Tras el descubrimiento de 12 fosas clandestinas con restos de al menos 31 personas asesinadas en la Cuenca del Papaloapan, el gobierno de Javier Duarte tardó cuatro días para sellar los accesos a un inmueble que tenía cervezas a medio consumir y un altar a la Santa Muerte. Además, mantuvo silencio sobre el tema durante casi una semana y mandó cancelar una conferencia de prensa al respecto…
TRES VALLES, VER.- En la Cuenca del Papaloapan se cometió la mayor “carnicería humana” de la que Veracruz tenga memoria, como lo refieren los lugareños de Tres Valles, Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo tras el hallazgo de por lo menos 31 cadáveres en 12 fosas clandestinas cavadas en el rancho El Diamante, lo cual confirmó que la delincuencia organizada, sobre todo Los Zetas, operan en la región.
De la treintena de cuerpos descubiertos, una decena –según elementos de la Marina-Armada de México y policías ministeriales– estaban decapitados y otros aparecían sin manos o brazos. La mayoría tenían el tiro de gracia y huellas de haber sido atados y torturados.
Desde la madrugada del lunes 16 y hasta la tarde del miércoles 18, peritos forenses, marinos, policías estatales y municipales escarbaron y sacaron uno por uno los cuerpos del llamado kilómetro 11, camino de terracería que conduce de la cabecera municipal de Tres Valles al ejido de Nopaltepec.
La Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cosamaloapan tuvo que pedir el apoyo de su homóloga en el puerto de Veracruz, además de solicitar a las funerarias de la región y al panteón municipal de la zona que prestaran a sus “peones”, “cuerdas”, “picos y palas” para la faena.
El Diamante es un rancho que en 2010 lucía boyante con el ganado que allí se criaba y por sus vastas áreas de arroz y pastizales. El dueño, Fernando Cano Cano –expresidente municipal de Tres Valles–, lo cuidaba como su mayor patrimonio, pero al morir en mayo de 2011 el terreno cayó en desgracia.
Marcos Nelson Cano, actual alcalde de esa localidad, asegura que El Diamante se encuentra en litigio entre la segunda esposa de Fernando Cano y los hijos del primer matrimonio del exedil. Mientras tanto, el rancho quedó en el abandono y ha sido utilizado por la delincuencia organizada, admite el presidente municipal.
“A mí me levantaron”
“Espérenme tantito, hoy no voy a dar tantas audiencias…Tengo un problemita”, dice el alcalde de Tres Valles, Marcos Nelson Cano, a los habitantes que esperan hablar con él para resolver problemas relacionados con el agro, la caña de azúcar y con gestiones sociales. En lugar de atender a la gente, se encierra con cuatro elementos de la Marina-Armada de México que le advierten: “Aquí vamos a andar patrullando en estos días”.
Líder cañero, de sombrero vaquero, Cano reconoce que las narcofosas lo tomaron “por sorpresa”, pues el ayuntamiento que gobierna venía saliendo apenas de las fiestas del carnaval, y a su juicio la violencia, los secuestros y la inseguridad habían cesado.
“Aquí hay dos lecturas muy claras: O se recrudece la violencia con esto que pasó y se pone feo, o se detiene, porque las fuerzas federales van a sitiar Tres Valles y van a estar muy al pendiente”, dice.
Justifica lo ocurrido en El Diamante al reprochar el hecho de que hace dos meses, por órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los 35 militares adscritos al patrullaje del municipio fueron “enviados” a apoyar las labores de combate al crimen organizado en Michoacán.
Refiere que la delincuencia organizada en el área había sido extirpada a principios de 2012, cuando entraron fuerzas federales a hacer detenciones masivas e “imponer” orden. Incluso rememora que él también ha sido víctima del narcotráfico.
El 9 de mayo de 2011, un comando armado, integrado por varios hombres encapuchados, interceptó su vehículo cuando viajaba del ingenio cañero a su domicilio. Con armas de alto calibre, lo sometieron rápidamente y lo subieron a una camioneta.
“Querían mi dinero. No sé cómo, pero se enteraron de que acababa de vender un rancho. Los sicarios me decían que estuviera tranquilo, que en cuanto mis familiares entregaran el dinero que acababa de recibir yo volvería a casa”, expresa.
Tras ocho días de negociaciones, Nelson Cano –en aquel entonces líder regional de la CNPR– fue liberado y nunca volvió a saber de sus captores.
El hoy secretario del ayuntamiento de Tres Valles, José Antonio Herrera, afirma que en 2011 también fue víctima de la delincuencia organizada, pues en pleno centro histórico del municipio un comando armado le marcó el alto para despojarlo de su vehículo.
La estela de impunidad en Tres Valles en aquel entonces se explica por los nexos de fuerzas policiacas con la delincuencia. Esto, al grado de que la SIEDO detuvo en 2011 a siete policías por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos al comandante de la corporación, Daniel Villagómez.
No fue sino hasta el jueves 19 cuando el gobierno de Duarte intervino para sellar los accesos al inmueble. Pero un día antes, reporteros y fotógrafos regionales pudieron ingresar sin problemas al rancho.
A un costado de las fosas encontraron una casa de seguridad y un área de descanso, mas quedaron estupefactos al ver un altar y efigies de la Santa Muerte, con decenas de veladoras en honor de la “señora blanca”. También había botellas de whisky, cervezas sin terminar, sopas y chiles sin cocinar, restos de comida, así como colchonetas, sábanas y sandalias.
