MEXICO, D.F. (apro).- Este año que termina ha sido para la sociedad civil mexicana uno de los más importantes de las últimas décadas por el despertar social a partir de lo ocurrido en Michoacán y Guerrero, donde el gobierno y el Estado mexicano mostraron que han sido rebasados por el crimen organizado y que no les importa que haya más víctimas, pues al final lo que les interesa es administrar el conflicto.
Aunque desde hace años ya se venían dando algunas muestras de inconformidad social en algunas entidades afectadas por la guerra contra el narcotráfico declarada por el panista Felipe Calderón, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la protesta ciudadana “prendió” en todo el país con movilizaciones y bloqueos, hasta llegar a la reactivación de los grupos guerrilleros que habían estado adormecidos por un buen tiempo.
La primera muestra de hartazgo se dio a principios de año con el activismo de las autodefensas ciudadanas de Michoacán que, con armas de alto poder en las manos, anunciaron la liberación del territorio controlado entonces por los Caballeros Templarios. La respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto fue mandar más soldados y policías para controlar la zona y también a un emisario de todas sus confianzas, Alfredo Castillo, para que hiciera las labores de negociador con los rancheros armados y los grupos criminales locales y eventualmente pacificar la región.
Una vez que se “domesticó” a las autodefensas transformándolas en Fuerzas Rurales y de que se pactó con las bandas narcotraficantes de la zona, Peña Nieto pensó que ya no habría más problemas sociales y se podría dedicar a promover su imagen a escala internacional como el gran modernizador de México.
Pero sus planes se vinieron abajo, primero con el fusilamiento por soldados de al menos 15 de las 22 personas abatidas en el pueblo de Tlatlaya que pertenece al Estado de México pero colindante con Michoacán. Después con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero. Y finalmente con el escándalo de la construcción de la lujosa mansión de la esposa de Peña, Angélica Rivera, en un terreno de Televisa y con recursos que Peña Nieto ocultó al escrutinio público.
Como no ocurría hace mucho tiempo, el hartazgo social brotó en todo el país de manera espontánea, dejando al desnudo la debilidad del presidente surgido del PRI y hecho mediáticamente por Televisa.
En esta expresión social no tuvieron cabida los partidos políticos, ni los tradicionales líderes de la izquierda que, cuando quisieron aparecer, fueron abucheados y hasta confrontados, como ocurrió con Cuauhtémoc Cárdenas en una de las primeras marchas de familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Hoy esa riada de miles de ciudadanos que ha corrido sin cauce busca un camino o una senda que trascienda la espontaneidad y se convierta en un movimiento articulado que represente a quienes no han sido tomados en cuenta en los poderes institucionalizados y en los cuales ya no encuentra ninguna representación.
Ante las circunstancias actuales de derramamiento de sangre, de crisis en todos los ámbitos sociales y políticos, frente al crecimiento del crimen organizado y el narco-Estado, y con el estancamiento de la economía, surge la esperanza de construir un movimiento desde abajo, horizontal, el primer gran movimiento social mexicano del siglo XXI.
Espantados representantes de diversas instituciones piden que este movimiento sea no violento, pero nunca se han manifestado contra la violencia institucionalizada que, como en Michoacán, Guerrero y otros tantos estados, ha cobrado miles de vidas en manos de bandas criminales coludidas con las autoridades locales, estatales y federales que cohabitan en el mundo de la impunidad y la corrupción.
