de la provincia y la policía. En Brasilia se teme que ese cuadro, que se muestra al borde de un brote de convulsión social, se extienda por otras provincias del país.
Por si todo eso fuera poco, ahora ocurre un conflicto abierto entre Judiciario y Congreso.
¿Hasta cuándo, y hasta qué punto, aguantarán las instituciones de un país en plena turbulencia?

martes, 6 de septiembre de 2016

Temer minimiza marchas en su contra; "son grupos pequeños"

Movilización campesina rechaza el proyecto que busca aumentar la edad para el retiro

Policía federal de Brasil investiga presunto fraude en fondos de pensiones de empresas estatales
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Trabajadores Rurales del Movimiento de los Sin Tierra se manifestaron ayer contra el presidente Michel Temer frente al Ministerio de Planificación, en Brasilia. También exigieron una reforma agrariaFoto Ap
Xinhua, Ap y Reuters
 
Periódico La Jornada
Martes 6 de septiembre de 2016, p. 22
Río de Janeiro.
Miles de activistas de movimientos campesinos protestaron este lunes frente a la sede del Ministerio de Planificación Presupuesto y Gestión contra el proyecto de reforma al sistema de jubilaciones que prepara el gobierno de Brasil, encabezado por Michel Temer, que plantea aumentar a 65 años la edad para el retiro.
La movilización ocurrió horas después de que Temer minimizó una protesta en Sao Paulo en la que unas cien mil personas exigieron su renuncia, y en la que la policía dispersó a la multitud con gas lacrimógeno. En Río de Janeiro, decenas de miles también repudiaron el golpe de Estado parlamentariocontra Dilma Rousseff, destituida de la presidencia el miércoles pasado.
Son grupos pequeños, no movimientos populares. En una población de 204 millones de brasileños, ellos no son representativos, dijo Temer al margen de la cumbre del G-20 que se desarrolla en Hangzhou, China.
En la quinta jornada consectiva de manifestaciones contra Temer, miles de personas protestaron ante el Ministerio de Planificación en esta capital. Si bien la movilización transcurrió de forma pacífica, al final hubo algunos empujones entre campesinos que pretendían ingresar al edificio y los responsables de la seguridad que lo impidieron.
La reforma traerá una pérdida de derechos para los trabajadores del campo, que pasarán a ser igualados con los trabajadores urbanos, aseguraron en una nota los movimientos que organizaron la protesta.
La administración de Temer busca modificar las leyes sobre la jubilación en Brasil, que actualmente es después de 30 años de trabajo para las mujeres y 35 para los hombres.
En el caso de los trabajadores del campo, ese requisito no existe y la jubilación puede ser solicitada a los 60 años por los hombres y a los 55 por las mujeres, pues se considera que sus labores causan más desgaste.
En tanto, la policía federal lanzó una operación para investigar un supuesto fraude en algunos fondos de pensiones de grandes empresas estatales, en una pesquisa que obligó a líderes empresariales como el presidente ejecutivo de JBS a alejarse de sus compañías. La policía dijo que dispuso siete órdenes de detención y más de 100 órdenes de registro, al tiempo que congeló activos por 2 mil 460 millones de dólares.

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