Policías ministeriales declararon que algunos cuerpos “no tienen más de tres días de ejecutados”.
Un abismo negro
La cabecera municipal de Cosamaloapan –a sólo 49 minutos de Tres Valles en taxi– hoy es un pueblo desolado: comercios cerrados, casas habitacionales en renta y/o en venta vacías, viviendas abandonadas de familias adineradas que huyeron por la inseguridad, y barrios –como La Playa, La 42 y San Felipe– que a decir de lugareños son “zona cero”, pues ni la policía se atreve a entrar porque ahí pululan los sicarios y narcomenudistas.
De enero de 2014 a la fecha han desaparecido más de un centenar de personas en la Cuenca del Papaloapan, en secuestros y levantones, pero también –señalan los habitantes– como parte de un “operativo limpieza” similar a las “ejecuciones extrajudiciales”.
Algunos ganaderos y comerciantes aceptan hablar con el reportero bajo el anonimato, ya que han sido víctimas de secuestro o asesinato de algún amigo.
“Aquí ha sido un infierno. Antes de diciembre de 2012, la delincuencia secuestraba y levantaba con total impunidad. Fueron afectados hijos de ganaderos, de políticos, de trabajadores de Pemex. Todo aquel que tenía dinero era susceptible de secuestro; también arremetían contra comerciantes, dueños de cantinas y ejidatarios cañeros que no pagaban la cuota (derecho de piso). Pero, al menos, si pagabas lo que te pedían, te regresaban vivo”, expone uno de ellos.
Otro detalla que en todo 2013 operó una banda de secuestradores conocida como Los Taqueros, quienes en 95% de los casos no regresaban vivo al familiar. Ese grupo ya fue detenido en Puebla.
En lo que va del año, asegura, las ejecuciones y levantones que se cometen en la cabecera municipal se deben a “ajustes de cuentas” o a una “especie de operativo limpieza”.
“La ciudadanía, la gente de bien, ya sabe que cuando empieza a ver camionetas negras sin placas patrullando en la noche se trata de fuerzas federales vestidas de civil, que sólo vienen rastreando a narcomenudistas y extorsionadores. Los sacan de esos barrios (La Playa, La 42 y San Felipe), se los llevan y ya no regresan.”
En dicho municipio sin ley, coinciden pobladores, ha habido momentos en que hay que pagar “a los malandros” derecho de piso por “vender” o “comprar” carro o casa: “Dese una vuelta por el pueblo: aunque la gente tenga dinero, verá que la mayoría jala carros viejos”.
“Tenemos miedo”
Francisco Molina y su esposa son dueños de una funeraria en Cosamaloapan, municipio de apenas 35 mil habitantes. Los Molina viven con dolor y con miedo desde que su hija, María del Carmen Molina Gamboa, de 22 años, fue secuestrada el 12 de diciembre de 2013. Siete semanas después, la detención de uno de sus victimarios permitió a la Procuraduría General de Justicia del estado encontrarla en una fosa clandestina en el municipio de Carlos A. Carrillo.
“Mire ahora dónde tengo a mi hija”, dice Francisco Molina mientras señala una pequeña urna de latón macizo, dentro de las oficinas de la funeraria.
“Aún tenemos miedo. Vivimos encerrados”, confiesa la familia Molina Gamboa, pues detalla que aunque los victimarios de su hija cobraron un cuantioso rescate que los dejó con múltiples deudas, han recibido llamadas intimidatorias de grupos criminales o extorsionadores.
“Siguen hablando a la oficina. Nos dicen que están en la esquina con armas largas, que nos van a levantar si no les entregamos dinero. Después de lo que nos pasó, uno ya sabe qué tiene que hacer en esos casos: colgarles el teléfono”, comenta.
La familia Molina Gamboa y otras mil 500 personas participaron en una marcha inédita para exigir “paz”, “seguridad” y el cese de los secuestros y extorsiones. El contingente –convocado por la Iglesia católica– partió de la parroquia de Carlos A. Carrillo y concluyó en el parque de Cosamaloapan; concurrieron familiares y amigos de desaparecidos y asesinados en la región.
Pifias duartistas
El hallazgo dejó pasmado al gobierno de Javier Duarte. Aunque el lunes se le informó de las 12 fosas, negó el hecho hasta el miércoles. Inclusive Duarte y su vocero, Alberto Silva, que frecuentan las redes sociales, disminuyeron notablemente su intervención en el ciberespacio.
El miércoles 17, el subprocurador de justicia de Veracruz, Arturo Herrera Cantillo, admitió ante una radiodifusora que se habían hallado sólo 27 cuerpos. Pero enseguida, sin decir por qué, apagó su celular y ya no quiso volver a hablar del tema.
Al mediodía, el subprocurador regional de Justicia de Cosamaloapan, Guilebaldo Maciel Mercado, citó a rueda de prensa en su oficina para dar pormenores del descubrimiento. Pero antes de las 11:30, cuando afuera del inmueble había ya reporteros de Veracruz, Alvarado, Santiago Tuxtla, San Andrés, Tierra Blanca, Tres Valles, Minatitlán, Coatzacoalcos y hasta de Tuxtepec, Oaxaca, un “telefonazo” de Xalapa ordenó a Maciel cancelar dicha rueda de prensa.
El silencio oficial del gobierno de Duarte prevaleció hasta el viernes 20, cuando el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, aceptó hablar únicamente con la periodista Carmen Aristegui para, de forma escueta, ahondar en los datos ya conocidos. Aceptó que no había un solo detenido.
