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a celebración del Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) congregó ayer a cientos de miles de personas en diversos países. En la capital mexicana, la trigésimo quinta marcha conmemorativa contó con una de sus participaciones más numerosas, de entre 75 mil y 80 mil asistentes, según fuentes oficiales.
Debe reconocerse que esta jornada se produce en un ambiente de avance y aceptación de los derechos de esas personas en todo el mundo, a pesar de las resistencias y los rescoldos homofóbicos que persisten en diversas sociedades. Apenas el pasado miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley que circunscribía el matrimonio a
la unión entre un hombre y una mujer, en lo que constituyó un revés a la tradición de conservadurismo que prevalece en la nación vecina, particularmente en los estados del centro y el sur.
Asimismo, en mayo pasado el gobierno francés promulgó una ley que permite los casamientos y las adopciones por parte de parejas homosexuales, a pesar de las amplias muestras de rechazo de organizaciones de ultraderecha de ese país europeo. Ese mismo mes, el Consejo Nacional de Justicia de Brasil emitió un fallo que obliga a las notarías a reconocer las uniones entre parejas del mismo sexo.
En la ciudad de México se ha cumplido ya un trienio de las modificaciones legales que permitieron a cualquier pareja casarse y adoptar, en lo que constituyó un punto de quiebre en la adecuación del marco legal capitalino a una realidad social mucho más diversa, plural y abierta de lo que hasta entonces se reconocía.
Es inevitable ver en esos avances, logrados ya sea por la vía legislativa o la judicial, el resultado de años de batalla política y jurídica desarrollada por los diversos colectivos de homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales o transgéneros, así como una victoria moral de esos grupos en su lucha por hacerse visibles y conquistar el respeto de la sociedad.
En el caso de México, sin embargo, tales avances no han alcanzado aún para revertir el peso de la intolerancia, las fobias y la discriminación histórica en contra de las llamadas minorías sexuales. En el ámbito institucional, por ejemplo, persiste un marco jurídico discriminatorio en los códigos civiles de prácticamente todo el país –con excepción del Distrito Federal y Coahuila– y otro tanto puede decirse de las políticas de organismos de seguridad social como el IMSS y el Issste, cuyas administraciones siguen reacias a reconocer los derechos de las parejas homosexuales.
Mucho más grave resulta el clima de violencia que persiste. Según cifras de organizaciones sociales, México sigue ocupando, como ocurría hace 10 años, el segundo lugar en crímenes por homofobia, y es paradójico que la mayoría de esos delitos se presenten en la propia capital del país y en las entidades vecinas.
Sin demeritar los avances conseguidos en materia de igualdad ante la ley y observancia de los derechos y libertades de esas personas, es innegable que en el México contemporáneo persisten contra ese sector rezagos, discriminación institucional y violencia, cuya erradicación no debe ser vista como una causa exclusiva de las divergencias sexuales y de su entorno social de apoyo, sino como una vía para ampliar y consolidar el conjunto de derechos sociales y libertades ciudadanas consustanciales al proceso civilizatorio y al desarrollo político y social de la nación.
