SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- No hay modo de que el titular de la Dirección General de Pensiones del estado, Oziel Yudiche Lara, utilizara el dinero de los fondos de jubilaciones de la entidad sin la anuencia del propio gobernador Fernando Toranzo Fernández, asegura la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara.
En su edición 1944, Proceso reveló que, de acuerdo con expedientes estadunidenses, fondos de jubilaciones de San Luis Potosí son invertidos en una empresa de Miami que presuntamente lava dinero para el Cártel de Sinaloa.
“Oziel Yudiche no se manda solo; Toranzo lo puso ahí, por eso quien es responsable de ese manejo es el propio gobernador. Está permitiendo eso y el director es su artífice”, sostiene la líder del SITTGE.
Un silencio total prevalece en el gobierno de Toranzo tras la publicación del reportaje.
Las dudas sobre el manejo de las pensiones de los trabajadores estatales no son nuevas. El SITTGE y agrupaciones ciudadanas investigan las inversiones realizadas en distintos bancos, pero particularmente en administradoras de perfil especulativo.
De manera repetitiva, acusan, el director general de Pensiones y los consejeros que integran la Junta Directiva han pasado por encima de la fracción III del artículo 50 de la Ley General de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que los fondos de cada sector se podrán utilizar bajo riesgo propio en operaciones como la adquisición de acciones, obligaciones y valores de compañías “que no sean mineras, petroleras o que funden sus utilidades en circunstancias imprevistas o de azar”.
Sin embargo, este manejo de recursos data al menos del sexenio anterior, cuando gobernaba el panista Marcelo de los Santos Fraga. La alarma creció en este sexenio porque se supo que una inversión por 3 millones de dólares acordada en 2007 y efectuada mediante un contrato con una administradora extranjera (Bernstein Global Wealth Management) resultó un fracaso que derivó en la pérdida de 45% de ese monto, equivalente a un millón 353 mil dólares.
En el portal de transparencia Proyecto Tábano, el notario Eduardo Martínez Benavente asegura que Yudiche Lara sabía desde octubre de 2009 –cuando asumió el cargo de director general de Pensiones del estado– el fracaso de la referida inversión, y aun así dejó transcurrir otros ocho meses antes de someter a consideración de la Junta Directiva si se retiraba o no el saldo, que sumaba 1 millón 647 mil dólares.
“Más de 1 millón 353 mil dólares se habían esfumado. Nada se ha hecho para activar la denuncia penal que Yudiche Lara asegura que se presentó en contra de los causantes de ese quebranto, a pesar de que han transcurrido 30 meses de la fecha en que se formalizó el acuerdo (para cancelar la inversión, en la sesión del 3 de junio de 2010)”, escribió Martínez Benavente.
En ese mismo texto, Martínez denunció los movimientos con “una financiera de Nueva Zelanda que ofreció pagarles intereses muy superiores a los que normalmente se pagan”. Esa financiera es Platinum Trade Bancorp LP, la cual, según se lee en el reportaje de Anabel Hernández y Philippe Engels, forma parte de una red de compañías fachada liderada por Daniel Fernandes Rojo Filho y Pedro Benevides, “identificados por el gobierno de Estados Unidos como lavadores del Cártel de Sinaloa”.
“A Yudiche Lara y a sus consejeros se les deben fincar responsabilidades por haber puesto en riesgo la devolución de un fondo de renta fija por 370 millones de pesos que confiaron a una financiera de Nueva Zelanda. (…) Fue tan riesgosa la operación que la financiera se atrasó tres meses en el pago de sus obligaciones, por lo que prefirieron cobrar la inversión en ese momento a seguir ganando más intereses”, escribió Martínez Benavente.
En realidad –a propuesta de Yudiche Lara y sin que se inconformara uno solo de los consejeros que integran la Junta Directiva– entre septiembre y octubre de 2010 se aprobaron inversiones por 570 millones de pesos en Platinum Trade Bancorp LP, según consta en las actas de las sesiones efectuadas los días 15 de julio (200 millones), 30 de septiembre (100 y 20 millones) y 14 de octubre (200, 20 y 30 millones), obtenidas a través del sistema Infomex del estado.
En la Junta Directiva de Pensiones participan representantes de la Secretaría de Finanzas, del gobernador Toranzo, del sindicato oficial de burócratas, del sistema educativo estatal, de la Sección 52 del magisterio, de la Sección 26 de Telesecundaria y el propio Oziel Yudiche Lara, en su calidad de director general de Pensiones y secretario ejecutivo de la junta. A pesar de contar con ese derecho, el SITTGE –que representa a cerca de mil 700 trabajadores– fue “expulsado” de la junta directiva debido a las fuertes confrontaciones que ha sostenido con el gobierno estatal.
Al respecto, la líder del SITTGE, Francisca Reséndiz, afirma que el director de Pensiones “se escuda en una junta directiva en la que participan un representante del magisterio que ha sido diputado del PRI, o la secretaria general del sindicato mayoritario de los burócratas, a la que también hicieron diputada. Son comparsas, no hay nada que obstaculice esas decisiones, a pesar de que es tan arriesgado lo que hacen con el dinero de los trabajadores”.
Señala que en las dos o tres ocasiones en que pudieron asistir a sesiones de la junta directiva –antes de que les fuera cerrada la puerta “porque el gobernador sólo quiere tratar con el sindicato mayoritario”–, los representantes del SITTGE se percataron de “detalles” como el hecho de que miembros de la propia junta o sus familiares tenían créditos aprobados hasta 10 veces superiores a los que se otorgan a un trabajador cualquiera.
“Hemos ido consiguiendo poco a poco, con muchas trabas por parte de la Comisión Estatal de Acceso a la Información, los contratos y las actas de la junta directiva, tenemos algunos de las inversiones que se hicieron”, expresa Reséndiz.
El propósito del sindicato independiente es informar a los trabajadores del gobierno “lo que está haciendo este director, lo que está convalidando, porque varias de estas inversiones en financieras extranjeras ya se tenían desde 2007 y él llega no para frenarlas, sino para incrementarlas, no sólo a una, sino a tres bolsas de inversión”.
El sindicato independiente también duda que las cifras sobre las pérdidas sean ciertas. “Informan que en 2010 se perdieron 1.5 millones, ¿pero quién nos dice que en realidad fue esa cantidad? Pudo haber sido menos y la diferencia se pudo haber usado para otra cosa. Tenemos siete contratos, los estamos analizando para tener un informe contable, y le enviaremos un oficio al gobernador en el que le haremos ver los puntos que deben aclararse”.
Reséndiz Lara no oculta su inquietud por el caso Platinum Trade y los presuntos vínculos del director de Pensiones con lavadores de dinero:
“Nos da mucha preocupación que un dinero limpio, transparente, obtenido a base del trabajo de los empleados del gobierno, entre en ese escenario donde personas sin escrúpulos lo pongan en riesgo. Si la justicia estadunidense está revisando esto, sí es preocupante. Pero el dinero no se fue solo, el director no se puso solo, es gente de arriba la que tomó esas decisiones, y el gobernador está enredado en esto. Si el director se hubiera ido por la libre, el gobernador ya lo hubiera destituido, de inmediato, como lo ha hecho con otra gente a la que ha botado sin contemplaciones.”
